El Ministerio de Medio Ambiente planea designar como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro a un representante del Partido Aragonés (PAR), socio del PP en la comunidad. El cargo supone que un partido que ha impulsado la oposición al trasvase del Ebro y la reserva exclusiva para la comunidad de 6.500 hectómetros cúbicos presidiría la cuenca pese a que afecta a otras nueve comunidades autónomas, desde Cantabria a Cataluña. Fuentes del PAR admiten negociaciones con el PP sobre el asunto.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en su primera comparecencia en el Congreso que los presidentes de las confederaciones bajarían de rango. A partir de ahora serán subdirectores generales, “dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua”. Culmina así un camino que inició el PSOE en la pasada legislatura para recentralizar la gestión del agua.

Sin embargo, los nombramientos están siendo pactados con las comunidades, incluso a propuesta de los barones populares. Es el caso del Segura, donde se da por hecho el nombramiento de Miguel Ángel Ródenas, actual director general del Agua de Murcia.

El caso más complicado era el del Ebro. Por la importancia simbólica en un momento en el que un sector del PP pretende volver a los trasvases y por la complicación geográfica, ya que la cuenca afecta a nueve comunidades (Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña).

Aragón supone el 49,53% de la cuenca y en esa comunidad el Ebro es más que un símbolo. Hace una década, cuando el Gobierno aprobó el derogado trasvase del Ebro, miles de personas se manifestaron contra el Ejecutivo de Aznar y al final el PP perdió el Gobierno regional. El año pasado, Luisa Fernanda Rudi reconquistó la comunidad de la mano del PAR, que ya gestiona el agua en la comunidad. Aunque la presidencia de la Confederación no estaba en el acuerdo de Gobierno con Rudi, el PAR sí admite que “si hay alguna institución del Gobierno central en la que tendría sentido que estuviera el PAR sería la Confederación del Ebro”.

En Zaragoza, regantes y políticos dan por hecho que el hombre elegido será Xavier de Pedro, uno de los padres del Estatuto aragonés, polémico por incluir una reserva de agua para la comunidad seis veces superior al derogado trasvase del Ebro. De Pedro es abogado —el cargo era tradicionalmente para ingenieros— y desde 2007 ejerce de director general de Desarrollo Estatutario. El PP en la comunidad argumenta que con la rebaja de rango en realidad el cargo no es tan relevante y que va a depender directamente de Madrid.

El nombramiento de los presidentes no llegará hasta que el Gobierno apruebe el decreto con la estructura del Ministerio, previsiblemente hoy. El borrador, al que ha tenido acceso este diario, establece que “los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro tendrán rango de subdirector general”. El resto ya estaba en ese nivel tras la rebaja de la pasada legislatura.

Pese a que el PP nacional se opone a trocear la gestión de los ríos, en Aragón ha mantenido su reivindicación de competencias. Las Cortes regionales tramitan una ley escoba en la que incluye modificar la “gestión del agua en Aragón” para que la comunidad tenga la competencia en materia de inspección y de autorizaciones en dominio público hidráulico, algo que, según los regantes, haría ingobernable la cuenca en caso de generalizarse en las nueve autonomías.

El nombramiento de un regionalista levantará previsiblemente recelos en el PP de Valencia y Murcia, pero también en otras comunidades. Durante la elaboración del plan de cuenca se vio un conflicto entre Aragón y Cataluña. La primera pretendía aumentar los regadíos en su territorio y la segunda el caudal ecológico en el Delta, cosas incompatibles. Además, tiene relevancia política, porque el PP engloba cada vez más al PAR, que estaría incluso en un órgano del Gobierno, aunque con sede en Zaragoza.

Con el PSOE, el PAR ya intentó sin éxito obtener la presidencia de la Confederación. El Gobierno socialista sí cedió las competencias del Guadalquivir pero el Constitucional lo anuló. Ecologistas, regantes, ingenieros y expertos cargaron contra esa decisión.

El sector del agua ya ha saltado contra el eventual nombramiento. “Le hemos dicho al ministro que debe defender la unidad de cuenca”, explica Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

El Consejo de Ministros estudiará en su reunión de hoy, previsiblemente, una bajada de las tarifas del agua que se trasvasa desde el Tajo hasta el Segura.

Se trata de una medida propuesta por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura en la reunión del 20 de enero en la que decidió que en el primer semestre del año se podrán trasvasar hasta 228 hectómetros cúbicos de agua.

