El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha registrado una proposición no de ley en la que solicita la creación de un fondo extraordinario destinado a financiar las medidas de ayuda para compensar las pérdidas por sequía así como una línea preferencial de créditos ICO para los agricultores.

Según ha explicado el portavoz de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso, a través de un comunicado las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno son «absolutamente insuficientes para paliar una situación que ya están viviendo los agricultores y ganaderos españoles, como han puesto de manifiesto algunas de las organizaciones más representativas del sector».

La Proposición también solicita una línea preferencial de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Por su parte, defenderá que los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean jóvenes, mujeres y agricultores profesionales sean bonificados con tipos de interés más bajos.

También incluye la formalización de convenios con entidades financieras que gestionan las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para propiciar un adelanto de los pagos antes del verano, la elevación en un punto el IVA de compensación del sector ganadero, mejoras en la fiscalidad y moratorias a la Seguridad Social.La reducción de tarifas eléctricas y del canon de riego y el incremento del límite máximo de compras a agricultores no socios por las cooperativas serán otras de las iniciativas que defenderá el Grupo Socialista.

La flamante nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, debutó ayer en el cargo con una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Agua, Juan Urbano, a la que asistieron el resto de presidentes de organismos de cuenca. El objetivo de la reunión era abordar la planificación hidrológica de los próximos meses y, sobre todo, agilizar la elaboración de los nuevos planes de cuenca, que deben estar listos el próximo año.

Culminar el nuevo Plan de Cuenca

Tal como adelantó en exclusiva ABC el pasado jueves, Ureña —secretaria autonómica en la época del fallecido José Ramón García Antón como conseller de Agua— fue nombrada presidenta de la CHJ a propuesta del PPCV, que logra instalar así sus tesis hídricas en el organismo de cuenca. El primer reto de Ureña será precisamente culminar la elaboración del nuevo plan de cuenca, que estaba ya muy avanzado en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno, y que se comenzó a redactar desde cero bajo la presidencia del socialista Juan José Moragues.

El plan de cuenca del Júcar fue además motivo de enfrentamiento entre el Gobierno socialista y los regantes, dado que Moragues pretendía borrar de un plumazo 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad, al convertirlas en parcelas «potencialmente regables», lo que habría limitado los derechos sobre los caudales de los usuarios valencianos. Los regantes confían en que, bajo la presidencia de Ureña, se revise la valoración del regadío.

Partidaria de la toma en Cortes de Pallás

En el encuentro, celebrado en Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente trasladó a los presidentes de las cuencas hidrográficas que el objetivo del Gobierno es «lograr una gestión unificada y coordinada del agua, con la prioridad de garantizar su suministro en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional», según fuentes del Ministerio.

En este sentido, el segundo gran asunto que deberá abordar Ureña como presidenta de la CHJ es el desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, en el que el PP apuesta por recuperar la toma original. Si bien Ureña es natural de Sueca, cuya comunidad de regantes se opone al cambio, está plenamente identificada con las tesis del exconseller García Antón, que abogaba por la vuelta al trazado original.

Intensa carrera

María Ángeles Ureña, que hasta las pasadas elecciones autonómicas era secretaria autonómica de Agua, ha desarrollado una intensa carrera en la Administración autonómica, a la que se incorporó como jefa de gabinete de García Antón en 1998. Ha sido directora general de Arquitectura y secretaria autonómica de Medio Ambiente. Licenciada en Derecho, es funcionaria de carrera desde 1983.

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y la presidenta de Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Angeles Ureña, han coincidido en señalar que la unidad de gestión de cuenca debe ser un elemento central del modelo de gestión del agua.

Ambas, según un comunicado de la Conselleria, se han reunido esta mañana en el primer encuentro de trabajo que mantiene el Consell con la responsable del organismo de cuenca tras su reciente nombramiento.

Entre las cuestiones analizadas se encuentra la situación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, que en estos momentos se encuentra en revisión.

