«Esta situación nos permite mirar al futuro con optimismo tras unos años muy duros de sequía», dice la directora general del Agua

El año hidrológico cerró con los embalses del Júcar un 60% más llenos que en el 2009 y los del Segura, con más del doble

El año hidrológico (que transcurre entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre) que se acaba de cerrar será «difícilmente repetible». Lo reconoce la propia directora-gerente de la Agencia Regional del Agua, Verónica Montero, que destaca la gran cantidad de agua que cayó especialmente a partir del mes de diciembre y que lo ha hecho casi de manera continua, con excepción del mes de julio, hasta cerrar el año hidrológico.

Ha llovido tanto que incluso se han aliviado la sequía extrema que venía afectando a la provincia en los últimos años. De hecho, el año hidrológico recién terminado, comenzó el 1 de octubre de 2009 con un Real Decreto de medidas urgentes para paliar la sequía dada la escasez de lluvias en los últimos años. El agua caída en los meses de diciembre, enero y febrero, hizo que a principios del mes de marzo, el Gobierno decidiera levantar las medidas para paliar la sequía tras la recuperación tanto de los embalses como de los acuíferos.

A falta de datos oficiales que no se presentarán hasta las próximas semanas para realizar un balance del año hidrológico, sí que se pueden consultar los que el Centro Regional de Estudios del Agua (Crea), dependiente de la Universidad, recoge y ofrece a través del Servicio de Asesoramiento Integral al Regante. A través de él se puede comprobar que las lluvias caídas sobre la capital entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010 son las más copiosas de los últimos seis años, y el año hidrológico fue el segundo con más lluvias de la última década, sólo superado por el 2003-2004 cuando cayeron 439,40 litros por metro cuadrado, apenas diez más que este año. Especialmente lluviosos fueron diciembre (casi 53 litros por metro cuadrado), enero (casi 49) y febrero (57,50), pero, salvo en julio (cuando sólo cayeron 0,10 litros por metro cuadrado), en todos los meses se registraron abundantes precipitaciones. Con ello, en todo el periodo se alcanzaron 429,6 litros por metro cuadrado, un 12% más que el ejercicio anterior (que ya fue mejor que la media) y muy superior a los 218 que cayeron en el ejercicio 04-05, y desde entonces apenas se alcanzaron los 300 litros por metro cuadrado.

Las cifras fueron muy superiores en todas las estaciones de control, salvo en Almansa que recogió 359 frente a los 400 del año anterior. En Hellín se pasó de 401 a 476, y Villarrobledo registró las mejores cifras con 622 litros por metro cuadrado por los apenas 287 de un año antes.

Las cuencas

Todo ello ha hecho que la cuenca del Júcar haya cerrado el año hidrológico con los pantanos 47,8% de su capacidad, cuando hace apenas un año estaban al 30% lo que implica un incremento del agua embalsada del 60%.

Más espectaculares han sido los datos de la cuenca del Segura, que hace apenas tres años se situaba en el 8% de su capacidad y ha cerrado el año hidrológico en el 57%, cuando hace apenas doce meses se situaba en el 26%.

Ello supone un incremento de agua embalsada en la cuenca del Segura del 120%. Las lluvias, y especialmente las nieves que cayeron durante los meses de diciembre y de febrero, sirvieron para llenar embalses y recargar acuíferos. Y es que el volumen de agua embalsada es un 46% superior a la media de los últimos diez años.

Restricciones

«Esta situación nos permite mirar al futuro con optimismo tras unos años muy duros de sequía con restricciones muy importantes para todos los usuarios», admite la directora-gerente de la Agencia Regional del Agua. A su juicio es ahora, «cuando hay agua», cuando se deben tomar las medidas de gestión oportunas de ahorro y eficiencia, «porque cuando estamos sin agua es muy difícil que apliquemos ninguna medida eficaz, porque lo que hay que hacer es atender las necesidades prioritarias y poco más». Calificó de «extraordinario» el año hidrológico con un «abundante» régimen de lluvias que ha permitido atender «con garantías suficientes» todas las necesidades existentes, «pero es muy difícil que vuelva a repetirse».

