EFE.- Fuentes del MARM han subrayado a Efeagro que se trata de casos «en los que la Comisión Europea considera que los controles realizados por las autoridades españolas no eran lo suficientes» o no reflejaban «todos los extremos recogidos en la normativa comunitaria» o incluso existen «diferencias de interpretación de la normativa».

Han recordado que estas correcciones financieras de la CE «son menos del 1,1 % de los gastos anuales» y que «si se consideran como un indicador de calidad de los pagos realizados, podemos decir que la práctica totalidad de los pagos se vienen realizando correctamente».

«Los ciudadanos pueden confiar en que su dinero está debidamente controlado», han remarcado.

En el caso de la ayuda a la producción del aceite, en el que la CE exige la devolución de 70,9 millones, han afirmado que «se trata de un régimen de ayuda que concluyó en la campaña 2004/2005 y ya no existe, y que los errores del extinto SIG Oleicola no se han repetido en el actual Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas)».

Las mismas fuentes han señalado que en las ayudas a las frutas y hortalizas, en las que pide la devolución de 37,2 millones, «es una cuestión de interpretación normativa (relativa a envases reciclables) sobre la que España y la Comisión no han llegado a un acuerdo», y sobre la que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las primas ganaderas, han indicado que corresponden a «las solicitudes de ayuda de los años 2003 y 2004, cuyas deficiencias en los controles ya han sido subsanadas».

Fuentes del MARM han recordado que los beneficiarios finales de las ayudas «no se ven afectados por estas correcciones financieras».

La Comisión Europea (CE) exigió hoy a España la devolución de 115,7 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas europeos, según informaron fuentes comunitarias.

Bruselas aprobó una «liquidación de cuentas» por la que reclama a España y a otros nueve países más el reembolso de dinero por considerar que ha habido «incumplimiento de las reglas o un control inadecuado» de las dotaciones de la Política Agrícola Común (PAC), según las fuentes.

La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo denunciaba ayer, a través de un comunicado de prensa, nuevamente la falta informativa y de transparencia con  que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM)trata a la cuenca del Tajo así como “la mordaza institucional que desde Murcia acepta el Ministerio que se nos imponga a los más directos usuarios ribereños del Tajo”.
    Ya que según señala la Plataforma desde hace una fechas se están llevando a cabo en todas la demarcaciones hidrográficas unas jornadas informativas al hilo de las próximas publicaciones de los Planes de Cuenca. Con ese motivo la Confederación Hidrográfica del Tajo había organizado para los días 4 y 5 de mayo sus correspondientes jornadas en el Ministerio de MARM.
   Sin embargo, tal y como explica la Plataforma en defensa del Tajo, “al Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no le ha gustado que a esas jornadas acudamos colectivos que trabajamos por recuperar la salud del Tajo a lo largo y ancho de su cuenca porque somos colectivos antitrasvasistas”, afirman.
    Ante esta situación que califican de “esperpéntica protesta”, el Ministerio ha cancelado la cita, además sin dar explicación a los que, según consideran desde la Plataforma, los afectados directos por las aguas de la cuenca del Tajo.

Dictados desde Murcia
“El MARM se ha sometido una vez más a los dictados que desde hace 80 años se elaboran desde los aparatos mafiosos del agua en Murcia”, aseguran en el comunicado desde dicha asociación.
    La asociación toledana en defensa del río Tajo narra que no es la primera vez que el Ministerio, “al dictado de los intereses mafiosos de Murcia”, ha negado a la Plataforma la participación y la locución en los trámites informativos y alegatorios más elementales.
Negativa bajo el pretexto de que no son  parte interesada de las aguas trasvasadas al mismo tiempo que sí se les reconoce a los usuarios levantinos ser parte interesada en la cuenca del Tajo.
   Asimismo y por último, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo denuncia públicamente estos atropellos institucionales y pide la colaboración ciudadana para que de una vez por todas se oiga nuestra indignación colectiva tantas veces ahogada por la falta de caudal y el exceso de contaminación con que se nos arrincona cuando acudimos en la defensa de nuestros derechos y de nuestro patrimonio natural.

La intención del Ejecutivo comunitario es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos lo que supondría la equiparación de gasóleo agrícola y convencional supondría una subida de al menos 30 céntimos/litro para el sector primario.

