El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, aseguró ayer que los últimos estudios disponibles sobre los efectos del Cambio Climático en las cuencas mediterráneas apuntan a que la cuenca del Júcar podría alcanzar un déficit de 1.000 hectómetros cúbicos al año que provocaría «una situación dramática».
José Alberto Comos ratificó ayer el acuerdo de la institución que preside con el Laboratorio Universitario Climatológico que dirige el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Jaime I de Castelló, José Quereda. Gracias a este acuerdo, el laboratorio dispondrá de una red de 15 puntos de medición distribuidos por toda la Comunitat Valenciana y podrá ampliar sus estudios sobre los efectos del cambio climático, concretamente sobre la cuenca del río Júcar.
Según recoge el último informe del Laboratorio Universitario Climatológico sobre los efectos del cambio climático en las cuencas mediterráneas, «el incremento de 1º de temperatura y la reducción de un 5% en las precipitaciones, previstos para la Comunitat Valenciana en los modelos establecidos, hacen prever una disminución de los recursos hídricos en la cuenca del río Júcar de entre un 25% y un 40%, lo que significa que podría alcanzar un déficit hídrico de 1.000 hm3» subrayó Comos.
Por su parte, José Quereda subrayó que «todavía estamos a tiempo de prevenir y poner solución a los efectos del cambio climático». El investigador, que ha conseguido «restaurar» las series climáticas históricas de observatorios valencianos, afinando y corrigiendo los datos disponibles, apuntó que «en un par de semanas los nuevos medidores estarán listos para ir aportando información».
El nuevo convenio permitirá ampliar los estudios sobre los efectos del cambio climático en toda la cuenca del río Júcar, según destacó José Alberto Comos.

Talavera de la Reina (Toledo), 31 mar (EFE).- La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, ha recalcado en Talavera de la Reina, como también dijo ayer en Elche (Alicante), que si el PP gobierna en España pondrá en marcha un plan hídrico nacional y tendrá una política del agua que no sea «engañar y mentir».

Cospedal ha participado hoy en un almuerzo con militantes en Talavera de la Reina junto al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el candidato del PP a la Alcaldía talaverana, Gonzalo Lago.

Ha explicado que el PP es «un partido nacional» que ha elaborado una campaña con un programa electoral «que vale para toda España» aunque tenga peculiaridades en los distintos municipios y comunidades autónomas.

En este sentido se ha referido al agua: «ayer lo hice en Alicante y hoy en Talavera. Cuando el PP gobierne tendremos una política del agua que no consistirá ni en engañar ni en mentir, sino en que tengamos agua de calidad y en cantidad y un plan hídrico nacional actualizado a la situación actual».

Ha añadido que Castilla-La Mancha tiene derecho al agua que pasa por su territorio y «todas las regiones de España tienen derecho a la solidaridad en materia de agua».

La también secretaria general del PP ha recalcado que la prioridad de su partido es la creación de empleo y ha avanzado que si gana las elecciones de mayo pondrá en marcha «inmediatamente» un plan de choque para la recuperación económica de Talavera de la Reina.

María Dolores de Cospedal ha destacado que este momento es «de esperanza, alegría e ilusión» para los militantes y simpatizantes del Partido Popular, pero les ha pedido «trabajar» para que «éso que dicen las encuestas» se haga realidad.

Por su parte, Gonzalo Lago ha lamentado el desempleo que hay en Talavera de la Reina pese a ser «una ciudad de emprendedores», ha apuntado, y ha recibido aplausos cuando ha hablado de los problemas de agricultores y ganaderos.

Lago, que es médico de profesión, ha hecho un símil entre política y medicina y ha apuntado que «Zapatero es un auténtico cuadro clínico que hay que tratar». EFE lsy

Ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida quisieron votar ayer a favor de la moción que presentó el PSOE en defensa de tres aspectos del proyecto de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha. No porque no estuvieran de acuerdo en algunas cuestiones, como el eximir a la ciudad de Albacete del pago de cualquier compensación a los regantes valencianos por beber agua del embalse de Alarcón, que es uno de los argumentos principales que utilizaron los socialistas para defender su propuesta. Sino porque PP e IU coincidieron en que este debate se planteaba por la cercanía de las elecciones y para tratar de sacar rédito en las urnas.

