uieren evitar que se venda material cuya procedencia se desconoce y, por lo tanto, puede ser ilícita.

La iniciativa que ha partido de Cataluña en la que piden una normativa que dificulte la venta de productos agrícolas robados es vista con buenos ojos por parte de los agricultores de Castilla-la Mancha, que en el último año están sufriendo en primera persona los robos en el campo. Y no sólo de productos agrícolas sino también de cobre que hay en los transformadores eléctricos o los pivots de riego. Unos robos que, aparte del propio valor económico de la maquinaria, provoca graves trastornos derivados de la imposibilidad de desarrollar tareas habituales hasta que se arregla lo sustraido. Asaja ya demandó también que se prohibiera la comercialización de cobre sin guía de origen.

Desesperación
El secretario de la organización Asaja en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha señalado que el sector está “desesperado” y que de seguir esta situación pueden producirse graves consecuencias.Los robos y hurtos que se están sucediendo en las zonas rurales han colmado la paciencia de agricultores y ganaderos.
Desde la Organización agraria exigen, por lo tanto, a los representantes políticos que aporten medidas y que las incluyan en sus programas electorales. Rodríguez ha indicado que Asaja va a continuar denunciando estos hechos, pues no se conforma con el silencio de los dirigentes políticos, que se amparan en sus cifras y estadísticas. El problema de los robos en el campo es un problema real, que está llevando a la ruina a numerosos ganaderos y agricultores, y creando una situación muy peligrosa. Por ello, no se descartan realizar acciones de todo tipo.Los responsables de Asaja Ciudad Real han reiterado la petición de que se endurezca el Código Penal para este tipo de delitos. También han apuntado que a los delincuentes detenidos se les confisquen los vehículos usados para cometer los robos.Afirman que de nada sirve el esfuerzo y dedicación de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado en realizar detenciones si luego los delincuentes quedan libres, a espera de juicio, y pueden volver a delinquir en cualquier momento.Los presidentes locales de Asaja en Argamasilla de Alba y Membrilla, Cristóbal Jiménez y Angel Bellón, respectivamente, han incidido en el clima de tensión que se vive en el campo, que ahora mismo es – han dicho- “una olla a presión”. Y es que agricultores y ganaderos no soportan más robos y están dispuestos a cualquier cosa. A las cuantiosas pérdidas que producen estos robos hay que sumar los perjuicios que conllevan, como el retraso en las labores propias de cada temporada o el no poder comenzar los periodos de riego debido a la sustracción de los transformadores, cable de cobre de los sistemas móviles de riego.Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes del Estrecho de Peñarroya, Bernabé Ruiz, ha cuantificado estas pérdidas,  sólo en  Argamasilla de Alba pueden alcanzar los 250.000 euros.

Los trabajadores del campo se manifestarán el próximo día 19 de mayo en la Feria Agrícola Expovicaman, si la patronal no firma un convenio digno, con subidas salariales.

Así lo aseguró ayer la responsable del sector agroalimentario de Comisiones Obreras, Ana Albalalejo García, que recordó que existen unos 10.000 trabajadores sin convenio en la provincia de Albacete, la mitad de ellos temporeros, que han visto como sus sueldos están congelados, ya que no se negocia su convenio, desde el 31 de diciembre de 2009.

Albalalejo explicaba que no están cerrados al diálogo y que por eso han mantenido reuniones con la patronal, aunque ésta siempre quiere que no haya subidas salariales.

Algo que ella no entiende, sobre todo porque sectores como el de la construcción, que están sufriendo mucho más la crisis, han firmado ya su convenio. Por no mencionar que en todas las provincias de la región, a excepción de Albacete el citado convenio ya se ha firmado. «¿Por qué Toledo puede firmar y Albacete no? No entendemos la posición de los empresarios en Albacete, ya que los salarios base son de 807 euros y sólo pedimos una subida del 1% para el año 2010, que significaría un aumento de 8 euros y una subida del 3% en 2011».

La responsable del sector agroalimentario de CC.OO. también afirmó que los empresarios importantes y serios, como Champinter o La Dehesa de Los Llanos ya habían hecho esa subida, algo que consideró lógico, porque «son salarios muy bajos y el sector no se va a hundir por eso.

