El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, mantuvo ayer una reunión con los titulares de las nueve Confederaciones Hidrográficas para «coordinar» la nueva planificación hidrológica nacional, en el primer encuentro «celebrado desde la toma de posesión de los responsables de las demarcaciones hidrográficas», según hizo público el ministerio. Entre los convocados se encontraba María Ángeles Ureña, presidenta, presunta, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero cuyo nombramiento no se ha hecho oficial todavía y no ha tomado formalmente posesión de su cargo.
Según explicó el ministerio, a nueva planificación hidrológica del Ministerio persigue el objetivo de lograr «una gestión unificada y coordinada del agua, con la prioridad de garantizar su suministro en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional».
Asimismo, Ramos les hizo partícipes de que la nueva estructura de gestión y decisión entre la Dirección del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, «más coordinada, redundará en una agilización de los planes de cuenca, cuya conclusión está prevista para 2013».
La exministra de Medio Ambiente, valoró ayer el objetivo del Gobierno de lograr un gran pacto sobre el agua. «Si es difícil conseguir un pacto en cada una de las cuencas, no digamos a nivel nacional», aseguró
«2Ahí tenemos un problema complicado», que es que los estatutos de autonomía reconocen competencias en la gestión del agua en cuencas que van por más de una comunidad. Eso -a su juicio-hará más complejo que en el pasado llegar al consenso necesario para que se aprueben planes de cuenca que tengan más de una Comunidad Autónoma en su territorio.

Casi tres cuartas partes de los europeos piensan que la UE debe proponer medidas suplementarias para abordar los problemas hídricos en Europa, según una encuesta del Eurobarómetro publicada hoy.

Una amplia mayoría (el 68 %) cree que los problemas relacionados con el agua son graves. Las sequías, las inundaciones y la contaminación química se consideran desafíos importantes. El 62 % de los ciudadanos no se siente suficientemente informado y el 67 % cree que el medio más eficaz de reducir los problemas relacionados con el agua sería concienciar acerca de esos problemas. Multas más cuantiosas a los contaminadores, una política de precios más equitativa o incentivos financieros (desgravaciones fiscales o subvenciones) también reciben apoyo. En este contexto, el 73 % de los europeos reclama más medidas a escala de la UE para reducir los problemas hídricos.

El Comisario Europeo Janez Potočnik ha declarado lo siguiente:

«La Unión Europea ha trabajado durante años para mejorar la calidad del agua y esto se nota en los resultados: la calidad del agua potable y de las aguas de baño es mucho mejor que antes y muchos más pueblos y ciudades disponen de sistemas adecuados de tratamiento de sus aguas residuales. Especies como el salmón han reaparecido en varios ríos europeos donde ya no se encontraban, lo que demuestra que trabajar juntos en toda Europa puede arrojar resultados concretos. Sin embargo, las sequías y las inundaciones son cada vez más frecuentes y las aguas de Europa están sometidos a la presión creciente de problemas tales como la contaminación y el cambio climático. Los ciudadanos se han dado cuenta de ello y reclaman a la UE que actúe. Estos resultados constituyen una contribución importante al próximo Blueprint to Safeguard European Waters (plan rector para la protección de las aguas europeas)».
Los problemas del agua se consideran graves

A los ciudadanos les preocupa tanto la cantidad como la calidad del agua. Las sequías inquietan más en los países mediterráneos, muchos de cuyos ciudadanos las consideran un problema grave (el 96 % en Portugal, el 95 % en España y el 94% en Italia). Una gran mayoría de europeos (el 79 %) considera que las inundaciones constituyen un problema grave y el asunto preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Rumanía (el 96 %), Bulgaria (el 94 %) y Polonia (el 94 %).

La mayoría cree que la calidad del agua ha mejorado (el 23 %) o ha permanecido igual (el 25 %) durante los últimos diez años, mientras que el 44 % considera que se ha deteriorado. La mayoría de los europeos (el 84 %) menciona la contaminación química como la mayor amenaza para los recursos hídricos, seguida del cambio climático (el 55 %) y los cambios de los ecosistemas acuáticos (el 49 %).

