La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, ha asegurado este miércoles que el agua no será moneda de cambio en negociaciones políticas, en alusión al conflicto sobre la unidad o dispersión de la cuenca del Júcar entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Durante un encuentro con periodistas, Ureña ha considerado que cada parte puede defender sus intereses pero «todos deben ceder» en pro de un objetivo final, que es el suministro en «cantidad y calidad» para todo el Estado.

«Cuanto más alejadas sean las posturas de inicio, más esfuerzos habrá que hacer para llegar a consensos. Es cierto que el tema del agua hace aflorar sentimientos, pero el ministro dejó claro que el objetivo final es que haya agua de calidad y en cantidad«, ha añadido.

En referencia al plan de cuenca, que deberá estar listo antes de final de 2013, Ureña ha explicado que pretende convocar una reunión del Consejo del Agua antes de agosto en el que se abordarán las cuestiones más importantes.

Así, aunque no esté fijada la demarcación de la cuenca, «competencia del Ministerio», según ha explicado Ureña, «se puede seguir trabajando dando pasos previos, analizar cómo está el río, problemas y posibles soluciones». «Confiamos en que el Ministerio lo resuelva pronto y sacar a información pública cuanto antes el plan hidrológico del Júcar», ha agregado.

Preguntada por las plantas desalinizadoras, Ureña ha explicado que si bien «hay pocas en todo el Estado, 17, y falta una inversión de más de 700 millones de euros, las existentes en la cuenca del Júcar aportaráN recursos que se incorporarán al sistema» en una fecha que no ha sido determinada.

Según ha explicado, en la cuenca del Júcar están muy avanzadas las desalinizadoras de Oropesa, Moncofa y Sagunto, con una capacidad de 16 hectómetros cúbicos por año las dos primeras y ocho la última; y en construcción la de Muchamiel, que tendrá una capacidad de dieciocho hectómetros cúbicos anuales, siempre en condiciones óptimas.

En referencia a las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, la presidenta de la CHJ ha explicado que esta infraestructura ya está construida aunque no finalizada, ya que está pendiente la conexión de la obra que realizaron Aquamed (del Ejecutivo central) y la Generalitat. De esta conexión depende que se pueda empezar a usar el agua retenida en la balsa de San Diego, que está en fase de pruebas.

«El diálogo con los regantes del Vinalopó estaba roto hasta hace poco, pero les he pedido que piensen que les hace falta el agua y que debemos ser capaces de aprovechar la infraestructura. Es razonable que se use esa agua al menos para regar. Es un reto que se pueda empezar a usar en septiembre y octubre», ha añadido.

Según Ureña, las reservas hídricas de la cuenca del Júcar acumulan unos 1.500 hectómetros cúbicos, un 51% del total, y un 43% por encima de la media de los últimos diez años.

«Estamos en un año seco, las precipitaciones se encuentran un 17% por debajo de la media de los últimos 20 años, pero afortunadamente en los últimos dos ha habido buenas precipitaciones y las campañas de riego se van a desarrollar con normalidad. Ahora bien, pido a los regantes que sean extremadamente rigurosos con el uso del agua», ha señalado.

Preguntada por el trasvase del Ebro, Ureña ha reconocido que, pese a que no es su responsabilidad, «el actual escenario presupuestario no permite grandes obras». Esta carencia presupuestaria afectará también a la presa valenciana del Algar, que carece de compuertas.

Según el comisario de aguas de la CHJ, Javier Ferrer, pese a carecer de compuertas, la presa del Algar «cumple con la función de retención y laminación de avenidas».

El trasvase para llevar agua del Júcar al Vinalopó está casi terminado y la infraestructura debe ponerse en funcionamiento cuanto antes. Este es el mensaje que lanzó este miércoles María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (la primera mujer en este cargo), a los regantes alicantinos. “Les he pedido que piensen que les hace falta el agua y que debemos ser capaces de aprovechar la infraestructura”, afirmó la responsable del organismo, que se ha reunido ya con los usuarios del Vinalopó para intentar desbloquear el trasvase.