Serán las Confederaciones las que establezcan qué tipo de medidas se tomarán para mejorar ese ahorro de agua «pero también es muy importante desde el punto de vista de los usuarios para que apliquen medidas de modernización, de optimización de los recursos y de ahorro, y todo eso con el control de las Confederaciones, pero todos debemos poner de nuestra parte».

La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previsto fijar «límites» en el consumo de agua para el próximo año pese al ingente volumen de agua almacenado en los pantanos que administra el organismo de cuenca y que suponen un registro «histórico», según ratificó el presidente de la institución Juan José Moragues.
El pasado 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del año hidrológico 2010-2011, los embalses de la CHJ almacenaban 1.600 hectómetros cúbicos mientras que el mejor registro existente hasta ahora, alcanzado en 1979, se situaba en 1.377 hm3.
Por lo que respecta al sistema Júcar, el de mayor importancia de la demarcación por los usos y la actividad económica que dependen de sus aguas, la situación es «muy positiva», aseguró Moragues.
«Fijamos un objetivo de mantener una reserva de 1.000 hm3 y hemos terminado ligeramente por encima -1.057-, lo que nos permitirá afrontar la próxima campaña con mucha tranquilidad», declaró. La cifra adquiere mayor relevancia al compararla con la serie histórica. Los 1.057 hm3 almacenados en Alarcón, Contreras y Tous a fecha 1 de septiembre solo fueron superados en 1979 (1.277 hm3) y 1978 (1.088 hm3) mientras que el año pasado había solo 455 hm3 y 107 hm3 durante la sequía de 2006. La media de 30 años en esa fecha es de 377 hm3, de 346 en los últimos 20 y de 298 hm3 en la década pasada.
Sobre las causas que están detrás de estos resultados, Juan José Moragues dijo que había llovido «bien», en el interior, aunque también destacó, como un factor más importante, «una toma de conciencia de los usuarios, tanto los grandes consumidores regantes como los ciudadanos, de que el agua es un bien público insustituible».
Los usuarios del Júcar cerraron el año con un consumo de 580 hm3 en un año en el que «no ha habido restricciones, pero tampoco ýbarra libreý», destacó Moragues. El presidente destacó el caso de Valencia y su área metropolitana, donde el consumo urbano ha pasado de 126 hm3 en 2006 a 104 hm3 este año con un descenso «sostenido» del 20%.
Juan José Moragues manifestó que hasta el próximo mes de febrero no se fijarán los objetivos de la próxima campaña. El presidente dijo que es necesario «planificar a medio plazo» y fijar unos volúmenes a final de campaña acordes a las aportaciones del año y a unos consumos ajustados. «Este año ha sido posible alcanzar el objetivo de los 1.000 hectómetros y eso aporta una gran garantía en el suministro, que al final es lo que quieren los usuarios».

«Es difícil gestionar la abundancia»
Acostumbrados a la penuria hídrica, la reserva actual, que garantiza al menos dos años de consumo, parece suficiente para alejar cualquier tensión entre los usuarios del Júcar. Sin embargo, Juan José Moragues afirma que es «difícil gestionar la abundancia». «Durante las sequías hay tensión, pero los usuarios toman conciencia rápidamente y aceptan que sea la Administración quien tome las decisiones. En esta fase de abundancia hay usuarios a los que les cuesta aceptar que el agua que reservamos en los embalses es para ellos. Es curioso, pero existe una cierta desconfianza hacia la Administración», dijo Moragues. j. s.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha exigido el desarrollo de una Ley Orgánica en materia de aguas que ponga coto definitivamente a «las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado, cuya titularidad vienen atribuyéndose en estos últimos años a través de reformas estatutarias con articulados más o menos egocéntricos en cuencas intercomunitarias».

