El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, obvió ayer todos los pronunciamientos en contra de los regantes -salvo los usuarios del Júcar, todos expresaron su oposición- y anunció que elevará al consejo de cuenca de la Confederación la propuesta de suprimir los derechos de riego para 18.000 hectáreas de cultivos en el Vinalopó y l´Alacantí.
Una decisión contestada por los representantes de Alicante, Castilla-La Mancha, Castellón Aragón y el Consell, pero que no impidió que la CHJ siga adelante con un planteamiento que hipoteca el futuro del 37% de la agricultura de estas comarcas y amenaza el futuro de 35.000 empleos.
Finalmente la votación se producirá en el consejo del agua y, según Andrés Martínez, es posible que incluso se gane, pero ayer la desolación se apoderó de un sector que en los últimos dos años ha visto florecer la actividad gracias a la disponibilidad de agua. Un escenario muy diferente al de 2005, cuando los técnicos de la Confederación hicieron el informe en el que destacaron que las 18.000 hectáreas que hoy se quieren eliminar, y se encuentran en producción, estaban en barbecho por la sequía. Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Regantes, acusó a los regantes de Valencia de «hacer lo de siempre, aprovechar para su beneficio las teorías de la exministra Narbona, la inventora de la dañina Nueva Cultura del Agua».
La consellera de Agricultura y Agua, Maritina Hernández, cuyo representante también se pronunció en contra, acusó al Gobierno de una «total falta de rigor y de haberse equivocado en sus cálculos». Hernández cifró en un total de 40.000 hectáreas las que se quedarán sin agua en la Comunidad. Consell y regantes consideran erróneo que se definan las demandas a partir del consumo de agua en un año concreto y no de la superficie regable.
Por su parte, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, se mostró rotundo al afirmar que «está claro que con la eliminación de las 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana la recuperación del trasvase del Ebro es ya una quimera». Martínez sentenció que «lo de hoy -por ayer- ees un claro ejemplo de cómo el Gobierno se carga el trasvase del Ebro. A partir de ahora, los regantes del Júcar tendrán que pensarse muy bien la explicación que nos dan a todos».

El Ministerio de Medio Ambiente se ha tomado muy en serio la reducción de superficie regable en la Comunidad Valenciana. Si el informe aprobado ayer por el consejo de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acaba plasmándose en el nuevo plan de cuenca —con rango de Ley—, la Comunidad perderá 40.000 hectáreas de regadío, sobre las 350.000 que tiene reconocidas en la actualidad.

La CHJ ha elevado al Consejo del Agua un informe con las líneas básicas del nuevo plan de cuenca que convierte 40.000 hectáreas de regadío en suelo «potencialmente regable», equivalente al secano, y por tanto, sin derechos sobre el agua de la cuenca. Un cambio de calificación que, según los cálculos de los regantes, implica unas pérdidas patrimoniales de cerca de 2.000 millones de euros en toda la Comunidad.

El precio del metro cuadrado de regadío es de entre seis y diez euros, según las fuentes consultadas por ABC. En cambio, el de secano se paga a entre cincuenta céntimos de euro y un euro. Así, la depreciación que implica el cambio de consideración de las 40.000 hectáreas (400 millones de metros cuadrados) en el plan de cuenca es de unos 2.000 millones de euros, que repercutirán directamente en el patrimonio de los agricultores afectados.

Al margen de la pérdida patrimonial, la desaparición de los citados regadíos conllevará, según los agricultores, una importante destrucción de empleo. El presidente del sindicato agrario Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, cifró en 40.000 empleos, entre directos e indirectos, los que dependen de las hectáreas que pasarán a ser consideradas como s

Sin votación

La decisión de eliminar 40.000 hectáreas de regadío se adoptó sin mediar votación en el consejo de gobierno de la CHJ, según fuentes conocedoras de la reunión. El presidente del organismo, Juan José Moragues, decidió elevar la propuesta al Consejo del Agua pese a la oposición de varias comunidades de regantes —excepto los de Castilla-La Mancha—, el Ayuntamiento de Valencia y el Consell.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, señaló al término de la reunión que la medida «pone en riesgo miles de puestos de trabajo del sector agroalimentario», y recordó que las demandas del regadío valenciano «se han de fijar de acuerdo con los planes de la Generalitat, que es quien tiene esa competencia según el Estatuto de Autonomía».

En cualquier caso, una vez elevado el documento al Consejo del Agua, y si dicho órgano lo aprueba, la limitación de regadío entrará en vigor con el nuevo plan de cuenca. Una circunstancia que no están dispuestos a tolerar los regantes alicantinos.

