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Una serie de testigos y válvulas alertan incluso por móvil cuando se produce una avería o cuando un colector está a punto de desbordarse

El sistema de detección de fugas de agua en tiempo real empieza a dar resultados

Aguas de Albacete ha montado un avanzado centro de control que posibilita localizar en tiempo real posibles fugas que puedan darse en la red de 463 kilómetros de tuberías que hay enterradas bajo el asfalto de la ciudad y por donde a diario circulan unos 44 millones de litros de agua, ahí es nada.

Esta red de kilómetros y kilómetros de tuberías, se ha dividido en 13 sectores hidráulicos, como si fuesen 13 mini ciudades, más fáciles de manejar. El agua entra a cada uno de estos 13 barrios por unas válvulas que constantemente están enviando una señal al centro de control, instalado en la estación potabilizadora. En tiempo real, se puede saber cuánta agua entra y con qué presión llega.

Cualquier alteración en estos dos parámetros sin causa justificada, un exceso de consumo o una bajada en la presión, enciende la luz de alarma y permite detectar la existencia de una fuga o avería en el suministro. Es más, el sistema no sólo envía datos al centro de control, sino que alerta a los responsables con un SMS a su teléfono móvil.

Entre los 13 sectores hidráulicos, se han distribuido 38 puntos de control que son los que envían esta señales que «nos permiten focalizar más los problemas que tengamos y actuar a diario en ellos», explica José Belda, jefe de distribución de Aguas de Albacete.

Esta sectorización de la ciudad, se completa con otra importante inversión que ha sufragado el Ayuntamiento de Albacete con cargo al Plan E. Se trata de la instalación de 185 prelocalizadores de fugas, que se han colocado sobre todo en las tuberías del centro y de barriadas como el Ensanche, pues son las redes más antiguas y las que más problemas pueden dar.

Aunque cada vez que se remodela una calle, y con con el Plan de Barrios se han arreglado ya unas cuentas, se aprovecha para renovar las tuberías, todavía son muchas las vías urbanas por donde discurren canalizaciones antiguas. El Ayuntamiento es consciente, por eso dicen sus responsables que «no bajarán la guardia» para seguir renovando la red de suministro de agua siempre que abran una calle.

Ojo con el mínimo nocturno

Estos buscafugas vigilan el ruido que hace el agua al pasar por las tuberías, sobre todo por la noche. Se supone que cuando la ciudad duerme, cae en picado el consumo de agua y, por tanto, el líquido elemento no debe casi circular por las tuberías. Es lo que se conoce como ‘mínimo nocturno’.

Además, aprovechando el silencio de la noche, cuando sólo el camión de la basura interfiere este tranquilidad, estos prelocalizadores trabajan sin descanso. Cuando detectan un ruido más fuerte de lo normal, se sospecha que hay un consumo anómalo que puede deberse a una fuga y que de inmediato debe ser reparada. Por eso no esperan a que un técnico compruebe los registros sonoros que han realizado, como ocurría con los antiguos equipos que aún así siguen utilizándose, sino que de inmediato envían un SMS a un móvil y un aviso a la central de control.

«Hay filtraciones que son pequeñas, pero otras cuando dan la cara es porque abren grandes socavones en la calle donde cabe hasta un camión, por eso es importante detectarlas cuanto antes», apunta el concejal de Infraestructuras, Rafael López Cabezuelo. Esta tecnología, en la que se ha invertido 1,8 millones de euros del Fondo Estatal para la Sostenibilidad, coloca a la ciudad de Albacete a la cabeza a su gestión del agua, a la par de sólo algunas ciudades, como Murcia o Granada.

Colectores vigilados

El nuevo sistema ya ha empezado a dar sus resultados, pues aunque todavía se está trabajando en integrar todas las señales que llegan al centro de control, en las dos últimas semanas se han podido localizar ya algunas averías que se han reparado.

