Un estudio revela que la obra del trasvase del Júcar puede triplicar el coste del agua

No se trata de ningún trasvase —el Consell ha relajado su ímpetu reivindicativo— pero en los últimos días el presidente Alberto Fabra y la líder de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, se han embarcado en una especie de «guerra fría» por ver quién decide el nombre del nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sustituirá a Juan José Moragues. Fabra apuesta por un valenciano que conoce bien el tema hídrico, pero el Júcar también discurre por territorio de Castilla-La Mancha, por lo que De Cospedal también tiene a su candidata. Una disputa que puede verse determinada por el peso de cada uno en Madrid.

Despedidas de una asociación juvenil de mujeres
La crisis se está cebando en toda suerte de tinglados. Dos exempleadas, por ejemplo, han presentado ante el juzgado de lo social una denuncia contra la Asociación Juvenil Gitana de Mujeres del Siglo XXI (presidenta Antonia Vargas Aguilera). Su titular ha acordado acumular a este procedimiento los autos que ya seguía contra esta identidad que se encuentra en ignorado paradero.

Antaño, con el cazo puesto
«¿De qué se extrañan los que ahora ponen cara de espanto cuando antaño, con el cazo puesto, recibían parte de los dineros que hay que devolver?», escribía en ABC a propósito de lo que han sido estos últimos años en la Comunitat Valenciana no su colaborador del PSPV JL Ábalos (Alcalá) Meco, sino el moderador del «Debat a dos» de la TVV JL Torró Micó.

Centenario del descubrimiento de las pinturas de Tortosillas
La Diputación de Valencia ha publicado «Arte Rupestre Levantino. Patrimonio de la Humanidad», conmemorando los 100 años de Tortosillas. Esta obra, de más de cuatrocientas páginas, contiene diez trabajos de investigación de 15 investigadores especializados en arte rupestre levantino. Valencia tiene uno de los primeros lugares descubiertos en España de arte rupestre levantino, el abrigo rupestre de Tortosillas, en el término municipal de Ayora.

La Comisión Europea cree que en los próximos años habrá una menor volatilidad en los precios de productos agrícolas como el cereal, el azúcar y las oleaginosas, si bien espera que tales precios se mantengan en niveles altos por una mayor demanda de alimentos y de materias primas para biocombustibles, según un informe publicado este jueves. “En el futuro habrá menos volatilidad, pero los precios serán mayores que los registrados en el pasado”, según han explicado fuentes comunitarias sobre la evolución de distintos cereales, fundamentalmente maíz, trigo blando y cebada.

El Ejecutivo comunitario ha publicado un informe con las perspectivas del mercado de productos agrícolas hasta 2020 que tiene en cuenta datos de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que combina distintos escenarios, pero que obvia el impacto que tendrá la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Unión Europea va a decidir de aquí a 2014.

Entre las principales conclusiones, el documento apunta que “puede darse una presión al alza” sobre algunos productos agrícolas debido a la progresión de los biocombustibles, pero desde la Comisión no dan por seguro que esta evolución “se traduzca en un aumento del precio”.

El Grupo Popular en las Cortes regionales calculó ayer que la proposición no de ley (PNL) para reforzar la seguridad en el campo podrá debatirse en el Pleno de la cámara en febrero y confió en que sea aprobada por unanimidad. El portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, realizó estas consideraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de Asaja , José María Fresneda, con quien abordó los aspectos que se deben incluir en la PNL, que será presentada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que salga adelante «en los primeros momentos de la actividad legislativa» del nuevo Gobierno central. Cañizares dijo que la seguridad en el campo «es un tema que preocupa» al Gobierno regional y recordó el anuncio realizado por la presidenta, María Dolores de Cospedal, de que pedirá al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy la modificación del código penal para evitar la oleada de robos que registran las explotaciones agrarias.

