El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó hoy que “los murcianos no tenemos por qué pagar el agua más cara de España por una decisión política arbitraria”, y remarcó que “es el momento de cerrar desaladoras y aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura porque hay agua en los embalses de cabecera para trasvasar”.Cerdá explicó que “no tiene sentido que en estos momentos funcionen las desaladoras porque encarecen el agua”. Subrayó que en el congreso de la Asociación Española de Desalación y Reutilización celebrado esta semana en Barcelona “se han puesto de manifiesto los muchos inconvenientes que tienen estas infraestructuras”, sobre todo, su alto precio económico, el gasto energético y el coste ambiental.El consejero de Agricultura y Agua destacó que “la desalación es propia de países que no tienen ninguna otra fuente de agua, como los países árabes, pero no tiene sentido para España que sólo utiliza el 20 por ciento del agua circulante, y el resto se va al mar”.

Según Cerdá, corregir el déficit estructural “no puede hacerse sin recurrir a los trasvases”, pero “exigen solidaridad y creer en el concepto de Nación, valores de los que carece el Gobierno socialista”, apostilló.El consejero de Agricultura y Agua abogó por mantener las desaladoras como “infraestructuras de emergencia”, pero “no como una solución estructural y definitiva”. Cerdá señaló que “Murcia es la región que más cara paga el agua”, incluso supera a las comunidades insulares de Baleares y Canarias, debido a la desalación.Déficit que sigue sin resolverseEl titular de Agricultura y Agua indicó que el año hidrológico que acaba de finalizar “ha sido lluvioso” y añadió que las reservas de los embalses “son inusuales” porque, según dijo, “están en los niveles más altos de los últimos veinticinco años”. Sin embargo, el responsable de Agua del Gobierno regional matizó que la cuenca del Segura continúa siendo estructuralmente deficitaria y apuntó que el problema de escasez de la Región de Murcia “sigue sin resolverse”. “Hay reservas en la cabecera del Tajo y por tanto es posible cumplir la ley del trasvase”, aseveró el titular de Agricultura y Agua, quien recordó que las normas de explotación contemplan un desembalse anual de 600 hectómetros cúbicos para “compensar el déficit de la cuenca”, unos aportes que además, indicó, “no han llegado nunca con el Gobierno socialista”.“Es el momento de tomar esas decisiones como consecuencia del buen estado hidráulico en el que se encuentran los embalses en estos momentos debido a las lluvias”, remarcó Cerdá.

Un total de 402 jóvenes agricultores se han incorporado al campo este año en Castilla-La Mancha. El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, manifestó que es una buena noticia:«En este año 2010 se ha invertido la tendencia decreciente en cuanto a las incorporaciones de jóvenes agricultores en los últimos años, donde la media era de 362 jóvenes incorporados cada ejercicio, con un mínimo de 104 en 2.009».
Chillarón ofreció estos datos durante una reunión con una representación de técnicos de la organización agraria Asaja de todas las provincias. En el encuentro se trató la posibilidad de anticipo de las ayudas del pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Un anticipo que, como recordó el director general, «será posible pues la semana pasada la Comisión Europea adoptó una decisión en tal sentido, abonando las ayudas a partir del 16 de octubre próximo, por un importe del 50% como máximo y tras la comprobación de las condiciones de admisibilidad que establecen los reglamentos europeos». Se prevé que el anticipo llegue a 130.000 titulares de explotaciones y el montante total rondará los 210 millones de euros.    

Más de cinco años después de que el 21 de abril de 2005 el PSOE apoyara en el Congreso de los Diputados la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno del PP el 5 de julio de 2001, poniendo fin al polémico trasvase del Ebro; la alternativa ofrecida en su día por Zapatero —la puesta en marcha de 24 plantas desalinizadoras en el arco Mediterráneo— para llevar agua a la zona de Levante, ha fracasado. Dos hechos que se han producido a lo largo del mes de septiembre suponen la constatación del fracaso de la política socialista de agua, que se quiso presentar como alternativa al proyecto popular, pero que, a la vista de lo sucedido, ha terminado por reconocer que no eran tan malos los trasvases como se demonizaron en su día.

La primera llamada de atención de este fracaso la dio el 2 de septiembre en el Congreso el presidente de Red Eléctrica Española, el ex ministro socialista, Luis Atienza, en su intervención en la Comisión de Cambio Climático, al reconocer que las desaladoras que el Gobierno ha puesto en marcha en Levante tienen problemas importantes de funcionamiento porque no les llega suficiente energía eléctrica.

