La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido hoy a trabajar «con menos demagogia y con más voluntad» que el PSOE para solucionar el problema que genera en la región el trasvase Tajo-Segura.

En una visita al municipio guadalajareño de Villanueva de la Torre, Cospedal se ha referido en declaraciones a los periodistas a la reunión de mañana de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que decidirá los trasvases que se ejecutarán hasta enero de 2013.

En este sentido, ha afirmado que de la reunión de mañana espera «lo de siempre», que es «defender los derechos de Castilla-La Mancha».

En cualquier caso, ha apostillado que, tanto la comisión del trasvase como cualquier otra en todo lo que son las confederaciones hidrográficas y organismos de cuenca, tienen que estar «dedicándose a un objetivo», que es «trabajar para un plan hidrológico nacional que garantice el agua en toda España».

A su juicio, es necesario que se garantice agua suficiente en cantidad y calidad en aquellos territorios por donde pasa el agua, para que sea un recurso que genere riqueza, y ha añadido que ese es «el objetivo del Gobierno regional».

«Sé que con el agua es fácil hacer demagogia y hemos vivido 30 años en esta región escuchando mucha demagogia, pero también sé que no se ha hecho nada. También quiero trabajar con menos demagogia y con más voluntad para solucionar el problema que tenemos», ha concluido Cospedal.

La presidenta ha inaugurado hoy la Zona Joven de Villanueva de la Torre, un edificio construido sobre una antigua sidrería, que servirá para ofrecer servicios culturales y educativos a los jóvenes de este municipio, uno de los más rejuvenecidos de todo el territorio nacional, con un 75 por ciento de población que no supera los 44 años.

Cospedal, que ha sido recibida con silbidos por un grupo de jóvenes a su llegada, ha asegurado que ocuparse de la formación de los más pequeños es lo más importante que debe hacer un gobierno.

Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar los mismos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado que España cumplirá en 2013 el Protocolo de Kioto, es decir logrará su compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en un 15% en relación a 1990.

Ramos ha detallado que la partida para Costas se eleva a 48,7 millones de euros. El año pasado fueron 104 millones.

También ha sufrido recortes la dotación destinada a la Oficina Española de Cambio Climático, que pasa de 49,4 millones del 2012 a los actuales 46,5.

Por direcciones generales, la del Agua se lleva 413 millones, cifra a las que hay que sumar los 979 millones de las Confederaciones Hidrográficas y la mancomunidad de canales de Taibilla. El año pasado esta partida fue 946 millones.

Las Sociedades Estatales contarán con un presupuesto de 824 millones de euros en 2013, mientras que saneamiento y depuración tienen 175 millones, dirigidos principalmente al programa de calidad de agua, que según Ramos permitirá afrontar la ejecución del saneamiento de Nerja (Málaga), Gijón, Campo de Gibraltar, o las depuradoras de Vigo, Orense, Ciudad Real o Burgos.

La Dirección General de Costas, cuenta con los ya citados 48,7 millones, para impulsar el cumplimiento, entre otros objetivos, de lo compromisos adquiridos y la realización de las obras ya contratadas.

A la mejora de las playas, se dedicarán 18,6 millones.

En cuanto a calidad y evaluación ambiental y medio natural, el presupuesto de esta Dirección se eleva a 23,8 millones.

La dotación para Parques Naturales es de 39,3 millones y la Agencia Estatal de Meteorología dispondrá de 82,6 millones de euros, lo que supone un 5% menos.

Ramos ha reconocido que no son los presupuestos que a un gestor más le gustan pero son «los necesarios para superar la situación que es la que tenemos y nos viene dada».

No han opinado lo mismo los grupos de la oposición, principalmente Izquierda Plural, cuya portavoz Laia Ortiz, ha considerado que no existe ministerio de Medio Ambiente y ha criticado el recorte de 8,5 millones en parques naturales y la reducción en un 36% de las actuaciones en la costa.