El presidente de esta entidad, Andrés del Campo, ha alertado de que la reciente cesión de competencias sobre el Guadalquivir sentó un «mal precedente» para el resto de cuencas de España, las cuales, escudándose en el caso andaluz, se han «extralimitado» en sus derechos, reclamando competencias sobre el agua que pasa por sus territorios, como es el caso de Castilla y León sobre el Duero o de Cataluña y Aragón sobre el Ebro.

Ante esta situación, Del Campo cree necesario zanjar «este grave error político» con una normativa que ponga orden a nivel de todo el Estado.

El presidente de los regantes muestra la creciente preocupación del sector ante la generalización de que los estatutos de autonomía entren a regular como propio «lo que nos pertenece a todos por igual y es competencia exclusiva del Estado».

Advierte por otro lado que se están dando duplicidades administrativas que incrementan el gasto y la confusión, generan situaciones de insolidaridad y absurdas guerras del agua y dan pie a que se que se establezca lo que denomina como «una auténtica sequía estructural por intereses localistas».

Como cada región tiende a señalar su derecho a unos mínimos de caudales por encima de la realidad, la suma de todos esos derechos es superior al agua existente en España, de manera que, al no haber suficiente para satisfacer cada una de las demandas teóricas, sobre el papel hay déficit, y siguiendo ese planteamiento, cada autonomía se negará a ceder a otras caudales que ‘no le sobrarán’.

Del Campo ha apelado a las comunidades de regantes para que «se comporten como una extensión de la administración hidráulica y luchen por evitar esta contaminación política, ya que son las que realizan un uso productivo del agua y soportan los costes de este recurso.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) ha procedido a la absorción de las sociedades Aguas de la Cuenca del Segura (ACUASEGURA) y Aguas del Júcar, que han quedado disueltas.

El anuncio de fusión aprobado por ACUAMED señala que todos los bienes, derechos y obligaciones de las dos sociedades absorbidas pasan a aquella «en bloque».

La resolución añade que esta operación ha sido aprobada por el accionista único de la sociedad absorbente, el Estado, que lo es, a su vez, de las otras dos.

Los acreedores de las sociedades que se fusionan disponen de un mes para poder oponerse a esta fusión.

El municipio almanseño se ha visto de nuevo afectado por otro delito de robo de cable de cobre. Los hechos se produjeron en la madrugada del jueves al viernes en la sede de la Comunidad de Regantes El Hondo, que se encuentra en la zona del Hondo, junto al casco urbano de la localidad.

Los delincuentes destrozaron las instalaciones de la comunidad de regantes, ya que cortaron los cables y dañaron en gran medida los transformadores de suministro eléctrico y el resto de los equipos, así como el material de oficina y ordenadores y material informático, ya que el riego en la zona está totalmente informatizado.

Destrozos

Los ladrones cortaron el suministro eléctrico y arrancaron los transformadores, desmontándolos posteriormente para sustraer el cable de cobre. «Ha sido un destrozo total, se han llevado mucho, pero han destrozado cincuenta veces más, han hecho mucho daño», comentó el presidente de la Comunidad de Regantes El Hondo, Juan Blázquez.

La comunidad cuenta con un seguro; sin embargo, los miembros de la comunidad se encuentran muy preocupados ya que la instalación eléctrica no funciona, y por tanto, no es posible llevar a cabo las labores de riego en las plantaciones de la zona del Hondo, y en la que actualmente, se está cultivando zanahorias, brócoli, alcachofas, y otros productos.

Los técnicos tardarán unas dos semanas en proceder al arreglo de los desperfectos. Los delincuentes robaron cable de cobre de los transformadores y las mangueras de cobre, y dejaron los cables de aluminio.

Investigación

A primera hora de la mañana, se desplazaron al lugar la Policía Judicial y Guardia Civil, que investigan lo sucedido. Uno de los aspectos que llama la atención de los expertos se refiere a que la sustracción del cable de cobre se ha desarrollado con sumo cuidado y con gran conocimiento y profesionalidad del manejo de este tipo de cables, ya que puede resultar muy peligroso debido al alto voltaje del tendido (25.000 voltios).

