El vicerrector del Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores, Antonio Roncero¹, ha recibido esta tarde la visita de un grupo de trece personas, formado por directores generales y técnicos del Ministerio de Agricultura de Arabia Saudí, que se encuentran en Albacete hasta el próximo martes, 27 de septiembre, con el objeto de visitar diferentes centros y conocer así la experiencia española en la gestión del riego. Este viaje técnico está organizado por la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), a través del Centro Regional de Estudios del Agua² (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha³ (UCLM), bajo la coordinación de su director, José María Tarjuelo⁴.

Durante esta semana el grupo participará en sesiones de formación práctica en temas de diseño y manejo de los sistemas de riego, así como en el control automático del mismo. Podrán ver diferentes técnicas de programación de riegos (uso de estaciones meteorológicas, sensores de humedad en suelo, medidas de esteres en planta, etc.); servicios de asesoramiento al regante, sistemas y herramientas para la gestión del agua y la energía en el regadío, además del funcionamiento de las comunidades de regantes y su papel en la gestión del regadío, tal y como ha señalado el profesor Tarjuelo.

Entre los lugares a visitar se encuentra el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural⁵ y Marino⁶; la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, junto a comunidades de regantes en Castilla- La Macha (Sisante y Tarazona), Murcia (Jumilla) y Córdoba (Bembezar). Igualmente, la delegación visitará el Parque Científico y Tecnológico de Albacete y las empresas, Cometal, Sistemas Azud y Filtros Lama (Córdoba)

La reserva hidráulica se encuentra al 63,2 por ciento de su capacidad total, con 35.115 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada, lo que representa una disminución de 485 hm3, un 0,9 por ciento, con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

   Concretamente, las variaciones afectan al Ebro, que ha perdido 154 hm3, mientras que la Cuenca Mediterránea Andaluza se mantiene respecto a la pasada semana. Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 60,1 litros por metro cuadrado.

   Por ámbitos, Galicia Costa se encuentra al 50; Miño-Sil, al 55,7;

Cantábrico, 53,4; Cuencas internas del País Vasco, al 61,9; Duero, al 62,6; Tajo, al 57,6; Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 77,8; Cuenca Atlántica Andaluza, al 80,7; Guadalquivir, al 76,5; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 68,1; Segura, al 60,1; Júcar, al 49,4; Ebro, al 45,5; y las cuencas internas de Cataluña, al 75,7.

Como resultado de una investigación realizada en el Grupo de Investigación “Geología Aplicada a la Ingeniería Civil” de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, se ha desarrollado una metodología para la gestión y protección de un sistema acuífero de alto valor medioambiental con el uso conjunto de embalses de regulación.

Esta metodología se ha aplicado al acuífero de la Fuentona de Muriel, en Soria, un manantial de 1000 l/s de caudal medio que constituye una de las más bellas surgencias de España. Actualmente, este es un lugar de gran atracción turística que ha sido declarado Monumento Natural. Es importante también destacar que esta surgencia esta asociada a una de las redes de cavidades sumergidas más profundas de nuestro país, y que ha sido motivo de exploraciones por espeleobuceadores experimentados, tal como se ha podido ver en la filmación del programa de TVE “Al filo de lo Imposible”.

Pero el acuífero que alimenta este manantial tiene también un gran interés como recurso para el regadío de plantaciones de encinas truferas, de las que se obtiene la tan apreciada trufa utilizada como condimento culinario. A fin de que la explotación del acuífero mediante pozos de regadío no afecte a la desaparición del manantial de la Fuentona, se ha ideado un sistema de gestión que combina el uso de balsas de regulación y bombeos restringidos en invierno. De esta manera se puede explotar el acuífero sin poner en peligro la disminución exagerada de los caudales del manantial.

Muchos acuíferos kársticos siguen estando en gran parte sin explotar, ya que se encuentran en zonas escasamente pobladas. Los manantiales de estas zonas suelen presentar una excelente calidad del agua y proporcionan el caudal de base que sirve de apoyo a la buena conservación de la fauna autóctona de muchos ríos.

Por otra parte, siguen siendo relativamente desconocidos desde la perspectiva hidrogeológica, y en ellos no pueden aplicarse modelos matemáticos complejos, dada la insuficiencia de datos con los que se suele contar. Esta es la razón por la que se ha aplicado una metodología propia en la que se han combinado técnicas convencionales en hidrología, junto con pruebas de trazadores químicos y exploraciones mediante espeleobueceo, resultando una herramienta útil para la asistencia a la gestión y uso sostenible del acuífero.