Contencioso

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó —que representa a los damnificados por el cambio de calificación del suelo—, Andrés Martínez, avanzó que la asociación está dispuesta a defender la permanencia de las 48.000 hectáreas de regadío actuales (que la CHJ quiere reducir a 30.000) «donde sea necesario» y no descartó que los regantes acudan a los juzgados de lo Contencioso. No sería la primera vez que la Junta de Usuarios acude a los tribunales. Ya lo hizo en 2005, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, modificó unilateralmente el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó. El cambio en el Ministerio y la llegada de Josep Puxeu a la Secretaría de Estado de Agua pareció abrir un nuevo periodo de entendimiento entre y los regantes abandonaron la vía judicial. No obstante, el Júcar-Vinalopó se ha terminado con el trazado propuesto por Narbona y está previsto construir la potabilizadora prometida por Puxeu. Los regantes han solicitado un análisis del agua para determinar su calidad.

En este contexto de zozobra para el campo valenciano, el Tribunal Constitucional ha acordado rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de La Rioja contra la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón referida a la reserva del caudal hídrico del Ebro.

Mientras Cospedal asentía a sus palabras, la nueva consejera de Agricultura reiteró ayer que «Castilla-La Mancha es una Región eminentemente agrícola y tiene que seguir siéndolo». María Luisa Soriano hizo de su primer discurso toda una defensa del campo como sector económico capaz de «contribuir a superar esta grave crisis económica que estamos atravesando».
La nueva consejera hizo un diagnóstico de la situación que ha podido conocer en los años que ha sido diputada regional y portavoz de temas agrarios. «He tenido oportunidad de visitar muchos pueblos, hablar con muchos agricultores y ganaderos, y veo que el campo padece desazón por la escasa rentabilidad de muchas explotaciones y preocupación por los precios que obtienen los agricultores por sus productos», resumió. Dijo que no se puede seguir mirando «impasible» cómo son pocos los jóvenes que se incorporan al campo o los problemas de comercialización y desequilibrios financieros que atraviesa el sector. Sobre todo hizo una mención especial al tema del agua. «En el PP siempre hemos creído en un pacto nacional del agua que garantice el agua sin entrar en confrontaciones», explicó.
Soriano hizo repaso de algunas iniciativas que va a tomar como la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario, «que garantizará que nuestra agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias tengan futuro, que pasa por la innovación, productividad y competitividad». Soriano tuvo palabras para las cuestiones ambientales, que también asumirá ahora en su cartera para las que dijo que mostrará una «especial sensibilidad».    

La Asamblea General de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) designó este martes por unanimidad al cordobés Andrés del Campo como presidente de dicha asociación durante los próximos cuatro años.

   Con este nombramiento, Del Campo renueva su mandato por quinta vez consecutiva al frente de Fenacore, donde ejerce la presidencia desde el año 1996.

   En su reelección, Del Campo contó con el respaldo unánime de todas las comunidades de regantes de las distintas provincias de España, incluyendo las insulares, que valoraron además de su implicación y carácter conciliador, su experiencia en el marco internacional tras más de doce años como máximo dirigente de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC) y actual presidente de turno del organismo encargado de mejorar la gestión del agua de la Unión Europea (EUWMA).

   Con este bagaje internacional, su papel en el ámbito europeo se centrará en contribuir al desarrollo de una nueva Política Agraria Común (PAC) que garantice un reparto equitativo de los fondos comunitarios entre los agricultores para evitar que pierdan competitividad frente a los nuevos mercados del Cono Sur, percibiendo por sus productos menos de lo que valen.

   En el marco nacional, aprovechando el último fallo del Tribunal Supremo ratificando la nulidad de las competencias de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir, su principal reto será conseguir un pacto nacional que refuerce el papel único del Estado en materia de aguas para evitar que las comunidades se arroguen potestades sobre los ríos a través de sus distintos Estatutos de Autonomía.

   En este nuevo mandato, Del Campo reforzará además su papel como interlocutor ante las distintas Administraciones Públicas, defendiendo los intereses del sector, máxime, según Fenacore, en un momento de crisis marcado por la caída de la renta agraria debido a la bajada del precio de los productos y la subida de los costes de producción, principalmente, por el encarecimiento de la factura eléctrica.

   En el corto plazo, el responsable de Fenacore seguirá trabajando por adaptar los procesos de modernización de regadíos a las nuevas tarifas, con el fin de avanzar en la transformación de las de un millón de hectáreas aún pendientes, sin olvidar la necesaria construcción de embalses y trasvases que garanticen el suministro de agua en épocas de sequía.