Pero desde este centro de control no sólo se vigila la red de tuberías de agua potable, también el nivel de los colectores que conducen las aguas fecales y pluviales a la depuradora de Albacete están ahora bajo supervisión gracias a la colocación de 23 limnímetros, una especie de testigos que vigilan el nivel de agua de los colectores de la ciudad y alertan si entran en carga y existe riesgo de que se vean desbordados. «Este sistema además nos permitirá hacer un estudio de la red de alcantarillados y saber qué colectores tienen todavía capacidad y cuáles deben ser ampliados», explicó Belda. La depuradora de Albacete evacua a diario unos 40.000 metros cúbicos de agua, algo menos de lo que gastamos, pues algunos consumos (como el agua que bebemos o la que se utiliza para regar) no termina en la depuradora. Esta instalación está pendiente de una ampliación que mejore la calidad del agua que se vierte.

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Albacete estrenó en abril del 2003 un nuevo sistema de abastecimiento: el agua que salía por los grifos ya no se extraía de pozos, sino que era agua del Júcar debidamente tratada. Un tratamiento que no es sencillo.

El agua se toma del trasvase Tajo-Segura que tiene su origen en el embalse de Henchideros (Júcar) y varias veces al año se recibe agua desde Alarcón. Este agua, hasta unos 15 hectómetros cúbicos al año, se va almacenando en una inmensa balsa que está cerca de El Salobral donde se puede guardar la cantidad suficiente para abastecer a la ciudad unos 25 días. Tanto la toma del trasvase, como la balsa son objeto de vigilancia, no obstante, ambas son instalaciones abiertas a la superficie.

Gota a gota, los millones de litros de agua que cada día salen por nuestros grifos y consumen nuestras cisternas, lavadoras y lavavajillas, salen desde esta balsa y recorren los 14 kilómetros de tubería que la separan de la planta de potabilización. Aquí empieza su tratamiento para hacerla potable. Primero es bombeada a un depósito con capacidad para 22.000 metros cúbicos, que es más o menos lo que se bebe la ciudad hasta medio día.

Desde este depósito, el agua empieza a circular por unos tanques, primero recibe un tratamiento con ozono, «el oxidante más potente», y después se le aplica una primera cloración para evitar un posible crecimiento de bacterias que haría al agua no potable. Continuando su camino, pasa por unas líneas de decantación y unas cámaras donde se mezcla con unos reactivos para quitar posibles restos sólidos, como pueda ser algo de tierra. Tras subir por unas canaletas, el agua sale ya bastante clara e incluso podría ser bebida con tranquilidad.

Filtros de ozono

No obstante, continúa su camino por unos filtros, hay diez, tres son de arena y siete de carbono activo. En circunstancias normales, se utilizan todos, pero en cuanto se detecta la presencia de algún tipo de algas, que son las que alteran el sabor y el olor del agua, sólo se utilizan los filtros de carbono que son los que absorben el olor. Estas algas, que no se detectan a simple vista, pues son microscópicas, han traído de cabeza a los responsables del suministro de agua en los últimos tiempos. Aunque desde junio del año pasado, no se ha registrado ningún episodio de mal sabor u olor en el agua debido a estas algas, gracias a las mejoras introducidas en el tratamiento, «no podemos bajar la guardia», admite el jefe de producción de Aguas de Albacete, Nicolás Monterde.

Estas microalgas llegan de los embalses donde se almacena el agua que consume Albacete y también aparecen a veces en la balsa de regulación. Al eliminar esas algas, se descomponen y producen una sustancia que, si no se trata, pasa al agua contagiándole ese mal olor y sabor que tiempo atrás dio lugar a más de una queja vecinal. Con los filtros de carbono activo, el problema está bastante resuelto, entienden los técnicos, que explican que estas microalgas suelen aparecer siempre que se da un cambio de temperaturas, tanto en la primavera, como en el otoño.

