La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea Zubelzu, ha destacado que Navarra es una comunidad de referencia en energías renovables y en desarrollo de la industria agroalimentaria, en el curso de su presentación del I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables que se celebrará en Pamplona .

El I Congreso de Energías Renovables y Regadíos tiene por objetivo analizar las fórmulas para rebajar los costes energéticos y aprovechar las instalaciones de regadío para la producción de energía. Según ha informado la consejera Goicoechea, en los últimos 40 años, la superficie de regadío se ha multiplicado por 2,5 pero el gasto energético se ha multiplicado por 19; en estos momentos, casi el 2% del gasto energético de España se produce en los regadíos.

En Navarra, el sector de las energías renovables está formado por más de 100 empresas, algunas de ámbito internacional, que lideran el sector de la promoción de parques eólicos y la fabricación aerogeneradores y componentes y aportan el 5% del Valor Añadido Bruto de la Comunidad, mantienen alrededor de 5.000 puestos de trabajo y facturan 3.500 millones de euros anuales, según ha informado la consejera Goicoechea en su presentación. Las energías renovables cubren el 81% del consumo eléctrico de Navarra, lo que, en 2009, significó que uno de cuatro días solo se consumió electricidad generada por fuentes renovables.

En relación con el sector agroalimentario de Navarra, la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente ha recordado que factura alrededor de 3.300 millones de euros al año, de los que 2.500 millones corresponden a la industria transformadora y 800 millones al sector primario. El sector está formado por 1.200 empresas y 24.000 explotaciones agrarias, y da empleo a 28.000 personas.

La consejera Goicoechea ha expuesto que la reducción del gasto energético en los regadíos es uno de los objetivos del II Plan Energético de Navarra y la combinación de energías renovables y sector agroalimentario ayudará, primero, a reducir los costes de producción del sector y mitigar la huella de carbono, y, en segundo término, abre una nueva posibilidad de desarrollo del sector de las energías renovables que en 2020 debe cubrir el 20% del gasto total de Europa y del 10% del consumo de transporte.

Fuente: intia

Los representantes de las distintas comunidades generales de regantes han definido ya los estatutos que regirán la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, con lo que ya están listos para su aprobación.

Según informó ayer el Consorcio del Alto Guadiana, los regantes se reunieron la semana pasada en su sede tras varios meses de trabajo y dejaron quedaron perfilados los estatutos que regularán la futura Federación de Regantes de Castilla La Mancha. A partir de ahora, todas las comunidades de regantes que forman parte de la Comisión Gestora han comenzado a informar de lo tratado en la reunión a sus respectivos miembros, para aprobar, en sus Juntas de Gobierno, los estatutos elaborados y el documento de adhesión que permitirán la constitución de la futura federación regional de regantes.

En esta federación de regantes estarán representadas las comunidades generales de regantes del Guadiana, Tajo, Segura y Júcar, junto con los responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias, entre las que se encuentran Asaja, Coag y Upa. El objetivo de esta federación será estructurar y coordinar una política de agua común para el regadío en todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Una voz única

En su último encuentro, los representantes de cada una de las comunidades de regantes de las distintas demarcaciones, el presidente de la comisión gestora, Francisco Belmonte, y la secretaria de dicha comisión, Araceli Olmedo, acordaron cuáles han de ser las normas que permitirán el funcionamiento de la que será la primera federación de estas características en Castilla-La Mancha.

Belmonte y Olmedo destacaron la importancia y la necesidad de crear una voz única que pueda representar a los regantes de la región, para afrontar de una forma unánime la problemática que pueda surgir alrededor de los intereses que son comunes a todos los regantes de la Castilla-La Mancha.

En 2010 la Mancha Oriental pagó 130.040 euros por este concepto y 97.380 euros por el uso del trasvase.La Confederación acaba de publicar el canon de regulación del subsistema Alarcón-Tous para 2012.LOS DATOS

Canon fijado para 2012 para la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental para regadíos en cuanto a regulación del sistema Júcar. 5,25 euros por cada decímetro cúbico.

Canon fijado para 2012 para la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental para regadíos en cuanto a la utilización del ATS. 3,9 euros por cada decímetro cúbico.

Abastecimiento de Albacete 10,50 euros por cada decímetro cúbico..Usar el agua del Júcar, pero también las infraestructuras aparejadas y contribuir al mantenimiento de las mismas, no es gratuito. Tiene su coste. Unas tarifas que de cara a cada campaña aprueba la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al igual que sucede en el resto de organismos de cuenca.

