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Murcia estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas

3 oct (EFE).- El Gobierno de Murcia estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca» y que supondrá poner en manos de algunas comunidades como Aragón el control y vigilancia de los ríos».

Así lo trasladó hoy el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, al presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver, en una reunión mantenida esta mañana.

Cerdá afirmó que este cambio «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca», y destacó el compromiso del Gobierno regional para asumir la petición de los regantes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Claver expresó al responsable de Agricultura y Agua la preocupación e inquietud de los regantes ante la convalidación del Real Decreto por el que se reforma el texto de la Ley de Aguas.

Según Cerdá, la modificación de esta ley «supondrá trocear las cuencas y poner en manos de algunas comunidades el control y vigilancia de los ríos», en el caso de Andalucía, Cataluña y Aragón, que incluyen en sus estatutos la competencia sobre las facultades de policía de Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Agricultura y Agua rechazó que se modifiquen las reglas de planificación hidrológica y lamentó que no se haya escuchado a los usuarios, regantes, comunidades autónomas afectadas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni al Consejo Nacional del Agua.

Cerdá recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional «invalidan las pretensiones de ciertas comunidades para hacerse con la gestión del agua», y advierten de que la planificación de los ríos «debe volver a las confederaciones hidrográficas», por lo que dijo «no entender el motivo por el que el Gobierno socialista intenta burlar lo que dicta la justicia».

El responsable autonómico de Agua indicó que esta «alteración» de la planificación hidráulica es «una más de las políticas de atajo que practica el Gobierno socialista», y añadió que «se ha hecho saltándose todo el trámite de consulta, al igual que ocurrió con la derogación del trasvase del Ebro».

El titular de Agricultura y Agua remarcó la necesidad de que «las cuencas se gestionen de una forma unitaria» y defendió «una visión única de Estado que resuelva de una vez por todo el problema nacional del agua». EFE

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Albacete dobla en solo un año la superficie de maíz transgénico

Una de cada cuatro hectáreas del maíz que se siembra en España se corresponde con variedades modificadas genéticamente. El cultivo de este producto casi se ha multiplicado por dos en la provincia de Albacete en el último año, al pasar de 2.694 hectáreas en 2010 a 5.040 en 2011, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Marm). Con voces a favor y en contra, una de las cuestiones en la que todos coinciden es que, donde hay maíz transgénico, no puede haber ecológico, ya que éste último resulta ‘contaminado’.

Desde sus inicios, en el Instituto Técnico Agronómico Provincial (Itap), un organismo ligado a la Diputación Provincial, se llevan a cabo ensayos con variedades autorizadas de transgénicos. El director del Itap, Wenceslao Cañadas, reconocía que las propias siglas ‘OMG’ (organismo modificado genéticamente) inducen a pensar «en algo raro», pese a que las investigaciones que hay hasta la fecha apuntan a que «no debe haber ningún problema a corto plazo».

En España, el único transgénico autorizado por la Unión Europea es el maíz Bt protegido contra insectos, el llamado MON810, mientras que Estados Unidos es líder en esta materia con variedades que incluyen, por ejemplo, cambios para hacer las plantas resistentes a la sequía, lo que en la práctica, y en un mercado globalizado como el actual, supone que los agricultores españoles «lo tienen muy difícil para competir», señaló Cañadas.

Investigación

Para los que ven con buenos ojos estos cultivos, «transgénicos ha habido siempre y se trata de un proceso de investigación más que ha hecho posible avances como la insulina, que también se obtiene mediante una modificación genética».

El director del Itap indicó que la entidad albaceteña está obligada «a hacerse eco de la agricultura actual», lo que incluye ensayos dentro del área de experimentación «con maíces transgénicos», aunque puntualizó que se trata de «variedades comerciales y autorizadas, en las que no hay que pedir ningún permiso especial para sembrar».

También se hacen ensayos oficiales de la Oficina Española de Variedades Vegetales, dependiente del Marm.