J. SIERRA VALENCIA
A la Comisión Europea se le ha agotado la paciencia. Lo que antes del verano era una amenaza es ahora una denuncia concreta contra el Reino de España por el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA) en especial por el retraso en la elaboración de los Panes Hidrológicos de Cuenca como el del Júcar, atascado por la posición inamovible hasta ahora de los gobiernos autonómicos de Valencia y Castilla-la Mancha.
Según el calendario europeo, España debería haber presentado antes de diciembre de 2009 los Planes Hidrológicos de Cuenca. Tras una primera petición de explicaciones, el Gobierno respondió en abril de 2010 admitiendo que no había terminado ningún plan.
Tras varias comunicaciones y el envío de cartas de emplazamiento, España confirmó el pasado mes de abril que no disponía de la mayor parte de los planes de cuenca por lo que la Comisión ha decidido interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo en la pide la imposición de sanciones a España.
Fuentes de Xúquer Viu subrayaron el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar como «especialmente grave , debido a la indefinición del ámbito territorial de la demarcación intercomunitaria del Júcar y de la demarcación de cuencas internas de la Comunitat Valenciana, y la consiguiente indefinición de autoridades competentes y órganos de participación pública». Se trata, recuerdan, de cuestiones que deberían estar resueltas desde diciembre de 2003, según el calendario de la Directiva Marco, y que se cerraron «en falso» en febrero de 2007 mediante un Real Decreto que establecía el ámbito territorial de las demarcaciones intercomunitarias.
«La ausencia de voluntad política mostrada durante estos últimos cuatro años por parte de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y de los gobiernos autonómicos implicados -principalmente Comunidad Valenciana y Castilla-la Mancha-es la principal razón del fracaso de la política del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar», destacó Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu.
«No ha habido interés en solventar esta cuestión institucional y avanzar en la aplicación de la DMA en nuestros ríos, acuíferos, lagos, zonas húmedas y aguas costeras para conseguir el objetivo de alcanzar un buen estado ecológico de estos ecosistemas en «, añadió.
La portavoz destacó que en el caso del Júcar ni siquiera se ha podido finalizar el trámite administrativo de aprobación de Esquema de Temas Importantes, cuya consulta pública finalizó en junio de2010 , y que es necesario para abordar la consulta pública del borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

Los regantes alicantinos se resisten a dar por perdido el trasvase Júcar-Vinalopó, pese al —al menos, en apariencia— escaso interés que viene mostrando el Gobierno central por rentabilizar una infraestructura en la que ha invertido 303 millones de euros y que no cuenta, a día de hoy, con usuarios.

Según ha podido saber este periódico, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí ha hecho llegar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una propuesta técnica y legal para salvar el obstáculo de la mala calidad del agua en la toma —en el Azud de la Marquesa, al final del cauce del Júcar— sin tener que

Negociación directa

Esta fórmula permite a las comunidades de regantes el intercambio y la cesión directas de derechos sobre el agua de regadío que tienen asignados. Así, una comunidad con excedentes de agua puede negociar la cesión de sus sobrantes a otra con déficit, a un precio convenido entre las dos partes.

De esta forma, los regantes alicantinos podrían utilizar el agua de la toma en el Azud de la Marquesa —a través de un convenio, todavía inexistente, con la CHJ— cuando los niveles bacteriológicos lo permitiesen, y recurrir a la compra de agua a los regantes del Júcar (no solo de Valencia, sino también de Albacete) a través de la toma en Cortes de Pallás en caso de necesidad.

Búsqueda de consenso

No es la primera vez que los regantes alicantinos proponen al Gobierno soluciones alternativas para permitir que el agua del Júcar-Vinalopó pueda destinarse al riego. No obstante, ninguna de ellas ha recibido respuesta hasta la fecha. La apuesta por los «bancos de agua» está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente desde el pasado 25 de julio, según ha podido saber ABC.

No obstante, las fuentes consultadas se muestran esperanzadas en que la nueva alternativa sea finalmente tomada en consideración. En este sentido, calculan que el más que previsible cambio en el Gobierno central el próximo 20-N y la voluntad del PP de recuperar el consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 —parcialmente derogado por el PSOE— podrían hacer prosperar su iniciativa.

En cualquier caso, los potenciales usuarios del Júcar-Vinalopó consideran que la solución de la toma adicional en Cortes de Pallás precisa también del visto bueno del PSPV, para no reeditar el enfrentamiento territorial abierto en el año 2005 entre regantes alicantinos y valencianos —y alentado por los socialistas— a cuenta del nuevo trazado propuesto por Narbona.