BIOGRAFÍA

   Andrés del Campo, cordobés de 63 años de edad, es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior (Etsia) de Córdoba, agricultor de profesión y presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España desde 1996. A lo largo de su dilatada trayectoria, Andrés del Campo destaca como fundador y presidente de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC) y como miembro del Consejo Nacional del Agua y de su Comisión Permanente. Asimismo, Del Campo es también miembro del Consejo Interterritorial para la Gestión del Plan Nacional de Regadíos y miembro del Foro Agrario y Foro del Agua de Madrid.

   Dentro de su comunidad autónoma, del Campo ocupa el cargo de presidente de la Comunidad de Regantes del Pantano del Guadalmellato (Córdoba), es vocal de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  y fundador de la Federación de Comunidades de Regantes de la cuenca del Guadalquivir. Como experto del sector, participa con frecuencia en congresos y jornadas técnicas nacionales e internacionales.

«Apreciamos temeridad en la actuación procesal de la Administración autonómica, en cuanto sus recursos denotan el propósito de impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas de la cabecera del Tajo». Es el reproche que realiza el Tribunal Supremo al Gobierno de Castilla-La Mancha que ha vuelto a perder otro recurso contra un desembalse autorizado en noviembre de 2009. En este caso, parte de los 69,4 hectómetros aprobados iban a destinarse a salvar las Tablas de Daimiel, que en aquella época estaban al borde de su desaparición por la combustión de la turba.

El magistrado ponente de la Sala Quinta, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional hasta el pasado mes de enero, subraya la «expresa imposición» de las costas procesales al Ejecutivo castellano-manchego en una sentencia del pasado día 7. Le recuerda que en otras tres sentencias ya conocidas, el anterior Gobierno de José María Barreda se había limitado a reproducir las mismas alegaciones sin cambiar de estrategia pese a las respuestas invariables de los tribunales de que los envíos de agua desde la cabecera del Tajo eran legales.

La Junta pidió la nulidad de este desembalse porque no se había hecho la evaluación de impacto ambiental y no se garantizaba el caudal ecológico del Tajo, como en otras demandas anteriores. El Supremo recuerda que el acueducto «es una infraestructura consolidada en el tiempo», y no «un proyecto para el trasvase de recursos hídricos», como planteó Barreda a través de su letrado. El magistrado subraya la preservación de las competencias estatales sobre los trasvases entre cuencas y que los envíos de agua al Segura se realizan para evitar pérdidas irreparables en el arbolado y los cultivos.

El Sindicato Central de Regantes muestra su extrañeza de que Castilla-La Mancha hubiera recurrido también el transporte de agua del Tajo a Las tablas de Daimiel, que se encontraban en una situación dramática según la Dirección General del Agua y tal y como se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de Explotación. El agrietamiento y desecación de los terrenos del parque nacional a causa de la sequía y la autocombustión de la turba hacían necesario un envío urgente de agua a este enclave de Ciudad Real. Pese a ello, el letrado recurrió la transferencia al humedal.

El incremento de agua en la cuenca del Júcar en los últimos diez años triplica la media naciona, según la información facilita este martes por la Delegación del Gobierno. La reserva de agua alcanza en la actualidad los 1.992 hectómetros cúbicos, lo que supone el 59,7 por ciento del total.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado actualmente un 24,7 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», al del 82,3 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.

En la cuenca del Júcar, el año pasado por estas fechas había un 56,2 por ciento, mientras que ahora hay un 59,7 por ciento, es decir, 3,5 puntos más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 23,8 puntos más que hace dos años y se dispone de 27,5 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 27 puntos más que en la media de los últimos diez años.

La reserva del agua en la cuenca del Júcar cuenta con 1.992 hectómetros cúbicos de agua embalsada que supone el 59,7 % del total de la reserva

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 24,7 % sobre la media de los últimos 10 años, incremento significativamente inferior al del 82,3 % experimentado en la cuenca del Júcar.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar, se disponen de reservas por un total de 1.992 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 59,7 % total de la reserva (Uso consuntivo más hidroeléctrico), con un incremento de hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

En el cuadro se detallan los porcentajes de los últimos años en dicha cuenca.

ACTUAL

AÑO ANTER.

2 AÑOS ANTES

MED ULT. 5 AÑOS

MED ULT. 10 AÑOS

59,7 %

56,2 %

35,9 %

32,2 %

32,7 %

Por lo tanto:

– El año pasado por estas fechas había un 56,2 %, ahora un 59,7 % 3,5 puntos porcentuales más que el año pasado.

– La reserva de agua ha aumentado en 23,8 puntos más que hace dos años.

– Se dispone de 27,5 puntos más que la media de los últimos 5 años.

– Respecto de la media de los últimos 10 años hay 27 puntos más.