Los regantes, con el apoyo de la Generalitat de Francisco Camps, han mantenido un duro y largo enfrentamiento con el anterior Gobierno socialista, que cambió el proyecto en 2005 para tomar el agua del trasvase cerca de la desembocadura del Júcar y no aguas arriba en Cortes de Pallás. Ureña ha vivido de cerca el conflicto como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Agua. Ahora, con el PP en el Gobierno y en su nuevo cargo, le toca mover a los regantes hacia una solución.

Así, les ha trasladado que “el camino se hace andando”. Es decir, que sus reivindicaciones de una segunda toma de agua, aunque se mantengan, no son incompatibles con que se ponga en marcha un trasvase que ha supuesto una fuerte inversión por parte del Gobierno y la Unión Europea.

“Si no hay sectarismo, seguro que hay soluciones”, aseguró al hilo de estas declaraciones Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó. “Es sencillo. Queremos agua de calidad y a un precio que podamos pagar”, añadió Martínez.

Los técnicos de ambas partes se han puesto ya a trabajar, pero este no es el único escollo. La Generalitat decidió unilateralmente cambiar el punto de conexión del trasvase hecho por el Gobierno con la red de distribución del agua en el Vinalopó, lo que desembocó en un contencioso judicial. “Se han abierto conversaciones para resolverlo”, aseguró escueta Ureña. Sin esa conexión no se podrán aprovechar los 12 hectómetros cúbico que se enviaron el verano pasado para probar el trasvase y que están almacenados en una balsa. Usar ese recurso el próximo otoño “es un gran reto”, admitió Ureña.

Otro reto será desatascar el Plan Hidrológico del Júcar, que sufre un gran retraso y debe estar terminado a finales de 2013, según ha decidido el ministro de Medio Ambiente. La presidenta de la CHJ, que mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, confía en llegar a acuerdos con Castilla-La Mancha, cuyas posiciones sobre la gestión y demarcación de la cuenca del Júcar han chocado hasta ahora con las de la Comunidad Valenciana (y estas con las del Gobierno). No obstante, “el agua no será moneda de cambio en negociaciones políticas” y todas las partes implicadas «deberán ceder un poco» para cerrar un plan que «responda a las necesidades de todos», recalcó.

Ureña quiere convocar al consejo del agua del organismo antes del verano para que dé el visto bueno al Esquema de Temas Importantes (ETI), el documento base para la redacción definitiva del plan, que busca una gestión integral de los recursos, incluidas las desaladoras que tanto criticó el PP valenciano. El ETI está en el dique seco desde el año pasado, entre otros motivos, por la oposición de la Generalitat a parte del contenido, como la cifra total de hectáreas que necesitarán agua. Tras la incorporación de las alegaciones, el documento deja abiertos los puntos de fricción para una negociación posterior.

La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Maria Angeles Ureña, anunció ayer la convocatoria del Consejo del Agua de la Demarcación Júcar «antes de las vacaciones del verano» con objeto de informar el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), antesala del futuro Plan Hidrológico del Júcar.
La convocatoria obligará a los representantes de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana a pronunciarse sobre el plan y especialmente sobre los límites de la Demarcación Júcar. Ambas comunidades han mantenido hasta ahora posiciones enfrentadas y en algún caso en las antípodas sobre qué parte del territorio debe seguir formando parte del Júcar, dentro de una administración única, y que unidades de gestión formarían las cuencas de competencia autonómica, independientemente de que se transfieran o no.
El Estado, que es quien tiene que tomar una decisión, ha evitado pronunciarse, lo que ha contribuido a retrasar todavía más la aprobación del Plan.
Ayer, Mª Ángeles Ureña, que ya se ha reunido con los representantes de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, gobernados ambos por el Partido Popular, al igual que el Ministerio de Agricultura, no desveló si ha habido una aproximación de posturas en las últimas semanas. La presidenta dijo que uno de sus mandatos es el de cumplir los compromisos con la Unión Europea, «superar los retrasos» y disponer de un plan para el Júcar a finales de 2013.
La convocatoria del Consejo, para la que no hay fecha concreta, «es un pequeño paso, pero no podemos pararnos si queremos cumplir los plazos», añadió.
Ureña defendió «el diálogo», también en Vinalopó, donde negocia dar una salida al agua almacenada en Villena y terminar las conexiones con las redes de distribución autonómica (post-trasvase).
Temas polémicos durante la era Zapatero, como las desaladoras o el número de hectáreas de riego en la Comunitat Valenciana, habrían dejado de serlo tras el triunfo del PP en las elecciones generales. Sobre las desaladoras subrayó la necesidad de «integrar» en la gestión todas las fuentes de suministro, incluidas estas instalaciones. En referencia a la superficie regada, dijo que el EPTI había «aclarado» y diferenciado qué es la «superficie efectivamente regada», la «regable» y la que tendría derechos de riego. El conflicto solo fue un malentendido.