Solo cinco de 24

Esta es una de las causas de que el PSOE no haya podido cumplir su compromiso de poner en marcha las 24 desaladoras previstas, de las que solo cinco están en funcionamiento, según señala el portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, que esgrime la respuesta parlamentaria que el Gobierno le remitió el 20 de abril. Con el Gobierno socialista solo se han terminado las plantas de San Pedro del Pinatar II, la ampliación de Alicante I, Alicante II, Valdelentisco y El Prat de Llobregat, esta última ejecutada por la Generalitat. Pero no funcionan a pleno rendimiento, porque no le llega la energía eléctrica necesaria.El resto de desalinizadoras puestas en marcha durante el Gobierno socialista fueron iniciadas por el Gobierno del PP, por lo que el PSOE no se puede atribuir su paternidad, según Floriano.

Atienza lo dijo muy claro en el Congreso: «Sobre las desaladoras hay proyectos de desarrollo de la red que han atenuado los problemas, pero hay necesidades importantes» El ex ministro socialista fue más allá, al señalar que «en el Levante hay un problema crónico de dificultad de desarrollo de la red de transporte, como consecuencia del incremento urbanístico que ha dificultado la obtención de pasillos. No es fácil encontrar pasillos entre las zonas protegidas y las urbanizadas, lo que ha dificultado y retrasado el desarrollo de las inversiones».

Para Floriano, las palabras de Atienza son el reconocimiento «del fracaso de las desaladoras como única solución al problema del agua. Al PSOE le sirvió para mantener un discurso alternativo al del PP». Sobre este fracaso, recuerda que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ofreció al PP crear una Subcomisión para estudiar la política de agua: «Estábamos dispuestos a participar en la Subcomisión, pero le dijimos que ello suponía reconocer el fracaso de su política, Al final no se hizo».

El segundo argumento de este fracaso está recogido en el documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», presentado por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, el 20 de septiembre, en la Comisión Permanente del PSOE. Este informe no descarta los trasvases para paliar la escasez de agua: «La intervención humana, en ocasiones, también sirve para recuperar situaciones de “stress” hídrico, no debiéndose descartar a priori ninguna tecnología o infraestructura que ayude a conseguir este objetivo, incluidos trasvases intracuenca o intercuenca que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados». Además, el PSOE apuesta ahora por la «unidad de gestión por cuencas hidrográficas», cuando ha transferido a Andalucía la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este documento, según la diputada del PP y portavoz en la Comisión del Cambio Climático, Teresa de Lara, refleja «el fiasco y las contradicciones en que han caído los socialistas».

El Tribunal Supremo (sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar un recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería).

Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que aquellos momentos almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad.

Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Constitución

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en al Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo.

Los recurrentes deben pagar las costas. Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de apelar también contra los envíos de agua para abastecimiento de la población obedece a las críticas de esta Comunidad autónoma de que no existe control sobre el destino final del agua en la cuenca del Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.

La llegada de agua del Júcar de calidad se vincula directamente con la propuesta de la Federación Provincial de Regantes para conectar el embalse de Tous con el trasvase Júcar-Vinalopó y así poder utilizar una parte de los caudales que se están vertiendo al mar a través del Júcar. Un planteamiento que no ha encontrado ningún tipo de respaldo entre los regantes tradicionales del río en Valencia que, además, defienden la postura del Gobierno de trasladar la toma del agua del trasvase a la desembocadura.
Juan Valero de Palma, secretario general de los usuarios del Júcar, apunta que «apoyamos la reivindicación de la Junta Central de que el agua que llegue a Alicante tenga la máxima calidad, pero también queremos dejar claro que el agua que se va a trasvasar desde el Azud de la Marquesa es la misma que utilizamos en los arrozales de Sueca, Cullera o Favareta. Nos sentimos insultados al acusarnos de insolidarios».
Valero de Palma subraya, además, que «el agua del Azud de la Marquesa es mucho mejor que la que se captaba del Ebro en Xerta y que todo el mundo aceptaba. Por supuesto que pensamos que en el trasvase deben estar todos, incluidos los abastecimientos para que la obra sea sostenible económicamente pero, insisto, el agua del Azud de la Marquesa es la que usamos nosotros».
Sobre el rechazo de los valencianos a conectar Tous con el Júcar-Vinalopó, Valero de Palma, señala que «es inviable porque la situación de este año, donde es cierto que ha habido agua, es coyuntural. En veinte años de funcionamiento del embalse sólo se ha producido en 2009 y en 2010. O sea que la conexión se podría utilizar solo 2 de cada 240 meses». Según el portavoz de la Usuj, los regantes de Valencia nunca estuvieron de acuerdo con la toma de Cortes. «Siempre hemos defendido la toma en Cullera pero nadie nos preguntó. Entonces el gobierno de Madrid era el mismo que el de Valencia y poco se podía hacer», recuerda Valero de Palma.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha denunciado este domingo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 contemplan, para materia hídrica, 79 euros por cada ciudadano de la Comunitat Valenciana.