Lamentó que en Castilla-La Mancha «hay miles de afectados por esta inseguridad tremenda» debido a unas «prácticas delictivas que se han ido consolidando en el tiempo, pero a las que hay que poner coto». En este sentido, propuso una «reforma normativa, legislativa y penal» de los comportamientos delictivos y dotar de nuevos instrumentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los juzgados «para que puedan actuar de forma más eficiente». En esta reforma del Código Penal también se debe tener en cuenta, en opinión de Cañizares, la reincidencia como «elemento que agrave» la tipificación del delito, pues aseguró que «en el campo hay grupos a los que se detiene habitualmente por pequeños hurtos, cuyas consecuencias legales punitivas es ninguna». La revisión de la consideración de falta y delito es otro de los puntos que se deben abordar en la reforma, ya que señaló que no siempre existe una «relación automática» entre la cuantía de lo robado y las consecuencias que tienen para la productividad.

Todos los días

Por su parte, José María Fresneda valoró la iniciativa del PP porque «todas las noches, todos los días hay delitos, que son faltas leves o no, pero son delitos que atentan contra la seguridad» de los municipios.

Afirmó que la PNL para la reforma del Código Penal «es un motivo de tranquilidad» para los agricultores, que sienten «que ha acabado un recorrido largo» que se inició hace «mucho tiempo», con el objetivo de endurecer las penas de los delitos cometidos en el campo.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha marcado la reforma de la PAC como “prioridad política de primer orden” para España y ha defendido que se mantenga la dotación para España dentro de la Política Agraria Común (PAC) que figuraba en las Perspectivas Financieras. “Para el Gobierno español la dotación presupuestaria de la PAC no se puede reducir», ha asegurado.

Arias se refería a las cifras que figuraban en la propuesta de marco financiero que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa”, según explicó.

Durante su reunión con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Constan Ciolos, que se ha celebrado en la sede de la Comisión en Bruselas por espacio de más de una hora, el ministro de Agricultura ha explicado a Ciolos que “la PAC necesita de un apoyo muy importante y que los agricultores y ganaderos españoles y europeos no pueden ver reducidos los actuales niveles de ayuda en un momento en que las cadenas agroalimentarias no funcionan correctamente y cuando están aumentando los costes de producción”

En este sentido, el ministro ha explicado, en declaraciones a los medios al término de la reunión, que el Gobierno español “considera preferible que se cierre primero el debate presupuestario para así conocer los recursos disponibles y que luego se cierre el debate sobre la PAC, porque la marcha en paralelo puede conducir a situaciones no deseadas en el supuesto de que no hubiera recursos suficientes, supuesto que el Gobierno español va a combatir para que los agricultores cuenten con los recursos presupuestarios necesarios”.

Miguel Arias Cañete, que es el primer ministro del Gobierno que se desplaza a Bruselas para abrir la agenda bilateral de reuniones con la Comisión Europea, ha manifestado que “el modelo de reforma de la PAC propuesto no se adecua a la a la realidad económica española ni a la realidad de la agricultura española”. Por este motivo, Arias Cañete ha invitado al comisario Ciolos “a visitar España para conocer de cerca la realidad del campo español”. 

Finalmente, Arias Cañete y Ciolos han hablado también de algunos problemas técnicos que se han de solucionar por los equipos de ambos ejecutivos como el del almacenamiento del aceite,  habida cuenta de los precios mantenidos en las últimas semanas; los problemas del mal funcionamiento de los precios de retirada en el sector de las frutas y hortalizas y una nueva regulación de precios de entrada a las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países para que haya mayor facilidad de control a estas importaciones.