La consellera y la presidenta de la CHJ se han comprometido a estrechar los lazos de colaboración entre ambos departamentos para que el documento definitivo recoja la realidad de las necesidades hídricas de la Comunitat.

Asimismo, han tratado el planteamiento del Gobierno de España respecto a la gestión del agua y el diseño de un nuevo marco de planificación hidrológica que permita superar la problemática del agua que afecta a distintas regiones españolas como la Comunitat Valenciana, y han defendido que el principio de unidad de gestión de cuenca debe ser un elemento central de este modelo.

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=83515

La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, defendió ayer la apuesta por la competitividad del sector en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, que han suscitado las criticas de los grupos de la oposición por sus recortes, especialmente en desarrollo rural.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, García Tejerina ha precisado qué partidas del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente corresponden a su secretaría, dotada con 7.895,6 millones de euros, el 75% del presupuesto total del Magrama.

Ha destacado la inversión destinada a las industrias agroalimentarias, vinculadas a los programas de desarrollo rural de las autonomías, con más de 20 millones de euros; el mantenimiento de los laboratorios agroalimentarios de referencia, con 2 millones de euros; y la promoción y apertura de nuevos mercados, con más de 4 millones de euros.

Ha insistido en que el presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) «mantiene su dotación con 5.994 millones de euros» y que las ayudas directas en el marco de la Política Agraria Común se mantienen al nivel del año anterior, con 5.130 millones de euros, que suponen el 24 % de la renta agraria.

A pesar del compromiso expresado por el Ministerio con la competitividad, los grupos parlamentarios de la oposición han considerado que ese objetivo se contradice con el recorte del 37 % en la partida de competitividad y calidad de los productos agrícolas y ganaderos, y del 22 % para el fomento del asociacionismo agrario para concentrar al oferta, que detalla la propuesta presupuestaria.

Por otra parte, García Tejerina ha hecho hincapié en el apoyo al desarrollo rural, con una dotación presupuestaria un 48 % mayor que el año pasado para los Programas Feader cofinanciados por la Unión Europea (UE), aunque la aportación del Gobierno central se ha recortado un 33 %, con casi 30 millones menos, tal y como le han recriminado los grupos parlamentarios de la oposición.

En su alocución, el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha preguntado por la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, aprobada en la pasada legislatura y que ha sufrido un recorte del 86 %, debido, según ha indicado García Tejerina, a que las comunidades autónomas no están en disposición de aportar la parte que les corresponde por sus elevados niveles de endeudamiento.

El portavoz popular de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, ha recordado que el Senado «tumbó la ley por mala» y que en estos momentos la única autonomía que está en condiciones de poner en marcha su plan de zona y de aportar los fondos que le corresponden es La Rioja «y quizá Galicia».

La portavoz de Agricultura del Grupo Mixto, Olalla Fernández (BNG), ha reconocido que las autonomías también deben hacer un esfuerzo para que entre en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero ha criticado al Gobierno por «desatender» el mundo rural, un entorno «muy castigado por la sequía y el aumento del precio de los combustibles».

Desde Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha lamentado «la casi total desaparición» de los fondos para este partida, con recortes que afectan especialmente «a la mujer, a los jóvenes y a los programas de formación para la competitividad del sector agroalimentario de las zonas rurales», así como la disminución en un 20 % de la dotación para agricultura ecológica.

La renta del agricultor subió un 6,5% en la Unión Europea (UE) en 2011 con respecto al año anterior debido a los ingresos del sector, mientras que en España registró una caída del 0,4%, según el último informe anual de la Agricultura en los Veintisiete publicado este lunes

más que 2011 fue un año excepcional para el comercio de productos agrícolas, en el que la UE obtuvo un excedente de cerca de 7.000 millones de euros por segundo año consecutivo.

El informe indica que, según las últimas estadísticas, la producción de carne de vacuno aumentó un 1,8% en 2011, mientras que el incremento fue del 1,7 % en el caso de la carne de cerdo.