   Al respecto, Cotino, que se ha expresado en estos términos en un comunicado, ha asegurado que esta inversiones por habitante en la Comunitat se sitúa «muy por debajo» de las que el Gobierno central realizará en autonomías como Aragón, Castilla La Mancha o Extramadura. «Eso, sin tener en cuenta las inversiones extraordinarias que recibe Cataluña que no se reflejan en estas partidas presupuestarias», ha manifestado.

   Así, ha indicado que por cada valenciano se recibirán 79 euros en materia hídrica, en 2011, mientras que por cada habitante de Castilla La Mancha se percibirá 92,5, por cada aragonés, 121 y por cada extremeño 123,4 euros.

   «Una vez más se demuestra el trato discriminatorio que sufrimos los valencianos, a pesar de ser la autonomía que realiza un uso más eficiente del agua gracias al esfuerzo inversor del Gobierno del presidente Francisco Camps», ha resaltado Cotino.

   El conseller también ha hecho hincapié en que la Comunitat es la que cuenta con más superficie de riego modernizado, la que realiza mayor depuración de aguas residuales y la que reutiliza los que mayor cantidad de agua tratada. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno central «nos castiga poniéndonos a la cola en sus inversiones».

   En opinión de Juan Cotino, los PGE en materia hídrica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero «son un auténtico engaño, puesto que la partida en infraestructuras hídricas del Ministerio se reduce un 30 por ciento, disfrazando esta caída de las inversiones con los presupuestos de sus empresas públicas».

   Asimismo, ha señalado que desde el Gobierno «quieren hacer creer a los valencianos que se van a mantener las inversiones en agua para la Comunitat Valenciana», cuando, según ha explicado, «lo cierto es que más del 80 por ciento de lo que han presupuestado para 2011 corresponde a empresas públicas que año tras año incumplen sus previsiones».

   De hecho, ha asegurado los propios presupuestos «reconocen que se han invertido 28 millones de euros menos en 2010 de lo que estaba previsto». Además, ha indicado que «existen numerosos ejemplos del desfase de los presupuestos», y ha citado el caso de la desaladora de Torrevieja (Alicante), que «en las previsiones de 2010 anunciaron que invertirían 37 millones de euros en la anualidad 2010 y se terminaría en la anualidad 2011 con 14 millones». Sin embargo, «en los presupuestos de 2011 afirman que en 2010 se van a gastar 29 millones de euros, por lo que han recortado la inversión en ocho millones para este año», ha denunciado.

   «Este es sólo un ejemplo de la desvergüenza del Ministerio a la hora de elaborar estos presupuestos con los que pretenden engañar a todos los valencianos. Son unas cuentas totalmente inventadas y además lo poco que se destina a la Comunitat está mal invertido puesto que olvidan obras tan importantes como la Potabilizadora del Vinalopó, el Plan contra inundaciones del Júcar o el abastecimiento para la comarca del Maestrazgo», ha manifestado el vicepresidente Juan Cotino.

EL 40% DE ACUAMED SE DESTINA A DESALADORAS

   Por otro lado, Cotino ha señalado que el 40 por ciento del presupuesto de la empresa pública Acuamed, «que asume el grueso de las inversiones», se destinará a la construcción de cinco desaladoras. Así, han dotado presupuestariamente la ejecución de las desaladoras de Torrevieja, Guardamar, Denia, Mutxamel-Campello y Cabanes/Oropesa por lo que «es evidente que quieren llenarnos la costa de estas instalaciones», ha asegurado el conseller.

   Para el Vicepresidente, «existen actuaciones mucho más urgente que las desaladoras para paliar la escasez hídrica que sufre nuestro territorio». Así, ha incidido en que la construcción de desaladoras «no es una medida que vaya a resolver los problemas de hídricos de la Comunitat Valenciana, donde hacen falta aportes externos, es decir, trasvases de cuencas excedentarias».

   «Igualmente, son mucho más necesarias las obras destinadas a la mejora de la gestión hídrica de los recursos disponibles, es decir modernización de regadíos y reutilización de aguas residuales, así como las actuaciones destinadas a la prevención frente a inundaciones», ha asegurado.

   El vicepresidente también ha señalado que «viendo estos presupuestos, es evidente que la prioridad del Gobierno de Zapatero sigue siendo la construcción de desaladoras por toda la costa, unas infraestructuras de elevada factura energética y económica, puesto que el alto coste del agua desalada las hace inviables como alternativa a los trasvases para proporcionar agua a la agricultura».

   A su juicio, «los regantes de la Comunitat, y especialmente los de Alicante, necesitan agua en cantidad y calidad suficiente y esta agua no se la va a proporcionar las desaladoras». «En lugar de éstas deberían construir la potabilizadora en el Vinalopó para que puedan aprovechar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó», ha destacado Cotino.

