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El alza del IVA pone la puntilla a la crisis de los regantes

Hasta 15.000 euros más al año tendrán que pagar los regantes en su factura de la luz como consecuencia de la subida del IVA que entró en vigor el pasado jueves, 1 de julio, y que ha creado tal desosiego en la Comunidad del Guadalcacín que está haciendo que muchos comuneros se planteen la vuelta al motor de gasoil y el uso de los pozos tradicionales, como así confirmó a este medio el presidente de su junta directiva, Pablo Ruiz Carmona.
Además, los regantes han advertido de que la subida del IVA va a colocar al sector agrario en “una situación límite” después del aumento del 60 por ciento en las tarifas eléctricas al que hicieron frente en 2009 al que hay que sumar otro 20 por ciento de principios de 2010.
Según las cifras de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), una comunidad de regantes “pequeña”, con menos de 1.000 hectáreas de cultivo y no más de 250 kilovatios de potencia, verá incrementado su gasto eléctrico en 1.387 euros anuales, mientras que una “mediana”, menos de 2.000 hectáreas y no más de 500 kilovatios, pagará 1.550 euros más al año. Teniendo en cuenta que la del Guadalcacín abarca 12.000 hectáreas, es lo que hace que los costes se vayan a disparar hasta los 15.000 euros de incremento a las facturas anuales de la luz.
Por ello, para Pablo Ruiz Carmona es paradójico que “el premio a la modernización sea la subida de la factura eléctrica. Después de todo lo que hemos pasado ahora vamos a tener que pensar el volver a riego manual de los pozos y el motor de combustible que tuvimos en el pasado, porque después del aumento tan brusco de los costes y la bajada de precios de los productos, esto sí que va a llevar de cabeza a la ruina al agricultor”.
Por su parte, desde Fenacore han criticado este incremento de los costes energéticos, ya que puede convertir en “inviable” la modernización de los sistemas de riego, que necesitan de una mayor cantidad de energía eléctrica para funcionar a cambio de ahorrar “entre un 10 y un 20% de agua”.
Entre las soluciones que plantea Fenacore se encuentra facilitar a las comunidades de regantes la posibilidad de formalizar al menos dos contratos al año con las compañías eléctricas, uno anual con una mínima potencia contratada para el suministro básico de los servicios de mantenimiento de los equipos y pequeños usos y otro uno de temporada para los meses de máximo consumo.
Por un lado, sería uno anual con una mínima potencia contratada para el suministro básico de los servicios de mantenimiento de los equipos y pequeños usos; y, por otro, uno de temporada para los meses de máximo consumo.
Asimismo, los regantes solicitan que se incluya en los contratos de temporada la posibilidad de modificar la potencia en las horas llano y punta, en función del mes, ya que el consumo no es uniforme.
“El problema es que aunque nos llevemos seis meses sin regar, como pasa en esta zona y no consumamos luz, tenemos que seguir pagando la contratación de la potencia y las compañías eléctricas no nos permiten darnos de baja en ese periodo para luego volver a contratar la energía. Si consiguiéramos sólo tener que hacer frente a los seis meses de riego, la modernización si habría sido rentable”, insiste Pablo Ruiz Carmona.
Y es que para el presidente de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, “los proyectos de transformación se calcularon sobre la base de unos costes energéticos muy inferiores”, por lo que este aumento de impuestos “deja en el aire” la modernización de los sistemas de regadío de “más de doce mil hectáreas».

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Los embalses españoles descienden un 1,1 por ciento en la primera semana de julio

Las últimas tormentas no han impedido el descenso del 1,1 por ciento del agua embalsada en nuestro país, aunque éstos se encuentran al 81,7 por ciento de su capacidad.

Esta semana las precipitaciones han afectado principalmente a las cuencas de la vertiente atlántica y la máxima se ha registrado en Soria, con 32,6 litro por metro cuadrado. La que más ha perdido es la del Tajo, que ha perdido 146 hectómetros cúbicos. Las únicas que no han tenido variaciones han sido las cuencas internas del País Vasco.