Si se aprueba la bajada, los regantes pasarán de pagar 17,5 céntimos por cada metro cúbico de agua a 12,5, mientras que el agua para abastecimiento urbano se rebajará de 21,5 céntimos a 19.

Además, el Gobierno estudiará un informe sobre la reestructuración del sector público, enfocado en empresas públicas estatales, dentro del plan para reducir las más de 4.000 entidades, agencias o fundaciones vinculadas a las Administraciones Públicas en España.

Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, «es una prioridad dentro de la política de austeridad reordenar estas entidades», según han explicado hoy a Efe fuentes gubernamentales.

No obstante, no está previsto que mañana se adopte ninguna decisión firme sobre el adelgazamiento del sector público, y la idea en principio es esperar hasta el siguiente viernes para aprobar medidas concretas.

La Intervención General del Estado calcula que existen en España más de 4.000 entidades públicas, que deberían haberse reducido a menos de 3.500 según los planes que se aprobaron en 2010 con acuerdo de las comunidades autónomas.

Pero sólo se han eliminado 69 de las 514 comprometidas, y por ello el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de enero a los gobiernos autonómicos que se apliquen para cumplir con lo pactado.

En paralelo, los ministerios también han recibido el encargo de presentar informes sobre las entidades, agencias o fundaciones vinculadas que podrían fusionarse, reducirse o eliminarse.

Además, mañana el Ejecutivo analizará otro informe sobre el desarrollo del primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros que aprobó el pasado día 30 de diciembre.

Este recorte se efectuó a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito para limitar el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado.

El mayor ahorro afectó al Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1.016 millones).

Por otro lado, el Gabinete de Rajoy aprobará previsiblemente la nueva estructura del Ministerio del Interior y la bajada de las tarifas del trasvase Tajo-Segura.

Ni regantes ni organizaciones ecologistas ven con buenos ojos que un miembro del PAR presida la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El propio presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, expresó ayer su temor por las consecuencias que pueda traer una «politización» de las direcciones de las confederaciones hidrográficas.

De hecho, así se lo han hecho saber al propio ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a quien advirtieron que «ningún representante nacionalista debe ser presidente de una cuenca de aguas intercomunitaria porque sus decisiones responderían más a criterios políticos y localistas en lugar de técnicos y de interés general».

También desde Ecología y Desarrollo fueron reacios ayer a que esta posibilidad se materialice. «Solo una persona que se sitúe por encima de la realidad concreta de una comunidad puede tener una visión general de la cuenca que garantice su gestión integral», indicaron. Asimismo, indicaron que la solvencia técnica en materia hídrica «puede ayudar a alejar el debate del agua de los ataques partidistas».

El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Francisco Núñez, y el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, inauguraron el nuevo pozo municipal perforado al pie de la sierra de Santa Bárbara para el abastecimiento de agua potable a la población, y cuyas obras han costado medio millón de euros.
Francisco Núñez visitó Caudete para conocer de primera mano el nuevo sondeo de agua potable que entró en funcionamiento hace unos días, y que ha sido financiado íntegramente por la Diputación Provincial. Núñez estuvo acompañado del diputado de Obras Públicas, Abelardo Gálvez, y fue recibido por el alcalde, José Miguel Mollá, el concejal de Urbanismo, Francisco Estarellas, y el concejal de Obras y Medio Ambiente, Miguel Llorens.

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Los regantes murcianos habrían pagado a Castilla-La Mancha más de 160 millones de euros desde 1986. Estos ingresos, remitidos por la Confederación Hidrográfica del Segura a la Junta de Comunidades, están considerados como «indemnización» a las comunidades cedentes y suponen un tercio de la factura total que asumen los regantes de la comunidad vecina por el uso del agua del trasvase. En cualquiera de los casos, lo que preocupa ahora al PP es que ha llegado al Gobierno de Castilla-La Mancha y la pregunta que reiteró en su día al PSOE: «¿En qué se han invertido los pagos millonarios», sigue sin respuesta. El trato era sencillo -aunque nunca ha estado exento de polémica- Castilla-La Mancha cedía agua y el pago que recibía por parte de los regantes murcianos tenía que reinvertirlo en obras hidráulicas e ingeniería sanitaria.

A lo largo de las últimas décadas, se han ido trasvasando entre 476 hectómetros los años que más y 238 hectómetros cúbicos los que menos, percibiendo por ello Castilla-La Mancha más de seis millones de euros anuales.

