El recién elegido senador en representación de Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, se propone defender en la Cámara Alta temas capitales para la Región, como la defensa del agua, y hacerlo de manera conjunta con el senador propuesto por el grupo popular, Antonio Serrano. Recordó que el año que viene «se hablará de agua» en el Senado, ya que se decidirá el caudal ecológico del Tajo y se aprobarán los planes hidrológicos de cuenca de los ríos que pasan por la Comunidad.
Tras agradecer al pleno de las Cortes el honor que le otorgan, manifestó su compromiso para representar los intereses de Castilla-La Mancha, una tierra que lleva «en las venas en lo social y político». Señaló que le gustaría que la voz que va a llevar al Senado, «muy nítida y clara», esté comprometida con las cuestiones territoriales, y no quiere que el puesto esté «cargado de contenido ideológico». «Me gustaría que el senador designado a propuesta del grupo popular pudiera compartir conmigo la misma defensa, los mismos intereses de la región», muchos de los cuales, ha indicado, se van a tratar en la próxima legislatura en Madrid como es el tema del agua. En ese sentido, dijo que es «tan legítimo es que los senadores por Murcia o Castilla y León o Andalucía lleven una opinión como lo es que la llevemos también conjuntamente los senadores por Castilla-La Mancha».

horas y kilómetros
Antonio Serrano, por su parte, también manifestó su intención de defender los intereses de todos los castellano-manchegos desde su responsabilidad en la Cámara Alta. Tras informar de que es alcalde de un «pequeño» pueblo albaceteño, Peñas de San Pedro, de apenas mil habitantes durante cinco legislaturas, dio las gracias a su grupo parlamentario por haber confiado en él.
Aseguró que con «mucha humildad» y «mucho trabajo» intentará defender los intereses de la Región lo mejor que pueda. «Tenemos muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo por hacer, y horas, tiempo y kilómetros no nos van a faltar».  

Esta ley, que ya había sido consensuada el pasado mes de marzo entre las organizaciones profesionales más representativas, los sindicatos y el Gobierno, afectará directamente a más de 850.000 trabajadores y trabajadoras. La entrada en vigor de la ley permitirá modernizar el marco de protección social de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, dandoles una mayor estabilidad en el empleo.

El texto recoge por fin la demanda histórica del sector agrario, equiparando en derechos y obligaciones a todos los trabajadores y trabajadoras dentro del Régimen General.

Este acuerdo alcanzado entre Gobierno, empresarios y sindicatos, es el fruto de más de 20 años de lucha y trabajo de muchos compañeros y compañeras de la UGT por conseguir la equiparación en derechos sociales y laborales de los hombres y mujeres del campo. A partir de ahora, la ley garantizará que el salario real del trabajador sea la base para el cálculo de sus prestaciones por desempleo, incapacidad laboral, jubilación, etc.

FITAG-UGT celebra la culminación del proceso parlamentario que valida la ley, con la que finaliza la discriminación que históricamente han padecido los hombres y mujeres que trabajan en el ámbito agrario.

La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, se muestra satisfecha con la tramitación de la ley, pero puntualiza que este no es el punto y final. De cara al futuro la Federación seguirá vigilante para garantizar el cumplimiento de la ley y el correcto desarrollo de la normativa, asegurándose de que factores esenciales, como es la protección por desempleo, sean realmente equiparados a los del Régimen General en los plazos que la ley determina.

Rosa Aguilar destaca que de este modo se da respuesta a las Comunidades Autónomas que tengan previsión estatutaria sobre competencias en materia de policía de dominio público hidráulico.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves en Sesión Plenaria la convalidación del Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 agosto, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

Durante su intervención en la Cámara Baja, la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha destacado que con esta modificación se da respuesta a las Comunidades Autónomas que tengan previsión estatutaria al respecto —Andalucía, Cataluña y Aragón—, para que puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico.  

En este sentido, la Ministra del MARM ha resaltado que, en virtud de la nueva disposición, corresponderá a estas Comunidades la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico y la tramitación de los procedimientos a las que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución.

Las funciones de policía previstas son la inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico y la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.

De este modo, se responde a los pronunciamientos dictados por el Tribunal Constitucional y cumple con estricto respeto con la legislación europea y, concretamente, con la Directiva Marco de Aguas.

Además, la modificación prevé para los órganos competentes de las Comunidades Autónomas el reconocimiento del carácter de autoridad pública, lo que garantiza la eficacia y continuidad de sus actuaciones.