La Comisión Europea lanzó ayer jueves un ultimátum a España para que aplique correctamente la normativa comunitaria en protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, especialmente en Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y las autoridades españolas tienen dos meses para ajustar su legislación a las normas europeas. De no hacerlo, el caso puede ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha advertido en un comunicado de que la protección de las aguas es una «prioridad absoluta» para la UE y por ello los Estados miembros deben «velar por la buena aplicación de la legislación para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente de la UE».

El objetivo de la directiva es impedir que los nitratos utilizados en la agricultura contaminen las aguas subterráneas y superficiales y fomentar el uso de buenas prácticas agrarias.

Controles

La norma obliga a los países a «controlar sus aguas y a determinar cuáles de ellas están contaminadas o podrían estarlo». También deben catalogar como ‘zonas vulnerables a los nitratos ‘ las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y que contribuyan a la contaminación.

Por último, les corresponde elaborar programas de acción adecuados para esas zonas. Bruselas opina que no se han designado suficientes zonas vulnerables a los nitratos (ZVN) en las Islas Baleares.

Además cree «insuficientes» los programas de acción presentados para Castilla-La Mancha (para limitar la aplicación de fertilizantes a las tierras), Castilla y León (tanques de almacenamiento de estiércol), La Rioja y el País Vasco (períodos en los que se prohíbe la aplicación de ciertos fertilizantes a las tierras).

Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, ha afirmado que España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.

La política del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir sistemáticamente los desembalses de agua del Tajo al Segura hace que no se distingan churras de merinas y de que el Gobierno de José María Barreda se oponga incluso a un envío de agua para atender a la población. Así ha ocurrido, pese a la consigna de que nunca se negaría agua para beber. El Tribunal Supremo (sección quita de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar otro recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería). Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en aquella fecha almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad. Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en la Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo. Los recurrentes deben pagar las costas.

Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de que apele también contra los envíos de agua para la población obedece a las críticas de esta Comunidad de que no existe control sobre el destino final del agua en el Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.

Esta última sentencia se suma a otras anteriores donde el Tribunal Supremo hizo varios reproches al Gobierno de Castilla-La Mancha. En uno de ellos, los magistrados mostraron su cansancio por el rechazo «sistemático» a los trasvases, y denunciaron que los recursos se repetían de forma «temeraria» y sin consistencia legal. En otra ocasión, el alto tribunal criticó que se utilicen razones políticas contra el trasvase, las cuales deben quedar al margen de los tribunales.

Baja el consumo

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha cerrado el año hidrológico con una caída del consumo en torno al seis por ciento, manteniendo así la tendencia de los tres últimos años, según ha señalado un responsable de este organismo.

Los 79 municipios a los que abastece la Mancomunidad en Murcia, Alicante y Albacete consumieron 226 hectómetros en 2006-2007. Desde entonces, el consumo ha ido decreciendo hasta llegar a los 204 hectómetros de este año, informa Efe.

La reducción del consumo y el mayor aporte de agua de lluvia han motivado, además, que se tenga que producir y utilizar menos cantidad de agua desalada. En total se han utilizado 60 hectómetros cúbicos de este recurso procedente de las plantas de desalación, lo que representa un 20 por ciento menos que el año anterior, como ha publicado ‘La Verdad.’

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 presentado por el Gobierno contempla una dotación para inversiones en infraestructuras hidrológicas de 2.277,97 millones de euros, que se destinan al desarrollo del Plan Hidrológico Nacional.
De ellas, 1.255,20 millones de euros corresponden a las inversiones previstas para 2011 por las sociedades de aguas. Además, hay 294,97 millones de euros destinados a infraestructuras ambientales.
Concretamente, las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ascienden a 873,43 millones de euros, destinadas fundamentalmente a inversiones hidráulicas. Este importe se complementa con transferencias de capital y activos financieros.

METEOROLOGÍA INCREMENTA SU PRESUPUESTO

Por otro lado, Meteorología es la única Agencia Estatal que registra un aumento de su partida respecto a la prevista en 2010. Concretamente, contempla una partida de 122,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,1%.
Mientras, el organismo autónomo Parques Nacionales registra una caída del 26,7 por ciento, con un presupuesto de 94,43 millones de euros. En su conjunto, las Confederaciones Hidrográficas rebajarán su presupuesto en un 17,3 por ciento, quedando una partida de 957,19 millones de euros, a los que hay que sumar los 74,09 millones de euros destinados a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, que registra un incremento del 10,6 por ciento.
Además, el proyecto de Presupuestos Generales contempla 16,61 millones de euros a la previsión, planificación de actuaciones e intervención en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, incluida la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones implicadas (protección civil). Además, la Unidad Militar de Emergencia contará con una partida de 24 millones de euros.