«Igual que probamos con otros cereales como el trigo o la cebada, con el maíz transgénico lo único que comparamos son rendimientos», afirmó Cañadas, señalando que el Itap no trabaja para las empresas que suministran las semillas OMG sino «para los agricultores, para que tengan más información de estos productos».

«En materia de transgénicos, el Itap no investiga absolutamente nada, solo transfiere datos a los agricultores de las variedades que nos envían las empresas y que están en el mercado y se pueden comprar sin mayor problema», aseguró.

Mandando en la Región

Las 5.000 hectáreas que se han sembrado este año en Albacete representan, prácticamente, la totalidad de la superficie de Castilla-La Mancha, donde se contabilizan en conjunto 5.816 hectáreas. Aragón, con 41.368 hectáreas; Cataluña, con 29.632 y Extremadura, que suma 10.566 hectáreas, son las comunidades autónomas con más producto OMG, según el Marm.

En la Región se cultivaron, en 2010, 3.187 hectáreas, mientras que en 2009 fueron 3.417, siempre con Albacete como la provincia más importante en cuanto a superficie.

Para Ecologistas en Acción, las cifras del Ministerio se quedan cortas y, citando datos de Greenpeace, señalan que una de cada tres hectáreas de maíz en España y tres de cada cuatro en la provincia albaceteña son transgénicas.

A TENER EN CUENTA

5.000 hectáreas se han sembrado este año en Albacete de maíz transgénico, que representan, prácticamente, la totalidad de la superficie de Castilla-La Mancha, donde se contabilizan en conjunto 5.816 hectáreas.

3.187 hectáreas se cultivaron en 2010 en Castilla-La Mancha.

3.417 hectáreas se cultivaron en 2009 en Castilla-La Mancha

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Los regantes de la Mancha Oriental creen que la única forma de acabar con los robos de cobre es cambiar la legislación y endurecer las penas

La organización agraria Asaja ha denunciado públicamente una nueva oleada de robos en las explotaciones agrarias de la región, por lo que piden un aumento de la vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según informaron ayer en un comunicado, la mayor incidencia de estos robos se está registrando en las zonas de La Mancha y La Manchuela con la sustracción del cobre del material de riego y los transformadores, provocando no sólo la pérdida económica que conllevan las instalaciones, sino también lo que supone la paralización de las labores en el campo. Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), su secretario, Herminio Molina, recordaba que el pasado mes robaron en una sola noche el cobre de 15 pívots de riego y que por poner otro ejemplo, en La Herrera robaron la semana pasada 400 metros de cable de cobre de otro pívot. «Es un goteo continuo».

Por casos como estos, desde Asaja, piden que en el proceso de instrucción se tenga en cuenta no sólo el valor del material robado, sino también el daño producido, lo que elevaría sustancialmente la cuantía del robo y, en muchos casos, su calificación penal.

Penas más duras

Algo con lo que coinciden plenamente los regantes de la Jcrmo. «Hay que cambiar la legislación vigente. Se necesitan penas más duras. Cuando nos roban valoran lo que cuesta el cobre que han quitado de un pívot, que a lo mejor no supera los 300 euros, pero el volver a poner el pívot en marcha nos cuesta 7.000 euros. Si se tuviera en cuenta esa cantidad, estos delitos saldrían más caros. Porque ahora la Guardia Civil detiene gente que en ocasiones ya ha detenido anteriormente. La labor de las Fuerzas de Seguridad está funcionando. La Guardia Civil hace lo que puede».

Desde Asaja también consideran que el Plan Especial contra el Robo de Instalaciones Agrícolas y Ganaderas puesto en marcha en el mes de mayo y que duró hasta el comienzo de la temporada alta de verano, ha surtido efecto y se han detectado menos robos durante su vigencia.

Sin embargo, ante esta «nueva oleada» de robos , creen necesario volver a poner en práctica las medidas y que se intensifique de nuevo la vigilancia, incrementando los controles en las carreteras y los nudos de comunicación y presionando constantemente a los puntos de compra o receptación de productos y material de uso agrícola.