Hace apenas unos días que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha publicado, en los distintos boletines oficiales de las provincias afectadas, entre otros cánones el de regulación del subsistema Alarcón-Tous correspondiente a la campaña 2012. Las tarifas en cuestión apenas si han cambiado respecto a la campaña anterior.

Aportaciones

Pero, ¿qué son los cánones de regulación? «Son los tributos o exacciones que corresponden a los gastos originados que deben cubrir los usuarios del agua en relación al tipo de uso y cantidad de este recurso utilizado», explican desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO).

Estos cánones hacen referencia a parte de los gastos de funcionamiento y conservación de las infraestructuras, principalmente embalses y canales, así como los derivados de la administración de los mismos y de las inversiones realizadas. Todo ello bajo el principio de recuperación de costes.

El pago de las cantidades en cuestión se realiza al órgano de cuenca mediante una liquidación anual que se realiza en el mes de diciembre y que se dirige a los usuarios que tienen que hacer frente a estos costes, detallan desde la JCRMO.

Y, ¿cuánto cuesta? De cara a 2012 la tarifa establecida por la Confederación Hidrográfica del Júcar en lo relativo a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental para regadíos es de 5,25 euros por cada decímetro cúbico, o lo que es lo mismo por cada mil metros cúbicos. Aún así esta tarifa para poder regar con aguas superficiales es mucho más asequible para los bolsillos de los agricultores albaceteños que extraerlas de los pozos dado el alto precio de la electricidad.

Mientras que el canon relativo a la utilización de la infraestructura Tajo-Segura en ese mismo concepto como canal para llevar el agua desde el embalse de Alarcón hasta la zona de los Llanos es de 3,9 euros por cada decímetro cúbico. Y es que el trasvase, pese a lo que muchos creen no solo se usa para derivar agua a la cuenca del Segura sino también para acercar los recursos del Júcar hasta los usuarios albaceteños.

Determinar cuánto pagan de media los regantes manchegos es complejo ya que cada campaña es distinta. En 2010, según reflejan las cuentas de la Junta Central de Regantes, estos usuarios abonaron a la Confederación 130.040 euros en concepto de canon de regulación del sistema Júcar para la sustitución de bombeos, es decir para poder regar con aguas superficiales. El cálculo se hizo conforme a los 24,9 hectómetros de agua consumidos. En cuanto al uso de la infraestructura del trasvase para canalizar ese agua supuso un desembolso de 97.380 euros.

En 2009 se usaron 17 hectómetros cúbicos y la Confederación recibió de estos usuarios albaceteños 98.260 euros relativos al canon de regulación del sistema Júcar y otros 137.513 euros por el uso del acueducto Tajo-Segura.

Abastecimiento a Albacete

Pero no solo los regantes tienen que hacer frente a este canon. El Ayuntamiento también debe pagar un canon específico en concepto de abastecimiento.

Para 2012 la Confederación ha establecido esa tarifa en concepto de abastecimiento para la ciudad en 10,50 euros por decímetro cúbico.

A. TERUEL VALENCIA El Tribunal Supremo ha rechazado la segregación del Júcar del resto de cuencas hidrográficas de la Comunidad Valenciana. La sentencia, que da la razón a un recurso interpuesto por la Generalitat, anula la modificación de los límites de la demarcación correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para excluir de ella a los ríos que discurren íntegramente por el territorio autonómico valenciano. Esta alteración se recogía de forma expresa en un apartado de un Real Decreto del año 2007, que ahora ha sido anulado por el tribunal.
El citado texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de febrero de 2007, recoge expresamente que de la demarcación hidrográfica del Júcar «quedan excluidas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana». Sin embargo, el tribunal sostiene que no hay motivos que justifiquen esa decisión, y que, aun en caso de que los hubiera, el Gobierno no los ha aportado. En este sentido, señala que, al contrario, se hace mención a otra sentencia del Tribunal Supremo, del año 2004, que «en absoluto impide que la Demarcación Hidrográfica del Júcar incluya las cuencas intracomunitarias».
La resolución judicial recuerda también que el territorio adscrito al río Júcar incluye también varias cuencas endorreicas -sin salida al mar- existentes en La Mancha, y que, siguiendo el mismo criterio, también deberían haber sido excluidas de la demarcación hidrográfica. En este caso, para que su tutela se traspasara a Castilla-La Mancha. En cambio, el Real Decreto no hace mención alguna a estas cuencas, algo en lo que la Generalitat fundamentó una parte del recurso que ha prosperado.
Desde la Conselleria de Agricultura se felicitaron ayer por esta sentencia que «rectifica» al Gobierno para «poner orden en la caótica y errática política hidráulica nacional de los últimos años».
Fuentes del departamento recordaron que el recurso de la Generalitat «se basa en el trato discriminatorio» que suponía el texto derogado, así como su «falta de justificación». Por ello, destacaron que «se echa por tierra la pretensión del Gobierno de fragmentar la demarcación hidrológica».