Para la diputada del Grupo Socialista, María Jose Rodríguez, el presupuesto «raquítico» constata la nula ambición de las políticas medioambientales de este Gobierno.

Según esta diputada, la reducción en medio natural es de un 13%, en conservación de biodiversidad un 38% y de un 41% menos en parques naturales.

A la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja)de Castilla-La Mancha le «revuelve las tripas» la reducción presupuestaria que la Consejería de Agricultura deberá de asumir en 2013 (un cuatro por ciento) ya que tendrá un efecto «negativo» para el campo, aunque reconoce que «el palo» ha sido menor de lo esperado. El secretario regional de la organización agraria, José María Fresneda, dibujó de esta manera tan gráfica su malestar tras conocer con más detalle las cuentas autonómicas para el próximo año, malestar que trasladó también a la oposición a la que pidió insistentemente que no presente una enmienda a la totalidad a los presupuestos. De ser así, se bloquearía la cantidad final destinada a cada consejería, explicó Fresneda.
No obstante, sí que se mostró partidario de que se presenten enmiendas parciales para «trabajar y negociar». «Nos ofrecemos, como organización, a que si no se plantea una enmienda a la totalidad y sí parciales, estamos dispuestos a colaborar para mejorar el presupuesto del sector agrario». En este punto, recordó que el sector agrario «no ha generado la situación de crisis económica» y «es el que más liquidez está inyectando al sistema financiero» del país.
A su juicio, una enmienda a la totalidad «sólo sirve para un titular de prensa al día siguiente y para un debate parlamentario, y no para trabajar en mejorar las partidas presupuestarias en beneficio de los agricultores».
Fresneda criticó las partidas que van a los seguros agrarios (cae un 21%) y el cese anticipado (disminuye un 46%). En cambio, valoró el incremento presupuestario para las indemnizaciones compensatorias en un 19,8%, el aumento para el asesoramiento a explotaciones y el incremento para las ayudas agroambientales en un 32%.
A preguntas de los medios sobre la política en materia de agua llevada a cabo por el Gobierno central lamentando que todos los sectores implicados crean tener razón en esta materia «porque no se hace nada». «Nunca he visto que se haya legislado tanto en una materia se haya hecho tan poco», concluyó.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal se comprometió ayer a trabajar «con menos demagogia y con más voluntad» que el PSOE para solucionar el problema que genera en la Región el trasvase Tajo Segura. Afirmaciones ante la reunión de hoy de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. Cospedal dijo que de ésta espera «lo de siempre», que es «defender los derechos de la Región».

Ante la reunión el consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró ayer que van a estar «muy vigilantes» de que lo que apruebe la Comisión se ajuste a las reglas de explotación del trasvase.

Durante una visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), Esteban respondió así a preguntas de los periodistas sobre las expectativas del Ejecutivo regional ante la reunión de hoy de la Comisión de Explotación.

Contestó que su planteamiento siempre ha sido el mismo y es: «unidad a la hora de afrontar los problemas básicos del agua en España», a través de un plan hidrológico «con todas las autonomías sentadas a la mesa eliminando demagogia y tratando de ponerse de acuerdo».

El Gobierno de Castilla-La Mancha, dijo Esteban, «está para impulsar acuerdos en el ámbito nacional y para defender los intereses de Castilla-La Mancha de una manera muy clara, por lo tanto estaremos muy vigilantes de que lo que se haga se ajuste a la normativa, a las reglas de explotación del trasvase».

Petición de la plataforma

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Tajo pidió a la Comisión de Explotación del trasvase que no autorice desvíos para regadíos y que se trasvase exclusivamente lo «imprescindible para abastecimiento» y que las desaladoras no puedan proporcionar.