Resignación a cambio de poder regar y salvar el verano. Esta es la máxima que defendió ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, para aceptar la última propuesta del Ministerio de Agricultura sobre el trasvase de agua para el regadío en e inminente inicio del verano. Finalmente y tras gestiones de Claver, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, la consellera Maritina Hernández y la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, los agricultores recibirán del Tajo un total de 99 hm3, a razón de 33 hm3 al mes, durante julio, agosto y septiembre, lo que les permitirá salvar la temporada con más necesidades.
Eso sí, a cambio los agricultores se comprometieron a renunciar a los alrededor de 33 hm3 que les debía el Ministerio del trasvase que se acordó el pasado 22 de enero para el primer semestre del año, según anunció ayer José Manuel Claver a la Junta de Gobierno del Acueducto que se reunió por la tarde en Murcia. Los regantes tendrán que recurrir, para completar los riegos, a los 40 hm3 que tienen de reservas en el denominado «embalse muerto», según explicó José Manuel Claver.
La alerta por sequía en toda la cuenca del Tajo y las presiones del gobierno de Castilla-La Mancha hicieron que los regantes del Tajo-Segura suavizaran ayer su postura e, incluso, renunciaran al caudal del Tajo que les correspondía por ley. No obstante, José Manuel Claver, aceptó por la tarde la última oferta del Ministerio que a media mañana era mucho peor para los intereses del campo. «Cierto que no es el mejor escenario pero tenemos el compromiso del Ministerio de enviarnos 33 hm3 mensuales durante julio, agosto y septiembre y considero que ahora mismo es la mejor opción». Una cantidad a la que habrá que restar, además, el 10% de pérdidas que se producen desde que sale el agua y llega a los campos.
Los agricultores de la provincia que riegan sus cultivos con agua del Tajo tienen en explotación 58.000 hectáreas que necesitan 125 hm3 al año. En los 27 años de funcionamiento de la canalización casi nunca se ha cumplido la ley. Según un estudio del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, cada hectómetro de agua del trasvase mantiene 1.400 empleos directos.

La presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció ayer que el Consejo de Gobierno regulará «en pocos días» el registro de cotitularidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de la comunidad autónoma.

En el acto en el que fue nombrada presidenta de honor de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), María Dolores de Cospedal también dio a conocer algunas ayudas o beneficios que podrán recibir las mujeres que pasen a ser copropietarias de estas explotaciones, entre las que se encuentran, un mayor porcentaje en el acceso a los derechos de plantación de viñedo dentro del cupo nacional.

La Guardia Civil detuvo en Quintanar del Rey (Cuenca) a tres personas como presuntos responsables de seis robos en explotaciones agrícolas de la provincia de Albacete.

Según informó la Delegación del Gobierno, las detenciones las practicaron agentes de Quintanar del Rey y de Tarazona de la Mancha después de que el 27 de mayo, dentro del plan de prevención de delincuencia contra los robos en explotaciones agrícolas, fuese interceptada una furgoneta cuando circulaba por un camino vecinal de Villagarcía del Llano, en Cuenca.

Al comprobar el interior del vehículo, fueron hallados diversos aperos agrícolas, herramientas, baterías y rollos de alambre, entre otros útiles, cuya lícita procedencia no pudieron acreditar los ocupantes de la furgoneta.

De la investigación llevada a cabo, se pudo constatar que los efectos habían sido sustraídos en un total de seis robos cometidos en los términos municipales de Villamalea y Cenizate

Por parte de componentes de los Puestos de la Guardia Civil de Tarazona de la Mancha y de Quintanar del Rey, se coordinó un dispositivo para la localización de los autores de los hechos, dando como resultado la detención en Quintanar del Rey de M.K.Y., de 38 años; P.S.K., de 23 años; y P.M., de 22 años, todos ellos de nacionalidad búlgara como autores de seis robos con fuerza en las cosas.