Zonas «ignoradas» de Castilla-La Mancha
La Conselleria de Agricultura hizo hincapié, a la hora de valorar esta sentencia, en que el artículo anulado del Real Decreto no aludía a las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha adscritas al Júcar. Una circunstancia que, según la Generalitat, «ha sido ignorada sistemáticamente de manera injustificada e interesada por los gobiernos de Barreda y Zapatero».
Además, recordaron que, sin este recurso, se hubieran «dividido sistemas consolidados como el del Vinalopó-Alacantí», o separar del ámbito del Júcar «territorios costeros donde sólo hay cauces secos».

Es la última instancia que les queda. Tanto la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) como el Ayuntamiento de Albacete, están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a los recursos en casación que ambas entidades interpusieron contra los fallos que les obligaban a pagar más de un millón de euros en el caso del Consistorio y 60.000 euros en el de los regantes manchegos.

El origen de este pleito está en ese convenio, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Sindical de Usuario del Júcar (USUJ). Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse hasta entonces, cedieron al Estado el uso de Alarcón. Pero se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar. Con la sequía de 2005 las reservas bajaron tanto que Albacete tuvo recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La CHJ, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando a pagar una compensación a los regantes valencianos. En 2006 se repitió.

José Ramón García Antón esbozaría una sonrisa de inmensa satisfacción si hubiera conocido el fallo del Tribunal Supremo antes de que falleciera una tarde de principios de agosto de 2009. Pero han tenido que transcurrir tres años más para que la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunciara en una sentencia que respalda absolutamente la política hídrica que él defendió incluso ante la Justicia: la unidad de gestión de las cuencas de hidrográficas dentro de la demarcación del Júcar.

Así lo deja claro el Supremo en una sentencia en la que le acaba de dar la razón a la Generalitat frente al empecinamiento del Gobierno central de separar la gestión de las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias.

El Alto Tribunal español deja sentado que las delimitaciones de la demarcación hidrográfica «debe basarse en límites hidrológicos y no administrativos». Esto supone dejar sin efecto una sentencia de octubre de 2004 por la que se anulaba el Plan del Júcar por no excluir las cuencas intracomunitarias y, por ende, se anulaban los trasvases, como el del Júcar-Vinalopó.

La sentencia del Tribunal, al permitir que haya una gestión y planificación conjunta de las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias dentro del seno de la misma demarcación hidrográfica, rehabilita los trasvases entre una demarcación, como puede ser el del Júcar-Vialopó.

Romper la unidad de gestión y planificación de las cuencas del Júcar, la del Vinalopó, el Turia de la de los barrancos de Castellón, la de los cortos y bravos ríos de la Marina y los de la Safor era darle a la Generalitat «que gestione la miseria».

El Supremo cita expresamente el articulado de la Directiva Marco del Agua (2.15 y 3.1). La ley de Aguas, cita también el Tribunal, considera la demarcación hidrográfica como «la principal unidad a efectos de gestión de cuencas». Las demarcaciones hidrográficas son la nueva denominación que reciben las cuencas hidrográficas, que incluye también las aguas subterráneas y las costeras.

El Tribunal Supremo también cita que el Ministerio de Medio Ambiente, al recibir un requerimiento de la Comisión Europea, se comprometió a introducir las reformas legales precisas para que se integren en una demarcación las cuentas intercomunitarias y las comunitarias. El fin de esta decisión, a la que ahora obliga el Supremo, no sólo es que se pueda gestionar toda la demarcación, sino que también se pueda actuar en la planificación de manera conjunta y en la protección de las aguas de la demarcación.

La Sala de lo Contencioso del Supremo recuerda una sentencia suya, fechada el 20 de octubre de 2004, por la que anuló el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar porque «no se ajustaba al criterio, entonces vigente, de planificación de cuenca hidrográfica e incluía cuentas intracomunitarias de la Comunitat y de Castilla-La Mancha. Pero ahora, advierte, ha cambiado.