La cuantía económica a la que puede ascender el robo no se ha detallado hasta el momento, aunque los regantes temen que los daños puedan superar los ciento veinte mil euros. Es la primera vez que la comunidad, formada por 54 comuneros, sufre este tipo de robos.

Por otra parte, al parecer durante la misma madrugada se produjo también un robo de tendido de cobre en las instalaciones eléctricas de las compuertas del pantano de Almansa.

Marta Moren ha explicado los retos a los que se enfrenta España en relación con el cambio climático y cómo este factor es un elemento fundamental a tener en cuenta de cara a la gestión y planificación hidrológica.

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Moren, ha participado en Bruselas, en la EUREAU Conference: «Climate Change and Water: a common challenge», conferencia donde expertos en materia de agua de los países miembros de la UE han tratado sobre cambio climático y agua.

Durante su intervención, Marta Moren ha explicado los retos a los que se enfrenta España en relación con el cambio climático y cómo este factor se ha convertido en un elemento fundamental a tener en cuenta de cara a la gestión y planificación hidrológica. España, ha añadido, es un país mediterráneo donde el régimen de precipitaciones es muy variado, por lo que presenta un balance hídrico delicado, situación se verá agravada por el cambio climático.

En ese sentido, ha afirmado que los efectos más destacados que tendrá el cambio climático en España son el incremento de las temperaturas y la evapotranspiración; la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos; el aumento de la frecuencia y severidad de los periodos de sequía, y el incremento de los episodios de inundaciones.

La Directora General del Agua ha señalado que las políticas de reutilización, desalinización, ahorro de agua y energía se perfilan como herramientas esenciales para promover el uso sostenible del agua e intentar mitigar los efectos del cambio climático.

Por último, Marta Moren ha destacado que España, a través de Ministerio de Medido Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), cuenta con instrumentos para reducir los impactos del cambio climático como son, entre otros, medidas de regulación; la activación de protocolos y de los Planes Especiales durante los periodos de sequía; el desarrollo de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, e investigaciones para reducir la incertidumbre de sus impactos.

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado, a instancias de las consejería de Agricultura y Medio Ambiente, una serie de líneas de ayudas que por un valor superior a los 36 millones de euros, irán destinados a los regadíos, a los jóvenes agricultores, y a la modernización de este tipo de explotaciones, «a fin de impulsar del desarrollo rural y la conservación del medio ambiente en la región».

   Así lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, que ha explicado que la primera línea de ayudas, la relativa a la actualización de los regadíos, supone una inversión de 14 millones de euros, para que los propietarios de las explotaciones puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos.

   Se establecen diferentes tipos de subvenciones, en función de si van dirigidas a estructuras comunes en el seno de entidades asociativas de riego, o para regadíos en explotaciones agrarias, ayudas que van a permitir la mejora de captación de agua; de las extracciones y equipos de bombeos; la mejora en las redes de agua para almacenar recursos; así como la aplicación de energías renovables en los sistemas de bombeo.

   Así, Rodríguez ha explicado que las dirigidas a los grupos de regantes, la cuantía de las ayudas rondará hasta un 50 por ciento de la inversión, con una ayuda máxima de un millón de euros, mientras que la dirigidas a las explotaciones agrarias particulares serán subvencionadas en un 40 por ciento, siendo también un millón de euros la cuantía máxima.

   Estas ayudas son importantes, ha dicho la portavoz, no solo por los 200 beneficiarios que tendrán, si no porque van a contribuir a hacer un uso sostenible del agua, en una región en la que estos recursos escasean, al tiempo que ha destacado que en Castilla-La Mancha el 95,8 de los sistemas de riego que usan los agricultores son «altamente eficientes», siendo la comunidad autónoma que hace un uso más eficiente de sus regadíos, al ahorrar cerca de 200 hectómetros cúbicos de agua.