La limpieza de las balsas y depósitos es tan bien importante para mejorar la calidad del suministro, que en Aguas de Albacete aseguran que es bastante buena. Este año, adelantó el concejal de Infraestructuras, pedirán a acuaJúcar, empresa estatal propietaria de la infraestructura de abastecimiento y con quien en los últimos tiempos existe una buena línea de colaboración, que se limpie la balsa de regulación.

Este embalse entró en funcionamiento en el 2002 y se limpió por primera vez en 2008, cuando se extranjeron 10.000 metros cúbicos de lodo. Se estima que su limpieza cuesta unos 60.000 euros. Además, también construirán un by-pass, que permitirá desocupar el depósito que hay a la entrada de la potabilizadora para poder limpiarlo.

Al margen de la preocupación por mejorar la calidad del agua, de ahí el empeño del Ayuntamiento de Albacete de construir la planta de ósmosis inversa para eliminar la alta concentración de sulfatos que en ocasiones llega, sobre todo cuando se mezcla agua del Tajo, la vigilancia porque el agua que sale por nuestros grifos sea la mejor ahora mismo es constante.

A diario se controlan parámetros como la turbidez, el ph o el cloro, y no sólo una vez, sino que el agua se está analizando constantemente en el laboratorio.

Con la conferencia ‘La gestión del agua y del territorio’ de Romero, se dieron ayer por clausurados los actos de celebración del 75 aniversario de la Confederación del Júcar en Albacete. El presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, cerró la exposición ‘Hidrografías’ que en estos días se ha podido contemplar en CCM y que realiza un recorrido por el ayer y el hoy de la CHJ en Albacete.

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Un gran pacto de Estado, entre todos los que tienen algo que decir en materia de agua, para poder abordar un problema tan complejo como es el hídrico en un país como España. Ésa es la receta que ayer defendió el catedrático de la Universidad de Valencia en los actos de clausura del 75 aniversario de la constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Romero recordó que el agua y la gestión de la misma es uno de los problemas más relevantes que han existido en España desde el año 1902 al menos. «Ya llevamos más de un siglo intentando buscar puntos de encuentro entre actores políticos, económicos en los distintos modelos de Estado que España ha tenido», puntualizó.

Mitad del siglo XXI

Una discusión que, pese a lo dilatado de la misma en el tiempo, tal y como subrayó el catedrático de la Universidad de Valencia, continua plenamente vigente. «Todavía sigue la discusión en torno a cómo gestionar un recurso escaso», apuntó Romero.

Un recurso que previsiblemente, según expuso, será aún más escaso a mitad de siglo XXI. Todo ello junto a un elemento que confiere aún una mayor complejidad a este asunto como es el hecho de que tener un modelo de Estado «muy descentralizado» como es el actual.

En este sentido Romero defendió que «la gestión del agua en España no es un problema jurídico, ni siquiera es una cuestión judicial». En su opinión el problema es más de componente política.

De ahí que, a juicio del catedrático de la Universidad de Valencia, esta cuestión «Requiere de mucha voluntad y de intentar concitar voluntades y llegar a algún tipo de acuerdo básico».

Así insistió en la importancia de alcanzar un pacto de Estado en torno al agua, máxime en la medida que se ha desarrollado el Estado autonómico. Para Romero la política en este caso debe pasar por el consenso.

«Los consensos no se decretan, sino que se construyen», advirtió recordando que en el tema del agua hay tres administraciones afectadas: local, regional y estatal. A ello hay que sumar otras esferas que también se ven afectadas tales como actores económicos muy distintos, según explicó, así como actores sociales muy diversos.

«Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito, pero nunca es tarde», manifestó insistiendo en que la solución al problema y a las disputas hídricas pasa por un acuerdo de carácter estatal que tenga además las miras puestas en el medio plazo. «El corto plazo no nos ayudará a resolver y la mirada parroquial, o de cada uno de los ámbitos que tienen competencias nos ayudará poco también», añadió.