Asegura el Supremo que «no es contrario a derecho que una demarcación hidrográfica incluya en su delimitación territorial cuentas intracomunitarias». Con ello rechaza los argumentos expuestos también por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

Advierte el Alto Tribunal que excluir de la Demarcación del Júcar las cuentas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana implica «un tratamiento desigual sin justificación razonable».

Y asegura el Supremo que sería procedente la exclusión de las cuencas intracomunitarias de la Comunitat «si así lo requiriesen razones ideológicas para una más racional planificación y gestión del agua». Pero no es el caso.

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

27-10-2011 / 15:10 h

Valencia, 27 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de ilegalidad sobre un apartado de un artículo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto en 2003, referido al cálculo del canon de vertidos no autorizados.

La cuestión de ilegalidad, que ha sido admitida a trámite por el Supremo, se plantea a raíz de una sentencia del TSJCV de febrero de 2010 que plantea la posible anulación de ese apartado, para lo que sería competente el Tribunal Supremo, según han indicado a EFE fuentes del tribunal valenciano.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV se refiere a un recurso interpuesto por una empresa de frío industrial de Santa Pola (Alicante) contra la aplicación por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un canon, contemplado en ese reglamento, por el vertido de aguas residuales en el parque natural de Las Salinas.

En concreto, la empresa recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia la liquidación de la CHJ del canon de control de vertidos de aguas residuales de 2004, por importe de 21.936 euros, si bien éste desestimó la reclamación, decisión de la empresa recurrió ante el TSJCV.

La sentencia del TSJCV anuló y dejó sin efecto el canon impugnado, «por ser contrario a derecho», y acordó plantear al Supremo cuestión de ilegalidad sobre el artículo del reglamento de dominio público hidráulico de la Ley de Aguas referido al coeficiente del canon.

La parte recurrente sostenía que el volumen de vertidos sobre el que se debió girar la liquidación del canon era de 30.412 metros cúbicos, según su declaración presentada en 2004, y no sobre 182.500 metros cúbicos que se determinaron mediante una estimación indirecta.

Tampoco consideraba aplicable el coeficiente de mayoración 4 -recogido en ese reglamento-, puesto que tenía solicitada la autorización de vertidos pero la Administración no le había contestado, por lo que se le debería haber aplicado el coeficiente corrector del 0’02%, teniendo en cuenta que su vertido no era contaminante, sino beneficioso para el humedal protegido.

La sentencia del TSJCV señala que el volumen de agua sobre el cual la Administración calculó la liquidación del canon no estaba «justificado», y «ni siquiera es explicable desde parámetros de razonabilidad», por lo que considera improcedente el coeficiente de mayoración 4 aplicado por la CHJ.

La causa de esa improcedencia, según la sentencia, es la aplicación hecha del artículo del reglamento, norma que «excede el mandato legal» y que «vulnera» un artículo de la Ley de Aguas que no establece para los casos de vertidos sin autorización que el coeficiente a aplicar sea el límite legal máximo de 4.

La Sala opina que ese precepto reglamentario «vulnera» el principio constitucional de reserva de ley, «viciando con ello de ilegalidad» el canon litigioso en el que se aplica el coeficiente de mayoración 4. EFE

Desde Piacenza (Italia) la Mesa Nacional del Ajo anunciaba ayer su total oposición a la «más que probable» concesión a China de la Indicación Geográfica Protegida Ajo de Jinxiang, por considerar tal medida como un «agresión» al sector productor, en el que Castilla-La Mancha y, en concreto, Cuenca y Albacete tienen gran peso.
Fuentes comunitarias consultadas ayer por La Tribuna de Albacete, confirmaron la decisión en todos sus extremos, salvo en un detalle: la medida no es nueva, sino que se remonta al año 2007, como parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo de marcas de calidad llamado ‘10 por 10’.
En virtud de dicho acuerdo, en julio de 2007, hace ya cuatro años, la UE aceptó reconocer 10 productos chinos, uno de ellos el Ajo de Jinxiang; a cambio, China reconoció, como contrapartida, 10 productos europeos, de los que dos son españoles y, para más detalle, andaluces, los aceites de oliva de Priego de Córdoba y Sierra Mágina, ambos en Andalucía.
Las mismas fuentes señalaron que el acuerdo ‘10 por 10’ se basa en un memorándum entre la UE y China firmado en 2005 y que las negociaciones entre ambos bloques se desarrollaron entre noviembre de 2006 y julio de 2007.