El Gobierno parece haber encontrado la solución a las carencias hídricas de la provincia de Alicante. Con el trasvase Júcar-Vinalopó en entredicho por la calidad del agua trasvasada, en lugar de apostar por la aportación de caudales para paliar el déficit estructural de la provincia, el Ministerio ha optado por reducir la demanda de agua de los regantes alicantinos.

Al menos, esa es la intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que celebra hoy una reunión para empezar a perfilar los pilares del futuro plan de cuenca —que debería haberse aprobado hace dos años—. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, va a proponer reducir la sup

De barbecho a secano

La propuesta, de salir adelante, influiría de forma determinante en el nuevo plan de cuenca, dado que los acuerdos de la reunión que se celebra hoy se remitirán al Consejo del Agua del Ministerio de Medio Ambiente para guiar la elaboración del citado plan. Así, si se reduce la superficie regable, se reducen también las necesidades de agua reconocidas y, por tanto, el déficit.

Para lograr la «desaparición» de las citadas 18.000 hectáreas, la CHJ se ha servido de un llamativo estudio que convierte suelo de regadío en secano. Según las mismas fuentes, cuando los técnicos del Ministerio revisaron las tierras agrícolas del Vinalopó, 18.000 de las 48.000 hectáreas se encontraban en barbecho. En lugar de incluirlas como suelo regable, el informe las consideró solo «potencialmente regables», lo que equivale a secano.

Contra el criterio del Consell

Es decir, los propietarios de las parcelas afectadas verían así limitado de forma considerable su derecho a disponer de agua para el regadío, ya que, a efectos de la CHJ, ese suelo no se riega en la actualidad. Una apreciación que dista mucho de la realidad: según las fuentes consultadas por ABC, los regantes afectados gozan de derechos reconocidos desde hace más de cincuenta años.

Es más, la pretensión de la CHJ choca frontalmente con la realidad. La Conselleria de Agricultura y Agua, que tiene transferidas las competencias en el reconocimiento de superficies regables, sí registra las 48.000 hectáreas con derecho a riego en el Vinalopó-Alacantí.

Tanto el representante del Consell como el de los regantes alicantinos pedirán en la reunión que el informe sobre superficies regables se deje sobre la mesa, con el objeto de contrastar los datos de la CHJ con la realidad del Vinalopó. No obstante, Moragues ya ha comunicado a los implicados que se mantiene firme en su pretensión de debatir hoy la reducción de un tercio del regadío en el interior de la provincia de Alicante.

El último plan de cuenca reconocía un déficit de 160 hectómetros cúbicos al sistema del Vinalopó. Un déficit que la maniobra de la CHJ reduciría considerablemente.

El buen año de reserva de agua en los embalses de la cuenca del Segura ha hecho que el mayor de los que tiene la provincia de Albacete, el pantano del Cenajo, haya alcanzado, según los datos de la Confederación Hidrográfica, un 84% de su capacidad de almacenamiento.

Los 369 hectómetros cúbicos que tiene actualmente (su máxima capacidad es de 437) suponen, no solo una enorme cantidad de agua, sino además un nivel que prácticamente triplica el volumen medio almacenado, en esta misma semana del año, en los últimos diez años (que es de unos 124 hectómetros cúbicos).

Es el caso más espectacular, pero no el único en la cuenca del Segura en lo que se refiere a la provincia de Albacete. En el caso del pantano de la Fuensanta, su volumen almacenado también es del 80%, un total de 167 hectómetros cúbicos de los 210 de capacidad máxima para este embalse de Yeste.

En este caso ese alto nivel es más significativo al recordar que hace pocos años este pantano fue noticia por encontrarse prácticamente seco, en niveles de un 5%, que se consideran los mínimos que exigen las tareas de mantenimiento de una obra de estas características.

Conjunto

Para el total de la cuenca hidrográfica, el nivel medio actual es del 69%, unos 789 hectómetros cúbicos de los 1.141 que tiene de capacidad máxima estimada del conjunto de estos embalses en las dos provincias.

Los dos embalses cuya evolución está ligada al funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura, el Camarillas y el Talave, presentan un nivel inferior a los de la cuenca más alta.

El Talave (donde llega directamente el agua del Trasvase, y sirve de primer regulador de esos caudales) tiene ocupados actualmente 12 de sus 35 hectómetros cúbicos de capacidad máxima, en torno al 36%.

El Camarillas tiene la misma cantidad de agua que el Talave: otros doce hectómetros cúbicos, aproximadamente un 34% de su capacidad total. Su nivel también está en función de la gestión que se realiza en cada momento del Trasvase.

En cuanto a la cuenca del Júcar, el embalse más significativo, el de Alarcón, en la provincia de Cuenca, aunque es parte del sistema de abastecimiento de Albacete, está actualmente al 64,8% de su capacidad, almacenando 724,4 hectómetros cúbicos.