Otros sectores

Pero los 10.000 trabajadores del campo no son los únicos que no han firmado su convenio, como explicaba ayer el secretario de Organización del sindicato, Joaquín Moreno. «Hay 12.000 trabajadores del comercio en la misma situación. No ha habido subida salarial en todo este tiempo, pero suben los precios, el IPC está disparado y con unos salarios que son de 2009 han perdido poder adquisitivo. En ambos casos son salarios muy bajos por debajo de los mil euros, en su mayoría. Además en 2011 quedan pendientes otros nueve convenios, que afectan a unos 40.000 trabajadores».

En cuanto al sector del comercio, aunque se encuentra en una situación similar al del campo, explicó que de momento no habrá manifestaciones porque se está negociando. Todo dependerá de si las negociaciones funcionan.

El secretario de Organización manifestó que «los trabajadores no están para tonterías», por lo que los empresarios deben sentarse a negociar con los sindicatos y «hacer el acuerdo que tienen que hacer». «No vale decir que no se actualizan los salarios. No vale decir que con los recortes se va a salir de la crisis, porque los meses pasan y se sigue destruyendo empleo».

En este sentido, aseguró que la reforma laboral y las medidas empresariales nos están metiendo más en la crisis y dio su receta para dejarla atrás. «La clave para salir de la crisis es la inversión productiva, sin especulación financiera, con empresas que den trabajos con continuidad».

En la mañana de ayer se escenificó el apoyo de la Junta de Comunidades a los regantes tobarreños, para defender sus reivindicaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que según palabras de Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Comunidad de La Tedera, adoptó una decisión «mezquina y discriminatoria contra los regantes de nuestra localidad».
El alcalde, Manuel Valcárcel, dijo que, a propuesta del presidente de la Comunidad de Regantes, se había convocado a los responsables de la consejería de Agricultura para solicitar el apoyo de todos en defensa de sus reivindicaciones «ante la discriminación de la que están siendo objeto».
«El pleno, sin fisuras políticas», dijo el alcalde, «apoyó a los regantes, porque no es de justicia que se concedan 8.000 metros cúbicos por hectárea para frutales a los regantes murcianos, y la propuesta para nuestros regantes sea de 1.500 metros, lo que nos parece un poco fuerte y más si tenemos en cuenta que la Universidad de Castilla-La Mancha estima que son necesarios para regadío de frutales un mínimo de 4.000 metros, y la propia confederación afirma en sus propios documentos que se necesitan 6.000. En Tobarra no nos vamos a callar, no lo vamos a permitir, iremos a donde haga falta para defender el agua para nuestro pueblo. Que no nos den lecciones de solidaridad y menos con discriminación hacia nuestra tierra».
El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Mompó, dijo que ante la petición de la comunidad de regantes que solicita el apoyo de la Junta, «el gobierno regional no se va a quedar con los brazos cruzados y apoyará sin fisuras a los regantes de Tobarra. Primero porque es una reivindicación justa, y segundo porque estos no son nuevos regadíos, ya que están declarados como de interés nacional desde 1982. Esta región ha sido y es la más solidaria en materia de agua y, en esta zona tenemos cinco pantanos para que se aprovechen del agua los regantes de otras regiones, por eso no podemos permitir la discriminación hacia los regantes de Tobarra. Esta es una de las mejores huertas de Albacete y Castilla-La Mancha, y no podemos permitir que los agricultores no puedan vivir de su trabajo por falta de agua». Guillermo Sánchez agradeció el apoyo que están recibiendo los más de 1.100 regantes de La Tedera, de todos los colectivos y de las instituciones, contra esta decisión «injusta, mezquina y discriminatoria. Vamos a realizar los recursos que hagan falta y haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestros derechos porque si no hacemos nada, la ruina».

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido hoy a «trabajar» para conseguir un Plan Hidrológico Nacional que lleve y garantice el agua en todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a «Gestiona Radio» recogidas por Efe, Cospedal ha subrayado que el problema del agua se ha agudizado en Castilla-La Mancha porque no se hizo «ninguna infraestructura» ni se desarrolló una política hidráulica en los últimos treinta años.

«En 30 años no se ha hecho absolutamente ninguna infraestructura para asegurar que podamos disfrutar del agua que pasa por Castilla-La Mancha», ha subrayado, antes de lamentar que haya pasado tanto tiempo sin una política hidráulica en esta comunidad.