Recordó que en la cabecera del río Tajo las reservas son de poco más del 23%, cifra muy inferior a la media nacional, que es del 45,5%, y a la del Segura, del 36,3%, por lo que solicitó «cordura y altura de miras» a la nueva Directora General del Agua, Liana Ardiles. La Comisión decidirá los trasvases que se ejecutarán hasta enero de 2013 y la plataforma subrayó que se encara un tercer ciclo seco después de un año hidrológico que ha sido el «más seco de los últimos 100 años», a pesar de lo cual, se ha cometido la «aberración» de trasvasar «más agua incluso de la que entra en el río».

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentra al 36,4% de su capacidad, una décima más que la semana pasada, mientras que los del Segura está al 40,5%, siete décimas menos. En España, la reserva hidráulica está al 45,2 % de su capacidad, con 25.065 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone una disminución del 0,2 % sobre la semana anterior, en total 115 hectómetros cúbicos menos. La cuenca con menor porcentaje de agua embalsada es la del Ebro, con un 32,7%.

La Comisión Europea se plantea suprimir el tipo reducido del IVA -que en España es del 10%- para el agua, la energía, la gestión de residuos y la vivienda por considerar que su aplicación contradice los «objetivos estratégicos» de la UE de reducir el consumo de estos recursos por motivos medioambientales.

«Los Estados miembros necesitan nuevas fuentes de ingresos, mientras que las empresas quieren sistemas fiscales más simples con costes de conformidad menos elevados. Hoy nos planteamos la cuestión de saber si algunos tipos reducidos de IVA aportan los resultados previstos o si crean más problemas de los que resuelven», ha dicho el comisario de Presupuestos, Algirdas Semeta.

En el caso del agua, Bruselas plantea que los objetivos sociales que en principio tenía el tipo reducido del IVA podrían lograrse mejor mediante políticas sociales nacionales dirigidas a los grupos más vulnerables. Para la energía, la Comisión cree que el IVA reducido contradice el objetivo de fomentar el ahorro energético y favorece a las fuentes más contaminantes.

Lo mismo ocurre con la gestión de residuos, donde el IVA reducido no tiene en cuenta la jerarquía fijada por la UE, que da prioridad al reciclaje frente a la incineración o disposición en vertederos. En el caso de la vivienda, Bruselas plantea que este tipo se aplique sólo a las que cumplan las exigencias comunitarias máximas en materia de ahorro energético.

El Ejecutivo comunitario asegura en todo caso que todavía no hay ninguna decisión tomada y ha abierto una consulta pública, que concluirá el 3 de enero de 2013, para que todos los interesados le hagan llegar su opinión antes de plantear sus propuestas definitivas.

La Comisión pregunta también cómo equiparar el IVA de los libros y prensa en papel, que tienen ahora el tipo reducido, al de los libros y la prensa electrónica, a los que en la actualidad se les aplica el tema normal.

Bruselas, 5 oct (EFE).- España y Portugal se oponen a las nuevas normas de la UE para fomento del ahorro de energía, por considerar que no tienen en cuenta los esfuerzos que ya ha realizado y por el gasto que suponen en un momento de crisis económica.

Así lo expresaron ambos países esta semana en un documento al que Efe tuvo hoy acceso y que contiene los argumentos con los que se opusieron a esas normas, que finalmente se aprobaron sin debate durante la reunión del Consejo de ministros de Empleo la Unión Europea (UE), celebrado el jueves en Luxemburgo.

Según ese documento ambos países votaron en contra de la adopción de la nueva directiva de eficiencia energética, que es el primer marco legislativo a nivel europeo específicamente dedicado a la materia.

Los demás países de la UE dieron su apoyo a las normas, mientras que Finlandia se abstuvo.

Finlandia, España y Portugal consideran que la nueva normativa no valora lo suficiente los esfuerzos realizados hasta el momento en materia de ahorro de energía, una cuestión que las autoridades de Lisboa consideran «injusta», según el citado texto.

España y Portugal señalaron que las nuevas normas exigen un aumento del gasto público, en un momento en que varios Estados miembros tienen dificultades económicas.

