El pasado mes de diciembre cerró uno de los años con menos precipitaciones de la última década, situándose 2011 como el tercer año más seco de este periodo, con 291 litros por metro cuadrado caídos sobre la ciudad durante los últimos 12 meses. El pasado año se sitúa en tercer lugar, como el más seco, tras los años 2005 y 2006, en los que se registraron precipitaciones que ascienden a 229,6 y 282,2 litros por metro cuadrado, respectivamente. Estos datos son ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y corresponden a una de las estaciones que existen en la ciudad, la de Albacete.
El pluviómetro registró 291 litros por metro cuadrado en la Estación Meteorológica de Albacete, mientras que en el año anterior se alcanzaron 560 litros, convirtiéndose 2010 en el año más lluvioso de la última década (2002-2011). Una cifra abultada, en gran parte, gracias a las nevadas que se sucedieron durante los meses de enero, febrero y marzo. En el primer mes del año 2010 se contabilizaron cuatro días de nieve, dos en febrero y uno en marzo.
Las precipitaciones contabilizadas en el último año distan también de la media de lluvias de la última década, que ronda aproximadamente los 360 litros por metro cuadrado. Fue mayo el mes más lluvioso del pasado año y en éste se registraron precipitaciones de 59,4 litros por metro cuadrado.
En cuanto a la precipitación máxima registrada a lo largo de 2011, tuvo lugar en mayo, el día 19, cuando las lluvias caídas sobre la ciudad de Albacete ascendieron a 19,8 litros por metro cuadrado. El día que menos llovió, aunque sí cayó alguna precipitación, fue en julio, el día 22, con un litro por metro cuadrado registrado.

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El Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos por los que, a propuesta del Ministro Arias Cañete, se nombran nuevos altos cargos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Como Director General del Agua se nombra a Juan Urbano López de Meneses, Doctor Ingeniero Agrónomo, ocupaba hasta la fecha el puesto de Experto Nacional Destacado en la European Environment Agency (Copenhague, Denmark) para el Diseño de Indicadores Ambientales para el Análisis y Seguimiento de la PAC.

El nuevo Director General pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha desempeñado el cargo de Subdirector General de Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ejerciendo con anterioridad los cargos de Director Gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario y Alimentario IMIDRA y de Jefe de Área de Desarrollo Rural en la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid.

Se nombra también Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático a Susana Magro Andrade. Es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, ocupando desde 2007 el cargo de Directora de Gabinete de la Presidenta de la Asamblea de Madrid.

También ha desempeñado el cargo de Directora de Gabinete de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ocupando en el Ministerio de Medio Ambiente los puestos de Asesora del Gabinete de la Ministra y de Consejera Técnica de la Dirección General de Costas.

Por último el Consejo de Ministros ha nombrado a Pablo Saavedra Inaraja como Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Es licenciado en Derecho y ocupaba el puesto de Subdirector General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desempeñado también el cargo de Asesor del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, y ha sido Subdirector General Adjunto de Selección en el Instituto Nacional de Administración Pública y Jefe de Área de Coordinación de la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Demasiados asuntos en agenda. Los nuevos responsables de la gestión del agua en el Ministerio, que proceden de la Comunidad de Madrid, tendrán que tomar muchas e importantes decisiones lo antes posible.

Decisiones que tendrá que adoptar el director general del Agua, Juan Urbano López de Meneses. Con su nombramiento se ha roto la tradición de que dicho cargo fuera ocupado por un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. López de Meneses tiene un perfil ambientalista y es ingeniero agrónomo, razón por la cual los regantes del Segura están a la expectativa.

Una vez que López de Meneses tome posesión se comprobará si la nueva administración del PP apuesta o no por cambiar el sistema actual de desembalses semestrales en el trasvase Tajo-Segura. Sistema que desde Murcia confían en que se mantenga, mientras que éste ha sido puesto en cuestión por el recurso del Ejecutivo castellano-manchego contra el último envío de agua al Segura.

Desde Murcia la última petición de una nueva derivación asciende a 264 millones de metros cúbicos, 214 de ellos para regadíos.

Otras medidas

El nuevo responsable de Agua también tendrá en sus manos el nombramiento de los nuevos presidentes de las confederaciones hidrográficas.