Parafraseando las palabras del que fuese ministro de Obras Públicas en el primer gobierno constitucional de la II República, Romero aseguró que «deberíamos ser capaces de que la política y las atalayas particulares no nos impidieran resolver un problema tan complejo como éste».

En la conferencia que impartió Romero compartió con los asistentes un análisis sobre el punto en el que se encuentra el país en materia hidrológica, el proceso que ha conducido hasta la situación actual y la agenda que tiene por delante, en relación a la gestión de los recursos hídricos, un «Estado compuesto como es el español».

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110207/albacete/aliados-jucar-desde-hace-20110207.html

Con las primeras obras de la CHJ en la provincia en los años 30 se pretendía luchar contra el paro

A TENER EN CUENTA

1932

La mejora del canal de María Cristina ya se incluía en el Plan de Obras de Indalecio Prieto.

La creación de una Junta para estudiar las necesidades provinciales puso en pie de guerra a los regantes levantinos

La difícil situación de paro y grave penuria que arrastraba la provincia de Albacete allá por los años 30 marcó de una forma decisiva las primeras actuaciones que llevó a cabo en esta tierra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), órgano de cuenca que en estos momentos se halla inmerso en los actos de celebración del 75 aniversario de su constitución.

Con el claro objetivo de modernizar y mejorar la actividad productiva de la provincia, las políticas hidráulicas impulsadas por el nuevo régimen en aquellos años trataron además de no desatender las urgencias de la grave crisis social del paro que azotaba duramente a Albacete.

Para ello, según explica el profesor de la Universidad de Valencia, J. F. Mateu Bellés en el libro ‘La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), editado para conmemorar el aniversario, y en otros de sus estudios realizados, se elaboraron sucesivos documentos de planificación y se ejecutaron obras urgentes.

Canal de María Cristina

Sin duda alguna entre las actuaciones más relevantes de la época se encontraban las obras de mejora y ampliación del canal de María Cristina. Éstas ya se incluyeron en 1932 en el denominado Plan Reducido de Obras Hidráulicas impulsado por el socialista Indalecio Prieto tras pasar a ocuparse de la cartera de Obras Públicas en el primer gobierno constitucional de la II República.

Para facilitar la ejecución de estas obras de urgencia, éstas podían materializarse por el sistema de administración «que permitía dar, sin intermediario, multitud de destajos con el beneficio de la clase obrera».

Paralelamente, en el año 32 Prieto, en su empeño por contrarrestar los efectos de la crisis económica y de empleo, encargó la confección urgente de un una propuesta de obras hidráulicas ejecutables de manera inmediata. Encargo éste que recayó en una Junta, cuyos miembros fueron designados por Orden Ministerial, que estaba presidida por el ingeniero jefe de la Jefatura de Obras Públicas en Albacete. Entre otros conformaban esa Junta el presidente de la Diputación, alcaldes, presidentes de sindicatos de riego y dos funcionarios de las Divisiones Hidráulicas del Júcar y del Segura. Esta Junta, tal y como recoge el profesor Mateu, aglutinaba las peticiones locales y se convirtió en la interlocutora de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

A la par esta Junta se erigió como defensora de los intereses de la provincia frente a los usuarios tradicionales tanto del Júcar como del Segura. Pero la creación de esta Junta fue considerada una nueva injerencia de Prieto por parte de los usuarios tradicionales del Júcar que consideraron que de esta forma se perjudicaba a los legítimos derechos de los regantes de la Ribera del Júcar. Una postura de enfrentamiento que hoy por hoy sigue manteniéndose con respecto a los intereses albaceteños.

El malestar por el nacimiento de la Junta fue tal que sólo dos semanas después de su constitución los regantes levantinos convocaron una asamblea en el Teatro Apolo de Valencia para exigir la creación urgente de la Mancomunidad Hidrográfica del Júcar y la paralización de todos los expedientes de obras que afectaran directa o indirectamente a este río y a sus afluentes.