El 61 % de los encuestados considera que no está haciendo lo suficiente para proteger los recursos hídricos, pero también cree que se necesitan más esfuerzos de la industria (el 65 %), la agricultura (el 51 %) y los productores de energía (el 47 %).
Se reclama más información

Cuando se les pregunta sobre las soluciones a los desafíos en el ámbito del agua, los europeos consideran muy útil en su mayoría (el 67 %) que se proporcione más información sobre las consecuencias medioambientales de la utilización del agua.

Consideran que una mayor concienciación es el medio más eficaz para mitigar los problemas del agua.

De hecho, aunque los ciudadanos toman pequeñas medidas individuales para ahorrar y proteger el agua, tales como limitar las cantidades utilizadas o utilizar menos plaguicida en sus jardines, una mayoría del 61 % cree que no hace lo bastante para proteger nuestros recursos hídricos. Los ciudadanos desean hacer más para proteger los recursos hídricos y estar mejor informados para poder hacerlo.

No obstante, para abordar las cuestiones relacionadas con el agua, los europeos también solicitan la imposición de multas más cuantiosas a quienes contaminen, una política de precios más equitativa o incentivos financieros (desgravaciones fiscales o subvenciones). La mayoría apoya que se fijen los precios del agua en función de su uso volumétrico y coincide en que los precios deberían aumentar al ritmo de la incidencia en medio ambiente.
Firme apoyo a la acción de la UE

El 73 % de los europeos considera que la UE debe proponer medidas suplementarias para abordar los problemas hídricos en Europa. Esta tendencia se afirma en todo el continente, ya que la mayoría de los ciudadanos de todos los Estados miembros cree que el problema debe tratarse a escala de la UE, oscilando entre el 55 % en Estonia y el 56 % en el Reino Unido y el 81% en Eslovaquia y Alemania. Los europeos opinan que el principal objetivo de esas medidas debería ser la contaminación del agua por la industria (el 69 %), la agricultura (el 39 %), la utilización excesiva de agua (el 30 %), las inundaciones y las sequías (el 24 %).
Un plan de política de aguas

La Comisión Europea examinará todos estos temas en el Blueprint to Safeguard European Waters (plan rector para la protección de las aguas europeas) previsto en noviembre de 2012. El plan determinará las lagunas existentes y las prioridades futuras, además de proponer medidas que orienten el desarrollo de las políticas hídricas hasta 2020. Se basará en un análisis que integre la modelización económica y climática hasta el año 2050.
Antecedentes

Esta encuesta se llevó a cabo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea entre el 5 y el 7 de marzo de 2012. Se entrevistó a 25 524 personas de distintos grupos sociales y demográficos en su lengua materna en nombre de la Comisión Europea.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordó ayer en el Consejo de Gobierno la orden de la Consejería de Fomento por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento por parte de las entidades locales.
Así, el Gobierno aprobó ayudas para la ejecución de obras por un importe de 2,4 millones y la principal novedad de la convocatoria para 2012 es que se ha ampliado la tipología de beneficiarios y podrán ser no solo ayuntamientos, sino también mancomunidades, entidades territoriales inferiores al municipio así como agrupaciones de municipios.
En concreto, se trata de adecuar las redes para eliminación de fugas y actuaciones que puedan evitar la mezcla de aguas más limpias con otras menos limpias. La mejora de estas redes conllevará un ahorro en el coste de la factura municipal.
El número de beneficiarios estimado no superará los 90 y la cuantía máxima será 25.000 euros para municipios y 40.000 euros por mancomunidad o agrupación.