Otra medida que tendrá que tomar Juan Urbano López de Meneses es la tramitación de los nuevos planes de cuenca, que deben ser aprobados con urgencia debido a la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea, habida cuenta de que los documentos de planificación llevan al menos dos años de retraso. Uno de los que más atraso acumula es el del Júcar.

Unido a esto, el Ministerio debe buscar una solución para hacer compatibles los planes del Tajo y del Segura, que por ahora son irreconciliables debido al trasvase. En la Región y en Madrid se apuesta por reducir los caudales trasvasables; mientras que en Murcia y Valencia se reclama que no se toque ni una coma. Los regantes murcianos, por su parte, han presentado un recurso al plan del Tajo para participar como usuarios en el nuevo Consejo del Agua de dicha cuenca.

Asimismo, el Ministerio deberá ponerse manos a la obra para favorecer un pacto nacional del agua y consensuar un nuevo plan hidrológico entre los territorios. Para eso necesita que los planes de cuenca estén aprobados. Asimismo, tendrá que clarificar la postura oficial sobre el programa de desalinización, cuya producción está bajo mínimos. Desde los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana se apuesta por frenarlo.

Esta normativa, que fue llevada a la Cámara Baja por el anterior Ejecutivo socialista la pasada primavera, se quedó en el ‘limbo’ parlamentario tras el adelanto electoral

c.s.rubio/ Toledo

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha sale del limbo parlamentario y comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados, tras el visto bueno de la Mesa de la Cámara Baja. No obstante, su perspectivas de futuro no son para nada halagüeñas: si bien su entrada en Madrid ha sido rápida (esta norma autonómica salió de Toledo en marzo), el cambio de color político de las cortes regionales y nacionales hacen prácticamente inviable el futuro de un texto que fue aprobado con el único apoyo del PSOE de Barreda.
En este sentido, es más que probable que las Cortes castellano-manchegas (ahora con mayoría popular) decidan retirar esta Ley del Congreso, ya que son las ‘dueñas’ del texto y, por lo tanto, pueden cortar su tramitación en el momento que así lo estimen oportuno.
Antecedentes hay ya y no hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrarlos. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue retirado del Congreso por las Cortes regionales la pasada legislatura por decisión del PSOE y del Gobierno al que entonces sustentaba. El argumentó fue entonces que el Estatuto no tenía mayoría suficiente para salir adelante, tras haber perdido el apoyo ‘popular’ a su paso por la Comisión Constitucional del Congreso.

la batalla del Estatuto. Y es precisamente esta ‘batalla’ por el Estatuto la que viene a reproducir la ahora retomada Ley del Agua regional. El texto salido del Consejo de Gobierno de Barreda recupera parte del contenido de la fallida reforma estatutaria, especialmente la estimación de que Castilla-La Mancha debería contar con una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos y la demanda de que la Junta de Comunidades participe con voz y voto en los órganos de gestión del agua.
Además, como novedad, esta ley incluye el traspaso al Gobierno regional de todas las infraestructuras hidráulicas promovidas por el Estado y la exigencia de que, antes de que se autorice cualquier trasvase del Tajo al Segura, se reste al volumen requerido por los regantes la producción de las desalinizadoras del Levante.
Dejando de lado estos últimos aspectos, fue en el punto de la ‘reserva hídrica’ donde la Ley del Agua encontró siempre el rechazo del PP en Castilla-La Mancha, al igual que ocurriera en el caso del Estatuto. Así, en la enmienda a la totalidad que presentaron en las Cortes, se proponía sustituir esta reserva por una estimación de las necesidades de agua de la comunidad en 4.500 hectómetros cúbicos, revisables en función del crecimiento autonómico.
Además, el PP dudó siempre de la constitucionalidad del texto, ya que, decía, atribuía a Castilla-La Mancha competencias en la gestión de los ríos exclusivas del Gobierno central, basándose para ello en las sentencias contra los Estatutos de Andalucía y Castilla y León. Y, pasando al ‘tablero’ nacional, esta Ley siempre contó con el rechazó frontal de Murcia y Valencia, comunidades gobernadas entonces y ahora por el PP.