Asaja de Castilla-La Mancha ha ofrecido en diferentes ocasiones su colaboración a la delegación del Gobierno y está dispuesta a consensuar un plan de vigilancia y prevención que garantice medidas disuasorias que permitan minimizar este tipo de delitos.

Asimismo, reiteran su demanda de un endurecimiento del Código Penal, que no deje en libertad a los autores reincidentes de este tipo de delitos, por no considerarlos los suficientemente graves, pues de nada sirve el esfuerzo y dedicación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en realizar las detenciones si luego los delincuentes quedan libres, a la espera de juicio, y pueden volver a delinquir en cualquier momento.

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Ofensiva judicial de regantes (USUJ) para exigir a Albacete la deuda del agua

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) presentará en las próximas semana un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Albacete, con el objetivo de cobrar la deuda contraída en relación a la utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008, es decir, mientras duró la última sequía que ha padecido el sureste español.

Tal y como explicó a LAS PROVINCIAS el secretario general de los regantes, Juan Valero de Palma, en julio se remitió al equipo de gobierno que dirige la popular Carmen Bayod una reclamación administrativa, en la que se le exigía la cuantía adeudada, que asciende a 1.087.506 euros. Si en el plazo de tres meses no llega una respuesta positiva -es decir, a mediados de octubre-, recurrirán a la vía judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El conflicto ya se prolonga en el tiempo, pues tiene sus orígenes en el convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente. El acuerdo sirvió para ceder al Gobierno la gestión del embalse del mismo nombre, propiedad de los regantes del Júcar. De esta forma, otros usuarios más allá de estos pudieron aprovechar gratuitamente los recursos almacenados, entre ellos, el Ayuntamiento manchego.

Por su parte, la entidad consiguió una serie de contraprestaciones, como el compromiso de modernizar sus regadíos o la posibilidad de establecer en el pantano una curva de reserva en épocas de sequía a partir de la cual sólo podrían tomar agua los miembros de Usuj, haciendo valer los derechos históricos que se les concedieron durante la tramitación y construcción del embalse.

Sin embargo, el convenio incluía una cláusula necesaria para cumplir la legislación en materia hídrica, que dice claramente que los abastecimientos urbanos tienen prioridad en el uso del agua respecto a los regadíos. Así, los otros usuarios podían tomar los caudales necesarios para garantizar sus necesidades, aunque eso sí, debían pagar una indemnización. De esta forma se compensaba el gasto por la extracción de agua mediante pozos necesaria para equilibrar el volumen de traído.

Cuando en 2005 empezaron a notarse los efectos de la sequía, Albacete recurrió a esta excepción, una práctica que se prolongó en los años sucesivos. Sin embargo, todas las reclamaciones de pago formuladas por Usuj a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cayeron en saco roto.

Valero de Palma destacó que desde la firma del convenio hasta la actualidad Albacete ha recibido del embalse 150 hectómetros cúbicos (hm3) para su abastecimiento. De este volumen, diez se tomaron cuando el nivel del pantano estaba por debajo de la reserva citada, que se sitúa entre 334 y 263 hm3 en función del mes, y por lo tanto, debían ser abonados.

Desde Usuj alegan que la vía negociadora ya se ha agotado. Tras las pasadas elecciones municipales, que propiciaron un cambio de Gobierno en Albacete, se pusieron en contacto con la nueva responsable de la Concejalía del Agua. «Nos encontramos con una actitud receptiva, y nos dijo que entendía la legitimidad de la reclamación, en lugar de recurrir a excusas absurdas», explicó el secretario general, refiriéndose al argumento esgrimido por el anterior responsable de la delegación, que defendía que Albacete «tenía derecho a confiscar el agua por el mero hecho de que un ayuntamiento goza de prioridad, lo que demostraba una ignorancia absoluta», en palabras de Valero de Palma. El secretario general recordó que el convenio de Alarcón ha sido beneficioso para Albacete, pues sin este acuerdo habría tenido que pagar por cada uno de los hectómetros cúbico que han tomado del pantano en la última década.