 Por ámbitos la reserva se encuentra al 76,5 por ciento en Galicia Costa; al 81,6 en Miño-Sil; al 84,4 en Cantábrico; al 95,2 en las cuencas internas del País Vasco; al 89,3 el Duero; al 74,1 por ciento el Tajo, y al 88 por ciento está la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura).La cuenca Atlántica Andaluza está al 90,4 por ciento de su capacidad; Guadalquivir, al 86,6; la cuenca Mediterránea Andaluza, está al 78,3; Segura, al 67; Júcar, al 55,8; Ebro, al 84,9, y las cuencas internas de Cataluña, al 83 por ciento.

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Aragón lleva al juzgado el plan hidrológico catalán

El Gobierno aragonés ha autorizado a los servicios jurídicos a interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón si la Agencia Catalana del Agua no da marcha atrás en su Plan Hidrológico 2010-2015, en exposición pública hasta el 23 de julio. El vicepresidente, José Ángel Biel, insistió ayer en que recurrirá a los tribunales para pedir su nulidad si la Generalitat no tiene en cuenta las 18 alegaciones que presentan de nuevo por extralimitarse en sus competencias y romper la unidad de cuenca con el fin de asegurarse agua suficiente para abastecerse.

Es la segunda vez que Aragón recurre la gestión hidráulica de la comunidad vecina. En mayo, lo hizo con 16 alegaciones al Programa de Medidas y al Informe de Sostenibilidad de dicho plan. Sin embargo, la Agencia Catalana del Agua no ha contestado y se ha limitado a decir que resolverá sobre todo ello de una sola vez y, según fuentes cercanas, que lo hará de forma expresa incluyéndolo o no en el propio plan, que posiblemente se apruebe antes de las elecciones catalanas, previstas para este otoño.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las 18 alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, antiguamente denominado Plan Hidrológico, que incluye las 16 ya presentadas más la parte normativa del propio plan. Entre ellas, que se suspenda su aprobación.

EL PROCEDIMIENTO Y es que la aprobación de cualquier plan, incluso el de cuencas internas, debe obtener el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Además, en los planes que afectan a determinadas cuencas, como en este caso la del Ebro, las competencias hidráulicas son del Consejo de Gobierno de las respectivas confederaciones, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Nada de todo esto se está realizando hasta ahora.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, explicó ayer que Aragón solicita a la Generalitat que rehaga el documento, cuyo plazo de exposición pública se ha ampliado desde finales de junio al 23 de julio. El Gobierno de Aragón entiende que incurre en importantes extralimitaciones competenciales. La principal, que se adueña como soberana del agua de toda la delimitación geográfica de Cataluña, planificando incluso caudales del Ebro y del Júcar, así como ríos compartidos como el Noguera Ribagorzana, el Segre, el Matarraña o el Algars.

Según el Gobierno de Aragón, en el documento Cataluña se apropia unilateralmente de varias masas de aguas subterráneas, lo que representa una violación de la Directiva Marco de Aguas de 2000. Tal acción, para el Ejecutivo aragonés, está al margen de cualquier amparo legal.

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La CHJ afirma que el abastecimiento de agua este verano está garantizado

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, ha asegurado este martes que todos los embalses de la Comunitat Valenciana están llenos y que este verano no habrá ningún problema de abastecimiento de agua.

Moragues ha realizado estas declaraciones en una visita a las obras de restauración de los caminos del Barranco del Carraixet en Valencia. El presidente de la CHJ ha explicado que los embalses de Tous y Contreras tienen todo el agua que pueden almacenar y el embalse de Alarcón tiene el segundo mayor nivel histórico de agua, por lo que el abastecimiento está garantizado.

El objetivo de la CHJ, según ha indicado Moragues, es el de guardar el agua para cuando lleguen las épocas de sequía. «Vamos a utilizar el agua justa, la que necesitamos y no vamos a desperdiciar ni una gota para estar mejor preparados para la próxima sequía», ha señalado.

