La Comisión Europea lanzó ayer jueves un ultimátum a España para que aplique correctamente la normativa comunitaria en protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, especialmente en Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y las autoridades españolas tienen dos meses para ajustar su legislación a las normas europeas. De no hacerlo, el caso puede ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha advertido en un comunicado de que la protección de las aguas es una «prioridad absoluta» para la UE y por ello los Estados miembros deben «velar por la buena aplicación de la legislación para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente de la UE».

El objetivo de la directiva es impedir que los nitratos utilizados en la agricultura contaminen las aguas subterráneas y superficiales y fomentar el uso de buenas prácticas agrarias.

Controles

La norma obliga a los países a «controlar sus aguas y a determinar cuáles de ellas están contaminadas o podrían estarlo». También deben catalogar como ‘zonas vulnerables a los nitratos ‘ las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y que contribuyan a la contaminación.

Por último, les corresponde elaborar programas de acción adecuados para esas zonas. Bruselas opina que no se han designado suficientes zonas vulnerables a los nitratos (ZVN) en las Islas Baleares.

Además cree «insuficientes» los programas de acción presentados para Castilla-La Mancha (para limitar la aplicación de fertilizantes a las tierras), Castilla y León (tanques de almacenamiento de estiércol), La Rioja y el País Vasco (períodos en los que se prohíbe la aplicación de ciertos fertilizantes a las tierras).

Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, ha afirmado que España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.

La política del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir sistemáticamente los desembalses de agua del Tajo al Segura hace que no se distingan churras de merinas y de que el Gobierno de José María Barreda se oponga incluso a un envío de agua para atender a la población. Así ha ocurrido, pese a la consigna de que nunca se negaría agua para beber. El Tribunal Supremo (sección quita de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar otro recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería). Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en aquella fecha almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad. Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en la Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo. Los recurrentes deben pagar las costas.

Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de que apele también contra los envíos de agua para la población obedece a las críticas de esta Comunidad de que no existe control sobre el destino final del agua en el Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.

Esta última sentencia se suma a otras anteriores donde el Tribunal Supremo hizo varios reproches al Gobierno de Castilla-La Mancha. En uno de ellos, los magistrados mostraron su cansancio por el rechazo «sistemático» a los trasvases, y denunciaron que los recursos se repetían de forma «temeraria» y sin consistencia legal. En otra ocasión, el alto tribunal criticó que se utilicen razones políticas contra el trasvase, las cuales deben quedar al margen de los tribunales.

Baja el consumo

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha cerrado el año hidrológico con una caída del consumo en torno al seis por ciento, manteniendo así la tendencia de los tres últimos años, según ha señalado un responsable de este organismo.

Los 79 municipios a los que abastece la Mancomunidad en Murcia, Alicante y Albacete consumieron 226 hectómetros en 2006-2007. Desde entonces, el consumo ha ido decreciendo hasta llegar a los 204 hectómetros de este año, informa Efe.

La reducción del consumo y el mayor aporte de agua de lluvia han motivado, además, que se tenga que producir y utilizar menos cantidad de agua desalada. En total se han utilizado 60 hectómetros cúbicos de este recurso procedente de las plantas de desalación, lo que representa un 20 por ciento menos que el año anterior, como ha publicado ‘La Verdad.’

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 presentado por el Gobierno contempla una dotación para inversiones en infraestructuras hidrológicas de 2.277,97 millones de euros, que se destinan al desarrollo del Plan Hidrológico Nacional.
De ellas, 1.255,20 millones de euros corresponden a las inversiones previstas para 2011 por las sociedades de aguas. Además, hay 294,97 millones de euros destinados a infraestructuras ambientales.
Concretamente, las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ascienden a 873,43 millones de euros, destinadas fundamentalmente a inversiones hidráulicas. Este importe se complementa con transferencias de capital y activos financieros.

METEOROLOGÍA INCREMENTA SU PRESUPUESTO

Por otro lado, Meteorología es la única Agencia Estatal que registra un aumento de su partida respecto a la prevista en 2010. Concretamente, contempla una partida de 122,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,1%.
Mientras, el organismo autónomo Parques Nacionales registra una caída del 26,7 por ciento, con un presupuesto de 94,43 millones de euros. En su conjunto, las Confederaciones Hidrográficas rebajarán su presupuesto en un 17,3 por ciento, quedando una partida de 957,19 millones de euros, a los que hay que sumar los 74,09 millones de euros destinados a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, que registra un incremento del 10,6 por ciento.
Además, el proyecto de Presupuestos Generales contempla 16,61 millones de euros a la previsión, planificación de actuaciones e intervención en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, incluida la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones implicadas (protección civil). Además, la Unidad Militar de Emergencia contará con una partida de 24 millones de euros.