Pero la buena disposición de la reunión no se ha traducido en hechos, de ahí que los regantes hayan recurrido al contencioso. Además, no es la primera vez que el conflicto respecto al agua del Júcar pasa por los tribunales. En 2005, después de que la junta de gobierno de la CHJ aprobara la utilización de recursos de Alarcón por debajo del nivel de reserva, así como la contraprestación asociada en favor de Usuj, Albacete y los regantes de la Mancha Oriental recurrieron la resolución ante el TSJCV, que desestimó sus argumentos. Por ello, presentaron un recurso de casación ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

Hay que recordar que decenas de municipios que también se beneficiaron del volumen de Alarcón en época de sequía, entre ellos Valencia y Sagunto, sí han satisfecho la indemnización correspondiente

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La consejera de agricultura de Castilla La Mancha apuesta por tomar las riendas en defensa de los intereses de la región

La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado que “es el momento de tener un liderazgo claro y valiente en defensa de nuestros intereses, hay que tomar las riendas de una negociación, que hasta ahora, lamentablemente, no se han tomado”. Declaraciones de Soriano en el transcurso de su comparecencia en las Cortes regionales para informar sobre las negociaciones en curso de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2014-2020.

La titular de Agricultura ha asegurado sentirse “fuera de juego”, ante la actitud de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, quien “desde el pasado mes de marzo no ha vuelto a convocar a las comunidades autónomas para tratar el futuro de la PAC y analizar los avances, ni tampoco se ha atendido la solicitud de convocatoria de la Conferencia Sectorial tras la comunicación de la Comisión del 29 de junio sobre las perspectivas financieras 2014-2020”. Soriano ha echado en falta estos últimos años haber visto al Gobierno socialista acudir a luchar en el seno de la Conferencia Sectorial o en Bruselas, “porque en ello está, sin lugar a dudas, la madre del cordero”.

La consejera de Agricultura ha señalado también que el paro del sector agrario en Castilla La Mancha en los cuatro últimos años se ha triplicado. Aunque, ha añadido, “es todavía más preocupante el descenso de la tasa de relevo generacional por la falta de estímulos suficientes”.

Soriano ha asegurado que “si logramos incidir en la orientación de la PAC, tendremos la oportunidad de orientar sus apoyos hacia las necesidades de nuestros agricultores y enfocarlo hacia la producción de bienes agrícolas, podremos ayudar muy especialmente a nuestros jóvenes agricultores. Algo que para el Gobierno de María Dolores Cospedal “implica buscar un marco coherente que posibilite la viabilidad presente y futura de la actividad agrícola”.

En este sentido, ha dicho que es evidente que con la nueva Política Agraria Comunitaria “no podemos permitir perder ni un euro del montante de fondos para Castilla La Mancha. “Aunque desde luego, tendremos que asumir y valorar otros escenarios porque, lo cierto es que la falta de liderazgo en las negociaciones nos puede pasar factura”, ha señalado.

La consejera de Agricultura ha dejado muy claro que “no podemos permitirnos una actitud conformista o meramente defensiva. Queremos ser, por el contrario, proactivos y tomar las riendas de este asunto en el que tenemos tanto en juego”. “La vocación del nuevo gobierno de Castilla La Mancha es aspirar a ser protagonista en todos aquellos debates que nos afectan y, muy especialmente, en los debates que están empezando a fraguarse en relación con la nueva PAC”, ha apostillado.

Soriano ha concluido diciendo que “no es tarde” y que “aún podemos demostrar el orgullo que tenemos por la actividad agraria de nuestra región y podemos tomar las riendas de unas negociaciones cuyos resultados suponen que nuestros agricultores perciban ayudas que significan el 40 por ciento de la renta agraria de la región”.