Ayer, la diputada regional del PP, la albaceteña Cesárea Arnedo, preguntaba al PSOE, como partido que ha movido los hilos en las últimas tres décadas, «en qué obras hidráulicas se han invertido los ingresos percibidos por el precio del agua de los trasvases». Arnedo aseguró a este diario que esta pregunta la repitió durante su etapa en la oposición sin obtener respuesta y hoy la Junta no encuentra rastro de las inversiones. «Pensamos que fueron a una caja única, a gastos corrientes, pero seguimos investigando el destino».

En esta ocasión el trasvase se ha convertido de nuevo en el centro del debate porque el PSOE ha pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que se oponga a la rebaja del precio del agua del trasvase Tajo-Segura a los regantes murcianos. Arnedo, quien indicó que solo se trata de la propuesta de un colectivo, quiso saber «dónde está el dinero» que han pagado los regantes de Murcia y que «tendría que verse reflejado en infraestructuras hidráulicas o en los pueblos del Alto Tajo», pues ayer denunció que «lamentablemente hay algunos que se abastecen con cisternas».

Cada cuatro años

El PSOE de Castilla-La Mancha, según la diputada regional del PP, «solo se acuerda del agua cada cuatro años, cuando se acercan las elecciones», con la intención de «enfrentara todo el mundo, a todas las comunidades y a todos los ciudadanos con un tema muy sensible».

En cambio, Arnedo sostuvo que el Gobierno central retomará el concepto de Plan Hidrológico Nacional, que plantea «una solución clara».

«Parece que lo que es bueno para España no puede serlo para Castilla-La Mancha. Pero no es así. Lo que es bueno para España sin duda también tiene que ser bueno para Castilla-La Mancha», matizó Arnedo.

Y es que la secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, denunciaba ayer que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «estudia rebajar el 30% la tarifa del agua del trasvase» y que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, «calla para seguir en su cargo en Génova».

Padilla compareció ante los medios para afirmar que no se ha querido informar de esta decisión acordada en la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada en Madrid el pasado 21 de enero, y en la que se acordó aprobar una trasvase de 228 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hacia Murcia y el Levante español. La portavoz socialista explicó en un comunicado que se trata de una reducción de cinco céntimos de euros por metro cúbico, lo que equivale a un ahorro para los agricultores levantinos de 50.000 euros por hectómetro cúbico o, en el caso del último trasvase, de 8.450.000 euros solo en el agua para regadío.

Los regantes del Levante también se apuntan a eso del ‘más por menos’, en su caso a ‘conseguir más agua por menos dinero’. Es lo que denuncia el PSOE de Castilla-La Mancha, que ayer destapó que en la última reunión de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura se aprobó llevar al Consejo de Ministros una propuesta por la cual los regantes de Murcia y Comunidad Valenciana tendrían que pagar menos por el agua trasvasada. La portavoz socialista Esther Padilla dio ayer el dato; los regantes pagaban hasta la fecha 17 céntimos por cada metro cúbico y ahora quieren que la tarifa se reduzca a 12 céntimos. Padilla también ofreció el porcentaje de la rebaja, que rondaría el 20%.
En el PSOE hacen más cuentas. Con este cambio de tarifas, los regantes se ahorrarán 50.000 euros por cada hectómetro cúbico. Si en todo este semestre se trasvasaran los 169 hectómetros que se ha puesto de máximo para regadío, el ahorro podría llegar a los 8,5 millones de euros. «Se tiene que aclarar en qué medida afectan los ingresos a Castilla-La Mancha», demandó Padilla, «si van a pagar 8,5 millones menos, Castilla-La Mancha se verá perjudicada».
El PSOE recuerda que el precio que pagan en Levante por el agua ya está muy bajo, por lo que perjudica de manera directa a los agricultores castellano-manchegos, a los que les cuesta más euros regar con el agua del Tajo. «Mientras que los regantes murcianos están pagando por hectárea 60 euros, otros regantes de la cuenca del Tajo aquí en Castilla-La Mancha están pagando en la Sagra y Torrijos 264 euros por hectárea, o 136 en la zona de Alcolea», recalcó.