La Comisión Europea lanzó ayer jueves un ultimátum a España para que aplique correctamente la normativa comunitaria en protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, especialmente en Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y las autoridades españolas tienen dos meses para ajustar su legislación a las normas europeas. De no hacerlo, el caso puede ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha advertido en un comunicado de que la protección de las aguas es una «prioridad absoluta» para la UE y por ello los Estados miembros deben «velar por la buena aplicación de la legislación para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente de la UE».

El objetivo de la directiva es impedir que los nitratos utilizados en la agricultura contaminen las aguas subterráneas y superficiales y fomentar el uso de buenas prácticas agrarias.

Controles

La norma obliga a los países a «controlar sus aguas y a determinar cuáles de ellas están contaminadas o podrían estarlo». También deben catalogar como ‘zonas vulnerables a los nitratos ‘ las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y que contribuyan a la contaminación.

Por último, les corresponde elaborar programas de acción adecuados para esas zonas. Bruselas opina que no se han designado suficientes zonas vulnerables a los nitratos (ZVN) en las Islas Baleares.

Además cree «insuficientes» los programas de acción presentados para Castilla-La Mancha (para limitar la aplicación de fertilizantes a las tierras), Castilla y León (tanques de almacenamiento de estiércol), La Rioja y el País Vasco (períodos en los que se prohíbe la aplicación de ciertos fertilizantes a las tierras).

Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, ha afirmado que España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.

La inversión en infraestructuras que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para Castilla-La Mancha para el próximo año se reduce un 30 por ciento con respecto a 2010, aunque se mantiene el gasto social con un incremento del 3 por ciento en la pensiones mínimas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha informó en rueda de prensa que la inversión en infraestructuras será de 920 millones de euros, lo que supone una reducción del 30 por ciento con respecto al presupuesto de este año, que ha sido de 1.312 millones.

Supone un 5,5 por ciento del total de la inversión en infraestructuras que se hará en España el próximo año, que es un porcentaje superior a la aportación del 3,3 por ciento de Castilla-La Mancha al producto interior bruto (PIB) nacional y al peso demográfico que tiene la comunidad autónoma el conjunto del país, que es el 4,5 por ciento, ha añadido Díaz – Cano .

En especial disminuirá la inversión en infraestructuras del transporte con un 21 por ciento, aunque es un porcentaje muy inferior a la del resto del país donde la reducción será del 30 por ciento.

Concretamente, en infraestructuras del transporte se contempla una partida de 659 millones de euros, de los que algo más de 217 millones de euros son para carreteras y algo más de 440 millones para el ferrocarril

No obstante, Díaz – Cano ha subrayado que a pesar de la disminución de inversiones en todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España sigue manteniendo una importante dotación para el ferrocarril de alta velocidad en la región, con una partida de más de 330 millones de euros.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra han inaugurado, la exposición «Transvasament de l’Ebre: Govern de la II República» y han presentado el libro homónimo, en el que se recogen documentos originales de 1937 que establecen la necesidad de realizar un trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia.

En el transcurso de la inauguración tanto Cotino como Fabra han denunciado la discriminación que sufre la Comunitat Valenciana en materia hídrica. Para el vicepresidente «el Gobierno de Zapatero está evidenciando un doble discurso que perjudica notablemente los intereses valencianos».

«En la actualidad -ha recordado Cotino- el Ebro tiene 10 trasvases, pero ninguno a la Comunitat. En uno de ellos el agua llega a unos municipios de Cataluña que se encuentran exactamente a la misma distancia que la ciudad de Castellón, 127 kilómetros».

«O sin ir más lejos -ha continuado el Vicepresidente- a principios de este mes se produjo el trasvase desde el Ebro de 475 litros por segundo para abastecer la capital cántabra y mientras la Comunitat Valenciana continúa sin percibir ni una sola gota, a pesar de formar parte de la cuenca».

Cotino ha insistido que desde la Generalitat «estamos a favor de la transferencia de agua entre cuencas excedentarias a las deficitarias, lo único que queremos es que la Comunitat Valenciana, un ejemplo en gestión hídrica, reciba, también, el mismo trato que otros territorios».

