La Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), celebrada este martes en la localidad de Antella, ha acordado respaldar a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) en la solicitud que trasladaron al Gobierno central para lograr una rebaja de la factura eléctrica para el sector agrario que garantice la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Asimismo, la Junta General de Fecoreva considera necesario aplicar medidas que «fomenten la eficiencia energética» de las producciones agrarias, con el fin de asegurar «la competitividad la agricultura valenciana», según ha informado la entidad en un comunicado.

Según Fecoreva, la situación económica que atraviesa el sector agrario, unido al incremento de los costes de producción «dificulta enormemente la competitividad de los productos españoles y valencianos frente a los de terceros países con costos mucho menores, y pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones».

De ahí que los regantes representados en Fecoreva se planteen la necesidad de aplicar medidas que «mejoren notablemente la eficiencia energética de las explotaciones agrarias y contribuyan a garantizar la pervivencia del sector agrario en la Comunitat».

Por ello, los regantes de la Comunitat Valenciana, tal y como hizo la Federación Nacional de Regantes hace un mes, solicitan al Gobierno central que regule una rebaja de la tarifa de la luz para los agricultores, con el fin de equilibrar los costes de producción.

En palabras del presidente de Fecoreva, Benjamín Aparicio, «el coste energético está poniendo en peligro la viabilidad de muchos cultivos y explotaciones, sobre todo las que más han invertido en modernización, y hay que tomar medidas para solucionarlo».

A la jornada de este martes han asistido, entre otros, la consellera de Agricultura y Agua, Maritina Hernández; el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); el alcalde de Antella, Gustavo Montagudo, y el presidente de la Acequia Real del Júcar (comunidad anfitriona), José Manuel García de la Cuadra.

Previamente a la reunión de la asamblea, se ha celebrado en la iglesia parroquial de Antella una misa conmemorativa de la festividad de San Vicente Ferrer, patrón de la Federación, y tras finalizar la Junta General se ha realizado una visita al azud y la Casa de las Compuertas de la Acequia Real del Júcar.

Primer guiño del Gobierno al Vinalopó en ocho años. La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Mari Ángeles Ureña, dio ayer un giro copernicano a la política de enfrentamiento con los regantes alicantinos llevada a cabo por la CHJ desde 2005 -modificación del proyecto-, al anunciar en Alicante que uno de sus objetivos prioritarios es poner en marcha el bloqueado trasvase Júcar-Vinalopó para que por la canalización discurra agua de calidad y a buen precio para los agricultores.
Ureña, que realizó su primera visita oficial a la provincia para participar en un congreso sobre salinización de acuíferos costeros en la Diputación, se refirió así a la necesidad de poner en valor una obra hidráulica que ha costado 400 millones de euros de fondos públicos y no está operativa por el rechazo de los agricultores de la provincia a un caudal que, según análisis oficiales y de los propios agricultores alicantinos, no tiene calidad suficiente. para el riego de las hortalizas, cultivo mayoritario en el Vinalopó y l´Alacantí.
La palabras de la presidenta de la CHJ suponen, de facto, la firma de la paz entre el Ministerio de Agricultura y Agua y la Junta Centra de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó aunque, curiosamente, ninguno de sus directivos participó en el congreso.
Ureña alabó también «la magnífica gestión que se hace del agua en la provincia de Alicante. Estamos en un territorio que sabe ahorrar, y explicó que tiene el mandato del ministro de Agricultura y Agua «de planificar el futuro de la Confederación con el objetivo de poner en marchas las infraestructuras necesarias para que se envíe agua allá donde resulte necesaria».
La presidenta de la CHJ aseguró que uno de sus objetivos inmediatos es «la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó y ver qué solución se le puede dar a una infraestructura que entre todos tenemos que hacer es que sirva para algo. Hay que estudiar el precio del agua y la calidad de la misma. Son asuntos que debemos abordar porque tenemos que llegar a una solución conjunta. Es una situación complicada pero se ha hecho un esfuerzo inversor importante y hay que ver cómo se rentabiliza».
La visita de Mari Ángeles Ureña a la Diputación, donde firmó en su libro de honor, estuvo rodeada de anécdotas y emociones. No sólo porque Ureña es amiga personal de la presidenta de la institución provincial, Luisa Pastor, sino también porque la hoy presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo un gran maestro en el conocimiento de los temas hídricos. Durante años fue la mano de derecha el conseller José Ramón García Antón y con él trabajo en la elaboración del primer proyecto del Júcar-Vinalopó con arranque en Cortes de Pallás.

La Alcaldesa de Albacete Carmen Bayod¹ ha recibido en la mañana de hoy la visita de la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar² Mª Ángeles Ureña Guillem³.