El Gobierno regional ya se ha comprometido a pedir al nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy la modificación del Código Penal para poner freno a la situación de inseguridad que se vive en el campo, que sufre, cada vez con mayor frecuencia, robos y agresiones a agricultores y ganaderos. El Gobierno, por tanto, ha hecho los deberes y el Grupo Parlamentario Popular también. El miércoles se reunirá con la Asociación de Jovénes Agricultores (Asaja) para ir tejiendo la Proposición No de Ley (PNL) que elevará a las Cortes reclamando la reforma del Código Penal a fin de acabar con estas actividades delictivas.
Así lo adelantó ayer el portavoz de los parlamentarios populares, Francisco Cañizares, que informó que después de Asaja se reunirá con el resto de organizaciones agrarias. «Nos reuniremos con COAG y UPA y seguramente con algún otro colectivo profesional y técnico». El objetivo, dijo, es elaborar una propuesta que obtenga el consenso y el acuerdo de ambos grupos parlamentarios y que ponga fin a un asunto que afecta especialmente a Castilla-La Mancha.

Problemas internos del PSOE.
Por otro lado, los «problemas internos» que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, tiene el PSOE están interfiriendo en el funcionamiento de las Cortes regionales y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Ésta es, al menos, la percepción de Cañizares, quien pidió a los socialistas que «resuelvan sus problemas internos» y propongan a una persona para integrar el Consejo Consultivo regional. Este órgano tiene tres de sus cinco miembros en situación de interinidad desde el pasado otoño, entre ellos el propio presidente de la institución, José Sanroma.
En este punto, recordó que hace tiempo se dirigió al portavoz de los socialistas en la Cámara, José Luis Martínez Guijarro, para reclamar el nombre de la persona que habían designado, «pero todavía no se ha pronunciado», recalcó Cañizares.
El Consejo Consultivo «es una institución muy importante para el desarrollo normativo de la Región», recordó el portavoz de los populares, quien considera además que no es conveniente «una situación de interinidad en un organismo en el que debe primar el cumplimiento de la legalidad».
La designación de los tres miembros del Consejo Consultivo debe hacerse por una mayoría cualificada, de forma que tiene que haber una sola lista votada favorablemente por los dos grupos parlamentarios, recordó el portavoz popular. Hasta ahora había dos miembros propuestos por el Grupo Socialista y uno por el Grupo Popular y ahora será a la inversa.
Aunque el Partido Popular ya tiene decidido los nombres de sus dos candidatos no los dará a conocer hasta que no se consensúe la lista con el PSOE, ya que tiene que ser una lista única. «No son capaces ni de sentarse a dar un nombre porque no saben que nombre dar, no saben a quién proponer, porque quien tiene que tomar esa decisión o no está en condiciones de proponer a nadie o de concitar el suficiente consenso interno para proponer a nadie», criticó. «Nosotros tenemos los nombres desde hace varios meses».    

El pasado mes de diciembre cerró uno de los años con menos precipitaciones de la última década, situándose 2011 como el tercer año más seco de este periodo, con 291 litros por metro cuadrado caídos sobre la ciudad durante los últimos 12 meses. El pasado año se sitúa en tercer lugar, como el más seco, tras los años 2005 y 2006, en los que se registraron precipitaciones que ascienden a 229,6 y 282,2 litros por metro cuadrado, respectivamente. Estos datos son ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y corresponden a una de las estaciones que existen en la ciudad, la de Albacete.
El pluviómetro registró 291 litros por metro cuadrado en la Estación Meteorológica de Albacete, mientras que en el año anterior se alcanzaron 560 litros, convirtiéndose 2010 en el año más lluvioso de la última década (2002-2011). Una cifra abultada, en gran parte, gracias a las nevadas que se sucedieron durante los meses de enero, febrero y marzo. En el primer mes del año 2010 se contabilizaron cuatro días de nieve, dos en febrero y uno en marzo.
Las precipitaciones contabilizadas en el último año distan también de la media de lluvias de la última década, que ronda aproximadamente los 360 litros por metro cuadrado. Fue mayo el mes más lluvioso del pasado año y en éste se registraron precipitaciones de 59,4 litros por metro cuadrado.
En cuanto a la precipitación máxima registrada a lo largo de 2011, tuvo lugar en mayo, el día 19, cuando las lluvias caídas sobre la ciudad de Albacete ascendieron a 19,8 litros por metro cuadrado. El día que menos llovió, aunque sí cayó alguna precipitación, fue en julio, el día 22, con un litro por metro cuadrado registrado.