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Aguas residuales para frenar la salinización de acuíferos

El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la UJI lidera el proyecto financiado por Coca-Cola Foundation cuya primera fase, de un año de duración, consistirá en seleccionar las áreas piloto más adecuadas entre los acuíferos litorales de la Comunidad Valenciana, realizar estudios hidrogeológicos de detalle en las mismas, diseñar el sistema más apropiado para inyectar el agua tratada en depuradoras a los acuíferos, establecer los mecanismos de control y comprobar la eficacia a la hora de frenar la intrusión del agua del mar en el subsuelo.

La iniciativa responde a la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en el informe Methodological basis for Water Neutrality Projects. Case study: Colebega Plant (Valencia, Spain) realizado en 2010 por el IUPA a través de un convenio firmado entre la UJI, Coca-Cola España y Colebega S.L. El catedrático de Hidrogeología de la UJI Ignacio Morell, coordinador del proyecto, explica que a partir de las ocho propuestas para una mejor gestión del agua que incluía la memoria, desde Coca-Cola Foundation han apostado por llevar adelante el ambicioso proyecto Facing the seawater intrusion recharging coastal aquifers with regenerated waters. Water Recovery Project.

La reutilización de aguas residuales depuradas es una línea preferente de actuación para las diferentes Administraciones Públicas, según destaca Morell, lo que ha favorecido el apoyo al proyecto por parte de las mismas, unido a la posibilidad de dar una respuesta eficaz al importante problema que supone la salinización de las aguas subterráneas en las zonas costeras. La segunda fase del proyecto, que comenzará a finales de 2012 y tendrá una duración próxima a los dos años, incluirá la construcción de las instalaciones piloto necesarias para introducir las aguas regeneradas en los acuíferos y poder estudiar los efectos y resultados. Durante esta segunda fase también se diseñarán las instalaciones definitivas para llevar a cabo su construcción y puesta en marcha en una tercera fase.

Fuente: Ambientum

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Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por retraso en planes de gestión de cuencas

Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por retraso en planes de gestión de cuencas

La Comisión Europea ha decidido este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por retrasos en la elaboración de planes de gestión de sus cuencas hidrográficas, que Bruselas considera esenciales para lograr el objetivo que se ha fijado la UE de lograr una buena calidad de las aguas comunitarias de aquí a 2015.

Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por retraso en planes de gestión de cuencas

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El Ejecutivo comunitario ha alertado de que la tardanza en la presentación de los planes podría suponer que no se consiga la calidad del agua necesaria.

La Comisión considera que la legislación española que incorpora la directiva marco del agua «sigue presentando varias deficiencias, sobre todo en lo relativo a los planes hidrológicos de cuenca».

En concreto, España aplica algunas de las obligaciones dispuestas en dichos planes únicamente a los ríos que discurren por más de una región y no a los situados enteramente en el territorio de una sola región, según Bruselas. Las obligaciones en cuestión se refieren a asuntos tales como las condiciones aplicables a la concesión de excepciones, las aguas utilizadas para extraer agua potable y el control del estado ecológico y químico de las aguas superficiales.

«Por lo tanto, harán falta nuevas leyes para garantizar el pleno cumplimiento de la directiva por parte de España», ha dicho la Comisión en un comunicado.

La directiva marco del agua es el «instrumento fundamental» de Europa para preservar la calidad de sus aguas. Obliga a los Estados miembros a proteger y recuperar todas las masas de aguas superficiales y subterráneas (ríos, lagos, canales y aguas costeras) para conseguir un buen estado de las mismas en 2015 a más tardar.

La norma obligaba a los Estados miembros a presentar un plan hidrológico para cada cuenca fluvial para diciembre de 2009. Los planes hidrológicos de cuenca aportan un panorama completo de los problemas principales de cada cuenca y deben incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar una serie de objetivos de calidad medioambiental. De aplicarse excepciones, deben motivarse convenientemente.