Con motivo del reciente nombramiento de Ureña como nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Alcaldesa ha mantenido una primera reunión para tratar distintos asuntos relacionados con nuestra ciudad.

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/presidenta_hidrografica_jucar_urena-115597-1.html

Los últimos informes del Observatorio Nacional señalan que la tendencia de mejora que se manifestó a finales del 2009 empiezan a dar síntomas de agotamiento en ambas cuencas

Aunque la situación de las reservas hidráulicas en Albacete, especialmente en el Alto Segura, es buena, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ve indicios de un cambio de ciclo, especialmente en el Tajo, el Júcar y el Segura.
Estas tres cuencas hidrográficas son especialmente relevantes para la provincia. Primero, porque el 80% de su territorio pertenece al Júcar o al Segura; segundo, porque el tramo final del acueducto Tajo-Segura pasa precisamente por tierras albaceteñas.
De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio Nacional de la Sequía (ONS), un organismo interdepartamental bajo control del Magrama, la situación, especialmente en el sudeste de Castilla-la Mancha, aún se mantiene dentro de los límites de lo normal.

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Casi dos años después del inicio de la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ) las incertidumbres de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda continúan y sus alegaciones al esquema provisional de temas importantes siguen sin ser contestadas. En especial el hecho, según Riegos de Levante, de que la demarcación de la cuenca no contempla en su regulación hídrica a buena parte de los terrenos de la comunidad de riegos alegante.
Esta circunstancia hace que las previsiones de redotaciones del Júcar deje fuera terrenos de Riegos de Levante bajo el pretexto de que están contemplados en la Cuenca del Segura. Ante ello, consideran que la nueva planificación «incurre en una ilegalidad manifiesta».
Los regantes consideran que en el documento inicial de la CHJ «existe una ausencia legal de regulación (de caudales) por exclusión, que es ilegal por cuanto contraviene por un lado, el decreto que define los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y fija el ámbito de demarcación de las confederaciones del Júcar y del río Segura». Por otro lado, añaden, por contravenir los propios actos de la administración del Júcar que, «extiende sus funciones de vigilancia, control de las aguas y comisaría al ámbito geográfico de referencia» pero «se niegan a contemplar dicha zona como perteneciente a la demarcación del Júcar y por tanto, regulada por la misma respecto a las futuras redotaciones».
Estas circunstancias ocasionan que una parte de los terrenos de Riegos de Levante «queden huérfanas» y no estén adscritas a ninguna cuenca. «Se producen varias circunstancias que vician desde su origen el proceso de revisión en la plantificación hidrológica del Júcar, que deberían ser retomadas en el esquema de temas importantes para evitar su impugnación a posteriori», recogen las alegaciones de Riegos de Levante.
Además considera, igualmente, que existe «una incongruencia ministerial» ya que tanto la Cuenca del Segura como la del Júcar dependen orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y por tanto, «sus actuaciones deben de ir selladas con los principios de eficacia, unidad y coherencia». Sin embargo, mientras que la primera excluye la regulación a efectos redotacionales de una amplía zona del sur de Alicante, la segunda, hace lo propio y también la excluye, alegando ambos, la misma razón, que se basa en que dicha zona pertenece a la demarcación contraria según recoge Riegos de Levante en sus alegaciones.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado hoy el periodo de información pública de la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras causas extraordinarias.

El impulso de esta Orden responde a los acuerdos adoptados en las reuniones de la “Mesa de la sequía” y a los esfuerzos del Ministerio, que ha estado en permanente contacto con las Comunidades Autónomas para analizar toda la información técnica disponible en relación a los daños producidos por la sequía y las heladas.

El proyecto de Orden Ministerial contempla medidas más ambiciosas a las inicialmente previstas:

1. No tiene una limitación territorial sino que es aplicable a todo el territorio nacional. En consecuencia, se amplia el presupuesto inicialmente previsto de 20 a 30 millones de euros para la medida de nuevos avales de SAECA, para nuevos préstamos de hasta 40.000 euros que pueden solicitar los titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo, incluidos el porcino extensivo y el equino extensivo de aptitud cárnica, así como los sectores de ovino, caprino y vacuno de leche, y apicultura.
2. La medida de carencia de un año en los préstamos de Desarrollo Rural, (para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes al amparo de los Reales Decretos 613/2001 y 204/1996), prevista inicialmente para explotaciones ganaderas extensivas se extiende al conjunto de la ganadería y la agricultura. Deesta manera, se responde también a los daños acaecidos por heladas en todo el arco mediterráneo.
3. La Orden desarrolla una tercera medida, también dirigida a explotaciones ganaderas en régimen extensivo, por la que se subvenciona la ampliación del periodo de amortización de los préstamos suscritos al amparo de la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo. Las ayudas consistirán en la financiación del coste adicional del aval concedido, motivado por prolongar en un año de carencia el periodo de amortización de los préstamos. De esta medida se pueden beneficiar los titulares de explotaciones ganaderas de sectores extensivos, incluidos el porcino extensivo y el equino extensivo de aptitud cárnica, así como los sectores de ovino, caprino y vacuno de leche, y apicultura.