Para la número dos del PP, la política hidráulica en los últimos años «ha consistido exclusivamente en enfrentar a unas comunidades autónomas con otras», lo que ha derivado en que, al final, «la región más perjudicada haya sido Castilla-La Mancha, que no tiene ni por un lado ni tiene por el otro».

«Basta ya de demagogia, hay que ponerse a trabajar. Hay que invertir en infraestructuras hidráulicas y hay que hacer un Plan Nacional del Agua que permita tener agua para todos», ha enfatizado la número dos del PP.

Ha recordado que había uno, el Plan Hidrológico Nacional, que garantizaba el agua a Castilla-La Mancha y que lo eliminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con los votos de los socialistas de la región.

Preguntada sobre si reclamaría, en caso de ser presidenta de Castilla-La Mancha, el fin del trasvase Tajo-Segura, ha dicho que lo primero que haría es ponerse a trabajar y «dar ejemplo de lo que se puede hacer cuando de cada cuatro litros de agua que pasan por la región, uno se pierde por la deficiencia de infraestructuras».

Ha insistido en que la política del agua «no se puede diseñar» únicamente desde una comunidad autónoma, pese a que haya alguno al que «se le olvide siempre cuando llegan las elecciones», en alusión al presidente José María Barreda, ha apostillado. EFE

En un año, los precios de los productos agrícolas y ganaderos han experimentado importantes oscilaciones tanto al alza como a la baja. Las frutas y hortalizas ponen los peores datos. La mayor caída la sufren el pimiento verde italiano y los tomates. Los productores han pasado de recibir 199,34 euros por 100/kg, en la semana del 4 al 10 de abril de 2010, a 66,68 euros 100/kg, en la misma semana de 2011, lo que supone un descenso del -66,5 por ciento. Lo mismo para el tomate que pasa de 98,71 euros/100 kg a 39,22, según los datos del último informe semanal de coyuntura del Ministerio de Medio Rural.

Importantes también han sido los retrocesos de los limones (-46,2 por ciento) y la patata (-44 por ciento). Además, aunque en la mayor parte de frutas y hortalizas bajan los precios encontramos datos positivos en la cebolla ( +33,7 por ciento), la manzana (+4,4 por ciento) y la judía verde (+1,06 por ciento).

El aceite presenta a la salida de la almazara datos al alza para el de girasol (+38,08 por ciento), para el aceite de orujo (+8,4 por ciento) y para el de oliva lampante (+0,2 por ciento). Sin embargo, cae el aceite de oliva virgen de 0,8 a 2 grados (-3,5 por ciento.

Los datos positivos los ponen los cereales y el vino. Sube la cebada pienso un +77,4 por ciento; el maíz (+59,5 por ciento) el trigo blando panificable (+58,6 por ciento); el arroz de cáscara (+35,3 por ciento); y alfalfa (+7,02 por ciento). El vino por su parte sube un +7,02 por ciento el blanco sin IGP y un +15,17 por ciento el tinto sin IGP.

En el caso de los productos ganaderos encontramos subidas generalizadas salvo para los huevos, tanto de clase M (-28,9 por ciento) como de clase L (-19,5 por ciento). Por su parte el porcino sube una media del +22 por ciento, el pollo un +12 por ciento y el conejo un +0,5 por ciento.