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Bruselas llevará a España ante el Tribunal por no aplicar la directiva de aguas

MEDIO AMBIENTE | Plan hidrológico

Bruselas llevará a España ante el Tribunal por no aplicar la directiva de aguas

Javier G. Gallego (Corresponsal) | Bruselas

Actualizado jueves 29/09/2011

La Comisión Europea ha anunciado en la mañana del jueves que tomará medidas sancionadoras contra España debido a sus deficiencias para incorporar a su legislación nacional la directiva europea sobre aguas. Estas deficiencias tienen que ver especialmente con los planes hidrológicos de cuenca.

La legislación española sólo contempla algunas de las obligaciones dispuestas en la directiva para ríos que discurren por más de una región y no a los situados enteramente en un único territorio. Estas obligaciones se refieren a cuestiones como la extracción de agua potable y el control del estado químico y ecológico de las aguas superficiales España ya recibió una comunicación pero no ha adoptado ninguna medida en este asunto, por lo que será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE tras recibir la recomendación de Janez Potocnik, Comisario de Medio Ambiente.

Según explican en Bruselas, «la Directiva Marco del agua obligaba a los Estados miembros a presentar un plan hidrológico para cada cuenca fluvial para diciembre de 2009″. Estos planes aportan un panorama completo de los problemas principales de cada cuenca y deben incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar una serie de objetivos de calidad medioambiental. De aplicarse excepciones, deben motivarse convenientemente.

Los Estados miembros o regiones que compartan ríos internacionales deben colaborar para presentar un único plan hidrológico de cuenca internacional. El retraso en la presentación de los planes podría suponer que no se consiga la calidad del agua necesaria.

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Wenceslao Cañadas. Director del Instituto Técnico Agronómico Provincialen sustitución de Prudencio López Fuster, que ha pasado a ser jefe de Servicios Agropecuarios

«El Itap es una entidad con su propia inercia y es difícil modificar el rumbo de un día para otro»

«Este año, los cereales están muy bien pero no los hortícolas como patatas y cebollas» .El Instituto Técnico Agronómico Provincial (Itap), dependiente de la Diputación de Albacete, ha sufrido cambios en su organigrama con la incorporación, en agosto, de su nuevo gerente, Pedro Pablo Sánchez, un nombramiento al que se une, desde la semana pasada, el de Wenceslao Cañadas como director. Cañadas (Santa Ana, Albacete, 1963) es hijo de agricultores e ingeniero agrícola por la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde hace más de dos décadas trabaja en el Itap, donde ha pasado por diversos departamentos: el último el de ellos, hasta su designación, el de agricultura ecológica y conservación. Sustituye en el cargo a Prudencio López Fuster, actualmente jefe de Servicios Agropecuarios de la Diputación.

-¿Cuáles son las funciones que se derivan de su responsabilidad?

-El Itap es una sociedad anónima con capital mayoritario de la Diputación de Albacete. La entidad se creó para gestionar el patrimonio rústico de la herencia de Purificación Urrea, y después ha ido ampliando su radio de actividad a otras áreas. Empezó con la experimentación de variedades comerciales y con actividades dentro de la ganadería, que ha sido siempre un ‘buque insignia’ dentro del Itap. También son muy conocidos servicios como el de asesoramiento de riegos, el de I+D o los laboratorios de asesoramiento a la fertilización y de asistencia fitopatológica. Más recientemente se han puesto en marcha otros como el de agricultura ecológica, y ahora se está avanzando en un proyecto de agroasesoramiento a través de satélite. Igualmente, también tenemos la Lonja, dentro del área de comercialización.

-¿Su nombramiento implica una nueva etapa dentro del Itap?

-Por mucho que cambie la persona a cargo de la institución, el Itap es, ahora mismo, una entidad con su propia inercia en donde es muy difícil modificar el rumbo de un día para otro. Los pilares son los que hay; si acaso, en esta nueva etapa sí que me gustaría potenciar la transferencia de conocimiento a agricultores y ganaderos. Estamos en un momento en el que todo el mundo habla de crisis y hay que optimizar los recursos que tenemos. Una manera de hacerlo es que el agricultor y ganadero sea el gran beneficiado del Itap, de manera que las cosas que hagamos lo sean pensando en ellos. Queremos que sean peticiones suyas, porque a veces su punto de vista no es el mismo que el que pueden tener nuestros investigadores.