J. S. VALENCIA Maria Angeles Ureña Guillem, hasta las pasadas elecciones autonómicas Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, parece finalmente la elegida por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para ocupar la disputada presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Maria Angeles Ureña ha desarrollado una intensa carrera en la administración autonómica, a la que se incorporó como jefa de Gabinete del fallecido José Ramón García Antón en 1998. Ureña ha sido, entre otros cargos, directora general de Arquitectura y más recientemente Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo.
Es licenciada en Derecho por la Universitat de València en la especialidad en Derecho Público. Es también funcionaria de carrera en la Administración local desde 1983 y de la Administración autonómica desde 1994.
Nacida en Sueca, cerca del Júcar, conoce perfectamente el regadío valenciano y los problemas que afectan a la cuenca hidrográfica. Además tiene gran capacidad para trabajar con equipos y escuchar a sus colaboradores.
El nombramiento como máximo responsable de la cuenca del Júcar, que podría confirmarse oficialmente en las próximas horas, ha estado rodeado de incertidumbres, al igual que ocurre en el Tajo, curiosamente los ríos en los que la poderosa secretaria general del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, ha tenido un mayor interés en colocar sus afines.
Este retraso en el nombramiento, después de que hace más de un mes se diera por segura la elección para el cargo de José Maria Benlliure, actual director general del Agua en la conselleria de Agricultura, alimentó las filtraciones sobre la sorda batalla desatada por el control de esta institución, cuyos presidentes ha sido casi siempre valencianos-a excepción del catalán Esteve Tomás (PSOE) y el asturiano José Maria González Ortea (PP). nombrado para el cargo por Jaume Matas cuando era ministro.
Desde diversos sectores valencianos y no solo políticos se ha hecho llegar al ministro los recelos que suscitaría el nombramiento de alguien próximo a Cospedal.

La economía marcará la Asamblea.pdf

El PSOE de Castilla-La Mancha ve «impresentable» que el Ministerio de Medio Ambiente –a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)– haya denegado agua para los regantes del canal bajo del río Alberche, mientras que se trasvasan a Levante 230 hectómetros cúbicos, en plena sequía, desde la cabecera del Tajo.

   Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios la portavoz de Agricultura del PSOE de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien se ha preguntado dónde está la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y qué es lo que piensa de lo que ha considerado «esquilmar a nuestra tierra».

   Fernández ha manifestado que el hecho que se deniegue agua a los regantes del Alberche y que se trasvase a Levante, «es el precio que están pagando los castellano-manchegos por tener una presidenta de Castilla-La Mancha que es, sobre todo, la secretaria general del PP», ha afirmado.

   La parlamentaria socialista ha querido dejar claro que la CHT depende del Ministerio de Medio Ambiente que, a su vez depende del Gobierno ‘popular’ de España presidido por Mariano Rajoy. «Esto es una obviedad, pero puede haber alguna crítica a los socialistas por este hecho», ha agregado.

   Sobre este mismo asunto, el portavoz de la Comisión de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Gil-Ortega, ha asegurado que este asunto concrete no depende de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sino del Ministerio de Agricultura.

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO se suman a la celebración del Día Mundial del Agua, que se celebra este jueves, y reclaman un modelo de gestión del agua «pública y transparente» y con participación social que garantice el servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua y promueva el uso eficiente del recurso.

   Así, en el día mundial del Agua, cuyo lema de este año fijado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) es ‘Agua y Seguridad Alimentaria’, apoyan que se incorpore al texto de la Ley de Aguas el reconocimiento del derecho humano universal del agua. Por ello están impulsando una iniciativa ciudadana europea en España mediante la recogida de firmas para reclamar a las administraciones públicas que garanticen el Derecho Humano al agua y al saneamiento, a través de servicios públicos de calidad.

   En este contexto, valoran que esta es una jornada de reivindicación de la responsabilidad de las administraciones como garantes de la gestión pública del agua para asegurar el acceso universal a este bien común respetando su triple funcionalidad ambiental, social y económica.

   De este modo, rechazan las iniciativas de privatización de la gestión del agua que, a su juicio, persiguen principalmente el beneficio económico antes que garantizar el derecho al agua y la preservación de las funciones ambientales de este recurso.

   Además, piden como una «actuación coherente por parte del Gobierno de España» la adhesión del país a la resolución 64/292 de la ONU, en la que se reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento, como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

   Asimismo, CCOO y UGT impulsan la iniciativa ciudadana europea (ICE) que reclama el derecho humano al agua y al saneamiento a través de unos servicios públicos de calidad, que fue presentada en el marco del VI Foro Mundial del Agua y que se solicitará el próximo 1 de Abril a la Comisión Europea por la Federación Europea de Sindicatos de servicios Públicos (EPSU).

