Ni se lo esperaban, ni se lo explican. El cambio copernicano de los planes hídricos del PP ha caído como una losa sobre los regantes y agricultores alicantinos que durante los últimos años han ido de la mano con los mandatarios del PP, hasta convertirse en el azote a la política hídrica de José Luis Rodríguez Zapatero.
- Olcina: "No es una baza electoral, es un tema de Estado"
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La impresión es que se han impuesto las tesis de Cospedal y Rudi a las de Fabra
De nuevo se están organizando actos en defensa del Tajo-Segura
Asaja incide en que «el problema es que Zapatero se lió con Carod Rovira»
La Unió cree que «el PP se ha quitado la careta» tras años de «manipulación»
Ahora cuando el PP tiene aspiraciones, y muchas posibilidades de alcanzar el Gobierno e instalarse en La Moncloa, el trasvase del Ebro no figura en su programa, y el apartado dedicado al agua presenta más sombras que luces. El programa electoral de Mariano Rajoy deja la puerta abierta para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, número dos del PP, pueda recurrir el trasvase Tajo-Segura y planea incertidumbres sobre el futuro del Júcar-Vinalopó, cuyas obras ha finalizado el ejecutivo socialista y están paralizadas por disconformidad de los usuarios con la toma de agua inicial.
Los regantes, y en especial los dirigentes agrarios de las diversas agrupaciones que durante los últimos años se han encargado de llenar autobuses para manifestarse a favor de los trasvases, se sienten «intranquilos, decepcionados, indignados o huérfanos», según coincidieron varios de los afectados durante estos últimos días. Todos, además, tienen claro que los intereses y criterios del PP en Castilla-La Mancha o de Aragón han sido los que se han impuesto, y que Mariano Rajoy ha dejado en la cuneta al PP valenciano, y a los regantes que durante tantos años le apoyaron en la calle con el lema Agua para todos. El malestar que ha generado este cambio de actitud entre los profesionales del campo es tan patente que la próxima semana se celebrarán asambleas para empezar un gran acto de apoyo al trasvase Tajo-Segura en La Vega Baja.
Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante en Elche, está muy decepcionado y considera que «cualquier partido que no defienda y apueste claramente por los trasvases moralmente no puede ni pedir el voto a los alicantinos, yo del PP ni me presentaría». Urbina, no obstante, responsabiliza tanto al PP como al PSOE de ser «los responsables» de la actual situación de incertidumbre porque «han estado jugando con el agua durante años». Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores, y hombre próximo al PP, advierte de que «no vamos a permitir reducir caudales de unos trasvases que ya están consolidados», en referencia al Tajo-Segura. Aniorte atribuye la polémica a las «idioteces que dicen los políticos en campaña electoral», y anuncia que seguirán «exigiendo a Rajoy el trasvase del Ebro» hasta que sea una realidad.
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Regantes del Vinalopó y uno de los líderes del movimiento Agua para todos, insiste en que los políticos deben «dar un paso atrás para dejar que sean los técnicos los que trabajen y decidan». Martínez advierte de que si el PP no incluye y confirma con «hechos» su apuesta por los trasvases «tendrá a todos los agricultores enfrente».
Pese a la irritación y malestar inicial al comprobar el cambio de criterio de Génova, algunos de los dirigentes agrarios, los más próximos al PP, han empezado a modular su discurso, y confían en las promesas verbales de Rajoy que siempre ha defendido las transferencias entre cuencas.
La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, reunieron el miércoles a los regantes para tranquilizarles, pero no lo consiguieron. Ahora son palabras, antes estaba por escrito. El cabeza de lista del PP por Alicante, el ex ministro Federico Trillo, también tiene previsto encontrarse con los regantes para convencerles de que el PP no ha variado su posición. «No se crean cuentos, ni películas, el PP no ha cambiado en nada su discurso y haremos las cosas cuando podamos».
Pero lo único cierto es que en el programa electoral de estas elecciones, el PP copia prácticamente su propuesta de 2008 pero con algún matiz importante, no da por sentado que existan cuencas excedentarias, es decir, no está claro que sobre agua, e introduce que «si las hubiere» se plantearían la posibilidad de ejecutar transferencias. El cambio del PP se fundamenta en dos cuestiones básicas. Por un lado, la actual situación de crisis financiera impide comprometer una inversión millonaria como es el trasvase del Ebro (requeriría más de 500 millones de euros); por otro lado, hay un motivo político clave: en Aragón y Castilla-La Mancha, donde ahora gobierna por primera vez el PP desde hace años, existe un fuerte sentimiento antitrasvasista. «Rajoy en La Moncloa no puede permitir abrir una guerra entre comunidades hermanas gobernadas por un mismo partido», admite una fuente del PP en Alicante.
Es más, la propuesta electoral de los populares se basa en el Pacto del Agua de Aragón, mediante el cual el parlamento aragonés veta cualquier trasvase del Ebro, y asegura una reserva estratégica de agua «desmedida e injustificable», según opina Antonio Rico, catedrático de Análisis Geográfico y Regional en la Universidad de Alicante. Sin embargo, los regantes no entienden por qué Rajoy se ha plegado de esta manera a los intereses de Cospedal. «Si los programas electorales están para no cumplirlos, hubiera podido dejarlo como estaba», admite otro regante. Pedro Valera, de Asaja en Elche, admite que Cospedal «se ha salido con la suya, pero el problema es de Zapatero que se lió con Carod Rovira y a partir de ahí no nos aclaramos», dijo.