El incremento de la producción fue más moderado para la carne de ovino y de pollo (0,4% en ambos casos).

Por otro lado, los precios de los productos lácteos se siguieron recuperando en 2011 gracias al incremento de la demanda, con aumentos del 15% en el caso de la mantequilla y de algunos quesos, lo que se vio acompañado de una subida del precio de la leche.

http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_legislacion/unioneuropea/20120416/UE20120223.pdf

Los expedientes por infracciones de las normas ambientales europeas (planificación saneahidrológica, miento de las aguas residuales o polución del aire en las ciudades, entre otros asuntos) asedian al Gobierno. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha venido expresando reiteradamente su «enorme preocupación» por el retraso en la elaboración de los planes de cuenca de los ríos españoles, que tenían que estar hechos antes de finales del 2009. Arias Cañete ha insistido en su temor de que si hubiera una condena, España podría sufrir una sanción económica de la UE. Además, ese incumplimiento puede llegar incluso a comprometer inversiones con los fondos europeos. La autocrítica en materia de aguas ha sido utilizado sobre todo por el ministro para denunciar la «herencia recibida» del PSOE, pero hay otros litigios ambientales sobre la mesa a los que no ha hecho alusión.

La Comisión Europea ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de la directiva de aguas, que exige la recuperación del estado ecológico de los ríos y sus riberas antes del 2015. «Somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la directiva de Aguas», ha reconocido el ministro Arias Cañete. El Gobierno no ha elaborado los planes (25) de cuenca, encargados de planificar el uso de agua. Los tenía que haber redactado antes de finales del 2009; pero sólo se ha completado uno: el de las cuencas de Catalunya. El de la cuenca del Ebro, por ejemplo, no ha prosperado por los desacuerdos sobre el caudal ecológico mínimo que debe aportar a su desembocadura, pues la Generalitat reclama dejar un mayor caudal en el Delta. Y, de la misma manera, en otras cuencas surgen otras discrepancias (sobre todo, por el trasvase periódico desde el Tajo hacia Murcia). El objetivo del Gobierno es tener listos los planes a finales del año 2013 o principios del 2014. Hasta entonces, no sabremos si se propondrán trasvases.

España tiene abiertos dos expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales. Es la consecuencia del retraso en la aplicación del plan nacional de calidad de las aguas. El Tribunal de Justicia de la UE exigió el 14 de abril del 2011 el saneamiento de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes. Sin embargo, en once de ellos ni siquiera han comenzado a construirse. El hecho podría comportar una multa coercitiva de 20 a 50 millones de euros al año desde el 14 de abril del 2011. Un segundo expediente por insuficiente tratamiento de las aguas residuales exige que se construyan 39 instalaciones para mejorar los vertidos sobre áreas de calidad ambiental cercanos a núcleos de población. El ministro se ha mostrado muy decidido a actuar en este campo.

Y, además, la Comisión Europea se ha interesado por la falta de depuración en los municipios más pequeños. Concretamente, hay una carta de requerimiento de información (primer paso del procedimiento contra España), con fecha del 30 de noviembre, por mal saneamiento de las aguas en 921 aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes.

También hay expedientes abiertos por la polución en las grandes urbes. La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Luxemburgo por no cumplir las directivas sobre calidad del aire que rigen desde el 2005. Las grandes áreas urbanas, incluidas Madrid y Barcelona, han incumplido los límites máximos permitidos para las partículas sólidas en el aire (conocidas como PM10), procedentes de la combustión en los motores de los coches y las industrias así como del polvo de las obras públicas, entre otros focos de contaminación. Además, se prevé que la UE abra de oficio otro expediente porque Madrid y Barcelona rebasaron en el 2010 los límites sobre dióxido de nitrógeno (el otro contaminante vinculado al coche). Este verano, los funcionarios evaluarán la solicitud de prórroga presentada por Barcelona y el área sur de Madrid para acatar esta exigencia en el 2015. La atmósfera de la región de Barcelona pudo alcanzar en el 2010 los valores de calidad del aire exigidos para las partículas PM10 (gracias a las lluvias), pero en los dos últimos años rebasa el tope para el dióxido de nitrógeno. Hasta ahora, el ministro sólo ha hablado de reformar el plan de calidad del aire aprobado por el gobierno socialista, tachado de «voluntarista y falto de consenso». Pero no ha dicho cuál es su solución. Queda por aclarar si restringirá algún día el acceso al centro urbano de los coches más antiguos y contaminantes.