Este proyecto de Ley, que fue registrado el miércoles en el Congreso de los Diputados por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, debe recibir el visto bueno del Parlamento nacional. Algo que la portavoz de IU, Rosario Gualda, se mostró convencida no conseguirá, «esta ley tiene un recorrido muy corto, no será aprobada», aseguró, y a continuación se quejó de que el PSOE le pidiera su voto en el pleno del Ayuntamiento, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha molestado ni tan siquiera en consultar a su formación a la hora de redactar la ley. «Después del paripé del último pleno en las Cortes, donde se aprobó esta ley, es evidente que lo que se pretende es hacer un uso partidista del agua», se lamentó Gualda, que trató de hacer un repaso histórico de este asunto y censuró que PSOE y PP digan que quieren acabar con el trasvase Tajo-Segura y luego saquen adelante la conexión del Talave-Cenajo que garantiza la continuidad de este trasvase.

¿De quién es la culpa?

Desde las filas del PP, Juan Marcos Molina, trató de defender la enmienda a la totalidad que presentó su grupo en las Cortes y que en el pleno del Ayuntamiento también fue rechazada. Y, a continuación, aseguró que el «problema del agua en Castilla-La Mancha no es otro que Barreda y el PSOE que lleva 30 años gobernando sin haber conseguido resolverlo y culpándolo a los demás».

Ramón Sotos, portavoz del PSOE, dijo que si no se había resuelto es «porque el PP no ha querido», porque Castilla-La Mancha era la única comunidad de España donde el gobierno no había contado con el apoyo de la oposición para reformar el Estatuto de Autonomía resolviendo el problema del agua, «y eso ocurre aquí porque Cospedal tiene otros intereses como secretaría general del PP, los de Murcia y Valencia».

La Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (ASAJA) ha rubricado un convenio de colaboración con Caja Rural de Toledo. Se trata de un acuerdo regional que, con una periodicidad anual y un límite de 30 millones de euros, persigue impulsar la mejora del sector agropecuario de la Región, con el establecimiento de una serie de mecanismos que permitirán poner a disposición de los interesados una mejor financiación de sus actividades.
Cerca de 42.000 agricultores tendrán acceso a unas líneas de financiación que permitan el desarrollo, la ampliación y a la creación de empresas. «La Caja Rural de Toledo firma este convenio porque quiere y porque puede», afirmó Rafael Martín Molero, director general de la Caja, que añadió cuál es la principal novedad de este acuerdo: «incluye un préstamo para la campaña 2011 destinado a agricultores y ganaderos con explotaciones ubicadas en Castilla-La Mancha que reciban ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía». Además, se incluye la posibilidad de adelantar a los agricultores y ganaderos el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de este año con la opción de devolverlo en cinco años a un tipo de interés muy preferente.
Por su parte, José María Fresneda, secretario general de ASAJA CLM, recordó que a la Región llegan mil millones de euros de ayudas europeas, unas cantidades que se domicilian en las entidades bancarias sin pedir nada a cambio, por esa razón, exigen que «se deje atrás la época de los regalos y del albornoz» y se ayude con otras ventajas a un sector que «permanentemente le inyecta liquidez al sistema financiero». Fresneda invitó a los representantes de la Caja Rural a acompañarles a Bruselas el próximo día 10 para defender su postura con respecto a la PAC.

las posibles fusiones. El director general de Caja Rural de Toledo se mostró tajante a la hora de hablar de las posibles fusiones de su entidad, algo en lo que aseguró «no nos preocupa y medio nos ocupa».
Martín Molero afirmó que «tenemos muy claro que antes de casarnos con nadie vamos a mirar las novias no se sabe de que forma, porque luego pueden que no sean lo que nosotros habíamos pensado» y recordó que la Caja que dirige es «absolutamente privada» y exigirá «profesionalidad».

María Dolores de Cospedal dijo ayer que, hasta dónde ella sabe, los plazos para la Ley del Agua de Castilla-La Mancha «no son los más adecuados». La presidenta del PP de Castilla-La Mancha declaró que supone que esto «lo sabrá muy bien» Barreda y ha dicho que «tampoco» sabe si el presidente regional «va a hacer lo que hizo con el Estatuto, retirarlo». «No sé lo que puede pasar con ese proyecto», dijo a los periodistas, quien añadió que «eso lo sabrá el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y lo sabrá el señor Barreda», a menos que «lo piense retirar como lo hizo con el Estatuto», concluyó.