   Otro de las ayudas aprobadas en este Consejo de Gobierno tiene como destinatario a los jóvenes agricultores, para conseguir un relevo generacional, y crear empleo en las zonas rurales. Para ello se ha aprobado un montante de 12 millones de euros, dirigidas a personas de entre 18 y 40 años.

   Con este dinero se subvencionará el pago de la primera anualidad del arrendamiento de tierra; los gastos notariales y registrales, o los costes de los avales de la primera instalación, pudiendo alcanzar por tanto los 40.000 euros, ha dicho Rodríguez, que ha añadido que hasta 300 personas se podrán acoger a estas ayudas.

   La portavoz ha continuado explicando la tercera línea de ayudas, cuyo valor asciende a 10 millones de euros, y dirigida a mejorar las instalaciones y explotaciones agrarias, a fin de ser «más competitivos».

   Serán beneficiarios de estas subvenciones los propietarios de estas explotaciones, ya sean personas físicas o jurídicas, que podrán recibir hasta 100.00 euros, ha indicado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que serán cerca de 700 las personas que podrán recibir estas inversiones.

   De otro lado, y también a instancias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha aprobado otras dos líneas de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos, y denominada «Fondo Verde», desde que se pusieron en marcha en 2005 .

   Destinadas a los consistorios incluidos en los espacios protegidos de la región, y zonas periféricas, estas ayudas financiaran actuaciones que sirvan para conservar el entorno natural, y para contribuir al desarrollo social y económico de estas zonas, ha indicado.

INVERSIÓN SOCIAL

   Así las cosas, el Consejo de Gobierno de este miércoles ha aprobado también, una inversión de 19,8 millones de euros en el ámbito del bienestar social, «que refleja que para los próximos años no hay recortes en las prestaciones sociales, sino que se consolidan y se garantizan», ha resaltado Rodríguez.

   Se trata de la convocatoria de subvenciones para la participación en programas de integración social del sistema de servicios sociales de Castilla-La Mancha, dirigidos a luchar contra la exclusión social en la región, y que realizan ayuntamientos, mancomunidades, entidades sin animo de lucro, o entidades privadas con iniciativa social.

   Según Rodríguez, gracias a la convocatoria de 2010 se han sufragado un total de 313 programas, de los 90 han sido llevados a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, y 223 por ayuntamientos, que tienen como resultado que Castilla-La Mancha «sea la comunidad  que más cohesión social ha alcanzado en los últimos, años según los informes de Cáritas», ha concluido.

La cantidad se repartirá en tres líneas de ayudas como son la mejora de los sistemas de regadío, la instalación de jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones

Rodríguez fijó los acuerdos en Agricultura y Medio Ambiente.

«Son acuerdos que vienen a dar un impulso al desarrollo rural» decía la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando explicó la partida de 36 millones de euros de ayudas al campo para la mejora de las explotaciones agrarias, los sistemas de regadío o la instalación de jóvenes agricultores.
Son algunos de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno celebrado ayer y que vienen a consolidar la apuesta por el mundo rural del Gobierno de Castilla-La Mancha y su adaptación a los nuevos tiempos.
Para ello, uno de los aspectos indispensables es la mejora de los sistemas de regadío para hacer del agua, uno de los recursos mejor aprovechados. Por eso la Junta de Comunidades ha dedicado 14 millones de euros en infraestructuras o mejoras en los equipos de bombeo. De este modo se financiará hasta un 50 por ciento de la inversión con un coste máximo de un millón de euros.
El público objetivo serán 200 agricultores y regantes para que Castilla-La Mancha pueda mantener su ‘estatus’ de aprovechamiento ya que «el 95,8 por ciento de los sistemas de riego de la Región son altamente eficientes», informó Rodríguez.
La segunda linea de ayudas por volumen de inversión va destinada a la instalación de jóvenes agricultores, una partida de 12 millones de euros que sirvan como foco de empleo en las zonas más rurales y actúen de «relevo generacional» en el campo.
Ayudas destinadas a personas de entre 18 y 40 años que podrán destinar al pago del contrato de arrendamiento de tierras, o el pago de los avales y préstamos de la primera instalación. Cerca de 300 beneficiarios se podrán acoger a estas ayudas que no superarán los 40.000 euros. Ayudas que han demostrado su utilidad ya que, en lo que va de legislatura, se han incorporado más de 1.000 nuevos agricultores gracias a los más de 52 millones de euros invertidos.
El tercer bloque de subvenciones afecta a las instalaciones y explotaciones agrarias. 10 millones de euros para la modernización de estos ámbitos de los que se podrán beneficiar hasta 700 agricultores, según estimación del Gobierno.
«Se trata de ser más competitivos en nuestras explotaciones agrarias», explicó Rodríguez, por medio de la mejora de la productividad, la diversificación de las explotaciones o la reducción de los costes. Acciones todas con las que el agricultor se podrá acoger a estas ayudas con hasta el 50 por ciento de la inversión máxima que será de 100.000 euros por unidad de trabajo.
Con todo ello se quiere dar un cambio al mundo rural y convertirlo en «verdadero motor de desarrollo que permita fijar población y que permita vivir dignamente a aquellos que deciden trabajar la tierra», expresó la portavoz.