«Dado el actual contexto económico y los esfuerzos ya realizados, España considera que la nueva directiva de Eficiencia Energética no provee un enfoque eficiente en términos económicos para alcanzar mayores ahorros energéticos, e impone por otra parte una carga desproporcionada en ciertos países», señaló ese país en su declaración.

España reiteró su «compromiso firme» con el cumplimiento del objetivo europeo de alcanzar un ahorro del 20 % de energía primaria para 2020 y recalcó los esfuerzos realizados por el país en la última década para «mejorar significativamente la eficiencia energética en su economía».

En concreto, España recordó que en 2010 alcanzó el objetivo introducido por la directiva de servicios energéticos de 2006 de reducir un 9 % el consumo final de energía, seis años antes del plazo acordado, así como que ha aprobado recientemente el «ambicioso» Plan Nacional de Eficiencia y Ahorro Energético para el periodo 2011-2020.

El Gobierno español consideró también que la directiva de eficiencia energética no tiene en cuenta los ahorros logrados antes de 2014 «lo que penaliza a países que como España han estado durante los últimos años liderando la promoción de la eficiencia energética, con un importante esfuerzo económico».

También se mostró contraria a la medida que obliga a los países a renovar el 3 % de la superficie de los edificios gubernamentales para hacerlos más eficientes, ya que considera que no está probado que se vaya a amortizar el coste de estas reformas con el ahorro de energía que suponen.

«Por tanto, este objetivo añadirá mayor presión a corto plazo en los presupuestos públicos», subrayó en el documento.

Portugal, por su parte, lamentó que la directiva de eficiencia energética «implique un aumento del gasto público» y mostró su preocupación sobre «cómo va a ser posible hacer frente a las obligaciones de gastos públicos dadas las severas restricciones presupuestarias que resultan del programa de ayuda financiera que hemos firmado».

Lisboa solicitó en la primavera de 2011 a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) asistencia financiera, que conlleva un exhaustivo programa de reformas económicas. EFE

Con ocasión de la celebración del Foro del Agua los días 27 y 28 de Septiembre co-organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, que dirige el Prof. D. Ramón Llamas, junto con el IMDEA agua (dirigido por D. Eloy García Calvo) y Dña Carmen Mateo, Directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, se presentó esta monografía/resumen en castellano del nuevo libro «Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?» editado por Lucia De Stefano y Ramón Llamas.

El titulo de dicha monografía EL AGUA EN ESPAÑA: BASES PARA UN PACTO DE FUTURO se presenta como un punto de encuentro para sentar una bases de debate sobre el agua en España.

“Los problemas de agua del mundo en general se deben a una mala gestión, y no a su escasez física”. Esta monografía se inspira en esta afirmación y explora hasta qué punto es aplicable a España, el país con mayor superficie árida y semiárida de la Unión Europea. Para ello se analiza el concepto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en el caso español, considerando los dos grandes sistemas de valores que requiere esta gestión integrada: los cuantificables y los intangibles.
Una conclusión práctica y relevante para la toma de decisiones, es que actualmente en España buena parte de los conflictos por el agua entre las regiones podrían ser resueltos o paliados con relativa facilidad gracias a los notables avances científicos y tecnológicos recientes. La cuantificación de los usos del agua y su valor monetario es un primer paso importante para comprender cómo la reasignación del agua entre usos mitigaría muchos de los problemas actuales. Sin embargo, tal redistribución entre éstos y la naturaleza no es sencilla. Las iniciativas a menudo consideradas como idóneas para resolver el ‘rompecabezas’ de la GIRH —el comercio de agua virtual, la mejora de la eficiencia, la acción colectiva de los usuarios, la participación pública, o una gestión más integrada del agua y el territorio— no están exentos de dificultades y limitaciones.
El libro explora la creciente necesidad de mantener el capital natural de España y también el componente humano en la gobernabilidad del agua —las necesidades, deseos y aspiraciones de las personas, e intereses políticos— que a menudo determinan el resultado de las decisiones y llevan, a veces, la gestión del agua a un punto muerto.