Rosa Aguilar ha incidido en que esta nueva disposición adicional da cumplimiento a las previsiones estatutarias, en el marco de la reciente doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, lo que contribuye a la seguridad jurídica en las relaciones intracomunitarias en materia de aguas.

(Extremadura) AGUA | > AREA:

15-09-2011 / 17:20 h

Madrid, 15 sep (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado hoy a los presidentes autonómicos y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado esta organización en un comunicado.

Para ello, ha iniciado una ronda de contactos políticos con el objetivo de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, ha apuntado que se ha realizado con «alevosía» e incluida en un paquete de medidas para que «pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura».

Ha advertido de que, a falta de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional, ambos trabajan a «contrarreloj» para encontrar el modelo adecuado que permita a Andalucía recuperar el control de la cuenca, obviando alas sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que «cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada». EFE

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, cree que el Gobierno central «responde» y este jueves se ha dado «un paso extraordinariamente importante» para la región después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley de 2011 por el que se modifica la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

   En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Aguilar cree que así se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reserva a la comunidad las competencias de la cuenca del Guadalquivir en territorio andaluz. «Debíamos dar una respuesta en positivo cediendo las competencias que son posibles en el marco estatutario, de la Ley de Aguas y la directiva comunitaria», ha dicho.

   De este modo, la región pueda gestionar las competencias de dominio público hidráulico, al tiempo que «la disposición adicional mantiene la unidad de cuenca, es fiel a la directiva comunitaria europea del agua y está en el contexto de lo que definía la Ley de Aguas», aclara la ministra.

   Así, defiende que después de la sentencia del TC «había que responder y se ha respondido en lo más y lo mejor a través de esta disposición adicional», algo para lo que se ha trabajado en la comisión bilateral con la Junta y «consecuencia del trabajo es la disposición», celebra Aguilar.

   Entretanto, ha destacado que «el Gobierno de España ha mantenido con la Junta una postura de colaboración plena y lealtad institucional para solucionar este tema y vamos a seguir trabajando en el camino».

La Consejería de Agricultura va a pagar el anticipo de 310 millones de euros de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que la Unión Europea ha autorizado a partir de la segunda quincena de octubre y que beneficiará a unos 112.000 agricultores. Según ha informado el Gobierno regional, por provincias, Albacete recibirá 58 millones de euros; Ciudad Real, 86 millones; Cuenca, 60 millones de euros; Guadalajara, 27 millones de euros y Toledo, 79 millones de euros.
Para el próximo periodo, desde la Consejería de Agricultura se pretende que el nuevo marco financiero 2014-2020 «favorezca los intereses del sector primario», abogando por una política que garantice la seguridad alimentaria entendida como seguridad de abastecimiento y de equilibrio de mercado. También se pretende que asegure unas rentas adecuadas que dignifiquen la profesión, teniendo muy presente que el objetivo final debe ser que el sector agroalimentario sea rentable sostenible y proactivo.
Una vez fijado el marco financiero, la Junta va a luchar para que esta nueva PAC responda a las necesidades de la Región, alcanzando consensos y posiciones comunes entre todos los actores interesados, así como otras comunidades autónomas.
Y ello, «sin olvidar el esfuerzo que hagamos por una PAC dotada económicamente, duradera y estable, previsora y con objetivos conocidos y estratégicos, que repercutirán en beneficio de Castilla-La Mancha y del conjunto de la agricultura española».
En este sentido, el lunes, los consejeros de las comunidades autónomas de Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Valencia y Castilla y León se reunieron en Valladolid para analizar la nueva Política Agraria Comunitaria 2014-2020. Un encuentro, al que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el que han reclamado al Gobierno central liderazgo y que se llegue en consenso con las comunidades autónomas y con el sector, a una posición de Estado sobre la futura política agraria europea. Una postura común que ya han alcanzado otros países como Francia o Alemania.
Los diez Gobiernos regionales han lamentado el tiempo perdido, pues, a pesar de haberlo solicitado al Ministerio, éste no ha convocado ninguna reunión para analizar el marco financiero de la nueva PAC presentado por la Unión Europea.    