y también Medio ambiente
En este caso son dos lineas de ayuda que responden a la continuación de los denominados Fondos Verdes. Por un lado paquetes destinados no tanto a las personas como a las instituciones y ayuntamientos que están incluidos en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha, y en su compromiso con la mejora de los espacios naturales y su entorno.
Por otro lado a la mejora de los rendimientos económicos de zonas que tengan aprobados un Plan de Ordenación de los Recursos naturales que, en este caso, incluyen novedades como las zonas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y la Sierra Norte de Guadalajara, que tiene aprobado recientemente su Plan y que pasará a proyecto de ley en los próximos meses.
Distintas cantidades que se destinarán a acciones como programas de formación, instalación de emplazamientos turísticos o adecuación de construcciones al entorno paisajístico.  

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia, cuyo fallo adelantó el pasado 1 de octubre, en la que se rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Región de Murcia contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, volviendo a avalar de este modo la gestión del Ebro por parte de la Generalitat, regulada en el artículo 117 de la norma.

La resolución se remite a lo señalado ya al respecto en la sentencia sobre el recurso que interpuso el PP contra el Estatut y únicamente profundiza respecto de la impugnación por la Comunidad murciana del artículo 117.1 c) de la norma catalana, que se refiere a las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua respecto de cuencas hidrográficas intracomunitarias.

Este aspecto no fue recurrido por el PP, por lo que ésta es la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto. Así, señala que no existe la vulneración de la autonomía local denunciada por el Gobierno murciano y tilda la propia impugnación de «meramente preventiva y, por tanto, injustificada».

A juicio del Tribunal Constitucional «nada permite concluir» que esta competencia autonómica sobre la garantía del suministro en caso de necesidad «suponga una invasión o desconocimiento de las legítimas competencias que eventualmente corresponda ejercer a las Entidades locales en materia cuando resulten directa y claramente afectados sus propios intereses».

VOTOS PARTICULARES.

La decisión ha contado con los votos particulares de los magistrados –considerados del sector conservador– Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata-, si bien éste último es el único que argumenta su decisión. El resto se remite a lo señalado en sus respectivos votos respecto de la sentencia sobre el recurso del PP.

Para Rodríguez-Zapata, sin embargo, la argumentación de la mayoría sobre el asunto del suministro en caso de necesidad es «impreciso», y la sentencia debería haber ahondado más en el asunto. Considera no obstante que la impugnación de la comunidad murciana ha sido correctamente rechazada por la falta de valor normativo del propio precepto, regulado en el artículo 117.1 c) del Estatut.