Sin sobrecoste

Los usuarios del Vinalopó consideran que su propuesta cuenta además con otro punto a su favor: al contrario que la potabilizadora prometida por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y nunca proyectada por la falta de consignación presupuestaria, la toma adicional supondría un coste mínimo para obtener agua de la misma calidad.

En este sentido, cabe recordar que cuando Narbona paralizó las obras del trasvase original, la toma en Cortes de Pallás y parte de su canalización estaban ya terminadas. Así, solo restaría conectarla al trazado actual. Asimismo, el envío de agua desde el interior de Valencia implica menos estaciones de bombeo que desde Cullera, lo que abarataría el coste energético del caudal trasvasado.

En cuanto a la cuestión legal, la misma propuesta establece un protocolo de actuación que prima la toma del Azud de la Marquesa, al final del río, y establece que solo se tomarían sobrantes —y, en el caso concreto de Cortes de Pallás, cuando se alcanzase un acuerdo con los regantes del Júcar propietarios de los derechos—. Para ello, los usuarios alicantinos proponen crear una comisión de explotación específica entre la CHJ y el Ministerio.

MARTA GARCÍA DE LA CALZADA CONSEJERA DE FOMENTO DE CASTILLA-LA MANCHA

«Hay que trabajar todos juntos para solucionar el enfrentamiento con la Región de Murcia»

«La defensa del agua es una prioridad, pero no desde la confrontación, sino reeditando el espíritu del PHN de 2001».La llegada a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal parece abrir una nueva etapa en las relaciones con la Región de Murcia en materia de agua, según se desprende de las declaraciones de Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y bajo cuya responsabilidad están las competencias sobre recursos hídricos.

Tras un largo período de enfrentamientos continuos a costa del trasvase Tajo-Segura con los Gobiernos socialistas presididos por José Bono y José María Barreda, el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha decidido apostar por el consenso y repudiar «el uso del agua como arma arrojadiza», según indica García de la Calzada en una entrevista concedida al diario ‘ABC’.

«La política hidráulica en esta comunidad autónoma ha sido el auténtico caballo de batalla político y arma arrojadiza en los últimos años con el trasvase Tajo-Segura como epicentro. Sin embargo, el PP, antes y ahora, ha defendido que se retome el Plan Hidrológico Nacional», indica la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de María Dolores de Cospedal no renuncia a reclamar los recursos hídricos necesarios, pero considera más fructífera la política del diálogo y el acuerdo.

«El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la defensa del agua en la región es una prioridad», señala García de la Calzada, «pero la estrategia de la confrontación política y territorial estéril, sin resultados, no es la que tenemos que seguir. Tenemos que reeditar el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, que es un espíritu de consenso. La planificación nacional permite garantizar el reparto de los recursos hídricos en España y particularmente en Castilla-La Mancha», agrega la consejera.

Insiste durante la entrevista en que «nosotros no creemos en una política de pugnas. No creemos que tomar el estandarte de una materia tan importante como el agua como arma arrojadiza de ningún resultado. La historia demuestra que es la política de consenso la que realmente puede rendir frutos».

El mejor argumento

A la pregunta de cómo se puede solucionar el tradicional enfrentamiento por el agua con las comunidades de Valencia y Murcia, la consejera de Fomento declara: «Trabajando todos juntos, desde luego desde la defensa de los intereses castellano-manchegos en materia hidráulica de forma firme e irrenunciable, pero desde el consenso. Se logró una vez y lo volveremos a lograr».

García de la Calzada insiste en el consenso cuando se le interroga por la posición del PP respecto al trasvase del Tajo- Segura. «Nuestra postura respecto al trasvase es conocida. Data de la época preconstitucional y ahí está. Por eso consideramos que es necesaria esa política hidráulica nacional que ofrezca soluciones, que realmente permita a todas las comunidades autónomas conseguir ese grado de consenso que se alcanzó en 2001 y que se rompió en 2005 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».

En este sentido, la titular de Fomento de Castilla-La Mancha recuerda los precedentes del PP en materia hidráulica, y apunta que «fue precisamente el anterior Gobierno de España con el PP el que gestó y culminó el Plan Hidrológico Nacional de 2001. Yo, en este punto, únicamente invoco la historia, que es el mejor argumento en este caso».