Convenios

-¿Cómo van a hacer realidad este propósito?

-Todo proyecto debe transferir algo al agricultor y al ganadero, hay que apostar por proyectos que contengan ese componente de interés para la provincia. Tenemos la experiencia de nuestros servicios de asesoramiento y suscribimos convenios con entidades financieras y con cooperativas. Estamos siempre dispuestos a la formación y a la divulgación, como en nuestras jornadas de puertas abiertas, para hacer partícipes a los profesionales agrarios de la labor que hacemos. En el Consejo de Administración del Itap también han entrado nuevos miembros de empresas, y a éstas también se las quiere hacer partícipes. No obstante, igual que colaboramos con todo tipo de organismos e instituciones oficiales, se ha venido trabajando con empresas.

-Tiene una larga experiencia trabajando dentro del Instituto. ¿Han cambiado mucho las cosas desde los orígenes hasta ahora?

-Ha habido algo fundamental, y es el tema de personal. Al principio, una vez que la Diputación se hizo cargo de las explotaciones agrícolas que citábamos antes, había tractoristas, pastores, vaqueros… pero solo dos técnicos, un veterinario y un ingeniero. Actualmente, en la empresa estamos ya más de 60 personas. De una gestión pura y dura de las fincas, aunque es una parte importante a nivel presupuestario, se ha pasado a que tenga más peso la experimentación e investigación aplicada. A nivel regional creo que no hay muchas entidades que tengan el grado de tecnificación nuestro.

-Recuérdenos dónde se ubican las fincas agrícolas del Itap.

-Además de ‘Las Tiesas’, en la carretera de Barrax, está ‘Casa del Pozo’, en Valdeganga, que tiene una extensión mayor, y una tercera en Alpera.

-¿Tienen algún proyecto novedoso en marcha?

-El programa de agroasesoramiento, que es un proyecto pedido a nivel nacional que, recientemente, se ha solicitado también a nivel europeo como ampliación. El objetivo es integrar todo lo relacionado con suelos, fertilización, abonos… Que el agricultor, con la ayuda de las nuevas tecnologías, pueda realizar una mejor gestión de sus explotaciones. También trabajamos en las líneas de mejora de cereales y proyectos con leñosos.

-¿Cómo ve la situación actual del campo albaceteño?

-Lo fundamental es conseguir fijar la población rural, y eso lleva aparejado que la gente tenga un medio de vida y los servicios necesarios. El agricultor, por otra parte, también está cada vez más especializado e invierte más en maquinaria, lo que revierte en el rendimiento. Lo que ocurre también es que el relevo generacional no se ha producido en la empresa agraria, y el agricultor que se ha jubilado no tiene sustituto. En cuanto a la rentabilidad, este año los cereales están muy bien desde el punto de vista del agricultor, no tanto del ganadero. Otros productos no están lo bien que deberían estar: los hortícolas como patatas y cebollas tienen un precio muy bajo, mientras que el ajo se ha mantenido. En cuanto a la viña, la producción ha sido más baja y eso podría implicar un precio mejor.

-¿Cómo podría ser el sector en el futuro? ¿Se mantendrá el paisaje básico de cereal y viña?

-Siempre aparecen cultivos nuevos, como la camelina, de la que se va a hacer una prueba este año con unas mil hectáreas de superficie. Tenemos una rotación de secano muy limitada, y la camelina podría encajar bien. En la viña, lo fuerte del arranque ya ha pasado y creo que el sector va a estar estabilizado. Otro de los focos, el de leñosos, se va a ver afectado por el desacoplamiento de las ayudas, y el aceite también está mal en cuanto a precios. Quizá se podría hacer algo más en el regadío con la explotación de hortícolas, aunque incidiendo en la comercialización.