Fallo en los cálculos. Pero volviendo al hecho de por qué llega ahora la Ley del Agua al Congreso, es fácil de explicar. El objetivo del entonces Gobierno socialistas de Castilla-La Mancha era introducir esta norma en Madrid antes que acabara la legislatura nacional que, en circunstancias normales, se debería de haber alargado hasta marzo de este año. Las cuentas eran ajustadas pero salían. La Ley entró en el Congreso en abril para ser debatida en la recta final de la etapa Zapatero, pero no se contó con el adelanto electoral al que, finalmente, se vio obligado a recurrir el Ejecutivo.
Con todo, en las mesas de trabajo de los nuevos Gobiernos ‘populares’ el agua no parece situarse como asunto de máxima prioridad. Además, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico se ha repetido por activa y por pasiva que su solución para el problema hídrico pasa por un pacto nacional y una vuelta al ‘espíritu’ del Plan Hidrológico de Aznar, frente a las guerras ‘taifas’ de los últimos años entre comunidades cedentes y receptoras.  

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, tres Reales Decretos por los que nombra nuevos directores generales del Agua, de la oficina española de cambio climático y de sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Así, Juan Urbano asumirá la dirección general del Agua. Doctor Ingeniero Agrónomo, ocupaba hasta la fecha el puesto de experto nacional destacado en la European Environment Agency para el Diseño de Indicadores Ambientales para el Análisis y Seguimiento de la PAC.

Urbano pertenece al cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha desempeñado el cargo de Subdirector General de Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos en la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ejerciendo con anterioridad los cargos de director gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario y Alimentario (IMIDRA) y de jefe de área de Desarrollo Rural en la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha nombrado directora general de la Oficina Española de Cambio Climático a Susana Magro, ingeniera de Caminos Canales y Puertos, ocupando desde 2007 el cargo de directora de Gabinete de la presidenta de la Asamblea de Madrid.

Magro también ha desempeñado el cargo de directora de gabinete de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ocupando en el Ministerio de Medio Ambiente los puestos de asesora del Gabinete de la Ministra y de Consejera Técnica de la dirección general de Costas.

Por último, Pablo Saavedra será el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Saavedra es licenciado en Derecho y ocupaba el puesto de Subdirector General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desempeñado también el cargo de asesor del secretario de Estado de Cooperación Territorial, y ha sido subdirector general adjunto de selección en el Instituto Nacional de Administración Pública y jefe de área de coordinación de la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hasta que no avance el mes de enero y finalicen las vacaciones navideñas no se espera que el mercado recupere algo de actividad.

Por el momento, los trigos y el maíz anotan incrementos de precios, mientras que la cebada repite cotización, debido a la falta de movimientos de la oferta y la demanda.

En plazas como Barcelona, el maíz de importación ha ganado la última semana del año tres euros, hasta 210 euros/tonelada, mientras que los datos de los comerciantes apuntan que su cotización media -sobre vehículo en posición almacén- ha sido de 206,9 euros por tonelada, cifra similar respecto a la primera semana de diciembre.

En cuanto al resto de cereales, y en Barcelona, el trigo forrajero -sobre camión destino- se ha elevado un euro y se sitúa en 215 euros/tonelada, en tanto que el panificable ha aumentado la misma cifra y alcanza también 215 euros/tonelada.

El precio de la cebada

El precio de la cebada nacional se ha quedado en 209 euros/tonelada.Las cifras de los comerciantes recogen que la cotización media del trigo blando y/o importado -sobre vehículo en posición almacén- es muy cercana respecto a la primera semana de diciembre, hasta 207,42 euros por tonelada, en tanto que el trigo duro se mantiene prácticamente en 273 euros/tonelada.

En el caso de la cebada, la cotización se ha situado en 204,75 euros/tonelada.En el campo, la meteorología durante esta campaña ha favorecido la siembra de los cereales de invierno, que se prevé que para enero se alcazará una superficie similar a la del año anterior.

En el mercado internacional, los analistas prevén que los precios de los productos agrícolas sigan influenciados por la economía mundial, las condiciones de los mercados financieros y el nivel de existencias de los cultivos.

El trigo

En el caso del trigo, se espera una «gran cosecha» para 2012, por lo que es «poco probable» que registre de media un precio inferior a 2011, mientras que en maíz, los analistas estiman una reducción de las existencias, debido a la «fuerte» demanda prevista para este cereal.