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El Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos por los que, a propuesta del Ministro Arias Cañete, se nombran nuevos altos cargos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Como Director General del Agua se nombra a Juan Urbano López de Meneses, Doctor Ingeniero Agrónomo, ocupaba hasta la fecha el puesto de Experto Nacional Destacado en la European Environment Agency (Copenhague, Denmark) para el Diseño de Indicadores Ambientales para el Análisis y Seguimiento de la PAC.

El nuevo Director General pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha desempeñado el cargo de Subdirector General de Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ejerciendo con anterioridad los cargos de Director Gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario y Alimentario IMIDRA y de Jefe de Área de Desarrollo Rural en la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid.

Se nombra también Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático a Susana Magro Andrade. Es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, ocupando desde 2007 el cargo de Directora de Gabinete de la Presidenta de la Asamblea de Madrid.

También ha desempeñado el cargo de Directora de Gabinete de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ocupando en el Ministerio de Medio Ambiente los puestos de Asesora del Gabinete de la Ministra y de Consejera Técnica de la Dirección General de Costas.

Por último el Consejo de Ministros ha nombrado a Pablo Saavedra Inaraja como Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Es licenciado en Derecho y ocupaba el puesto de Subdirector General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desempeñado también el cargo de Asesor del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, y ha sido Subdirector General Adjunto de Selección en el Instituto Nacional de Administración Pública y Jefe de Área de Coordinación de la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Demasiados asuntos en agenda. Los nuevos responsables de la gestión del agua en el Ministerio, que proceden de la Comunidad de Madrid, tendrán que tomar muchas e importantes decisiones lo antes posible.

Decisiones que tendrá que adoptar el director general del Agua, Juan Urbano López de Meneses. Con su nombramiento se ha roto la tradición de que dicho cargo fuera ocupado por un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. López de Meneses tiene un perfil ambientalista y es ingeniero agrónomo, razón por la cual los regantes del Segura están a la expectativa.

Una vez que López de Meneses tome posesión se comprobará si la nueva administración del PP apuesta o no por cambiar el sistema actual de desembalses semestrales en el trasvase Tajo-Segura. Sistema que desde Murcia confían en que se mantenga, mientras que éste ha sido puesto en cuestión por el recurso del Ejecutivo castellano-manchego contra el último envío de agua al Segura.

Desde Murcia la última petición de una nueva derivación asciende a 264 millones de metros cúbicos, 214 de ellos para regadíos.

Otras medidas

El nuevo responsable de Agua también tendrá en sus manos el nombramiento de los nuevos presidentes de las confederaciones hidrográficas.

Otra medida que tendrá que tomar Juan Urbano López de Meneses es la tramitación de los nuevos planes de cuenca, que deben ser aprobados con urgencia debido a la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea, habida cuenta de que los documentos de planificación llevan al menos dos años de retraso. Uno de los que más atraso acumula es el del Júcar.

Unido a esto, el Ministerio debe buscar una solución para hacer compatibles los planes del Tajo y del Segura, que por ahora son irreconciliables debido al trasvase. En la Región y en Madrid se apuesta por reducir los caudales trasvasables; mientras que en Murcia y Valencia se reclama que no se toque ni una coma. Los regantes murcianos, por su parte, han presentado un recurso al plan del Tajo para participar como usuarios en el nuevo Consejo del Agua de dicha cuenca.

Asimismo, el Ministerio deberá ponerse manos a la obra para favorecer un pacto nacional del agua y consensuar un nuevo plan hidrológico entre los territorios. Para eso necesita que los planes de cuenca estén aprobados. Asimismo, tendrá que clarificar la postura oficial sobre el programa de desalinización, cuya producción está bajo mínimos. Desde los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana se apuesta por frenarlo.