«A pesar de todos nuestros esfuerzos, de la inversión en sistemas y en infraestructuras de ahorro y gestión de la misma, la Comunitat Valenciana, sigue arrastrando un déficit hídrico histórico y necesitamos la transferencia de aguas desde el Ebro, algo que ya se evidenció como necesario en la II República Española, tal y como lo demuestra la exposición hoy se ha inaugurado», ha destacado Juan Cotino.

El trasvase del Ebro, una necesidad histórica

«Gracias a los documentos recopilados en esta exposición -ha continuado- se demuestra que el trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y a Murcia y Almería es una necesidad histórica, real, no un capricho del Partido Popular, una necesidad que no entiende de Gobiernos ni de izquierdas ni de derechas. Desde la II República, pasando por el Gobierno de Felipe González que diseñó un Plan Hidrológico y el Gobierno de Aznar, todos han contemplado la importancia y la necesidad de realizar trasvases de agua entre cuencas. Todos excepto el Gobierno de Zapatero».

Así se pone de manifiesto que se podía disponer perfectamente de parte del agua que el Ebro vertía al mar y llevarla al Levante español sin que esto supusiera un excesivo coste acorde con el inmediato rendimiento que el agua trasvasada generaría no sólo en Valencia y Murcia, sino también en el conjunto de España. Por ese motivo, reivindicamos permanentemente la recuperación del trasvase del Ebro.

Un alto cargo de la II República española, Félix de los Ríos, establecía que era necesario un trasvase de agua del Ebro a la Comunitat y lo consideraba una obra de interés nacional. «Como vemos -ha continuado Cotino- la realidad hidrográfica no es nueva, llevamos ya muchas décadas con escasez de agua en nuestra Comunitat y necesitamos los trasvases para sobrevivir y los reclamamos porque el agua es de todos los españoles».

Minucioso informe del trasvase del Ebro en la exposición

Los documentos, adquiridos por la Fundación Agua y Progreso y autentificados mediante pruebas caligráficas, son originales de 1937 y contienen un minucioso informe sobre el Trasvase del Ebro, titulado ‘Aprovechamiento de parte de las aguas sobrantes del Ebro en ampliar y mejorar los riegos de Levante’. El informe es obra del ingeniero de Caminos Félix de los Ríos, uno de los más reputados y prestigiosos expertos españoles en materia hidráulica de la época.

El alto cargo del Gobierno republicano realizó un plano detallado con la planificación del Trasvase del Ebro desde Cherta, en Tortosa, hasta la Región de Murcia (pasando por Castellón, Valencia y Alicante) y que se puede observar en la muestra que se ha presentado hoy. Además, podrá contemplarse el informe de Félix de los Ríos que se detalla los caudales sobrantes del Ebro que deberían destinarse a mejorar los riegos del Levante peninsular, con el fin de aumentar el agua disponible para regadío.

Forma parte de la muestra la carta que el entonces delegado del Gobierno de Servicios Hidráulicos de la Cuenca del Segura, Luis López Ambid, dirigió en 1937 al ministro de Obras Públicas de la II República, Bernardo Giner de los Ríos. En la misiva, solicita el Trasvase del Ebro al Levante español, basándose en el informe de Félix de los Ríos, ante el «agotamiento total de los caudales disponibles para riego de la cuenca del Segura y sus afluentes».

La Directiva Marco de Aguas, el nuevo marco legal al que todos los países de la UE tenemos que acoplarnos, exige cambios profundos en los modelos de gestión de aguas vigentes hasta la fecha.

En primer lugar, debemos cambiar los tradicionales enfoques de “gestión de recurso”, que nos han llevado a tratar los ríos como simples canales de H₂O, hacia nuevos modelos de “gestión ecosistémica”. Un reto similar al de cambiar las políticas madereras por políticas forestales, en la medida que entendemos que un bosque es mucho más que un simple almacén de madera. Este cambio radical se sustancia en un objetivo central para la Directiva: recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos para 2015.

En segundo lugar, deben abandonarse los tradicionales modelos “de oferta”, bajo masiva subvención, para priorizar estrategias de “gestión de la demanda”, promoviendo nuevos enfoques tarifarios basados en el principio de recuperación de costes.

En tercer lugar, se plantea el reto de transitar desde las viejas tradiciones de gestión tecnocrática a nuevos enfoques basados en la participación ciudadana pro-activa.

Este reto de cambio tiene una cita decisiva en la nueva planificación hidrológica que, según lo previsto en la Directiva, tendría que haberse culminado en 2009. Sin embargo, a finales ya del 2010, apenas si existen borradores preliminares de los correspondientes planes de cuenca. Tan sólo la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha cumplido sus deberes con el Plan de Gestión de Aguas de Cataluña.