La UE ha denunciado a España también por no haber analizado adecuadamente el impacto medioambiental de las minas de carbón a cielo abierto en el valle de Laciana (León) ni haber tomado las medidas correctivas necesarias para remediarlo. Las minas están en un espacio protegido de la red Natura 2000 (Alto Sil), donde habitan el oso pardo y el urogallo. También hay un expediente por falta de planes de gestión para las zonas de especial conservación de Canarias. Y todavía no está cerrado el caso del canal de regadío Segarra-Garrigues (condena firme), que afecta a hábitats de especies esteparias, aunque la Generalitat intenta organizar un riego compatible.

La portavoz regional del PP en Castilla-la Mancha, Carmen Riolobos, ha señalado que le parece «indecente que el PSOE venga ahora a plantear un pacto por el agua cuando durante 30 años no han hecho nada por defenderlo».

   En declaraciones a Europa Press, Riolobos ha criticado que «los mismos que en su momento no dijeron nada cuando se rompía el mayor pacto que ha habido por el agua en España, como fue el Plan Hidrológico Nacional (PHN), ahora planteen este pacto, cuando lo que les ha interesado mientras estaban en el Gobierno ha sido cronificar este problema para sacar de él crédito político».

   En su opinión, los socialistas, «deben dejar al PP trabajar a favor de un nuevo Plan Hidrológico para resolver los problemas hídricos cuanto antes».

   En este sentido, ha asegurado que su partido «lo va a hacer trabajando, en vez de utilizar las chapuzas de Zapatero, Barreda y García-Page que, en lugar de apoyar el Plan, se lo cargaron», ha concluido.

Representantes de Equo de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Zaragoza, Alicante y Murcia han constituido un grupo de trabajo sobre la gestión sostenible de los ríos y de los usos del agua con el objetivo de elaborar un discurso político unitario y coherente para este partido, superando las diferencias territoriales.

   En la sesión de trabajo, todos los miembros del grupo se han mostrado de acuerdo en que existe una «mala gestión» del agua como patrimonio y, por ello, entienden que el actual modelo «es insostenible y necesariamente caduco», según ha informado Equo en nota de prensa.

   Tras exponer la situación y problemática en los diferentes territorios, se ha acordado la idoneidad de actuar y trabajar según los criterios de la Directiva Marco del Agua, a la vez que defender los principios de la Nueva Cultura del Agua.

   En un primer nivel de concreción, han concluido que el discurso de Equo ha de girar en torno al uso del agua bajo criterios de sostenibilidad integral y al modelo de gestión pública.

   En este sentido, han acordado dar prioridad a las estrategias del uso sostenible del agua en cada cuenca hidrográfica, ajustándolo a sus propios aportes, y no privatizar los servicios de abastecimiento, distribución y tratamiento del agua.

   Asimismo, pretenden garantizar la conservación y recuperación de acuíferos y ríos, abandonar definitivamente la construcción de grandes infraestructuras hídricas, como embalses y trasvases, y apoyar el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano.

   El grupo seguirá trabajando para desarrollar sus objetivos, manteniéndose en contacto de forma virtual, aportando materiales elaborados con anterioridad desde diferentes territorios, proyectando nuevas reuniones y preocupándose por la «alarmante ineficacia» de las administraciones en la gestión del agua.