Este libro quiere mostrar con realismo el complejo panorama de la GIRH en la España de hoy y propone soluciones pragmáticas para enfocar y resolver los problemas actuales, entre otras las bases para que se pueda alcanzar el Pacto del Agua.

En el siguiente enlace se puede descargar la monografía: [PDF]

EDITORES: Maite M. Aldaya, M. Ramón Llamas

AUTORES: Maite M. Aldaya, Enrique Cabrera, Emilio Custodio, Lucia De Stefano, Alberto Garrido, Elena López-Gunn, M. Ramón Llamas, Fermín Villarroya, Bárbara A. Willaarts
CON APORTACIONES DE: María del Carmen Cabrera, Daniel Chico, Javier Calatrava, Carmen Coleto, Aurélien Dumont, Nuria Hernández-Mora, Rosa Huertas, Luis Martínez Cortina, Pedro Martínez-Santos, Beatriz Mayor, Insa Flachsbarth, Dolores Rey, Marta Rica, Gloria Salmoral, Nora Van Cauwenbergh, Pedro Zorrilla

ÍNDICE
Síntesis / Prólogo / Introducción
CAPÍTULO 1. Cuantificación de los usos del agua
CAPÍTULO 2. La dimensión ambiental de los usos del agua
CAPÍTULO 3. El contexto que enmarca las políticas del agua del futuro
CAPÍTULO 4. Estrategias de mejora
Conclusiones y recomendaciones / Referencias / Glosario
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha lamentado que la gestión socialista haya provocado que España sea el país más atrasado de la Unión Europea (UE) en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, como demuestra una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que se recoge que no se ha cumplido la legislación que regula la gestión de las cuencas fluviales.

Este Departamento ha considerado que la citada sentencia, que concluye que España ha incumplido con sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua, confirma lo que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reiterado durante la actual legislatura, ya que estos incumplimientos pueden llegar a comprometer inversiones realizadas en nuestro país con fondos europeos o del Banco Europeo de Inversiones en materia de agua.

En este sentido, el MAGRAMA ha recordado que la Directiva Marco preveía que en 2009 todos los estados miembros debían tener concluidos los planes de cuenca para cada una de sus demarcaciones, si bien los largos procedimientos de información pública, las negociaciones y la mala coordinación entre los distintos equipos de los gobiernos socialistas han llevado a una situación de lentitud e inoperancia, que no ha permitido que salieran adelante.

Por el contrario, el Ministerio ha impulsado desde que se inició la legislatura una nueva estructura de gestión y de decisión en materia de agua más coordinada entre la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas y que permite que la gestión sea más ágil y que supondrá que los planes competencia del Estado puedan estar concluidos a finales de 2013.

Así, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de septiembre, a propuesta del Ministerio, los Reales Decretos de los planes hidrológicos de las demarcaciones de Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas andaluzas, mientras que la gestión socialista tan solo dejó aprobado un plan, el correspondiente a la demarcación de las Cuencas Internas de Cataluña.

Ante este legado de incumplimientos, el Ministerio ha mostrado desde el principio su firme compromiso por cumplir las exigencias en materia de normativa comunitaria y ha avanzado en el proceso de planificación de las cuencas en un tiempo record, trabajando estrechamente con la Comisión y comprometiéndose a dejar terminados los planes de cuenca intercomunitarios para finales de 2013.

Esta Administración ha asistido atónita a una situación en la que no sólo no se había cumplido con la elaboración en tiempo de los planes de cuenca sino que además, se habían adjudicado obras bajo un criterio exclusivamente de beneficio político pero irracional como gestores del dinero público.

Gracias al trabajo realizado estos meses, el ministro Arias Cañete mantiene su firme compromiso de solucionar una situación tan crucial para nuestro país como lo es la planificación y el reparto equitativo del agua que permanecía incomprensiblemente inacabada.