Así lo han afirmado a EFEverde el presidente de la Real Academia de Ciencias, Miguel Ángel Alario y el de la de Ingeniería, Elías Fereres, con motivo de la celebración hoy de la primera de las Jornadas sobre el Agua en España que tendrá su segunda edición en octubre.

«Los conflictos hídricos son generalmente políticos, sociales y económicos», según Alario, quien ha añadido que si bien estos problemas tienen sus raíces en la propia naturaleza, es necesario, «que las decisiones políticas sobre ciencias sean tomadas por científicos».

Los expertos han abogado por un acuerdo general que ayude a solucionar estos problemas, pero piensan que «el pacto del agua va más allá del pacto político», según Javier García Cañete, director del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín.

Trasvases versus desalinización

En España -han coincidido- existe un conflicto político a raíz de los problemas de reparto del agua ya que, mientras unos apuestan por los trasvases, otros lo hacen por la desalinización.

«No hay una solución mágica», ha explicado Elías Fereres y cada situación responde a una solución distinta, ha añadido García Cañete.

Los expertos consultados por EFEverde creen, además, necesaria la implicación y concienciación de la ciudadanía y de ahí la importancia de esta primera jornada donde se pretende explicar que el agua es un bien importante que tenemos que cuidar. EFEverde

Los pantanos de la cuenca hidrográfica del Tajo están al 52,6 % de su capacidad total de agua embalsada, los de la cuenca del Guadiana al 73,1 % y los de la del Júcar al 50,7 %.

La reserva hidráulica española ha disminuido esta semana un 0,6% y se encuentra al 66,1% de su capacidad total, con 36.755 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada.

Con respecto a la semana anterior ha bajado 328 hectómetros cúbicos, con descensos que van de 77 hm3 en la cuenca del Guadalquivir a los 2 hm3 en las cuencas internas de Cataluña.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Sit. actual Agua embalsada

Galicia Costa.- 684 496 72,5%.

Miño-Sil.- 3.030 2.102 69,4%.

Cantábrico.- 633 552 87,2%.

Intas P. Vasco 21 21 100,0%.

Duero.- 7.520 4.825 64,2%.

Tajo.- 11.012 5.794 52,6%.

Guadiana.- 8.635 6.310 73,1%.

Atln. Andaluza 1.878 1.415 75,3%.

Guadalquivir 8.280 5.996 72,4%.

Vert. Atlántica 41.693 27.511 75,3%.

Medit.Andaluza 1.177 742 63,0%.

Segura.- 1.141 614 53,8%.

Júcar.- 3.336 1.692 50,7%.

Ebro.- 7.507 5.598 74,6%.

Intnas Cataluña 736 598 81,3%.

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Pamplona con 23,0 mm ( 23,0 l/m2). EFE

El grupo municipal de Izquierda Unida reclamó ayer la elaboración y aprobación de las ordenanzas del árbol y de la energía, así como el derecho preferente de Albacete a las aguas del Júcar para abastecimiento, una cuestión que sigue en litigio.

En rueda de prensa para analizar el primer año del PP al frente de las políticas medioambientales y sostenibles, la portavoz municipal de IU, Victoria Delicado, acusó a la alcaldesa de no tener voluntad de reclamar el cupo de agua «no gravosa» que le corresponde a Albacete para beber del río Júcar y de no realizar política alguna que garantice la protección del medio ambiente: «Está haciendo lo mínimo sin mucho entusiasmo», determinó Delicado.

De manera más pormenorizada, relató el «retroceso» de las políticas medioambientales que se han reflejado con el cierre del vivero municipal, el ahogo económico del Jardín Botánico, la desaparición del préstamo de bicicletas, la sustitución del Consejo Municipal de Medio Ambiente por el Consejo Social y de Sostenibilidad -por cierto, que se reunirá el próximo 15 de junio- y lo que calificó como «dos medidas muy graves» consecuencia del plan de ajuste: el cierre del matadero y del laboratorio municipal. No se olvidó Delicado de mencionar la paralización de proyectos como el depósito de agua de la Fiesta del Árbol, el plan de movilidad, la inmovilización del carril-bici y del mapa del ruido o el «derroche energético» que se produce manteniendo la iluminación navideña.

