Un decreto ley frenó en seco en 2004, al poco de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el proyecto para trasvasar aguas del Ebro al litoral levantino. Con aquella obra, el gobierno precedente, presidido por José María Aznar, pretendía paliar las dificultades hídricas de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
La alternativa de los socialistas, aprobada en septiembre de ese mismo año, se bautizó «Programa AGUA», sigla de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Con él buscaba hacer llegar a la costa mediterránea, desde Gerona a Málaga, 1.063 hectómetros cúbicos de agua, algo más de los 1.050 que preveía el trasvase derogado. Para ello se preveía un total de 105 actuaciones, aunque el grueso del programa era la construcción de plantas desaladoras que permitieran emplear el agua del mar tanto para el consumo humano como para la agricultura. En definitiva, «más agua y más barata», rezaba el eslogan.
Agua, más cara
Sin embargo, el resultado del programa al cabo de más de siete años se quedó lejos de los objetivos. Según los datos ofrecidos en el Congreso por el nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de las 51 desaladoras que se preveía construir, solo hay 17 en funcionamiento y otras 15 en construcción y los 678 hectómetros cúbicos que deberían generar estas instalaciones se han quedado en 111, el 16,5%. Además, el coste de producción por metro cúbico es para el regadío de 1,10 euros, cuatro veces más que los 0,30 «que puede soportar el usuario», según Arias Cañete.
En concreto, en el litoral Mediterráneo solo hay una veintena «censadas» por Acuamed (ver gráfico), de las cuales solo una cuarta parte están plenamente en servicio, informa Manuel Buitrago.
La sequía que viene padeciendo España, después de unos años de relativa abundancia de agua en los embalses, ha hecho saltar las alarmas de los regantes y puede devolver al primer plano la falta de infraestructuras hidráulicas necesarias. Y no solo el Mediterráneo sigue padeciendo los problemas que el Gobierno socialista pretendía resolver. Tampoco en Aragón, a pesar de haber frenado el trasvase del Ebro, se han solucionado sus dificultades para acceder al agua que atraviesa su territorio. En esta Comunidad, la sequía sigue siendo un mal endémico y el Ebro, en años de bonanza , continúa perdiendo miles de hectómetros porque siguen sin hacerse los embalses. La bandera de la «nueva cultura del agua» que enarboló el PSOE dejó aparcadas las obras de regulación que aún espera Aragón.
La «España verde» se seca
En Huesca, en plena geografía de la «España verde», siguen esperando desde hace décadas el embalse de Biscarrués, uno de los previstos en el Pacto del Agua. Tanto se ha retrasado la construcción de Biscarrués que los sistemas de riego están hechos por los regantes y, sin embargo, no hay embalse. Se han invertido del orden de 300 millones de euros en transformar en regadíos miles de hectáreas de los Monegros, que siguen esperando la presa.
En el año 2009, en la primera mitad del año, el Ebro vertió al mar 2.400 hectómetros cúbicos solo en un mes, en enero, porque las presas que hay operativas no podían guardar más agua. Otro ejemplo: en 2010, en solo dos meses —enero y febrero—, el Ebro había vertido al Mediterráneo 2.500 hectómetros cúbicos. Y los regantes ven cómo esos caudales se dejan correr a sabiendas de que llegarán años de sequía.
Con el agua que se ha dejado perder en 2009 y en 2010, Aragón tendría garantizado ahora el suministro de amplias zonas que sufren, resignadas, una sequía provocada por la falta de lluvias. También el Gobierno aragonés, que ahora preside la popular Luisa Fernanda Rudi, reclama a Cañete la urgente necesidad de los embalses del Pacto del Agua.
Con ellos, además, se podrá cumplir de forma efectiva un derecho reconocido a Aragón en su Estatuto de Autonomía: disponer de una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro para rentabilizar el agua, uno de los mayores recursos que tiene Aragón. En esta Comunidad existe una opinión compartida por todos los partidos de que si estuvieran hechos los embalses y Aragón, de una vez por todas, pudiera aprovechar esa reserva de 6.550 hectómetros cúbicos, el Ebro dejaría de tener aguas «excedentarias». Por eso Rudi no duda en advertir que no aceptará que se resucite el trasvase del Ebro.
La reciente intervención de Arias Cañete en el Congreso, en la que anunció un nuevo Plan Hidrológico «solidario» y se mostró favorable a los trasvases, amenazó con reabrir la «guerra del agua» entre comunidades.
Tal vez por eso Cañete ha aclarado en los últimos días que el Pacto Nacional del Agua «no es inminente». El ministro señaló que los planes de cuenca están «muy retrasados» y que el Gobierno se ha marcado el objetivo de que estén concluidos «antes de septiembre de 2013». Será después de esa fecha cuando se propondrá «como broche», un gran pacto que derive en un Plan Hidrográfico Nacional, explicó.