Además de estas tres líneas, y más allá de lo acordado inicialmente en la “Mesa de la sequía”, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido proponer al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que exima temporalmente el límite de operaciones con terceros a aquellas cooperativas agrarias que se hayan visto afectadas por la sequía y las heladas. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recaudado 3.137.000 euros por la aplicación del canon eólico durante el primer trimestre de este año 2012, según ha avanzado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que ha reconocido que esta cantidad era la que estaba prevista.
Esta medida, aprobada por el Gobierno de José María Barreda, dentro de su Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos y mantenida por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, establecía distintos tipos de gravamen en función del número de aerogeneradores que tiene cada parque eólico, a fin de compensar las afecciones visuales y sobre el territorio que producen estas instalaciones.    
En una entrevista con Europa Press, García ha destacado que hasta ahora la energía eólica ha sido en la Consejería de Fomento «la única que ha merecido atención de todas las energías renovables», y mientras esta energía experimentó un crecimiento notable durante el anterior Gobierno socialista «no hubo un crecimiento paralelo en otras tecnologías renovables». Por ello, su departamento trabaja en un plan energético para Castilla-La Mancha que busca «definir el peso que deben tener las distintas tecnologías, con criterios de eficiencia y garantizando el suministro y de los intereses de la región». Este plan, que está «prácticamente ultimado» a falta de que el Estado plantee la reforma del sistema energético, establecerá «el puzzle de nuestro mix energético».

Internet.

Por otra parte, y dentro de las competencias en nuevas tecnologías que tiene la Consejería de Fomento, la titular de la misma ha señalado que uno de los objetivos del Gobierno es que cuando finalice la legislatura «todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan acceso a la banda ancha». «Tenemos que pasar del siglo XX al siglo XXI y en el siglo XXI ningún ciudadano castellano-manchego puede no tener acceso a banda ancha».
García ha detallado que actualmente solo hay un 14 por ciento de núcleos de población que en la región no tiene todavía acceso a banda ancha –frente al 23 por ciento que había a su llegada al Gobierno–, y que, pese a las limitaciones presupuestarias, se trabajará para lograr ese compromiso. En concreto, a fecha 31 de marzo de este año, un 24,57 por ciento de localidades de Guadalajara no cuentan con cobertura de banda ancha, frente a un 17,73 por ciento de las de Albacete, un 15,20 por ciento de poblaciones de Cuenca, un 8 por ciento de localidades de Ciudad Real y un 1,35 por ciento de municipios de la provincia de Toledo.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ampliado su plan contra la sequía con “medidas más ambiciosas”, como el incremento de 20 a 30 millones de euros en el presupuesto previsto para la línea de avales en nuevos préstamos del sector agroganadero, informó el departamento de Miguel Arias Cañete en un comunicado de prensa.

Este viernes se ha iniciado el periodo de información pública de la orden ministerial por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación del sector agrario a fin de paliar los daños producidos por la sequía y otras causas extraordinarias.

Proyecto

El proyecto de orden ministerial recoge “medidas más ambiciosas” a las inicialmente previstas, de manera que no tiene limitación territorial, sino que se aplicará en todo el territorio nacional.

Por este motivo, se amplía en diez millones de euros la dotación para los nuevos avales de Saeca, para nuevos préstamos de hasta 40.000 euros que pueden solicitar los titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo.

Además, la medida de carencia de un año en los préstamos de desarrollo rural, para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, prevista inicialmente para explotaciones ganaderas extensivas se extiende al conjunto de la ganadería y la agricultura.

De esta manera, según explica el Ministerio de Agricultura, se responde también a los daños acaecidos por heladas en todo el arco mediterráneo.

Medidas

La orden desarrolla una tercera medida, también dirigida a explotaciones ganaderas en régimen extensivo, por la que se subvenciona la ampliación del periodo de amortización de determinados préstamos.

Las ayudas consistirán en la financiación del coste adicional del aval concedido, motivado por prolongar en un año de carencia el periodo de amortización de los préstamos.

Además, el departamento de Arias Cañete ha decidido proponer al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que exima temporalmente el límite de operaciones con terceros a aquellas cooperativas agrarias que se hayan visto afectadas por la sequía y las heladas.