No obstante, Moragues ha incidido en que este verano está siendo de momento «muy tranquilo» y ha añadido que «hemos pasado grandes sequías y no ha faltado ni una gota de agua por lo que no hay ningún problema».

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La Confederación del Júcar garantiza el suministro de agua gracias a las lluvias

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer que todos los embalses de la Comunitat están llenos, lo que permitirá que este verano no se produzca ningún problema de abastecimiento de agua. Moragues hizo estas declaraciones en una visita a las obras de restauración de los caminos del Barranco del Carraixet en Valencia. El presidente de la CHJ explicó que los embalses de Tous y Contreras tienen todo el agua que pueden almacenar, mientras que Alarcón tiene el segundo mayor nivel histórico de agua, por lo que el abastecimiento está garantizado. Se trata de los principales pantanos de los que se nutre Valencia y su área metropolitana. Además, Benagéber y Loriguilla también están llenos.

El objetivo de la CHJ, según Moragues, es el de guardar el agua para cuando lleguen épocas de sequía. «Vamos a utilizar el agua justa, la que necesitamos, y no vamos a desperdiciar ni una gota para estar mejor preparados para la próxima sequía», dijo el presidente de la CHJ.

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El Ministerio contempla abrir el proceso de información pública del borrador del plan de cuenca del Tajo

El Ministerio contempla abrir el proceso de información pública del borrador del plan de cuenca del Tajo «en las próximas semanas o meses» para recibir durante un período obligatorio de seis meses todas las alegaciones, muchas de las cuales espera que puedan ser «contrapuestas».

Así lo ha explicado hoy a Efe en Toledo la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Moren, que ha dicho que «la autoridad hidráulica» es la responsable de fijar lo que considera que el plan de cuenca debe contener «aún teniendo en cuenta que las alegaciones irán en todos los sentidos» y pueden ser contrarias.

Antes de aprobar el plan de cuenca -tanto del Tajo como de los demás ríos- hay que tener el esquema de temas importantes, un documento en el que se fundamenta el plan de cuenca y que, a su vez, debe estar informado por el consejo de agua de la demarcación.

Estos consejos de agua de la demarcación son órganos de nueva creación en España, cuya constitución está «alargando» la aprobacion de los planes de cuenca desde el punto de vista administrativo, ya que aún no está tramitado su reglamento, según la directora general.

En tanto, para conseguir aprobar los esquemas de temas importantes sin tener aún constituidos los consejos de agua de la demarcación el Ministerio ha decidido que el consejo de agua de la cuenca emita un informe preceptivo, aunque no vinculante, de estos esquemas de temas importantes.

Marta Moren ha asegurado que teniendo en cuenta que el borrador del plan de cuenca está «casi ultimado» y es «bastante completo», en las próximas «semanas ó meses» empezará el proceso de información pública durante un período de seis meses según obliga la directiva marco.

«Este período significa tener la posibilidad de comentar con todos los sectores, y esperemos que nos dé muchas opiniones que habrá que responder y motivar adecuadamente», ha indicado.

Una vez se hayan recibido todas las alegaciones y consultas, se integrarán en un «borrador definitivo» que se someterá al informe del consejo de agua de la demarcación (para entonces se habrá formado) y a la aprobación final del Consejo de Ministros. EFE

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Pingarrón dice que Murcia es una región que «no entiende lo que significa la solidaridad de C-LM»

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, se ha mostrado este lunes «sorprendido» de que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pida solidaridad para el uso del agua «cuando es una región que no entiende lo que significa la solidaridad de Castilla-La Mancha».

   Según ha explicado Pingarrón en rueda de prensa, «llevamos 10.000 hectómetros cúbicos de agua enviados a Murcia y eso es una muestra de solidaridad como no hay en toda España porque somos la única región que está cediendo agua a otras regiones».

    «Pedir solidaridad desde una región en la que ese agua se dedica a los campos de golf y donde están boicoteando las plantas de desalinización para no utilizar ese agua, me parece que son palabras pero no son hechos».