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente declaró, a través de un anuncio oficial, que los municipios de Pozo Cañada, Corral Rubio y Pétrola se suman a la zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.
Pozo Cañada tiene 117 kilómetros cuadrados de superficie; Corral Rubio tiene 95 y Pétrola, por su parte, tiene unos 72. Los tres forman parte de la comarca de la Mancha de Montearagón y, de hecho, son limítrofes con la propia Chinchilla.
Los tres, además, se caracterizan por tener espacios naturales de interés, siendo los más conocidos lagunas de tipo endorreico con gran riqueza de avifauna. Son además, municipios con una fuerte presencia de la actividad agraria, la cual deberá, a partir de ahora, respetar ciertas normas.
En virtud de esta ampliación y del programa de actuación paralelo, se regularán, a partir de ahora, el momento y forma de aplicación de los fertilizantes; en algunos casos, se prohibirán ciertos usos o prácticas, como la aplicación de fertilizantes nitrogenados en suelos desprovistos de vegetación, en períodos de lluvias, en pendientes de más del 20% o en las que sean de más del 10%, salvo que el laboreo, en este último caso, se haga bajo ciertas condiciones, como el uso de técnicas de agricultura de conservación.
El programa también establece la necesidad de mantener la máxima cobertura vegetal, prohibiendo el barbecho blanco y aboga por reducir el laboreo en otoño o una adecuada rotación de cultivos. También se recomienda, en el caso de regadíos, el uso de sistemas de fertirrigación.
También se marcan unos aportes máximos de nitrógeno, orgánico o mineral, la documentación y el control de los mismos.
Recordar que esta norma y los cambios asociados a la misma están relacionados un dictamen motivado de la UE emitido en octubre de 2010 por la Comisión Europea, por aplicación «incorrecta» de la Directiva 91/676/CEE, que obliga a los Estados miembros a controlar sus aguas y a determinar cuáles de ellas están contaminadas o podrían estarlo.
También impone designar como «zonas vulnerables a los nitratos» todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y que contribuyan a la contaminación.
En el caso de Castilla-La Mancha, la UE cuestionó el procedimiento para limitar la aplicación de fertilizantes a las tierras.    

EFE.- Fuentes del MARM han subrayado a Efeagro que se trata de casos «en los que la Comisión Europea considera que los controles realizados por las autoridades españolas no eran lo suficientes» o no reflejaban «todos los extremos recogidos en la normativa comunitaria» o incluso existen «diferencias de interpretación de la normativa».

Han recordado que estas correcciones financieras de la CE «son menos del 1,1 % de los gastos anuales» y que «si se consideran como un indicador de calidad de los pagos realizados, podemos decir que la práctica totalidad de los pagos se vienen realizando correctamente».

«Los ciudadanos pueden confiar en que su dinero está debidamente controlado», han remarcado.

En el caso de la ayuda a la producción del aceite, en el que la CE exige la devolución de 70,9 millones, han afirmado que «se trata de un régimen de ayuda que concluyó en la campaña 2004/2005 y ya no existe, y que los errores del extinto SIG Oleicola no se han repetido en el actual Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas)».

Las mismas fuentes han señalado que en las ayudas a las frutas y hortalizas, en las que pide la devolución de 37,2 millones, «es una cuestión de interpretación normativa (relativa a envases reciclables) sobre la que España y la Comisión no han llegado a un acuerdo», y sobre la que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las primas ganaderas, han indicado que corresponden a «las solicitudes de ayuda de los años 2003 y 2004, cuyas deficiencias en los controles ya han sido subsanadas».

Fuentes del MARM han recordado que los beneficiarios finales de las ayudas «no se ven afectados por estas correcciones financieras».

La Comisión Europea (CE) exigió hoy a España la devolución de 115,7 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas europeos, según informaron fuentes comunitarias.

Bruselas aprobó una «liquidación de cuentas» por la que reclama a España y a otros nueve países más el reembolso de dinero por considerar que ha habido «incumplimiento de las reglas o un control inadecuado» de las dotaciones de la Política Agrícola Común (PAC), según las fuentes.

La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo denunciaba ayer, a través de un comunicado de prensa, nuevamente la falta informativa y de transparencia con  que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM)trata a la cuenca del Tajo así como “la mordaza institucional que desde Murcia acepta el Ministerio que se nos imponga a los más directos usuarios ribereños del Tajo”.
    Ya que según señala la Plataforma desde hace una fechas se están llevando a cabo en todas la demarcaciones hidrográficas unas jornadas informativas al hilo de las próximas publicaciones de los Planes de Cuenca. Con ese motivo la Confederación Hidrográfica del Tajo había organizado para los días 4 y 5 de mayo sus correspondientes jornadas en el Ministerio de MARM.
   Sin embargo, tal y como explica la Plataforma en defensa del Tajo, “al Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no le ha gustado que a esas jornadas acudamos colectivos que trabajamos por recuperar la salud del Tajo a lo largo y ancho de su cuenca porque somos colectivos antitrasvasistas”, afirman.
    Ante esta situación que califican de “esperpéntica protesta”, el Ministerio ha cancelado la cita, además sin dar explicación a los que, según consideran desde la Plataforma, los afectados directos por las aguas de la cuenca del Tajo.