Barreda, por su parte,opinó que la posición de Cospedal no sólo se debe a Castilla-La Mancha sino «a otros intereses», a los que, en su opinión, se pliega. Recordó que Murcia dijo que esta ley sería «letal» para su región.

El Ayuntamiento fue condenado a pagar más de un millón de euros por abastecerse de este embalse en sequía, algo con lo que acaba esta norma

Barreda entregó ayer al Congreso para su toma en consideración este proyecto legislativo

Antes de tomarse un café con José Bono, en un despacho que muchos ya denominan «el confesionario» por las muchas visitas que el presidente del Congreso atiende en él cada miércoles, el presidente de la Junta, José María Barreda, se presentó en el Registro de la Congreso de los Diputados para entregar la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes autonómicas este lunes en un accidentado pleno en el que no estuvieron presentes los diputados del PP.

«Me hubiera gustado que hoy [por ayer] estuviéramos en el registro del Congreso la señora De Cospedal y yo», declaró Barreda, mostrando así su deseo de que esta nueva norma hubiese salido de las Cortes con el voto a favor también del Partido Popular.

El PP llegó a presentar una enmienda a la totalidad a esta Ley, que fue rechazada por la mayoría socialista. Una enmienda, que según dijo ayer el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, perjudicaba a la ciudad porque suprimía tres aspectos recogidos en esta ley que benefician a Albacete.

Hoy, a debatir en el pleno

Hoy, los socialistas, trasladarán este debate al pleno del Ayuntamiento de Albacete, «espero que aquí la señora Bayod desoiga a sus compañeros diputados del PP y vote a favor de esta moción», emplazó el concejal socialista a la portavoz municipal del PP. «En Albacete tenemos más de 45.000 hectáreas de regadío, una parte gestionada por pequeños regantes que están muy pendientes de lo que pase con esta Ley del Agua», aseguró Sotos, que destacó las «aspiraciones» albaceteñas que recoge este texto legal.

Según detalló, si se aprobase esta ley, al Ayuntamiento de Albacete ya no se le podría exigir el pago de ninguna compensación económica en favor de los regantes por abastecerse con agua del Júcar.

Hay que recordar que hace un año el consistorio albaceteño se vio obligado a recurrir al Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que le condenaba a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua del embalse de Alarcón entre 2005 y 2008, años de sequía en los que la presa se quedó por debajo de un volumen de reserva mínimo preestablecido.

En esta ocasión, PSOE, PP e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en que la ciudad de Albacete no tenía por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola por coger agua del embalse en tiempos de sequía.

Un pago que está previsto en el llamado convenio de Alarcón, un texto en el que el Ministerio de Medio Ambiente permitió fijar a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones si alguien cogía de ese agua. Y que amparó el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998, donde se recogen los usos del embalse de Alarcón y se admite la prioridad de los riegos tradicionales de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pues bien, el texto de la Ley del Agua aprobado el lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha establece que en aplicación del «principio de prelación de usos consagrado en la legislación vigente», es decir, el agua primero para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos, se deben aprobar unas «normas de explotación» en la cuenca del Júcar que garanticen que el abastecimiento es prioritario y que «en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete, ni a ningún otro municipio de la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad».

Junto a este cambio en las normas de explotación del Júcar, los socialistas consideran muy positivo para Albacete que en la Ley del Agua se pida que en la cuenca hidrográfica del Júcar los balances de recursos y demandas «se hagan para cada una de las cuencas», es decir, que a la hora de echar cuentas sobre el agua que hay y la que se necesita se hagan los cálculos «río a río» y no «como quiere el Gobierno de Valencia, mezclar todas las aguas y que eso le siga beneficiando».

El tercer y último aspecto que Ramón Sotos valoró del nuevo texto legal es que en los órganos de planificación hidrológica la comunidad autónoma esté presente conforme a los «criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial». Recordó, a este respecto, que entre Albacete y Cuenca, «tenemos el 73% de la cuenca del Júcar».

Esta Ley del Agua, sin embargo, sólo es un proyecto que ha dado su primer paso, pues tras ser entregada ayer por Barreda en el registro del Congreso debe ser tenida en consideración por los diputados. El presidente de Castilla-La Mancha confió en que el texto tenga un mejor futuro mejor que el estatuto de autonomía, que no prosperó, y subrayó que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».

Estado autonómico

Barreda declaró a los periodistas que para su elaboración, su Gobierno ha tenido «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos de autonomía aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.