Pero lo más grave no está en este incumplimiento de plazos, sino en los contenidos que se apuntan en los borradores de la planificación.

El nuevo ministerio empezó frenando el proyecto de nueva Ley de Aguas que Cristina Narbona había dejado listo para ser aprobado, tras duros debates y negociaciones en el Consejo Nacional del Agua. De esta forma, las profundas reformas que requiere una correcta transposición de la Directiva Marco quedaron en el olvido.

El notable trabajo técnico iniciado en la anterior legislatura para definir caudales y regímenes ecológicos acordes a los nuevos criterios de la DMA fue igualmente abortado. Ésta era, de hecho, una de las claves para conseguir recuperar el buen estado ecológico de los ríos. Unos caudales que deben calcularse también en los tramos de desembocadura pues, tal y como exige la Directiva, la planificación de cuenca debe incluir estuarios, deltas y plataformas litorales. Ya no puede seguirse hablando del “agua de los ríos se pierde en el mar…”. Hoy se conoce la enorme importancia de esos caudales, no sólo para preservar la sostenibilidad de deltas y estuarios, sino también las pesquerías en las plataformas costeras, por la aportación fluvial de nutrientes continentales, especialmente en momentos de crecida; e incluso las playas turísticas, cuyas arenas proceden en su mayor parte de los aportes sólidos de los ríos, más que de la erosión costera de las olas…

Otro capítulo decisivo en el que el nuevo ministerio ha bloqueado la aplicación efectiva de la DMA es el de los nuevos enfoques económicos a aplicar. En efecto, la Directiva exige, ante todo, clarificar y publicar los costes que suponen los diversos servicios de agua, para luego avanzar en políticas tarifarias de recuperación de costes. Desgraciadamente, el meritorio trabajo del equipo de Narbona en este campo también se ha evaporado. Se vuelve a hablar, sin debate económico alguno, de nuevos trasvases del Tajo; el proyecto Xerta-Xenia amenaza transformarse en otro trasvase a Castellón; se sigue alentando la construcción de grandes presas, como el Recrecimiento de Yesa o la presa de Mularroya…; y todo ello fuera de los más elementales criterios de racionalidad económica, a pesar de estar en plena crisis económica. En todos estos proyectos, el Gobierno de Madrid y los diversos Gobiernos Autonómicos siguen eludiendo clarificar y exigir a los futuros beneficiarios el coste que supondrá su construcción…

Afrontamos así la fase final de la nueva planificación hidrológica con más sombras que luces. De hecho, la Comisión Europea ha lanzado ya sus primeras advertencias al Gobierno Español. Pero parece preferible jugar a pasar la patata caliente a quien venga después… Como se hizo con la burbuja inmobiliaria….

(*) Pedro Arrojo (Madrid, 1951) Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, de la que es profesor titular del Departamento de Análisis Económico. Su investigación está centrada desde hace 15 años en la Economía del Agua. Es el único español que ha recibido el Premio Goldman (2003), considerado como el Nobel del Medio Ambiente.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha solicitado reunirse con los máximos dirigentes de las dos fuerzas políticas mayoritarias, para sentar las bases de un acuerdo que otorgue a la Administración la planificación general de todas las cuencas del territorio español.

   De este modo, Del Campo quiere que se eviten «injerencias» de las comunidades autónomas y se garantice «la prevalencia de los intereses generales en materia de agua». En ese sentido, ha reiterado la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión de cuenca para evitar «las guerras del agua que vienen produciéndose desde hace cuatro años».

   «Sería deseable que el Constitucional devolviera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir todas las competencias que tenía para restaurar así los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca», ha dicho en relación a la futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto Andaluz por atribuirse las competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir.

   Además, ha señalado que el caso de Andalucía ha sentado un «mal precedente», alentando a comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León a «asumir la titularidad sobre los ríos que transcurren por su territorio».

El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó en su reunión del pasado miércoles el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Murcia (PP) contra los apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4 y 5 del artículo 117 de la Ley Orgánica 6/2006, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, referidos a la gestión del agua.

Esos artículos concedían al Gobierno catalán competencias para tomar medidas extraordinarias para garantizar el suministro de agua, sobre obras de interés general y dominio público hidráulico, la capacidad para emitir informes preceptivos para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial, y la participación en la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español, en los términos previstos en la legislación estatal.

El espaldarazo del Constitucional a estas competencias en políticas del agua de la Generalitat de Cataluña contó con los votos particulares de cuatro magistrados conservadores que en su día fueron elegidos a propuesta del PP.