-Para finalizar, teniendo en cuenta la situación económica, ¿va a haber recortes presupuestarios en el Itap?

-Imagino que sí, como en todos los sitios. La mayor parte de nuestro presupuesto viene de la Diputación, más de un 50 por cien. No obstante, la idea es continuar con todos los proyectos que están vivos, y no perder el trabajo que se ha hecho hasta ahora.

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Ramón Sotos preguntó por qué se ha paralizado la planta de ósmosis cuando el 100% de la inversión lo asume la Confederación Hidrográfica del Júcar

Lo que parecía ser un pleno con un orden del día liviano, terminó siendo un debate interminable que se extendió hasta casi las tres de la tarde. Hasta ocho preguntas y ruegos –cuatro de IU y cuatro de PSOE- tuvo que responder la alcaldesa, Carmen Bayod. A ellas se sumaron otras tres intervenciones: la de Antonio Jiménez, un vecino de Casas Viejas que pedía el arreglo de la parada de autobús de la urbanización y la mejora del camino natural del Canal de Mª Cristina; la presidenta del Consejo de la Juventud, que preguntaba si el Ayuntamiento va a seguir apoyándolo; y representantes del colectivo 15 M, que insistieron sobre la moción de la dación en pago y mostraron las 6.100 firmas de apoyo recogidas por la causa.

Ramón Sotos preguntó por qué se ha paralizado la planta de ósmosis cuando el 100% de la inversión lo asume la Confederación Hidrográfica del Júcar

Uno de los ruegos más polémicos fue el planteado por Ramón Sotos, que mostró su sorpresa por enterarse a través de los medios de comunicación de que el Ayuntamiento había paralizado las obras de la planta de ósmosis inversa, un proyecto que lleva esperando ver la luz desde hace ocho años y que pretendía mejorar la calidad del agua que bebemos. Sotos denunció la paralización de unas obras que no iban a costar ni un euro al Ayuntamiento porque, según recordó, el 100% de los 7’7 millones de inversión de la infraestructura lo asume la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es decir, el Ministerio de Medio Ambiente. La alcaldesa respondió que “no hay nada más insostenible ni antiecológico que la planta de ósmosis” y condicionó su respuesta al contenido de la reunión que tiene prevista con el presidente de la CHJ el próximo 11 de octubre. La delicada situación económica por la que pasa el Consejo de la Juventud fue el tema de sendas preguntas de IU y del PSOE y de la intervención de la propia presidenta de la institución, Trinidad Cebrián, que acudió al pleno a exponer su postura. En respuesta a las demandas de pago y de apoyo a los proyectos que desarrolla el consejo a favor de los jóvenes, la alcaldesa aclaró que tienen previsto consignar 3.000 euros del ICO a pagar al Consejo.La concejala socialista Nieves García también trasladaba la preocupación de 23 vecinos de El Salobral porque el Centro de Educación para Adultos todavía no está en marcha porque la consejería de Educación no ha sacado la convocatoria de los cursos. García propuso que el Ayuntamiento adelante el dinero para sacar dichos cursos con cargo a los fondos ICO, a la espera de que la Junta los convoque. Bayod dijo tomar nota e investigar el tema.La concejala Carmen Oliver también hizo un ruego. Instó al Ayuntamiento a que instale unas puertas correderas que quedan por colocar en el nuevo Centro Joven Mari Llanos Martínez y que lo abra a la mayor brevedad, ya que la obra está terminada, el centro amueblado, y los trabajadores del Centro Joven a la espera de trasladarse a estas nuevas instalaciones. Victoria Delicado, de IU, se interesó sobre si el ayuntamiento tiene pensado colaborar en el acto de homenaje del 75 aniversario de las Brigadas Internacionales en Albacete. La alcaldesa aclaró que les ha cedido unas dependencias municipales. Delicado también reclamó retomar el acuerdo sobre el uso no sexista en el ayuntamiento, a lo que Bayod respondió que cada uno se exprese como quiera dentro del respeto

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