   Finalmente, el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda ha manifestado que «si hay que dar lecciones de solidaridad las pueden dar todos los ciudadanos de la Cuenca del Tajo», ha concluido.

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El Gobierno garantiza el aporte de 80 hm3 al trasvase Júcar-Vinalopó

El Gobierno garantiza que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), aportará el máximo volumen legal de agua del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó, que asciende hasta los 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora».
Las consideraciones sobre el trasvase forman parte de una respuesta parlamentaria del gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna.

Cortes de Pallás
Otro de los puntos tratados en el texto son los beneficios de la modificación de la toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, «que garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera».

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La directora del agua dice que gestionar cuencas hidrográficas de varias CCAA obliga «a un trabajo de diplomacia»

La directora general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, ha asegurado este lunes que la gestión de las cuencas hidrográficas cuando las comunidades autónomas no coinciden con las demarcaciones hidrográficas «obliga casi a un trabajo de diplomacia» entre las distintas regiones.

   Durante el curso de verano ‘Situación de la gobernanza del agua en España a la vista de la DMA’ organizado por la Fundación Ingeniería y Sociedad, Morén ha reconocido que es difícil cumplir los «ambiciosos» objetivos de la directiva marco de agua y que, atendiendo a esta normativa comunitaria, habrá que planificar después de realizar un «balance entre demanda y recursos» de cara a la planificación a 2015 de la asignación y los recursos.

   Precisamente, ha explicado que debido a esta dificultad de cumplimiento de la DMA en 2015 «ya se están planteando prórrogas para 2021 y 2027 por imposibilidad técnica en algunos casos o por los costes desproporcionados».

   No obstante, considera que el cumplimiento de tales objetivos «va a ser una revolución» para España, ya que por primera vez se integran los análisis económicos y la recuperación de costes. «El usuario tendrá que estar informado porque este proceso afectará a su bolsillo», ha advertido.

   Además, ha subrayado que el agua «va a estar disponible en función de las posibilidades que haya» y que, en este momento la demanda es mayor que los recursos, por lo que, en su opinión, «habrá que hacer una gestión ajustando los consumos a la sostenibilidad del agua».

   En ese sentido, ha manifestado que la gestión del agua «debe estar por encima de las Comunidades autónomas» y ha opinado que ninguna comunidad autónoma debería decidir sobre un río que pase por más de una región.

   Por su parte, durante su intervención, el Fiscal General de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha destacado el «cambio grandísimo» que se ha producido en España en los últimos 25 años en materia de agua, ya que anteriormente las sanciones y penas sólo se centraban en vertidos al agua en costa o en tierra, al aire o al suelo, pero que con las últimas modificaciones del código penal ahora también son delitos los vertidos en alta mar.

   También ha recordado que el anexo de la directiva marco del agua de 19 de noviembre de 2008 señala que no cumplir esta normativa es infracción de carácter penal.

   Por su parte, el catedrático de obras y aprovechamientos hidráulicos Florentino Santos ha indicado que la gestión autonómica no está facilitando que se pueda acometer una gestión integral del agua a nivel nacional y ha dicho que, a su juicio, el agua es un recurso que ahora depende de los intereses de los grupos políticos.

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Hemos tenido que soportar, durante muchos años, que el Júcar es un río de Valencia, cuando el Júcar lo tenemos aquí

Tiene presente la fecha: el próximo 23 de noviembre hará tres años que asumió su responsabilidad como delegado provincial de la Junta de Comunidades, la que según explica ha sido su primera experiencia política. Modesto Belinchón, albaceteño de 42 años, llegó al cargo desde el Ayuntamiento, donde era jefe de servicio y a donde asegura que volverá cuando termine esta andadura marcada, sobre todo en esta última etapa, por la crisis económica y, muy pronto, por todo lo que supone la preparación de la cita electoral de 2011.

-¿Cuál es la función de un delegado de la Junta? ¿Es algo así como un ‘superdelegado’ que lo lleva todo?