En su voto particular, Rodríguez-Zapata se queja de que esta resolución se remita casi en su integridad a lo dicho sobre la gestión del agua en la sentencia por el recurso del PP, ya que dichas remisiones «en blanco» -sin resumir o extractar doctrina- a una sentencia tan compleja ni incrementa la seguridad jurídica ni ayudan a esclarecer las dudas».

«COMPETENCIA EXCLUSIVA»

Entre otras cosas, el artículo del Estatut recurrido por Murcia, el 117, establece que, en materia de agua, corresponde a la Generalitat la «competencia exclusiva» para su gestión y las obras e instrumentos específicos que tengan que ponerse en marcha.

También dice que la Generalitat debe participar en la planificación y en los órganos de gestión estatales de los recursos hídricos sobre cuencas hidrográficas intercomunitarias y estipula que el Gobierno catalán tiene que emitir un «informe preceptivo» para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

En la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la que evaluaba el recurso presentado por el PP, los magistrados ya se pronunciaron sobre el artículo 117, que consideraron plenamente constitucional.

En el fundamento jurídico que razonaba la constitucionalidad de este artículo, los magistrados explicaban que la atribución por el Estatuto de competencias exclusivas sobre una materia «no puede afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado.

En concreto, respecto a la competencia autonómica sobre cuencas hidrográficas intracomunitarias precisaban que «ha de cohonestarse con el legítimo ejercicio por parte del Estado de los títulos competenciales que puedan concurrir o proyectarse sobre dicha materia».

Por lo que refiere a la participación de la Generalitat en los órganos de gestión estatales –artículo 117.3, cuestionado por el PP y por el Gobierno de Murcia–, explicó el Constitucional que corresponde al legislador estatal «determinar con entera libertad la participación expresada, su concreto alcance y su específico modo de articulación, que no podrá tener lugar en órganos de carácter decisorio».

Igualmente, en relación con el informe preceptivo que la Generalitat emitirá sobre las propuestas de trasvase de cuencas –artículo 117.4–, la sentencia sobre el recurso del PP estimaba su constitucionalidad dado que se trata de un informe que «aunque preceptivo» no es «vinculante», por lo que «se compadece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma».

Una vez conocida esta sentencia, queda pendiente el resultado de los recursos presentados por el Gobierno de La Rioja y el Defensor del Pueblo. El pasado 9 de septiembre el alto tribunal ya resolvió los planteados por Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, igualmente desestimando sus impugnaciones.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a bombear agua del Júcar a la balsa de San Diego, embalse regulador de las aguas que lleguen desde el Azud de la Marques a Villena a través del trasvase Júcar-Vinalopó. La entrada de caudal en la balsa supone un paso más en el final de las infraestructura técnica pero la apertura del trasvase sigue rodeada de polémica. A día de hoy y según apuntaron ayer desde la Junta Central de Usuarios, el agua del Júcar continúa sin tener clientes ya que el Ministerio sólo ha logrado las adhesiones de un par de ayuntamientos, entre ellos el de Elche, que utilizarían el agua para baldear calles y el mantenimiento de los huertos de palmeras y los parques.
Los regantes y el resto de los ayuntamientos miembros de la Junta Central de Usuarios reiteran que no aceptarán el agua de Cullera si no se garantiza una calidad similar a la de Cortes de Pallás (proyecto original), toma que defiende el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y un precio de 18 euros el metro cúbico.
Dos condiciones que consideran innegociables los regantes, enfrentados de nuevo con el Ministerio de Medio Ambiente al haber comprobado como el Gobierno no incluía en sus presupuestos una partida económica para construir la potabilizadora anunciada por el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu. Aunque las relaciones no se han roto, el escenario actual es similar al de finales de 2005. pero con el trasvase prácticamente finalizado desde el punto de vista de la infraestructura física: no hay acuerdo para recibir el agua.
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó. En ella se pueden almacenar más de 20 hm3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podrá llenarse hasta 4 veces al año, según la información que maneja el Ministerio de Medio Ambiente.
El embalse tiene unas dimensiones tan extraordinarias que fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2).
En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y el febrero de 2020 aprobó del Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.