Ernest Blasco, de la Unió de Llauradors en Alicante, tiene claro que el programa electoral de Rajoy «evidencia las mentiras y la tremenda manipulación» que el PP «ha sometido» a los regantes. Para Blasco «nos han tomado el pelo», y ahora «el PP se ha quitado la careta». La Unió recuerda que el trasvase Tajo-Segura abastece tanto a regadío como a consumo humano, ya que de esta conexión beben 70.000 personas.
La tesis y los argumentos que barajan los expertos que defienden los trasvases son claras: España dispone de una media de 111.000 hm3/año, consume unos 21.000 hm3/año, y tan sólo se trasvasan unos 1.200 hm3/año. Y con este volumen tan reducido, se garantiza el suministro de agua potable de 15 millones de habitantes y de 600.000 ha de los regadíos más competitivos. Por eso consideran que hay margen suficiente para respetar caudales ecológicos y garantizar las demandas de agua en las cuencas excedentarias y, además, para plantear la realización de nuevos trasvases como el del Ebro. Un trasvase moderado y viable de 350 hm3 a la Comunidad Valenciana y otros de 100 hm3 a Barcelona.
Olcina: "No es una baza electoral, es un tema de Estado"
El agua no figura como un tema de Estado en el programa electoral del PP. Las referencias directas al Pacto del Agua de Aragón y la amenaza directa que se intuye sobre el Tajo-Segura, revela que la propuesta con la que Mariano Rajoy se presenta a las elecciones ha sido elaborada desde Toledo y Zaragoza. «Los intereses regionales han primando sobre intereses generales», admite el catedrático de Análisis Regional de la Universidad, Antonio Rico. Por su lado, el exrector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, una de las voces más autorizadas en esta materia, insiste en que «el agua nunca debe ser una baza electoral, es un tema de Estado». Por eso este experto pide a los políticos que «prescindan de la demagogia y apliquen criterios técnicos» en la planificación hídrica.
Joaquín Melgarejo, catedrático de Historia Económica en Alicante y autor de varios informes sobre el impacto económico del trasvase del Ebro, encargados por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), quita hierro a la polémica y cree que la propuesta electoral de Rajoy «no dice que no se hará el trasvase, es ambiguo en su redacción, pero habla de transferencias sobrantes». Bien distinta es la opinión de Rico quien lamenta «las pocas líneas» que el programa del PP dedica a la planificación hídrica. «Esta actitud constituye un error histórico y una grave irresponsabilidad política, máxime cuando de la solución de ese problema dependen centenares de miles de empleos y exportaciones agrarias que son vitales», asegura Rico, quien considera que una cuestión de Estado como ésta «no puede ser tratada de forma tan simple y sesgada como lo ha sido en dicho programa electoral del PP».
Gil Olcina, catedrático también de Análisis Regional, tilda de «precipitada e inadecuada» la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aunque «no era un documento perfecto era una propuesta seria» que garantizaba llevar agua de las cuencas sobrantes a las deficientes.
Rico extrae una conclusión sumamente preocupante: «Hay un giro copernicano del PP en materia de agua porque hay dirigentes políticas muy señaladas y conocidas que han impuesto su opinión por encima del interés general y de los criterios técnicos», en referencia a María Dolores de Cospedal con una «imposición, carente de sentido común, en la que hay regiones que ganan y otras que pierden».
Y entre las regiones que pierden claramente se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia, que no sólo pierden la opción del trasvase del Ebro, sino que también pueden perder o ver reducidos los trasvases existentes, poniendo en riesgo centenares de miles de empleos.
Los expertos consultados por este periódico coinciden en lamentar que la palabra trasvase estuviera proscrita durante los últimos 8 años de Gobierno socialista, y ahora también lo esté en caso de un hipotético Gobierno popular. También echan en falta referencias concretas al mantenimiento de los trasvases existentes, que son infraestructuras estratégicas para el mantenimiento del empleo y la generación de riqueza en Cataluña (Ter-LLobregat y minitrasvase del Campo de Tarragona), Comunidad Valenciana (Júcar-Turia, Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura), Murcia (Tajo-Segura) y Andalucía (Tajo-Segura, Negratín-Almanzora y Guadiaro-Majaceite). Sin estos trasvases peligraría la viabilidad económica y social de 600.000 ha de las más competitivas y rentables de los regadíos españoles. Regadíos todos ellos de vocación exportadora de los que dependen más de 500.000 empleos.
Y en materia de abastecimiento de agua potable, de trasvases y grandes viajes de agua depende el suministro de más de 15 millones de habitantes. En la situación en la que se encuentra España, poner en riesgo el empleo y las exportaciones agrarias que generan esas 600.000 ha es una irresponsabilidad «gravísima e inadmisible», según concluye Rico.