   En este sentido, añaden que impulsarán en España la puesta en marcha de esta campaña mediante la recogida de firmas por todo el país  y reclamando a las distintas administraciones que asuman su responsabilidad garantizando el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento a través de unos servicios públicos de calidad.

   UGT y CCOO con el resto de sindicatos de servicios públicos europeos recuerdan que son los gobiernos los responsables de garantizar este Derecho Humano, como ha reconocido en dos resoluciones la ONU.

   En este marco, recuerdan que el agua es «esencial» en la producción de alimentos, que el 20 por ciento de las tierras cultivadas en el mundo son regadíos que consumen el 70 por ciento del agua dulce del planeta y aportan el 40 por ciento de la producción de alimentos.

   En cuanto a España, señalan que la superficie de regadío es del 15 por ciento superficie agraria útil total y consume alrededor del 70 por ciento de la demanda de recursos hídricos, para aportar más del 50 por ciento de la producción final agraria.

   Finalmente, apuntan que entre los efectos del cambio climático, de acuerdo al IPCC de la ONU, se destaca la disminución de las escorrentías de los ríos y de la recarga de los acuíferos en regiones del Mediterráneo y zonas semi-áridas de América, Australia y África meridional.

El Gobierno regional eliminará el sistema de modulación en el pago de las subvenciones para contratar seguros agrarios, por lo que no existirá un límite máximo de producción a la hora de contratar pólizas. Hasta ahora, sí existía este ‘tope’, a partir del cual se reducía la ayuda a percibir. Para complementar esta subvención se otorgaba al agricultor o ganadero una subvención adicional. Pues bien, la Consejería de Agricultura tiene previsto eliminar este sistema que, a juicio de María Luisa Soriano, «perjudica a las explotaciones agrarias más profesionales». No obstante, aclaró que «en ningún caso» se verán afectados los asegurados que tienen límites por debajo de los establecidos en la modulación y que «percibirán íntegramente la ayuda que les corresponda».
La consejera de Agricultura compareció ayer en las Cortes al objeto de informar sobre la política a seguir por su departamento en materia de seguros agrarios. Explicó que suprimido ese techo de producción para asignar las subvenciones generales «las ayudas adicionales dejarán de tener sentido», lo que conllevará, a su vez, una reducción de la carga administrativa para el asegurado y «se ahorrará y simplificará el trabajo de la Administración».

58,9 millones en indemnizaciones. Otro dato importante que lanzó la consejera fue la cuantía de las indemnizaciones para cubrir los siniestros en el campo durante 2011: 58,9 millones de euros, cubriendo el 98 por ciento de las pérdidas totales para los agricultores y ganaderos.
De los 73.017 siniestros registrados en la región durante el pasado año, más de 52.000 se produjeron en el sector ganadero por el fallecimiento de cabezas de ganado; y más de 10.000 en el sector de la vid a causa del pedrisco, las plagas de mildiu y los daños causados a las viñas por parte de animales silvestres.
Sobre la situación de sequía, consideró que el panorama no sería tan negro si el Ejecutivo anterior hubiera creado las infraestructuras necesarias para hacer llegar el agua a todos los puntos de la comunidad. En todo caso, aseguró que «ya se ha activado el nivel se sequía indemnizable», por lo que todos los trabajadores que tuvieran suscrito un seguro de este tipo «ya pueden percibir su correspondiente indemnización». No obstante, informó de que su implantación es «escasa» y «no llega apenas al dos por ciento»

Deuda millonaria con Agroseguro.

Tuvo sus minutos para centrarse en la herencia recibida por la familia socialista. Subrayó que su antecesor en el cargo, José Luis Martínez Guijarro, se marchó de la Consejería dejando a deber a Agroseguro 7,1 millones, lo que provocó que la compañía estudiara denunciar el convenio que mantiene con la Junta. «Un Gobierno responsable no puede gastarse más de lo que ingresa y, por tanto, tenemos que ajustar el presupuesto a las circunstancias. Nos hemos visto obligados por la época de despilfarro de los gobiernos socialistas».