«Son insaciables». Padilla dudó de las necesidades reales de los regantes de Murcia y Valencia: «Son insaciables, consideran que hay muchas hectáreas de la cuenca del Tajo que se tendrían que reducir y que ellos pagan mucho». Por eso, la portavoz socialista exigió al Gobierno regional que se oponga a sus pretensiones. «Cospedal tiene que ejercer su condición de secretaria general, que ella dice que le viene muy bien a Castilla-La Mancha, y que pare la decisión del Consejo de Ministros», demandó.
Desde el PP, vuelven a criticar que el PSOE recurra a la «guerra del agua» para enfrentar a comunidades y ciudadanos. La diputada Cesárea Arnedo aprovechó para preguntar a los socialistas «dónde está el dinero que los regantes de Murcia han estado pagando históricamente a Castilla-La Mancha y en qué obras hidráulicas se ha invertido». Añadió que esos millones no se ven reflejados ni en la construcción de infraestructuras ni en los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo.  

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, adelantó que la comunidad autónoma participará «activamente» en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que elaborará el nuevo Gobierno central, donde la región «va a estar la primera para reclamar el derecho que tiene sobre el agua».
En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Cospedal señaló que desde esta comunidad autónoma se sabe que «hay agua suficiente para todos» pero «tiene que estar bien distribuida», porque el problema que existe es de distribución y de falta de infraestructuras.
Destacó además que han pasado ocho años del Gobierno socialista donde «la única política del agua ha sido que las comunidades autónomas se enfrentaran entre sí» y «ha habido un hito histórico que fue el Plan Hidrológico Nacional del 2001», que contó con un gran apoyo político, también de regiones como ésta, que se calló cuando se derogó y no hubo alternativa ninguna salvo el «enfrentamiento entre comunidades autónomas».
En este sentido, aseguró que ella «nunca» ha utilizado el tema hídrico «en el ámbito político», aunque tampoco va a dejar de hablar de ello ante quienes utilizan el asunto del agua como un tema exclusivamente de enfrentamiento político «o se ponen a hablar del agua cuando llegan las elecciones». «Y mientras tanto han pasado 25 años y aquí no se ha hecho nada», concluyó.

La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Tutifrutis’, llevada cabo en las provincias de Albacete, Cuenca y Valencia, ha desmantelado una organización dedicada al robo y receptación de cable de cobre y ha incautado 10 toneladas de este material.

En total han sido detenidas trece personas por asociación ilícita y se ha imputado a siete personas como receptadores del material robado. En la mayoría de los casos estaban vinculados a chatarrerías, que se dedicaban a la compra y venta del material de ilícita procedencia.

La investigación

La operación se inició hace cinco meses, tras el incremento de los robos de metales (cobre, bronce, aluminio, etcétera) en explotaciones agrarias, transformadores, líneas eléctricas y telefónicas, sistemas de iluminación de polígonos industriales y vías férreas.

La primera fase culminó con la detención, prácticamente ‘in fraganti’, de cinco personas que pretendían sustraer elementos de riego en una finca.

Posteriormente, en una segunda fase, se detuvo a otros ocho de los integrantes del grupo y se han imputado a otras siete personas como receptadores del material robado actuando en connivencia con los autores de los hechos.

El grupo llegó a sustraer más de 20.000 kilos de cobre, 15.000 aspersores y más de 14.000 kilos de objetos metálicos. En la provincia de Albacete, actuaban principalmente robando el cobre de los pívots.

Ganaron 171 hectómetros cúbicos de agua la semana pasada y están al 62,1 por 100 de su capacidad, con 34.501 hm

Los embalses españoles han logrado aumentar sus recursos hídricos tras varias semanas consecutivas de descensos. Así, la reserva hidráulica de España se sitúa al 62,1 por 100 de su capacidad, con 34.501 hectómetros cúbicos de agua almacenados, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.En concreto, los embalses ganaron 171 hectómetros durante la semana pasada. Acumulan actualmente un 17,9 por 100 menos de agua que en las mismas fechas de febrero de 2011 y un 5,9 por 100 más que la media de los diez últimos años, cuando la capacidad rondaba el 58,6 por 100.Según informa el departamento dirigido por Miguel Arias Cañete, la mayoría de las cuencas registraron aumentos, siendo los del Ebro y Norte los más notables, tras ganar 124 y 44 hectómetros, respectivamente. Al otro lado de la balanza se situaron las cuencas atlántica y mediterránea de Andalucía, que redujeron su agua embalsada ligeramente y la interna de Cataluña, que perdió 6 hectómetros.Por su parte, la del Júcar perdió 3 hectómetros, mientras que la del Segura sumó cuatro. Ambas cuencas están al 52,8 y al 55,9 por 100 de su capacidad, de forma respectiva.