(Más información en la edición impresa)  

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha resaltado este martes el valor de la apuesta realizada por el MARM para el desarrollo de un regadío sostenible, capaz de compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones y la mejora de la calidad de vida en el medio rural con la eficiencia hídrica y energética.

   Durante su intervención en la inauguración del II Congreso Agricultura y Regadío», organizado por la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que se celebra en Sevilla, la ministra ha señalado que con esta apuesta se refuerza la competitividad de las producciones, de las empresas agrarias, reduciendo el consumo de agua por hectárea, añadiendo que «las nuevas infraestructuras son ahorradoras netas de agua, lo cual significa un especial beneficio en cuencas deficitarias como las de Andalucía».

   Tras destacar la importancia que el regadío tiene para la agricultura, el sistema alimentario, el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo rural, Aguilar ha resaltado el esfuerzo realizado por el MARM con importantes actuaciones, fundamentalmente en modernización y transformación de regadíos. Con ello, «se ha conseguido que si hace unos años se destinaba al regadío el 80 por ciento de la demanda total de agua, hoy esta demanda se haya reducido en un 20 por ciento».

   En este sentido, Aguilar ha recordado que el Ministerio ha venido desarrollando este trabajo a través del Plan Nacional de Regadíos, acelerado después con el Plan de Choque, y con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las comunidades de regantes, habiéndose actuado en más de 1,4 millones de hectáreas, con una inversión pública de 2.345 millones de euros.

   En concreto en Andalucía, la ministra ha señalado que la inversión del MARM desde 2004 ha permitido lograr un ahorro de agua de 168 hectómetros cúbicos al año. «Estos resultados, ha indicado Rosa Aguilar, se deben a un esfuerzo común de los regantes, de las Administraciones central y autonómica y de las empresas que han innovado y desarrollado la tecnología más adecuada para estas modernizaciones».

   En el marco de este compromiso del MARM y para garantizar el futuro para el regadío, Aguilar ha explicado que se está trabajando en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Comunidades de regantes para perfilar la Estrategia Nacional para Modernización y Sostenibilidad de Regadíos horizonte 2015.

   «A través de esta estrategia, se impulsa la colaboración público privada para fomentar el ahorro de agua, la transferencia de tecnología, el uso de recursos no convencionales y la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de riego, interviniendo sobre más de 860.000 hectáreas, lo que supondrá un beneficio económico y también medioambiental», ha explicado.

   En su intervención, Aguilar ha destacado el papel determinante que desempeñan los regantes y sus comunidades en materia de gestión medioambiental de suelos y agua, tanto en la reducción y control de la contaminación difusa como en la recuperación y protección de acuíferos y otros recursos naturales, como la biodiversidad, hábitats y paisajes, así como en la reducción de procesos de erosión y desertización, resaltando

muy especialmente el esfuerzo que los agricultores están realizando en materia ambiental en sus explotaciones.

SINGULARIDAD DEL AGUA

   Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz trillo, ha recordado que en 2005 se transfirió a Andalucía la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, la cuenca del Mediterráneo y luego la Atlántica.

   Asimismo, ha señalado que la reclamación de las competencias del Guadalquivir, así como las anteriores, nace de la voluntad de demostrar que Andalucía es capaz de prestar «un servicio público de calidad» desde la proximidad. De igual manera, se entendía que «el agua para Andalucía tiene una clara singularidad» tanto geográfica e hidrológica como económica y social.

   En este sentido, ha afirmado que de aquí nace la idea de administrar «el agua con vocación de hacerlo con justicia», en un doble sentido, en cuanto a la administración de un recurso «muy escaso en Andalucía» y «sobre todo desde el punto de vista social».

   «Entendemos que tocaba hacer esa gestión desde Andalucía para lograr un recurso que sea de todos», y por eso nació la Ley de Aguas, que está impregnada por la sostenibilidad y que trata asuntos tan importantes como los bancos públicos de agua, el reparto y la tutela de derechos que genera el agua y el Observatorio Andaluz del Agua.

APOSTAR POR EL AGRICULTOR ACTIVO

   Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha reclamado que la Política Agraria Común (PAC) debe apostar por el agricultor activo y las explotaciones productivas, de maneara que «la reforma no penalice la agricultura de regadío». Asimismo, ha pedido mecanismos de regulación de mercado.