En definitiva, la portavoz de IU llegó a la conclusión de que el medio ambiente y la sostenibilidad no están entre las prioridades del PP, a juzgar también por su despreocupación por la economía verde y por la alarmante huella ecológica.

El Día Mundial del Medio Ambiente celebra su 40 aniversario. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF lo celebran haciendo hincapié en 40 demandas ambientales que  faciliten la creación de empleo y su viabilidad de cara al futuro. Asimismo, prevén solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de la cumbre de Río +20, que se celebra en junio.

Las 40 demandas para proteger el medio ambiente que las organizaciones ecologistas consideran imprescindibles para salir de esta crisis verde, pueden englobarse en estas temáticas:

– Cambio climático y energía: reducir de forma ambiciosa las emisiones causantes del cambio climático; incorporar objetivos ambiciosos en la Ley de eficiencia energética y energías renovables; detener el comercio especulativo de créditos; cerrar las centrales nucleares; apostar por una Ley de cambio climático. 

– Transporte y movilidad: detener la construcción de nuevas infraestructuras hasta la correcta evaluación de la demanda real; aprobar una Ley de movilidad sostenible; apostar por el ferrocarril como medio de transporte de pasajeros y mercancías.

– Calidad del aire: reducir a cero antes de 2015 el porcentaje de población que respira aire contaminado.

– Residuos: aumentar los porcentajes y calidad de la reutilización y el reciclado de residuos; fomentar los Sistemas de depósito y retorno de envases; prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes de 2013.

– Biodiversidad: Garantizar la adecuada gestión de Red Natura 2000; cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaborar los planes sectoriales.

– Medio Marino: No modificar la Ley de costas; reformar la Política Pesquera Común para que garantice el futuro de la pesca; completar la Red Natura 2000 marina.

– Agua: fijar el precio real del agua para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación; abandonar definitivamente la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas; declarar sobreexplotados todos los acuíferos en esta situación y revisar todos los pozos para finales del 2015.

– Medio rural: Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva PAC basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores; prohibir el cultivo de transgénicos; fomentar la agricultura ecológica y local. 

– Fiscalidad ambiental: aprobar una Ley de fiscalidad ambiental que rebaje los impuestos indirectos a los productos realmente «más verdes», grave con cargas adicionales las actividades dañinas para el entorno e incentive a las empresas con actividades sostenibles.

Estas propuestas no solo permitirían a la sociedad velar por el medio ambiente y los escasos recursos naturales con los que cuenta, si no comenzar a seguir unas directrices que faciliten la creación de empleo y su viabilidad de cara al futuro. 

Las cinco ONG ecologistas insisten en la necesidad de tratar el medio ambiente y a las personas como los recursos más valiosos de los que disponemos, y apostar por ellos para salir de la crisis económica, ecológica y social que estamos viviendo.