Mañana de intenso trabajo para la nueva consejera de Agricultura. Visita al recinto ferial, pero no social, sino de trabajo. Encuentros, entrevistas, unos programados, otros a medida que recorre el recinto, tomando el pulso a una Feria que, como casi todo en Albacete, tuvo su origen en el mundo del campo.
La Feria 2011 coincide este año con la vendimia,. Aunque es pronto para dar datos reales, ¿qué previsiones maneja la Consejería de Agricultura? ¿En que medida han afectado el pedrisco y brotes de mildiu como el que hubo al noroeste de la provincia de Albacete?
Las estimaciones que tenemos es que la vendimia será más reducida en cuanto a la producción, en torno al 10% de recorte, a consecuencia de las inclemencias del tiempo y a que en algunos puntos concretos hemos tenido mildiu, que también reducirá algo la media. Sin embargo, las noticias que tenemos sobre la calidad son muy buenas, y en cuanto a los precios, también esperamos buenos resultados, ya que en estos momentos las existencias de bodegas y cooperativas están a cero.
El 12 de octubre, la Comisión Europea presenta un nuevo borrador de reforma de la PAC. Una de las medidas más comentadas es la modulación de ayudas por encima de 150.000 euros. ¿Cuál es la posición de la Junta ? ¿Han hecho alguna estimación de lo que nos puede costar en la región y la provincia?
Aún no sabemos ese impacto, porque el Gobierno central aún no nos lo ha contado, no nos ha dicho aún por dónde irá, parece que le importan más los problemas de su partido. Con la reforma en ciernes, no nos han convocado aún a las autonomías y a las organizaciones agrarias para que nos digan el impacto de este documento. Hemos tenido que buscarlo a través de contactos propios en Bruselas, porque no tenemos, de momento, ningún dato, lo que nos pone en una situación de clara desventaja frente a otros países.
¿Y que han hecho ustedes, además de obtener el borrador de reforma?
Pues viendo la actitud del Ministerio, los consejeros del PP hemos creado un grupo de trabajo para estudiarlo. Si le diré que en un primer examen, sólo en cuanto a la ficha financiera, ya hay un recorte importante en ayudas, tanto de agricultura como de desarrollo rural. Desde luego, como Consejería, vamos a defender que no se recorte, Castilla-La Mancha no puede perder ni un solo euro de la PAC, ya que hablamos del 40% de la renta agraria total.
El sector hortofrutícola de la región y de la provincia ha sido uno de los daños colaterales de la crisis de la e-coli. Recientemente, los productores de cebolla lamentaban que padecen el cierre de los mercados pero no tienen derecho a compensaciones. ¿Sólo les queda resignarse?
No, aunque no va a ser fácil. A lo largo de este verano, hemos visto como los precios del sector hortofrutícola se hundían, porque un gran número de partidas se quedaron sin salir al extranjero, a consecuencia de una denuncia sobre los productos españoles que al final se reveló como falta de fundamento. Lo que hay que hacer es recuperar los mercados y recuperar la imagen del sector, uno de los más profesionalizados y rigurosos de la agricultura española que, por desgracia, se ha visto afectado por una denuncia y por una crisis que no se gestionaron bien.

La Consejería de Agricultura va a pagar el anticipo de 310 millones de euros de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que la Unión Europea ha autorizado a partir de la segunda quincena de octubre y que beneficiará a unos 112.000 agricultores. Según el Gobierno regional, Albacete recibirá 58 millones de euros; Ciudad Real, 86 millones; Cuenca, 60 millones de euros; Guadalajara, 27 millones de euros y Toledo, 79 millones.

Mañana día 15 de septiembre, a las 12 de la mañana, en el stand de la Federación de Turismo Rural, ubicado en el primer anillo del recinto ferial de Albacete, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha del Júcar-Centro (Adimjc), Justiniano Muñoz Sánchez, presentará el Proyecto ‘Nueva Economía en el Medio Rural’.

Es un proyecto de cooperación, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el que participan ocho grupos de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, y cinco de Aragón, y del cual la Adimjc es jefe de filas.

El objetivo principal de las ayudas de este proyecto, consiste en la mejora de la calidad de vida del medio rural, la modernización, el desarrollo sostenible, la preservación ambiental, la multifuncionalidad y la innovación, mediante la cooperación entre territorios.

Financiación

La Asociación para el Desarrollo Integral Mancha del Júcar-Centro ha conseguido financiación del Ministerio para sus proyectos de Cooperación. ADI Mancha Júcar Centro recibirá una subvención de 321.000 euros para su proyecto de La Nueva Economía del Medio Rural.

La financiación de este proyecto, se encuadra en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que el Ministerio ha concedido un total de 8.065.000 euros para 23 proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional, en cuatro anualidades.

Entre los criterios de valoración establecidos para estas ayudas destacan la incidencia sobre los colectivos de mujeres, jóvenes, y grupos especiales, los destinados a la mejora ambiental y la valorización de los recursos naturales.