El presidente recordó que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación» del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua , antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, de un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», subrayó.

Barreda recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. En definitiva incluye, prosiguió el presidente castellanomanchego, lo que se planteaba en el estatuto de autonomía que finalmente no salió adelante por la falta de apoyo del Partido Popular.

Insistió en que el tema del agua es «fundamental» para Castilla-La Mancha -comunidad que está afectada por siete cuentas hidrográficas- y consideró una «disfunción» el hecho de no contar en los órganos de gestión del agua .

Preguntado sobre si cree que a esta ley le espera un futuro mejor, ha dicho que sí porque ahora hay más precedentes de fallos del Constitucional y estatutos que están funcionamiento en los que «se recogen cosas exactamente iguales a las que decimos nosotros». «Yo no veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», apostilló.

El secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, ha indicado que la Ley del Agua debe establecer que «Castilla-La Mancha sea la única que gestione su agua» y evitar que se vaya ni una gota de agua a ningún sitio», y ha añadido que «no tenemos que hablar con nadie para que los agricultores aprovechen el agua que pasa por la región, porque es recurso propio de la Comunidad Autónoma».

   Así ha contestado Fresneda a preguntas de los medios sobre la Proposición de Ley del Agua de Castilla-La Mancha que el presidente regional, José María Barreda, acompañado del presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, ha entregado en el Congreso de los Diputados, indicando que ASAJA apoyará la Proposición «si es el instrumento» para que la Comunidad sea la que establezca la forma de gestionar los recursos de las cuencas regionales.

   En este sentido, Fresneda ha recordado que ASAJA viene defendiendo esta postura desde hace treinta años «sin entrar en debates políticos ni electorales en materia de agua».

   En cualquier caso, el secretario general de ASAJA ha criticado la posición de las fuerzas políticas porque «el debate sobre la Ley del Agua huele a no querer hacer nada», destacando la gravedad de la situación para una región «cuya fuente principal de riqueza es la agricultura, que necesita el agua para producir».

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha señalado que la Ley de Agua de Castilla-La Mancha es «un ataque frontal a la Constitución Española», por lo que ha considerado que va a tener «un camino de ida y vuelta» y su retirada «va a ser muy rápida».

   En este sentido, ha señalado que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, fue este martes «muy claro y mandó un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos». Así, ha reiterado que el Gobierno regional utilizará «todos los medios que estén a su alcance y de todos los ciudadanos de la Región para impedir que esta Ley prospere».

   Al respecto, ha recordado que «ha habido reiteradas sentencias del Tribunal Supremo cada vez que se ha realizado un trasvase, así como las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que dicen lo que el Gobierno murciano siempre ha dicho, es decir, que los ríos son de todos los españoles y que, por lo tanto, es competencia exclusiva del Estado su regulación».

   Reverte ha lamentado que «hemos perdido siete años magníficos desde que Zapatero llegó al poder en 2004, cuando ya teníamos un Plan Hidrológico Nacional (PHN) y, desde entonces, no es que no se haya hecho nada, sino que se ha perjudicado el consenso con el que se había acordado ese Plan».

La secretaria general del PP y candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer en Elche que «en el PP todos nos consideramos, antes que nada, españoles y cuando el PP gobierne en España y vuelva el sentido común», junto con los gobiernos autonómicos populares de Camps en la Comunidad Valenciana y de ella en Castilla-La Mancha, «tendremos la mejor política del agua para toda España y para todas las comunidades. La política del PSOE sólo ha servido para provocar división entre comunidades y eso se va a acabar. Habrá agua para todos porque hay agua para dar a todas las comunidades».
Ésa fue la referencia a la polémica del agua y del Trasvase Tajo-Segura que hizo ayer De Cospedal, quien intervino en el acto de proclamación de Mercedes Alonso como candidata del PP en Elche. Entre el público que abarrotaba el Centro de Congresos de Elche se escuchó en alguna que otra ocasión el grito de «¡Agua!» a lo que la secretaria del PP contestó que «sí, eso también es el cambio del PP».
Antes, el presidente regional del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, también hacía una referencia insinuante al problema del agua, pero sin herir sensibilidades de la secretaria general de su partido y sin citar expresamente la Ley del Agua aprobada por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha con la ausencia de los diputados populares. «Castilla-La Mancha es una comunidad hermana y entre hermanos e iguales en una misma familia todo tiene solución, hasta aquello que nos ha preocupado todos estos años y nunca entendimos por qué ocurría».