LISTA DE 40 DEMANDAS AMBIENTALES EN EL 40 ANIVERSARIO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

• 1. Fijar un tope máximo de uso de recursos naturales a nivel español, garantizando un reparto justo para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
• 2. Cerrar las centrales nucleares fijando su vida útil en no más de 30 años. Abandonar los planes de cementerios nucleares hasta que exista un calendario de cierre de las centrales.
• 3. Implantar objetivos de reducción de de emisiones vinculantes y más ambiciosos que los asignados por la UE y el Protocolo de Kioto.
• 4. Incorporar objetivos ambiciosos en la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables: contribución de renovables al consumo de energía final de al menos un 30% en 2020 y un 100% en 2050 y reducción de la demanda total de energía respecto a 2007 del 30% en 2020 y del 50% en 2050.
• 5. Reducir drásticamente los topes de emisión susceptibles de ser comercializados, con mecanismos para detener el comercio especulativo de créditos.
• 6. Cancelar las iniciativas que fomenten la quema y extracción de carbón y suprimir la financiación pública a proyectos de CAC.
• 7. Abandonar los planes de búsqueda y extracción de combustibles fósiles en nuestro territorio, incluida la prohibición de gas de esquisto.
• 8. Establecer criterios estrictos para los agrocombustibles, descartando las importaciones y salvaguardando los aspectos sociales y ambientales.
• 9. Ampliar la representación de las ONG ambientales en los consejos consultivos en las distintas políticas del Gobierno con implicaciones ambientales.
• 10. Reforzar y reformar el sistema judicial para que garantice el respeto al medio ambiente consagrado en la Constitución.
• 11. Detener la construcción de todas las nuevas infraestructuras del PEIT hasta la correcta evaluación de la demanda en función de la crisis económica, ambiental y social.
• 12. Reducir a cero antes de 2015 el porcentaje de población que respira aire contaminado dando carácter obligatorio a los Planes de Acción de Reducción de la contaminación.
• 13. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible que en 2016 reduzca un 20% el tráfico por carretera.
• 14. Apostar por el ferrocarril tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías y frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a niveles de 1990.
• 15. Aumentar los porcentajes y la calidad de la reutilización y el reciclado de residuos apostando por una moratoria en la construcción de nuevas plantas de incineración.
• 16. Fomentar los Sistemas de Depósito y Retorno de Envases y la recogida separada de bioresiduos para destinarlos al compostaje.
• 17. Prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes de 2013, independientemente del material con el que estén hechas.
• 18. Garantizar la adecuada gestión de Red Natura 2000 mediante fondos de políticas sectoriales como la PAC e impulsando un nuevo modelo de desarrollo rural.
• 19. Cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaborar los planes sectoriales.
• 20. Desarrollar Estrategias Nacionales para la recuperación de especies en peligro de extinción, teniendo en consideración el impacto del cambio climático.
• 21. Aprobar unas Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales ambiciosas,que aseguren la ordenación del 100% del territorio español.
• 22. Aprobar mecanismos que impidan la recalificación de terrenos a urbanizable y el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo.
• 23. No modificar la Ley de Costas.
• 24. Asegurar el futuro del sector pesquero defendiendo una Política Pesquero Común que recupere, antes del 2015, todas las pesquerías y sus ecosistemas.
• 25. Completar la Red Natura 2000 marina y la Red de Áreas Marinas Protegidas hasta al menos el 10% de la superficie de nuestros mares.
• 26. Fijar el precio real del agua para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación.
• 27. Abandonar definitivamente la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas.
• 28. Reducir la demanda de agua, mejorar la depuración e implantar caudales ecológicos, poniendo en marcha los Planes de Cuenca y estableciendo una Red de reservas naturales fluviales.
• 29. Declarar oficialmente como sobreexplotados todos los acuíferos en esta situación y revisar todos los pozos para finales del 2015.
• 30. Dotar de presupuesto, e impulsar, al Plan Nacional de Calidad de Aguas, al deslinde del Dominio Público Hidraúlico y al Plan Nacional de Restauración de Ríos.
• 31. Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva PAC basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores/as.
• 32. Prohibir el cultivo de transgénicos y establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad y el etiquetado de productos que contengan transgénicos.
• 33. Fomentar la agricultura ecológica promoviendo y apoyando la conversión de nuevas fincas, fomentando el consumo interno a través de redes de canales cortos de distribución que garanticen precios justos para productores/as y consumidores/as.
• 34. Aprobar una Ley de Fiscalidad Ambiental que rebaje los impuestos indirectos a los productos realmente "más verdes", grave con cargas adicionales las actividades dañinas para el entorno e incentive a las empresas con actividades sostenibles.
• 35. Eliminar todos los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad o que fomenten el cambio climático y el derroche de residuos.
• 36. Aplicar políticas de reparto del trabajo que incluyan el empleo remunerado y aquel trabajo no pagado que se realiza en el ámbito de los hogares.
• 37. Minimizar la contaminación electromagnética mediante el control restrictivo del despliegue de infraestructuras eléctricas y de comunicación y mediante el Principio de Mínima Emisión Técnicamente Posible.
• 38. Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que sea aplicable a las empresas españolas que operan en el exterior.
• 39. Descartar los créditos públicos a cualquier proyecto en el exterior, público o privado, que no cuente con auditoría previa de impacto ambiental y social.
• 40. Cumplir la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, no vendiendo material de defensa a países en conflicto armado o donde se produzcan violaciones de los derechos humanos.