Propuestas

A pesar de esto la Junta mantuvo entonces, y en los siguientes años, de forma permanente la presión para impulsar el desarrollo de obras hidráulicas en la provincia por cuanto podían suponer «para paliar el paro endémico y coyuntural, especialmente en el invierno y en determinados momentos del calendario agrícola».

Y, ¿cuáles eran las obras que consideraban que debían ser realizadas? En los informes llevados a cabo distinguieron entre cinco zonas necesitas de mejoras. Éstas eran Alcaraz-Albacete-Tinajeros, Hellín y la cuenca alta del Mundo, Alpera-Almansa, Yeste y Villarrobledo-Albacete. Globalmente el documento presentado incluía la mejora de 8.000 hectáreas de regadío eventual y la creación de 81.500 hectáreas de nuevos regadíos.

En 1933 se elaboró el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Entre las obras propuestas con carácter urgente para Albacete figuraban la reparación del Canal de María Cristina, el canal de Albacete, el canal de trasvase o el recrecimiento del pantano de Almansa. El plan recogía parte de las reivindicaciones realizadas por la Junta para Albacete.

La aprobación en 1940, con Franco en el poder, del Plan General de Obras Hidráulicas dio al traste con muchas de las aspiraciones de la provincia.

No obstante, mantenía la mejora y ampliación del canal de María Cristina con sus canales complementarios en el grupo de obras en construcción que debían desarrollarse con urgencia por los Servicios Hidráulicos del Júcar. El proyecto se alargó en el tiempo y sufriría no pocos cambios.

Además del libro de Mateu, que recoge los primeros pasos de la CHJ, la exposición ‘Hidrografías’, que recorre fotográficamente cómo era el Júcar, sus parajes y las obras que se llevaron a cabo, nos adentran hoy en la ingente labor llevada a cabo por este organismo en su intento por hacer del Júcar un aliado. La sala de exposiciones de Caja Castilla-La Mancha alberga esta muestra que se clausura hoy.

http://www.lasprovincias.es/v/20110207/comunitat/castilla-mancha-justifica-restrictiva-20110207.html

La Ley del Agua que tramitan las Cortes de Castilla-La Mancha se apoya en un criterio poblacional. La iniciativa recoge las reivindicaciones hídricas de la comunidad vecina, como una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos que en la práctica supondría limitar el agua que llega a la Comunitat a través del Júcar y el Segura.

En la exposición de motivos, se dice que una de las motivaciones de la ley es que la autonomía será la que más crecerá en población en los próximos diez años, de ahí la importancia de tener los recursos necesarios para garantizar su desarrollo presente y futuro.

«Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2020, Castilla-La Mancha será la región en la que más crecerá la población. Por ello se deben aplicar medidas que permitan alcanzar el objetivo de que el agua no sea un factor que limite su desarrollo, garantizando la atención de todas las necesidades y en todos los municipios (…)», según reza el documento, que se votará (y aprobará) antes de finales de marzo. Después deberá pasar por el Congreso, al regular competencias estatales.

Lo cierto es que la afirmación es correcta, pero sólo en términos relativos. La proyección de población del INE para 2020 sitúa a la comunidad manchega a la cabeza en crecimiento demográfico, ya que la población aumentará un 6,42%, algo por encima de Baleares (6,37%) y Murcia (5,99%) y a mucha distancia de la Comunitat (2,42%).

Pero si se miran las cifras absolutas, el incremento manchego será de apenas 130.779 habitantes, dato bastante parecido al previsto en la Comunitat: 121.040. Son apenas 9.700 personas más. En total, en 2020 la autonomía valenciana tendrá 5,1 millones de habitantes, mientras que Castilla-La Mancha llegará a 2,1, menos de la mitad.

La comunidad vecina alega en la ley que hay que prestar «especial atención a aquellos territorios que presentan dificultades para satisfacer sus demandas». Añade que las principales infraestructuras que se diseñaron antes de la llegada de las autonomías «tuvieron como objeto trasvasar agua a otros territorios» sin dejar «una gota a su paso».