-El delegado de la Junta tiene que ‘aterrizar’ menos en cada una de las cuestiones sectoriales de las delegaciones provinciales, pero debe coordinar el trabajo del conjunto de todas ellas. Además de representar al presidente en la provincia, tiene también una tarea de coordinación general sobre los delegados y competencias específicas. Ahora mismo, éstas son todas las atribuidas a Administraciones Públicas y Justicia y todas las que tiene la Consejería de Presidencia, que son, en este momento, ciencia y tecnología, seguridad y protección civil y la presencia en los órganos donde está representado el presidente.

-Hace poco que se ha producido la remodelación de las consejerías que ha tenido su reflejo en las delegaciones provinciales. ¿Cómo está funcionando el nuevo equipo?

-Más que nuevo equipo, lo que ha habido es una reestructuración. La coyuntura económica en la que nos encontramos determina también la estructura política. El presidente Barreda fue el primer presidente que reconoció la situación de crisis y que, además, actuó en consecuencia: ya en el año 2008 aplicó una reducción de 14 a 10 consejerías. Ahora, en esta segunda reducción, se ha pasado de 10 a siete, con lo que ha aumentado el nivel competencial de cada una de ellas. Esto obliga a un reajuste en las delegaciones que las consejerías tienen en la provincia, y dentro de ese reajuste ha habido cambios. Esta reestructuración lo que pretende es, primero, mantener la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, ya que ninguna reducción puede suponer una merma en la prestación de estos servicios y, además, seguir los criterios de racionalidad y austeridad que ha aplicado el presidente Barreda.

Recolocación

-Hay quien ha criticado esa reducción porque no se considera tal, sino más bien una ‘recolocación’ de puestos. ¿Qué opina de ello?

-Es cierto que se critica, sobre todo desde las filas del Partido Popular, pero es una actitud demagógica. Cuando se hace una reestructuración de gobierno no se está hablando de personas, sino de puestos, de vacantes, y los puestos desaparecen. No se ‘recoloca’, sino que el presidente Barreda, por el trabajo que quiere hacer en Castilla-La Mancha, quiere rodearse de las personas que él cree que son las mejores, en estas circunstancias, para llevar adelante sus políticas, y eso es absolutamente legítimo y, además, lo que tiene que hacer.

-Uno de los nuevos puestos es el de Amaya Villanueva como delegada de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. ¿Qué competencias tiene?

-Economía y Hacienda tenía una coordinación provincial con un puesto de carácter más técnico. Ahora se ha creado esta Delegación porque en la coyuntura en la que estamos hay aspectos fundamentales de las políticas económicas a las que se ha comprometido el presidente Barreda que requieren de una representación política más contundente. Hay que estar cerca de las empresas y los empresarios, facilitar vías de financiación a las pymes, generar una mayor cobertura de seguridad para los autónomos, luchar contra el desempleo, y para todo ello hace falta generar actividad económica. Ese el propósito de esa Delegación.

-Hay aspectos que parecen estar compartidos con Empleo.

-Empleo se refiere más a las condiciones laborales de los trabajadores, a cuál es su nivel de protección social; también a generar planes específicos de empleo y formación, facilitando el camino a la plena integración laboral. Sin embargo, la dinamización económica previa a la generación de empleo la tiene que hacer Economía y Hacienda.

-Se habla también de una reducción de las empresas públicas dentro de ese objetivo de austeridad. ¿Cómo va a afectar a Albacete?

– La Junta tiene empresas públicas, fundaciones, consorcios, que son propios, y otros en los que está representada. En éstas últimas elimina su representación, aunque eso no implica la desaparición de la entidad. En las que son propias, algunas desaparecen o se refunden, o en base a ese principio de austeridad se reduce la presencia de miembros en todas las estructuras, lo que va a implicar la reducción de 94 a 50 organismos propios. En el caso de la provincia va a afectar a varios, pero todavía se está ‘cuadrando’, ya que no es fácil, con todas las entidades que hay. Lo que el Gobierno no pretende, en ningún caso, es que aquel consorcio, fundación u organismo público que esté desempeñando una tarea necesaria para la sociedad deje de hacerlo.