Madrid – Agrocope

El objetivo teórico de la Comisión Europea es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos y eliminar la condición especial del gasóleo agrícola, que es más barato que el de automoción al estar menos gravado con impuestos. En esencia, la Comisión propone eliminar el artículo 15 de la directiva del año 2003, por el cual se permite que los países miembros puedan aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en «labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales» y en todo caso, permite un nivel impositivo a los carburantes utilizados en este tipo de actividades productivas.

La medida, explica UPA, eliminaría el carácter fiscal especial del gasóleo utilizado en agricultura y equipararía su precio al gasóleo convencional, lo que, a juicio de UPA «sería el fin de muchos agricultores, que apenas pueden ya llenar el depósito del tractor«. Asimismo, supondría, según los servicios técnicos de la organización, una subida mínima de 30 céntimos por litro de gasoil.

Según UPA, un elemento más para la incertidumbre es la iniciativa comunitaria de incrementar la imposición a los carburantes más contaminantes: gasóleo y carbón. En este sentido, y a expensas de confirmar que el gasóleo agrícola no se viera afectado, supondría un incremento notablemente superior al anteriormente indicado por lo que las consecuencias que tendría sobre el sector agrario podrían ser definitivas.

UPA ha motivado el inicio de conversaciones entre el sector y los ministerios de Economía y de Medio Rural para conseguir consensuar una posición «clara, rotunda y firme» que evite mayores subidas el gasóleo agrícola que supondría aumentar aún más unos costes de producción «completamente desbocados». «En un contexto donde el propio Gobierno admite que la situación del sector agrario español es tan precaria que se hace necesario la devolución total del IEH no se entendería que se aplicaran estas iniciativas».

El Gobierno regional, representado por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, junto con los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas de Castilla-La Mancha, han entregado en Bruselas al presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, el documento de posicionamiento conjunto ‘Castilla-La Mancha ante los retos de la PAC más allá de 2013’.

Este documento recoge la posición común consensuada el pasado mes de febrero en el seno del Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha, tanto por las organizaciones agrarias de la Región, UPA, Asaja y Coag; Cooperativas Agro-alimentarias y el resto de agentes sociales y económicos relacionados con los sectores agrario y agroalimentario, «cuyo planteamiento pasa por una PAC fuerte, desde el punto de vista del presupuesto, y cada vez más orientada a los agricultores profesionales», informó la Junta.

El sector coincide en que en la reforma de la futura PAC se deben contemplar mecanismos claros y ágiles de intervención en los mercados «para que cuando existan dificultades en algunos sectores, las administraciones tengan capacidad de intervención».

Además, desde Castilla-la Mancha «se exigirá que los productos que provienen de terceros países cumplan la misma normativa en materia de seguridad alimentaria que se les pide a los productos elaborados por agricultores y ganaderos de la UE, para que puedan competir en igualdad de condiciones».

El documento realiza una apuesta, igualmente, por las políticas de desarrollo rural.

Los alcaldes de las localidades albaceteñas de Peñas de San Pedro y Alcadozo se encerrarán en la delegación de la Junta para protestar por las facturas millonarias que les reclama la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por unas obras hidráulicas previstas en el Plan de Emergencia.

Los alcaldes de estos municipios, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, respectivamente, han anunciado esta tarde, en nota de prensa, que iniciarán el encierro después de Semana Santa y les acompañará la actual portavoz del PP de Pozohondo, Amparo Núñez, otro de los municipios afectados por estas obras.

El origen del conflicto que ha llevado a los alcaldes a tomar esta decisión son los nueve millones de euros que la CHJ les reclama por unas obras hidráulicas de conexión con la Estación de Transferencia de Agua Potable de Albacete (ETAP) previstas en el Plan de Emergencia y ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los alcaldes han señalado que realizan este encierro después de «más de tres años de gestiones infructuosas» con las Administraciones implicadas en las obras de conexión de estos municipios con la ETAP de Albacete.

Han recordado que el BOE reclama a los tres ayuntamientos implicados, Peñas, Alcadozo y Pozohondo, «la suma de casi nueve millones de euros, por unas obras ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, a propuesta de la Junta de Comunidades».