El crecimiento experimentado en las últimas décadas y la futura previsión justifican «la existencia de una ley que fije como objetivos esenciales la prioridad en el uso del agua de Castilla-La Mancha como cuenca cedente» a otras regiones.

La exposición de motivos también hace mención específica al trasvase Tajo-Segura, que la ley quiere limitar. Dice que fue puesto en funcionamiento hace 30 años, y que la necesidad actual de reservar caudales ecológicos en los ríos obligará a reducir la disponibilidad de recursos para otros usos.

Y como existe una cuenca cedente, hay que establecer «mecanismos que garanticen que las necesidades de la propia cuenca están garantizadas con carácter previo a cualquier decisión de trasvase o cesión», según la ley, que aboga por sustituir el agua del Tajo por agua desalinizada, una opción que descartan los regantes.

http://www.abc.es/20110207/comunidad-castillalamancha/abcp-unos-millones-obras-hidraulicas-20110207.html

La directora-gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero, ha asegurado que nunca antes se había visto en la región un proyecto de infraestructuras hidráulicas «tan grande y de tanta envergadura» como el que está llevando a cabo, que ha contado —durante esta legislatura— con una inversión de más de 2.000 millones de euros para garantizar el derecho al agua a los castellano-manchegos.

Así lo aseguró Montero en una reunión que ha mantenido con colectivos, asociaciones y entidades relacionadas con la política de agua con el fin de conocer de primera mano sus inquietudes y «ser partícipes de sus problemas y recoger sus aportaciones sobre cuáles consideran que han de ser las líneas que marquen la acción en los próximos años», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Montero ha destacado el compromiso para «exigir y reclamar» todas aquellas infraestructuras hidráulicas que eran deficitarias en Castilla-La Mancha y «que llevamos tanto tiempo esperando».

Además, añadió que durante esta legislatura se han invertido más de 2.000 millones de euros en obras hidráulicas, fruto del «gran acuerdo» del Agua suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Una inversión que, según dijo, «se ha repartido por todas las provincias de la región y se encuentra en distintos momentos de ejecución».

Asimismo, señaló que desde 2005, el Gobierno regional ha licitado 547 millones de euros para hacer depuradores e infraestructuras de agua en alta y ha destinado 150 millones de euros a ejecutar obras hidráulicas de competencia municipal para ayudar a los ayuntamientos.

Sin embargo, la responsable del organismo público que aglutina las competencias en materia de agua ha lamentado que, debido a la falta de apoyo en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, no se aprobara el Estatuto de Autonomía.

El nuevo Plan de Cuenca del Tajo puede condicionar, y de que manera, el futuro del Trasvase al Segura, ya que se propone incluir reservas estratégicas de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, con un volumen sin determinar, para atender el abastecimiento urbano de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, de forma que se pueda hacer frente a los periodos de sequía.

Así figura en el Esquema de Temas Importantes (ETI) de esta cuenca que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno y el Comité de Autoridades Competentes. La reserva estratégica que está reivindicando el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que fue rechazada en el Congreso al no prosperar el Estatuto de Autonomía, aparece ahora recogida en el nuevo plan del Tajo. El Ministerio de Medio Ambiente admitió ayer la iniciativa de esas reservas pero subrayó que están sin cuantificar.

Menos excedentes

Pero además, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha decidido aumentar de 370 a 423 hectómetros los consumos de la cuenca del Tajo con cargo al régimen de desembalses de Entrepeñas y Buendía. Sumado a lo anterior, significa que habrá menos excedentes para enviar a la cuenca del Segura.

En tercer lugar, la Tubería Manchega prevé llevar también agua a Puertollano, que pertenece a la cuenca del Guadalquivir. Estas tres iniciativas de carácter técnico se solapan con la ley regional del agua que tramita el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que tiene previsto aprobar el martes que viene la proposición de Ley del Agua, por lo que el PSOE de esta Comunidad ha pedido a la presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que apoye esta normativa «porque sería bueno para Castilla -La Mancha».