Durante la última semana de 2011, en Chicago, los cereales cerraba con subidas y el maíz de venta para marzo anotaba un valor de 192 euros/tonelada, debido a la escasez de precipitaciones en los países productores de América del Sur, mientras que el trigo alcanzaba 184 euros/tonelada.

En cuanto a las oleaginosas, en las pizarras de la bolsa de Chicago, la soja de venta para marzo se situaba en 340 euros/tonelada.

Los analistas internacionales creen que seguirán en aumento las importaciones de soja por parte de China y que se reducirá el área de cultivo en América del Sur y en Estados Unidos, en favor del maíz.

En el mercado nacional, la harina de soja de importación ganaba en los últimos días de diciembre un euro en Barcelona, hasta 298 euros, mientras que el girasol se quedaba, una semana más, en 135 euros/tonelada.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estudia rebajar las confederaciones hidrográficas que quedan como direcciones generales a subdirecciones con dependencia de Madrid. Esto, que parece un cambio muy técnico, supone un paso hacia la centralización de la gestión del agua, algo que ya comenzó el PSOE en su última etapa.

Según fuentes próximas al ministerio, la idea sería bajar de rango a los presidentes del Duero, Júcar, Ebro, Tajo y Guadiana, después de que en 2010 perdieran ese nivel la del Segura. Estos pasarían a depender orgánica y presupuestariamente de la dirección general del Agua del Ministerio. Esto, además ayuda a la reducción de altos cargos pedida por Mariano Rajoy a sus ministros. Actualmente, la mayoría de los presidentes de las confederaciones tienen el mismo rango que la hasta ahora directora general, Marta Morén. Eso hacía, según fuentes del sector, que en ocasiones cada uno hiciera la guerra por su cuenta.

Caminar hacia la centralización del agua es relevante para intentar frenar conflictos territoriales por el tema. Sobre todo, porque de facto algunos de los presidentes de confederaciones los nombran las comunidades autónomas predominantes en la cuenca. Así, el PP en Murcia espera situar a Miguel Ángel Ródenas como presidente del Segura, mientras que Cospedal puede señalar al máximo dirigente del Tajo. Como ambas confederaciones mantienen intereses distintos -por el trasvase Tajo-Segura- hacerlos depender de Madrid al bajarles de rango puede ayudar a sofocar tensiones.

Entre los cambios del organigrama del ministerio destacan el previsible regreso del Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), que incluye el gran centro de investigación animal, y del Instituto Español de Oceanografía (IEO), hasta ahora en el Ministerio de Ciencia. Así, el departamento recupera o los buques que estudian stock de las pesquerías, o la contaminación en el pescado, algo clave para el sector de la pesca.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reventado varios de los nombramientos que Arias Cañete pensaba anunciar en el Consejo de Ministros. Además, del de Federico Ramos como secretario de Estado de Medio Ambiente, Aguirre ha señalado que la directora de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, Guillermina Yanguas, ocupará el mismo puesto en el Gobierno, y que el hasta ahora secretario general técnico de Transportes de Madrid, Jaime Haddad, ocupará el cargo de subsecretario del Ministerio de Agricultura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Orden sobre la delegación de competencias del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirigirá Miguel Arias Cañete. Indica que el Ministerio, creado por Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, tiene atribuida la competencia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de desarrollo rural.

Asimismo, le corresponde la política del Gobierno en materia de medio ambiente, para lo cual le dota de una Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Añade que el Ministerio asumirá las competencias ejercidas por el suprimido Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y sus Secretarías de Estado de Cambio Climático y de Medio Rural y Agua.

En su disposición final segunda, el Real Decreto 1823/2011 señala que las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen se entenderán realizadas por los que, por esta misma norma, se crean y los sustituyen o asumen sus competencias, previsión que afecta al ministro y al secretario de Estado de Medio Ambiente.

Por su parte, la disposición transitoria única establece que subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de los departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.

La principal modificación que afecta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incide en el ámbito de competencias de las extintas Secretarías de Estado de Medio Rural y Agua y de Cambio Climático.

Asimismo, hasta que se apruebe la estructura orgánica básica del ministerio no existirá una explícita determinación de las atribuciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, lo que dificulta el ejercicio por este órgano, actualmente vacante, de las competencias que atribuye a su titular el ordenamiento jurídico.

Señala que se ha creado la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y consecuente supresión de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.