Los alcaldes citados, además de la teniente de alcalde de Pozohondo, Amparo Núñez, han señalado que también remitieron una carta a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el pasado 28 de febrero, solicitando una reunión urgente.

Han lamentado que, desde entonces, «ni el presidente de la Junta, José María Barreda, ni su delegado en Albacete, Modesto Belinchón, ni nadie del Gobierno de España» se ha puesto en contacto con ellos.

«Ni tan siquiera nos contestan, por lo que no nos dejan más camino que el de encerrarnos en la delegación de la Junta», han concluido.

Desde hace tiempo, los alcaldes y la portavoz popular de los citados municipios vienen realizando acciones de protesta para impedir que sus ayuntamientos tengan que hacer frente a estas facturas millonarias. EFE

El programa de control y seguimiento de la calidad del agua del trasvase Júcar-Vinalopó que la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) está llevando a cabo, desde hace más de un año y mediante inspecciones periódicas, confirma que la calidad de los caudales que se están almacenando en el embalse de San Diego, en el término de Villena, son aptos para riego de cultivos pero no para consumo humano.
Del seguimiento de las analíticas realizadas hasta la fecha se concluye que la calidad del agua tomada en el bajo Júcar, en el Azud de la Marquesa concretamente, y trasegada hasta Villena no presenta excepciones a priori para su uso en agricultura. Desde Acuamed se indica a este respecto que una buena muestra de ello son los tradicionales aprovechamientos agrícolas de la Ribera del Júcar, que vienen usando estos mismos recursos hídricos de forma satisfactoria.
En cuanto a la potencialidad de ser empleadas también en el abastecimiento humano no se presentan excepciones aunque, según se puntualiza desde la entidad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, debe entenderse que como todas las aguas que discurren por los cauces naturales, y las del trasvase lo son, debe realizarse antes de su consumo por prescripción de la legislación sanitaria un tipo de tratamiento específico que adecúe sus características para convertirla en agua potable. «De igual manera que se viene haciendo con las aguas de la misma procedencia en la cuenca del Júcar para el abastecimiento del área metropolitana de Valencia», se puntualiza desde Acuamed.
Desde que se iniciaron los bombeos para la puesta en carga del embalse de San Diego se realizan periódicamente en este punto los mismos controles que en el Azud de la Marquesa, donde se encuentra la toma de las aguas superficiales del trasvase Júcar-Vinalopó. Las valoraciones se realizan en función de los posibles usos, según la legislación vigente y en coherencia con los otros criterios de clasificación que se adoptan en el marco de la campaña de seguimiento de Acuamed. Unos parámetros que se complementan con los datos que a su vez ofrece la Red Integral de la Calidad de las Aguas que explota la Confederación Hidrográfica del Júcar. De esta manera se aprovechan las determinaciones analizadas en el marco de los programas de control del organismo de cuenca, logrando así una única muestra que permite un completo diagnóstico de la calidad del agua en el Azud de la Marquesa. En este contexto, la evaluación de la aptitud del líquido elemento aborda con especial detenimiento la presencia o no de sustancias prioritarias y de otros laguicidas, nutrientes y clorofila.
Toda esta información facilitada por la entidad estatal contradice, por tanto, lo que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja ha venido manifestando sobre la calidad del agua desde que los primeros caudales llegaron a la balsa de San Diego, que está ahora en fase de llenado y almacenará antes del verano 12 millones de metros cúbicos. Los regantes aseguran que está contaminada y se niegan a regar sus campos con ella aunque los informes oficiales lo niegan con rotundidad.