Esta normativa, que fue llevada a la Cámara Baja por el anterior Ejecutivo socialista la pasada primavera, se quedó en el ‘limbo’ parlamentario tras el adelanto electoral

c.s.rubio/ Toledo

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha sale del limbo parlamentario y comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados, tras el visto bueno de la Mesa de la Cámara Baja. No obstante, su perspectivas de futuro no son para nada halagüeñas: si bien su entrada en Madrid ha sido rápida (esta norma autonómica salió de Toledo en marzo), el cambio de color político de las cortes regionales y nacionales hacen prácticamente inviable el futuro de un texto que fue aprobado con el único apoyo del PSOE de Barreda.
En este sentido, es más que probable que las Cortes castellano-manchegas (ahora con mayoría popular) decidan retirar esta Ley del Congreso, ya que son las ‘dueñas’ del texto y, por lo tanto, pueden cortar su tramitación en el momento que así lo estimen oportuno.
Antecedentes hay ya y no hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrarlos. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue retirado del Congreso por las Cortes regionales la pasada legislatura por decisión del PSOE y del Gobierno al que entonces sustentaba. El argumentó fue entonces que el Estatuto no tenía mayoría suficiente para salir adelante, tras haber perdido el apoyo ‘popular’ a su paso por la Comisión Constitucional del Congreso.

la batalla del Estatuto. Y es precisamente esta ‘batalla’ por el Estatuto la que viene a reproducir la ahora retomada Ley del Agua regional. El texto salido del Consejo de Gobierno de Barreda recupera parte del contenido de la fallida reforma estatutaria, especialmente la estimación de que Castilla-La Mancha debería contar con una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos y la demanda de que la Junta de Comunidades participe con voz y voto en los órganos de gestión del agua.
Además, como novedad, esta ley incluye el traspaso al Gobierno regional de todas las infraestructuras hidráulicas promovidas por el Estado y la exigencia de que, antes de que se autorice cualquier trasvase del Tajo al Segura, se reste al volumen requerido por los regantes la producción de las desalinizadoras del Levante.
Dejando de lado estos últimos aspectos, fue en el punto de la ‘reserva hídrica’ donde la Ley del Agua encontró siempre el rechazo del PP en Castilla-La Mancha, al igual que ocurriera en el caso del Estatuto. Así, en la enmienda a la totalidad que presentaron en las Cortes, se proponía sustituir esta reserva por una estimación de las necesidades de agua de la comunidad en 4.500 hectómetros cúbicos, revisables en función del crecimiento autonómico.
Además, el PP dudó siempre de la constitucionalidad del texto, ya que, decía, atribuía a Castilla-La Mancha competencias en la gestión de los ríos exclusivas del Gobierno central, basándose para ello en las sentencias contra los Estatutos de Andalucía y Castilla y León. Y, pasando al ‘tablero’ nacional, esta Ley siempre contó con el rechazó frontal de Murcia y Valencia, comunidades gobernadas entonces y ahora por el PP.

Fallo en los cálculos. Pero volviendo al hecho de por qué llega ahora la Ley del Agua al Congreso, es fácil de explicar. El objetivo del entonces Gobierno socialistas de Castilla-La Mancha era introducir esta norma en Madrid antes que acabara la legislatura nacional que, en circunstancias normales, se debería de haber alargado hasta marzo de este año. Las cuentas eran ajustadas pero salían. La Ley entró en el Congreso en abril para ser debatida en la recta final de la etapa Zapatero, pero no se contó con el adelanto electoral al que, finalmente, se vio obligado a recurrir el Ejecutivo.
Con todo, en las mesas de trabajo de los nuevos Gobiernos ‘populares’ el agua no parece situarse como asunto de máxima prioridad. Además, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico se ha repetido por activa y por pasiva que su solución para el problema hídrico pasa por un pacto nacional y una vuelta al ‘espíritu’ del Plan Hidrológico de Aznar, frente a las guerras ‘taifas’ de los últimos años entre comunidades cedentes y receptoras.