Dictados desde Murcia
“El MARM se ha sometido una vez más a los dictados que desde hace 80 años se elaboran desde los aparatos mafiosos del agua en Murcia”, aseguran en el comunicado desde dicha asociación.
    La asociación toledana en defensa del río Tajo narra que no es la primera vez que el Ministerio, “al dictado de los intereses mafiosos de Murcia”, ha negado a la Plataforma la participación y la locución en los trámites informativos y alegatorios más elementales.
Negativa bajo el pretexto de que no son  parte interesada de las aguas trasvasadas al mismo tiempo que sí se les reconoce a los usuarios levantinos ser parte interesada en la cuenca del Tajo.
   Asimismo y por último, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo denuncia públicamente estos atropellos institucionales y pide la colaboración ciudadana para que de una vez por todas se oiga nuestra indignación colectiva tantas veces ahogada por la falta de caudal y el exceso de contaminación con que se nos arrincona cuando acudimos en la defensa de nuestros derechos y de nuestro patrimonio natural.

La intención del Ejecutivo comunitario es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos lo que supondría la equiparación de gasóleo agrícola y convencional supondría una subida de al menos 30 céntimos/litro para el sector primario.

Madrid – Agrocope

El objetivo teórico de la Comisión Europea es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos y eliminar la condición especial del gasóleo agrícola, que es más barato que el de automoción al estar menos gravado con impuestos. En esencia, la Comisión propone eliminar el artículo 15 de la directiva del año 2003, por el cual se permite que los países miembros puedan aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en «labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales» y en todo caso, permite un nivel impositivo a los carburantes utilizados en este tipo de actividades productivas.

La medida, explica UPA, eliminaría el carácter fiscal especial del gasóleo utilizado en agricultura y equipararía su precio al gasóleo convencional, lo que, a juicio de UPA «sería el fin de muchos agricultores, que apenas pueden ya llenar el depósito del tractor«. Asimismo, supondría, según los servicios técnicos de la organización, una subida mínima de 30 céntimos por litro de gasoil.

Según UPA, un elemento más para la incertidumbre es la iniciativa comunitaria de incrementar la imposición a los carburantes más contaminantes: gasóleo y carbón. En este sentido, y a expensas de confirmar que el gasóleo agrícola no se viera afectado, supondría un incremento notablemente superior al anteriormente indicado por lo que las consecuencias que tendría sobre el sector agrario podrían ser definitivas.

UPA ha motivado el inicio de conversaciones entre el sector y los ministerios de Economía y de Medio Rural para conseguir consensuar una posición «clara, rotunda y firme» que evite mayores subidas el gasóleo agrícola que supondría aumentar aún más unos costes de producción «completamente desbocados». «En un contexto donde el propio Gobierno admite que la situación del sector agrario español es tan precaria que se hace necesario la devolución total del IEH no se entendería que se aplicaran estas iniciativas».

El Gobierno regional, representado por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, junto con los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas de Castilla-La Mancha, han entregado en Bruselas al presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, el documento de posicionamiento conjunto ‘Castilla-La Mancha ante los retos de la PAC más allá de 2013’.

Este documento recoge la posición común consensuada el pasado mes de febrero en el seno del Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha, tanto por las organizaciones agrarias de la Región, UPA, Asaja y Coag; Cooperativas Agro-alimentarias y el resto de agentes sociales y económicos relacionados con los sectores agrario y agroalimentario, «cuyo planteamiento pasa por una PAC fuerte, desde el punto de vista del presupuesto, y cada vez más orientada a los agricultores profesionales», informó la Junta.

El sector coincide en que en la reforma de la futura PAC se deben contemplar mecanismos claros y ágiles de intervención en los mercados «para que cuando existan dificultades en algunos sectores, las administraciones tengan capacidad de intervención».

Además, desde Castilla-la Mancha «se exigirá que los productos que provienen de terceros países cumplan la misma normativa en materia de seguridad alimentaria que se les pide a los productos elaborados por agricultores y ganaderos de la UE, para que puedan competir en igualdad de condiciones».

El documento realiza una apuesta, igualmente, por las políticas de desarrollo rural.