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha otorgado a a la empresa Ciener SA, filial de Iberdrola, la autorización para la construcción de una central hidroeléctrica denominada «Tous del Río» y que aprovechará los caudales regulados del embalse destinados al regadío de la Ribera.
El aprovechamiento hidroeléctrico de Tous, que Iberdrola reclama apoyándose en una concesión de 29 de agosto de 1934, se completa con otra central situada en las proximidades y que aprovecharía los caudales del Júcar liberados a través del Canal Júcar-Túria con destino al regadío y al abastecimiento de Valencia.
La producción estimada para el conjunto de las centrales «Tous del Río» y «Tous del Canal» es de 33.300 GWh/año y la potencia total autorizada es de 34.695 KW. Fuentes de Iberdrola dijeron que entre ambas instalaciones podría abastecerse a una ciudad de unos 50.000 habitantes.
Ambas centrales estaban previstas en el proyecto inicial de la presa de Tous y suponen cerrar el aprovechamiento hidroeléctrico del río Júcar, que quedaría casi en exclusiva en manos de Iberdrola después de que la compañía haya obtenido también el aprovechamiento de pie de presa de Alarcón. Recientemente también, la compañía ha remodelado la central de Contreras para reducir e impacto de la turbinación sobre el río Cabriel.
Según fuentes de Iberdrola, la fecha estimada para el inicio de las obras «una vez obtenidas las ultimas autorizaciones»-al parecer la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha finalizado el expediente- sería el segundo semestre del año 2013. Las tomas están hechas, así como parte de las conducciones y solo faltaría la instalación de las turbinas
La central autorizada ayer por la conselleria en el ámbito de sus competencias está formada por dos grupos con capacidad para turbinar 6 y 24 metros cúbicos por segundo. De este modo, Iberdrola se garantiza la flexibilidad de la explotación tanto para pequeños caudales como para los que se liberan en primavera y en época estival para atender todas las demandas del regadío de la Ribera y el llenado del arrozal de la Albufera.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha declarado legal el trasvase de agua del Tajo-Segura para la supervivencia de las plantaciones leñosas y ha desestimado, de esta forma, un recurso interpuesto por la Asociación de Municipios Ribereños.
Asimismo la sentencia desestima el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, así como la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental antes de la aprobación del trasvase y la infracción del Plan Hidrológico del Tajo como consecuencia del trasvase.
El recurso contencioso administrativo fue interpuesto por dicha asociación contra el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 16 de enero de 2009, que autorizó el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo-Segura para el riego que garantizase la supervivencia de las plantaciones leñosas.
En concreto, el recurso pedía la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros y, en consecuencia, del trasvase autorizado, lo que fue respondido por las representaciones legales de la Comunitat Valenciana y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Internacionalización
La Asociación de Municipios Ribereños sostenía en el recurso que los trasvases «alteran el nivel de los embalses y tienen una importante repercusión ecológica, desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas especies, así como desde la perspectiva del paisaje».
Al entender que ninguna de las disposiciones legales nacionales contempla la necesidad de realizar la evaluación de impacto ambiental para desembalsar agua ni medida correctora alguna, la asociación instó a aplicar directamente las directivas comunitarias, alegando que el conflicto «no puede resolverse únicamente aplicando la legislación nacional».
El Tribunal Supremo considera esta petición «improcedente» ya que lo que se pretende «no es que el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas se pronuncie sobre la interpretación o validez de una norma comunitaria, sino que se aplique un determinado marco normativo al caso, lo que es tarea encomendada al juez nacional».

El delegado del Gobierno reconoce el aumento, mientras que hay colectivos, como los regantes, que han contratado seguridad

Barreda reclama más guardia civil en los pueblos para acabar con la oleada de delincuencia que sufre el campo

El presidente regional, José María Barreda, calificó ayer de «intolerable» el aumento de los robos en las zonas rurales y pidió al Gobierno que incremente la vigilancia y que, si para ello, tiene que ampliar la plantilla de la Guardia Civil «que lo haga».

Barreda hizo estas declaraciones en Ciudad Real, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, añadiendo que «la Guardia Civil tendrá que reforzarse, ampliar su plantilla, hacer lo que deba» para solventar la situación de la delincuencia en el campo.

Estas consideraciones de Barreda se produjeron después de que la organización agraria Asaja tachase de «olla a presión» el clima de tensión que se vive en provincias como Ciudad Real, tras los numerosos robos que están sufriendo los agricultores y ganaderos. Al respecto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano , reconoció que están aumentando los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y que son la preocupación «principal» de su departamento. Durante la presentación de los datos de criminalidad y delincuencia en 2010 en Cuenca, Díaz Cano declaró que a finales de 2010 y comienzos de 2011 «se viene produciendo un incremento del robo en las explotaciones agrícolas».