Así se expresó días atrás el portavoz socialista en las Cortes de Castilla -La Mancha , José Molina, que explicó en Talavera que la ley incluye buena parte del contenido del malogrado Estatuto de Autonomía, como la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos. Molina añadió que las Cortes piensan aprobar esta iniciativa el 28 de marzo, para enviarla después al Congreso. Aseguró que con el Estado de las Autonomías «nunca se hubiese puesto en marcha el Trasvase Tajo-Segura».

Corregir

Las reservas estratégicas con cargo a los abastecimientos futuros de ambas comunidades no figuraban así en el documento inicial aprobado por las autoridades del Tajo, de ahí que haya cundido la alarma entre los regantes murcianos.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente piensa echar el freno a las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Apunta que no hay que precipitarse. La directora general del Agua, Marta Morén, manifestó ayer, a preguntas de La Verdad, que las reservas estratégicas que se quieren incluir en los pantanos de cabecera «se corregirán», así como las nuevas demandas impuestas por los responsables del Tajo.

http://www.lasprovincias.es/v/20110205/comunitat/castilla-mancha-tramita-fulmina-20110205.html

La normativa estará lista en marzo y recoge las peticiones hídricas incluidas en fallido estatuto, como limitar el agua que llega del Tajo

05.02.11 – 00:05 –

J. BATISTA | VALENCIA.

EN DATOS

4.000

hectómetros cúbicos de agua conformarán la reserva que quiere implantar la Ley del Agua del Gobierno manchego.

Los regantes del Júcar y del Tajo-Segura coinciden en calificar la normativa de «electoral»

Antes de que termine el actual periodo de sesiones, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán, salvo sorpresa, la futura Ley del Agua de la autonomía. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno presidido por el socialista José María Barreda, que recoge las diferentes reivindicaciones de la región en materia hídrica, con el objetivo de garantizar su desarrollo actual y futuro.

En realidad, el proyecto de ley reúne las aspiraciones que ya formaban parte del fallido estatuto castellanomanchego, como la famosa reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que el Gobierno regional exige para atender sus necesidades. Entonces, igual que ahora, la iniciativa provocó un amplio rechazo en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que gran parte del territorio ‘bebe’ del Júcar y del Segura, dos de los ríos que resultarían afectados por la nueva regulación que propone la ley.

Además, el Gobierno manchego se atribuye la capacidad de influir en el caudal que se envía a través del trasvase Tajo-Segura y en las autorizaciones para realizar pozos de sequía en esta cuenca. Incluso pretende cambiar la regulación de derechos sobre el agua de Alarcón, embalse propiedad de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj).

Según confirmaron ayer fuentes del grupo socialista en las Cortes manchegas, la pasada semana se presentó la proposición de ley ante la Mesa, con el objetivo de tener aprobado el documento normativo antes de finales de marzo.

Una vez superada esta fase, la idea del Gobierno manchego es elevar la propuesta al Congreso de los Diputados para su debate, teniendo en cuenta que parte de las aspiraciones manchegas, en la práctica, suponen regular competencias que actualmente corresponden a la Administración General del Estado. Eso sí, no parece probable que se alcance un consenso. Hay que recordar que las Cortes decidieron retirar la propuesta de estatuto después de que la comisión constitucional que lo negociaba en el Congreso no llegara a ningún acuerdo en relación a las reclamaciones hídricas, es decir, la reserva o las exigencias para limitar el trasvase Tajo-Segura. De ahí que sea complicado que en el mismo foro se apruebe una normativa que contempla presupuestos muy parecidos a los del documento estatutario.