-Queda menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales. ¿Cómo encaran esa cita? ¿Cree que la crisis les va a pasar factura?

-La encaramos con mucha confianza pero no de una forma ilusa. Estamos en una situación económica de una enorme dificultad que no se genera en Castilla-La Mancha ni en España sino que tiene un origen mundial y que además está globalizada. Sin embargo, nos está afectando de una manera pertinaz y contundente y, porque somos conocedores de las dificultades, estamos trabajando para solventarlas. Al mismo tiempo, tenemos una enorme confianza en las posibilidades de nuestra tierra, porque el Partido Socialista es el partido de Castilla-La Mancha, de Albacete. Hemos sido el partido de referencia durante la inmensa mayoría de los años de democracia de nuestra tierra; hemos generado las perspectivas de progreso y de futuro que hoy tiene Albacete y Castilla-La Mancha, hemos trabajado para desarrollar un futuro más prometedor. Por tanto, estamos confiados, creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero la confianza hay que regenerarla y volver a conquistarla, y desde luego, en estos momentos de dificultad, tenemos que estar más comprometidos que nunca con los problemas de nuestra gente y con los retos que tenemos que asumir para encarar el futuro en mejores condiciones en asuntos como el agua.

-En cuanto al proceso interno del PSOE para elegir candidatos, ¿cuál va a ser el calendario?

-El calendario preelectoral y electoral lo marca el partido a nivel federal. Tenemos un comité federal convocado para el día 17 de julio, un fin de semana después del Debate sobre el Estado de la Nación, y a partir de ahí se aprobará el calendario de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Llegaremos al mes de septiembre u octubre con la proclamación de candidaturas, y en enero y febrero se elaborarán las listas con las que iremos a la campaña del 22 de mayo de 2011.

Candidatura

-El secretario general de los socialistas albaceteños ya se ha pronunciado, de una forma bastante clara, respecto a la candidatura de Carmen Oliver a la alcaldía de la ciudad.

-Eso es algo que tendrá que decidir el partido en el momento en que toque decirlo. No es una cuestión de generar duda sino, simplemente, de responsabilidad. Si ahora estuviésemos ya proclamando candidaturas o adelantando un trabajo preelectoral sería una falta de responsabilidad hacia los ciudadanos y ciudadanas que nos han elegido para gobernar. El Partido Socialista en Albacete tiene alcaldesa, no necesita candidata. Tiene alcaldesa para trabajar y seguir gobernando, y ahora, a 11 meses de las elecciones, no sería responsable hablar de campaña o candidaturas, sino que tenemos que solucionar los problemas de la gente de verdad, que son muchos.

-¿Cómo ve el proceso iniciado en CCM? ¿Desaparece la Caja como la conocíamos hasta ahora?

-No desaparece; la Caja se integra en un proceso de fusión que va a reforzar la entidad. Va a entrar con otros mimbres económico-financieros, incluso directivos, pero mantendrá los criterios que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre se le han pedido a cualquier proceso de fusión. Este es el primero que se inició, pero fíjese los que estamos viendo a nivel nacional: está habiendo procesos de fusión, integración y absorción por parte de muchas cajas, y parece que para la señora De Cospedal el único problema es en CCM. Yo aprovecharía para pedirle, en este asunto, que abandone la política de tierra quemada: no puede estar permanentemente agrediendo a Castilla-La Mancha para intentar sacar un puñado de votos, tiene que actuar con responsabilidad y después ya habrá unas elecciones donde intentaremos convencer, plantear argumentos para que la gente decida a quién quiere votar.

-Las Cajas han iniciado ese proceso de fusión, pero CCM partía de una situación distinta, porque no todas han sido intervenidas por el Banco de España.