Experiencia piloto

Cabe recordar que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha puesto en marcha una experiencia piloto para proteger a los agricultores de los robos que sufren en sus explotaciones. Algunos, según explicó en su momento el presidente de la entidad, Francisco Belmonte, han sido víctimas de hasta cinco episodios de este tipo en un año, algo que, según explicó, hace inviable la actividad agrícola.

El plan se ha iniciado en una zona en la que los regantes se han unido para contratar una empresa de seguridad privada que, llegado el caso, avisa a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el objetivo es poder extender el servicio al resto de explotaciones, afirmó el presidente de la Junta Central de Regantes.

Los ladrones se llevan el cobre de los sistemas de riesgo y, últimamente, hasta el latón de la cabeza de los aspersores.

A finales del pasado año, una veintena de agricultores de la zona de la carretera de Murcia también se unieron para costear un servicio de seguridad privada, hartos de tanto robo. Llegó un momento que los agricultores se cansaron de lamentarse, pues los robos les causaban daños muy importantes económicamente.

La directora del Agua ordenó ayer suspender unas jornadas sobre caudales ecológicos de sesgo antitrasvasista

La Confederación del Tajo sigue con su estrategia de cercenar el acueducto

El organismo que dirige una exconsejera de Barreda intentó poner reservas estratégicas; y patrocina actos que cuestionan el canal

La directora general del Agua del Ministerio, Marta Morén, ordenó ayer suspender las jornadas nacionales sobre caudales ecológicos después de la noticia publicada por ‘La Verdad’ que recogía la protesta de los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Estos calificaron de provocación la iniciativa auspiciada por el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que una de las jornadas estaba dedicada a los caudales ambientales del Tajo en el nuevo plan de cuenca y la mayoría de participantes exigen el cierre del canal. José Manuel Claver, presidente del Sindicato de Regantes, subrayó que estas jornadas se iban a celebrar en plena campaña electoral (los días 4 y 5 de mayo en Madrid). Claver recibió ayer una llamada de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Charo Quesada, informándole de que las jornadas se habían suspendido. La demarcación del Tajo no dio información.

Marta Morén, por su parte, confirmó la suspensión explicando que cualquier jornada de estas características debe ir en paralelo al proceso de información pública de los planes de cuenca. Morén estaba entre los participantes y debía inaugurar el acto. Como publicó ayer este diario, el debate sobre el caudal ecológico del Tajo estaba monopolizado por ponentes opuestos al Trasvase. Además de la presidenta y del jefe de la oficina de planificación de esta cuenca, figuraban el director del Centro Regional de Estudios del Agua de Castilla-La Mancha, que ha realizado varios informes en contra del acueducto, así como un representante de WWF-España y la presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Éste es el último intento por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo para poner en tela de juicio el acueducto. Es la segunda vez, al menos, que el Ministerio de Medio Ambiente corrige iniciativas de este organismo que preside Mercedes Gómez, que fue consejera de José María Barreda. En la ocasión anterior hizo una «corrección de errores» del Esquema de Temas Importantes del plan del Tajo introduciendo reservas genéricas en los pantanos de cabecera, de donde parte del Trasvase. Marta Morén señaló entonces que iba a dejar sin efecto esos cambios de calado que se habían hecho al margen del proceso de planificación y sin contar con los órganos de gobierno. El Sindicato de Regantes exigió las dimisiones de Gómez y del jefe de la oficina de planificación, Bernardo López-Camacho. Paralelamente, esta Confederación promovió otros actos en Talavera de la Reina contrarios al Trasvase.

Una larga lista

La directora general del Agua comentó que su última visita a Murcia que su departamento iba a controlar el nuevo plan de cuenca del Tajo por todo lo que hay en juego.

Mercedes Gómez asumió la presidencia del Tajo el verano pasado sustituyendo a José María Macías. Barreda lo consideró un triunfo, dando por hecho que se imponían los criterios de Castilla-La Mancha para la regulación de esta cuenca. Previamente, dicha confederación autorizó nuevas concesiones para Madrid y Toledo con cargo a la cabecera del Tajo con un trámite irregular. Asimismo, expulsó al director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, de una reunión sobre el plan de cuenca. Los regantes del Trasvase fueron convocados a otra mesa de trabajo con el mismo fin, que después se suprimió sin dar explicaciones.