De «tramas e historias»
El caso Gürtel también salió en el discurso de la secretaria del PP al manifestar públicamente un respaldo a Camps. «Paco, sé que lo has pasado muy mal. Has sufrido un ataque personal y un asedio indigno. Quiero que sepas que el PP de toda España está contigo», le dijo entre una cerrada ovación de los asistentes. Acto seguido añadió que «aquí hay algunos que están entretenidos en montar tramas y contar historias, mientras que se preocupan menos de solucionar el paro. La campaña sucia que han hecho no les va a servir de nada», indicó.
El resto del discurso de María Dolores de Cospedal estuvo marcado más por un tono en clave nacional, con alusiones al paro, una promesa de bajada de impuestos (incluido el IVA turístico que pidió José Joaquín Ripoll, el presidente provincial del PP, en su intervención), el caso Faisán y las críticas al ministro Rubalcaba o la reforma de la Ley del Aborto. «El PSOE siempre pone en peligro los servicios sociales y crea paro. El PP representa hoy el cambio para que vuelva la esperanza, el futuro y la prosperidad», apuntó.
Camps, por su parte, recordó que Mariano Rajoy obtuvo el apoyo necesario en Elche, precisamente, para ser candidato a la Presidencia del Gobierno de la nación; acusó a Zapatero de haber provocado durante su mandato tensión, crispación y afán independentista; dijo que quería a Elche «hasta los tuétanos» y comentó que había hablado «mil quinientos millones de veces con Mercedes Alonso de los problemas de la ciudad de Elche».
Por su parte, la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, denunciaba ayer que la secretaria de los populares «viene a avalar la corrupción en la Comunidad Valenciana, como ya lo hizo el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace unas semanas».

Ripoll asegura que el reto de ganar en Elche se tiene que conseguir
El presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer que a los populares sólo les quedan dos retos en la Comunidad: «Mejorar los resultados electorales y ganar en Elche. Esos retos los tenemos que conseguir». Ripoll se refirió especialmente a las pequeñas y a las medianas empresas y al sector turístico en Alicante. «Es el único sector que mantiene el nivel de empleo. Si no fuera por el turismo habría una auténtica crisis social», aseguró. Las alcaldesas de Alicante, Elda y Orihuela arroparon también a Mercedes Alonso.

Alonso busca la mayoría con el apoyo de los que «nunca nos han votado»
La candidata del PP en Elche, Mercedes Alonso, afirmó que Elche no va a seguir siendo una isla socialista entre gobiernos populares, como antes había señalado el diputado nacional Federico Trillo. Alonso, con el cartel «Hui més que mai», lanzó ayer su mensaje de la necesidad de un cambio en Elche tras 32 años de gobierno socialista y, para ello, según anunció, «pediré el voto a personas de otras orientaciones ideológicas que nunca nos han votado. En estas elecciones se elige entre la resignación del PSOE y la ilusión del PP», manifestó.

«Los dirigentes del PP no ha venido a apoyar esta Ley, pero está consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, con la CEOE, con UGT y CCOO, con los regantes y con el movimiento cooperativo… Es el resultado del consenso con la sociedad de Castilla-La Mancha». Con estas palabras, Barreda hacía entrega ayer del texto de la Ley regional del Agua al registro del Congreso, junto al presidente de las Cortes, Francisco Pardo.
«Para mí, como presidente de Castilla-La Mancha, el agua es un tema importante», y recordó que el lunes se aprobó en las Cortes el proyecto de Ley del Agua a pesar de la polémica provocada por el Grupo Parlamentario Popular. «Me hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad y que estuviéramos en el registro del Congreso la señora Cospedal y yo», añadió.
Indicó que, de la misma manera que se quedó solo en el hemiciclo del Congreso en la defensa del Estatuto hace ahora prácticamente un año, a día de hoy tampoco ha recibido el apoyo del PP en la defensa del agua para CLM con esta ley. «Para ocultar que la señora Cospedal no quiere hablar de agua en las Cortes, los miembros de su grupo organizaron un desprecio con pancarta», apostilló. También confió en que la Ley tenga un futuro mejor que el Estatuto de autonomía, que no prosperó, subrayando que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».
Para su elaboración, aclaró, se ha tenido en «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.
Aseveró que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación” del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua, antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al Estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, que es un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», dijo.
Recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. «No veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», concluyó.