La normativa ha generado preocupación en Usuj, que aglutina a 50.000 regantes valencianos que perderían derechos sobre el río adquiridos hace décadas. Y es que la Ley del Agua de Barreda exime al Ayuntamiento de Albacete y a cualquier municipio manchego de pagar la indemnización correspondiente por utilizar más agua del Júcar de la que corresponde.

En la práctica, la norma invalida el convenio de Alarcón, acuerdo adoptado en 2001 por el Gobierno y los regantes de Usuj en el que se cedió al Ministerio de Medio Ambiente la gestión del pantano del mismo nombre, construido en los años 40 por la entidad para regular el agua del Júcar y para prevenir riadas. El convenio establece que el uso del agua para abastecimientos es prioritario, si bien incluye una cláusula mediante la que los regantes del Júcar disponen de un nivel de reserva, por debajo del cual sólo se pueden extraer caudales para otros usos más allá del regadío mediante una expropiación temporal de los derechos de Usuj, situación que se produce en épocas de sequía.

Juan Valero de Palma, secretario general de la asociación, explicó que la indemnización se debe a que a que los caudales del pantano a los que renuncian son suplidos por extracciones en pozos, lo que genera un coste económico. Sin embargo, los pagos por las tomas de agua más allá del nivel de reserva realizadas por Albacete en 2005, 2006 y 2007 no han sido abonados, una deuda que asciende al millón de euros.

Exactamente, la ley prevé aprobar «las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es el uso prioritario, sin que en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete (…) por la utilización racional de recursos destinados a este fin, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier uso de menor prioridad».

«Desde 2005, Albacete ha tomado 120 hectómetros cúbicos de Alarcón, de los que sólo tenía que pagar por 29, es decir, por uno de cada cuatro», dijo el secretario general de Usuj. «Hay más de 30 poblaciones valencianas que hicieron lo mismo y sí que han pagado la expropiación de los derechos», señaló Valero de Palma, que considera que la normativa es «electoral» y supone «un atropello» a los derechos de los regantes.

«Decir que Albacete no tiene que pagar porque tiene prioridad es engañar a sus electores. Lo que dice la Ley de Aguas estatal es que el abastecimiento tiene prioridad con carácter general, y nosotros lo reconocemos, pero también dice que si el concesionario no tiene el agua necesaria tiene la capacidad de expropiar derechos mediante una indemnización, no mediante una confiscación, que es lo que están haciendo con Usuj», sentenció el portavoz de los regantes.

La normativa manchega recoge también la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en las cuencas que pasan por la comunidad. Aunque no se especifica la forma de conseguirla, esta opción reduciría el agua para los regadíos del Júcar y del Segura (ambas cabeceras están en Castilla-La Mancha), por no hablar de los abastecimientos del área metropolitana de Valencia (que se nutre del Júcar y del Turia) o de Alicante, que bebe del Tajo-Segura a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La tramitación de la normativa también se sigue con preocupación desde el Sindicato de Usuarios del Tajo-Segura, teniendo en cuenta que el Gobierno de Barreda quiere tener más peso para decidir sobre el trasvase, una competencia que corresponde al Estado. Según la ley, el Ejecutvio regional deberá emitir un informe preceptivo para autorizar cualquier transferencia, y además, se tiene que justificar que el agua es excedentaria (como sucede en la actualidad) «y que se han optimizado los recursos hídricos en la cuenca del Segura». Es decir, apuesta por sustituir de forma progresiva los caudales transferidos por recursos propios de la cuenca, ya sea a través de la desalinización, de la reutilización o la modernización de regadíos.

Además, exige el establecimiento de un mínimo de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde nace el trasvase, con el objetivo de garantizar las actividades recreativas de los municipios ribereños, que viven del turismo.

«No tiene sentido plantear ante los mismos diputados las propuestas del Estatuto de Autonomía que ya se rechazaron. El Gobierno de Castilla-La Mancha utiliza un criterio electoral para tratar de captar votos», sentenció José Manuel Claver, presidente de los regantes del trasvase.