   «Si hay una diferencia entre la reforma 1992 y la de 2000 es que entonces teníamos precios porque había mecanismo de gestión de mercado y hoy no tenemos mecanismos y prácticamente no tenemos precios», ha subrayado. A esto ha añadido que el 80 por ciento de la renta de los agricultores viene de la producción.

   Además, ha señalado que se necesita una PAC con un segundo pilar que apueste por la modernización de los regadíos, porque «hay que seguir compitiendo en los mercados», ya que, el 60 por ciento de la producción final agraria la produce el regadío.

   Por último, ha destacado que UPA va a «seguir peleando» para que en el futuro inmediato el Guadalquivir se gestione «desde Andalucía por andaluces» porque es «un recurso imprescindible en el desarrollo económico de Andalucía y del medio rural».

   Por su parte, el presidente de Areda, Marcelo Morales, ha señalado la importancia de esta asociación dentro del regadío andaluz, ya que ha duplicado el número de hectáreas desde el I congreso de Areda. De manera que cuenta en la actualidad con 315 comunidades, más de 207.000 hectáreas repartidas por toda Andalucía.

   Según ha detallado, «sin regadío son impensables las explotaciones agroalimentarias» siendo «el agua sinónimo de riqueza y prosperidad y siendo vital para fijar la población».

   Por último, ha reclamado que la PAC apueste por agricultores con explotaciones productivas, como «son el regadío» y que establezca mecanismos de gestión de mercado.

Ahora que ya se sabía lo que es una ósmosis inversa, el Ayuntamiento paraliza el proyecto. Durante ocho años la instalación de la planta ha sido un motivo permanente de debate en la corporación. El excesivo nivel de sulfatos del agua del Júcar que bebíamos desde el 2003 aconsejaba realizar una obra técnicamente sencilla. Para su realización se sucedieron convenios con intervención del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. La ejecución estaba en marcha pero el otro día, como les informamos puntualmente, la concejal de la cosa anunció el parón Se teme que se trate de una renuncia definitiva, no obstante considerarla ‘interesante’ al equipo de gobierno, que justifica su decisión porque le parece un recurso «excesivamente caro», y porque el agua del Júcar que tenemos ahora «cumple con los parámetros de la legislación europea».

Es asombroso lo ocurrido si recordamos la obsesiva fijación de la oposición sobre la que estimaba ineludible necesidad de este plan. Concretamente, los senadores peperos, ahora cesados, la incluyeron en diciembre ultimo en un paquete que incluía exigencias prioritarias, achacando su retraso al «fuerte recorte inversor del Gobierno de Zapatero».

Pedían acelerar las obras del Palacio de Justicia, la autovía de Romica y la de Caudete-Fuente la Higuera, además de diferentes planes de regadíos, la segunda fase para la sustitución de bombeos en La Mancha, y, como decimos, la famosa planta de ósmosis. ¿No sabían entonces que nos costaría un ‘güevo’ la parte correspondiente de un total de 7,7 millones de euros que apoquinarían las tres administraciones implicadas? Y en cuanto a la calidad del agua que consumimos, resulta que es «excelente», y no cuando mandaba Perez Castell, que promovió la infraestructura porque no había quien se la tragara. El padre Júcar, que a veces se raja, es capaz de ir a otras bodas de Caná y trasvasarse a unas tinajas, ya convertido en vino. Sin descartar los bautismos que sugiere su milagrosa pureza, aunque no sea el Jordán.

Hay que reconocer que con la jodida ósmosis lo hemos pasado fenomenal. Era conmovedor ver el esfuerzo oficial por descifrar el significado del palabro, con su inquietante énfasis, pasando el trámite con unos tragos de agua mineral, y no del grifo, por si las moscas.

Cuando supieron que se trataba de utilizar una membrana semipermeable para separar y quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, los pirogénicos, la materia coloidal, submicro-organismos, virus hasta un 99 por ciento y el mismo porcentaje de todas las bacterias, respiraron tranquilos y tomaron una decisión entusiasta: ¡Vamos a por la ósmosis! Iba a ser, el día de la inauguración, como una nueva traída del agua, ¡qué digo, como la traída del santo, tratándose del agua bendita!

De momento, brindemos con el vigente caudal del Júcar, solera 2011. Y si la ósmosis se queda en agua de borrajas, como ocurrió con la caducidad del Trasvase en la reforma del estatuto y Cospedal mirando para otro lado, qué le vamos a hacer, otra vez será.