-Así es, con CCM se intervino por parte del Banco de España, lo cual le dio un mayor nivel de seguridad a lo que importa, que son los trabajadores, ahorradores e impositores. Aunque fue la primera, después han sido intervenidas otras Cajas, como Cajasur. Esa intervención en CCM ha determinado en algún grado el proceso de fusión, pero ese proceso era irremediable, había que hacerlo porque la situación de estas entidades en España tenía que cambiar y, de hecho, está cambiando. Cambia por la propia necesidad de las estructuras financieras, por esta situación de crisis económica en la que nos encontramos. Por tanto, es un proceso que, quizás, se aceleró con la intervención del Banco de España, una intervención, en mi opinión, de dudosa inteligencia. No hay elementos diferenciadores o distintivos que hagan peor el proceso de CCM que cualquier otro. Y en el resto de fusiones, los responsables políticos del PP están votando que sí, lo están aceptando.

-El PP considera que no se ha llegado al fondo de las responsabilidades, si es que las hubo, en la gestión de la Caja, y que eso se debe a la utilización de la mayoría que tiene su partido para evitarlo.

-Eso no es cierto. Al fondo de la situación de CCM quien tiene que llegar es el Banco de España. Esta Caja está intervenida: ha sufrido la auditoría y el proceso de investigación más profundo que se ha hecho en ninguna entidad financiera, y lo ha hecho el propio Banco de España. Ha habido sanciones, resoluciones sobre esto. Sin embargo, el PP lo que quiere es enredar, darle a todo un tinte de oscuridad.

-Aludía al agua como uno de los temas estratégicos para Castilla-La Mancha. ¿Qué está haciendo la Junta para agilizar los planes de cuenca que afectan a la provincia?

-Ahora el trabajo, una vez que el proyecto de Estatuto fue retirado, va a ir cuenca a cuenca, como ya dijo el presidente. Es una labor que tiene que ver con las necesidades y peculiaridades de cada uno de los ríos y el trabajo y la planificación hidrográfica que se está realizando. Como muestra un botón: hace escasas fechas se llegaba al cierre de los pozos abiertos a través del Decreto de Sequía del año 2005, algo que estábamos pidiendo desde Castilla-La Mancha reiteradamente, incluso por vía judicial. Nosotros no queremos dirigir ni manipular las cuencas; sólo decimos que el mismo derecho que tienen los otros a crecer y a desarrollarse lo tenemos nosotros. A la gente se le olvida que si ha habido un territorio solidario en esta materia ha sido Castilla-La Mancha: llevamos más de 30 años trasvasando agua. Hemos tenido que soportar, durante muchos años, que el Júcar es un río de Valencia, cuando el Júcar lo tenemos aquí: todos nos hemos bañado en este río, hemos ido a coger cangrejos, a pasear, y nos decían que no era nuestro. Son situaciones injustas que el presidente Barreda y el Gobierno de Castilla-La Mancha no van a consentir.

-El Día de la Región recogieron un manifiesto de la plataforma en contra del ATC en el municipio valenciano de Zarra, que está muy cerca de Albacete.

-El presidente ha manifestado, clara y rotundamente, que no queremos un cementerio nuclear en Castilla-La Mancha. Nos solidarizamos y corresponsabilizamos con los ciudadanos que viven en Carcelén, en Almansa, a pocos kilómetros de ese posible ATC. Desde un punto de vista institucional no podemos pedir o decidir sobre un territorio que no sea Castilla-La Mancha, pero yo no querría tener un almacén de residuos nucleares a siete kilómetros de mi pueblo.

-¿Entiende la postura contraria, la de quienes sí lo quieren porque lo ven como una fuente de trabajo y de riqueza para el municipio?

-Sí lo entiendo, pero están confundidos. Algo que a la larga va a repercutir en el turismo, en la imagen, incluso en las condiciones medioambientales de un pueblo, no es invertir en futuro. Quien hoy ostenta una representación política no puede estar pensando en cuatro años, esto no es ser presidente de un club de fútbol, donde tienes que ganar la liga del año siguiente; esto es intentar representar los intereses, necesidades y sueños de mucha gente y hay que pensar a largo plazo. El alcalde de Zarra tiene que pensar en el Zarra que le quiere dejar a sus hijos.

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