El recién elegido senador en representación de Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, se propone defender en la Cámara Alta temas capitales para la Región, como la defensa del agua, y hacerlo de manera conjunta con el senador propuesto por el grupo popular, Antonio Serrano. Recordó que el año que viene «se hablará de agua» en el Senado, ya que se decidirá el caudal ecológico del Tajo y se aprobarán los planes hidrológicos de cuenca de los ríos que pasan por la Comunidad.
Tras agradecer al pleno de las Cortes el honor que le otorgan, manifestó su compromiso para representar los intereses de Castilla-La Mancha, una tierra que lleva «en las venas en lo social y político». Señaló que le gustaría que la voz que va a llevar al Senado, «muy nítida y clara», esté comprometida con las cuestiones territoriales, y no quiere que el puesto esté «cargado de contenido ideológico». «Me gustaría que el senador designado a propuesta del grupo popular pudiera compartir conmigo la misma defensa, los mismos intereses de la región», muchos de los cuales, ha indicado, se van a tratar en la próxima legislatura en Madrid como es el tema del agua. En ese sentido, dijo que es «tan legítimo es que los senadores por Murcia o Castilla y León o Andalucía lleven una opinión como lo es que la llevemos también conjuntamente los senadores por Castilla-La Mancha».

horas y kilómetros
Antonio Serrano, por su parte, también manifestó su intención de defender los intereses de todos los castellano-manchegos desde su responsabilidad en la Cámara Alta. Tras informar de que es alcalde de un «pequeño» pueblo albaceteño, Peñas de San Pedro, de apenas mil habitantes durante cinco legislaturas, dio las gracias a su grupo parlamentario por haber confiado en él.
Aseguró que con «mucha humildad» y «mucho trabajo» intentará defender los intereses de la Región lo mejor que pueda. «Tenemos muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo por hacer, y horas, tiempo y kilómetros no nos van a faltar».  

Esta ley, que ya había sido consensuada el pasado mes de marzo entre las organizaciones profesionales más representativas, los sindicatos y el Gobierno, afectará directamente a más de 850.000 trabajadores y trabajadoras. La entrada en vigor de la ley permitirá modernizar el marco de protección social de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, dandoles una mayor estabilidad en el empleo.

El texto recoge por fin la demanda histórica del sector agrario, equiparando en derechos y obligaciones a todos los trabajadores y trabajadoras dentro del Régimen General.

Este acuerdo alcanzado entre Gobierno, empresarios y sindicatos, es el fruto de más de 20 años de lucha y trabajo de muchos compañeros y compañeras de la UGT por conseguir la equiparación en derechos sociales y laborales de los hombres y mujeres del campo. A partir de ahora, la ley garantizará que el salario real del trabajador sea la base para el cálculo de sus prestaciones por desempleo, incapacidad laboral, jubilación, etc.

FITAG-UGT celebra la culminación del proceso parlamentario que valida la ley, con la que finaliza la discriminación que históricamente han padecido los hombres y mujeres que trabajan en el ámbito agrario.

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, se muestra satisfecha con la tramitación de la ley, pero puntualiza que este no es el punto y final. De cara al futuro la Federación seguirá vigilante para garantizar el cumplimiento de la ley y el correcto desarrollo de la normativa, asegurándose de que factores esenciales, como es la protección por desempleo, sean realmente equiparados a los del Régimen General en los plazos que la ley determina.

Rosa Aguilar destaca que de este modo se da respuesta a las Comunidades Autónomas que tengan previsión estatutaria sobre competencias en materia de policía de dominio público hidráulico.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves en Sesión Plenaria la convalidación del Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 agosto, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

Durante su intervención en la Cámara Baja, la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha destacado que con esta modificación se da respuesta a las Comunidades Autónomas que tengan previsión estatutaria al respecto —Andalucía, Cataluña y Aragón—, para que puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico.  

En este sentido, la Ministra del MARM ha resaltado que, en virtud de la nueva disposición, corresponderá a estas Comunidades la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico y la tramitación de los procedimientos a las que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución.

Las funciones de policía previstas son la inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico y la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.

De este modo, se responde a los pronunciamientos dictados por el Tribunal Constitucional y cumple con estricto respeto con la legislación europea y, concretamente, con la Directiva Marco de Aguas.

Además, la modificación prevé para los órganos competentes de las Comunidades Autónomas el reconocimiento del carácter de autoridad pública, lo que garantiza la eficacia y continuidad de sus actuaciones.

Rosa Aguilar ha incidido en que esta nueva disposición adicional da cumplimiento a las previsiones estatutarias, en el marco de la reciente doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, lo que contribuye a la seguridad jurídica en las relaciones intracomunitarias en materia de aguas.