El techo máximo de las ayudas, los pagos verdes o los fondos Feader de desarrollo rural son algunos de los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) sobre los que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama) ha consultado a las Comunidades Autónomas. A través de este cuestionario, al que ha tenido acceso Efeagro, busca identificar los elementos que plantean dificultades y requieren la actuación del Ministerio para impulsar modificaciones en la propuesta, según explicó ayer el Magrama a través de un comunicado.

El Ministerio y responsables de las comunidades autónomas mantuvieron ayer en Madrid la primera reunión de trabajo del Grupo de Análisis para la Reforma de la PAC, un proceso en el que España se juega el futuro de 7.500 millones de euros de ayudas al campo.

El citado cuestionario recaba la opinión autonómica sobre el marco financiero, los criterios de convergencia, el modelo de pagos directos o las cuestiones relativas a la Organización Común de Mercado única.

Así, pregunta a las comunidades autónomas si estarían de acuerdo en proponer a Bruselas un aumento de la tasa máxima de cofinanciación de fondos Feader de desarrollo rural para las regiones en transición al 75 % para aquellas que salen del objetivo de convergencia y al 60 % para el resto.

Esta cuestión es de especial relevancia para Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia.

Con la actual normativa comunitaria verían reducido el porcentaje de cofinanciación de los programas Feader a partir de 2014 (del 75 % al 50 %), puesto que ya no serán consideradas regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, sino como «comunidades en transición».

También reflexiona sobre la forma en la que podría evitarse una reducción de la ayuda media a las explotaciones agrarias en el caso de que se añadan superficies adicionales con derecho a subvenciones.

Otras de las cuestiones que señala son la posibilidad de defender un período transitorio más amplio entre el actual modelo y el nuevo -a partir de 2013-, y si deberían integrarse nuevos perceptores de sectores altamente competitivos al régimen de pago único.

La exclusión o no de la definición de «agricultor activo» a las personas jurídicas que no tengan como objeto social la actividad agraria es otro de los asuntos incluidos en el cuestionario.

Respecto al pago «verde» o greening -que podría movilizar el 30 % de los fondos de la nueva PAC y que exigirá prácticas agroambientales, rotación de cultivos y mantenimiento de pastos para cobrar las ayudas-, plantea si se adapta a la diversidad española y si afectará a la productividad de las explotaciones agropecuarias.

También alude al «capping» o límites en los pagos directos a los agricultores, a si debería permitirse a los Estados miembro que destinen los fondos generados por esta aplicación en función de sus necesidades y a la conveniencia del mantenimiento de los sistemas actuales de limitación en la producción en los sectores azucarero, lácteo y vitivinícola.

En el comunicado del Magrama se subraya que la secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina cree «una prioridad» para el Gobierno configurar «una posición común de consenso para la defensa de los intereses agroalimentarios españoles en el debate de la reforma de la PAC».

«Se trata de una reforma de gran alcance y compleja, al coincidir con el debate del presupuesto de la UE para el periodo 2010-2020, con incidencia en la PAC», ha subrayado.

Respecto a las medidas de mercado, en la reunión de ayer se constató «un amplio consenso» en la necesidad de mejorar el funcionamiento y eficacia de los mecanismos de gestión de mercado.

Castilla-La Mancha, con 1.966 megavatios, lidera la potencia eólica instalada por Iberdrola al cierre de marzo de 2012, por delante de Castilla y León (1.478 MW), Andalucía (851 MW), Galicia (627 MW), Aragón (281 MW), La Rioja (213 MW) y País Vasco (143 MW).
Iberdrola superó el pasado jueves su récord histórico diario de producción eólica al alcanzar los 90.744 megavatios hora (MWh), frente a los 87.419 MWh, del 10 de noviembre de 2010. Según datos provisionales facilitados por Red Eléctrica y difundidos por la eléctrica, más del 27% de toda la producción eólica de España del jueves fue aportada por Iberdrola.
La compañía destaca su capacidad para alcanzar este volumen de producción a pesar de las inclemencias meteorológicas y vientos extremos, lo que muestra la eficacia de los parques eólicos de la empresa y el nivel de preparación de estas instalaciones y de sus operadores ante situaciones climatológicas adversas.
Además, destaca la aportación del Centro de Control de Iberdrola de Toledo, que permite controlar y operar en tiempo real los parques eólicos de la empresa.
Iberdrola es la primera empresa eólica en España. La compañía tenía una potencia instalada en el país al cierre de marzo de 2012 de 5.604 megavatios (MW), repartida entre cerca de 200 parques eólicos. Y Castilla-La Mancha es la comunidad que concentra mayor potencia eólica instalada, con 1.966 MW.