El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, se ha mostrado este lunes «sorprendido» de que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pida solidaridad para el uso del agua «cuando es una región que no entiende lo que significa la solidaridad de Castilla-La Mancha».

   Según ha explicado Pingarrón en rueda de prensa, «llevamos 10.000 hectómetros cúbicos de agua enviados a Murcia y eso es una muestra de solidaridad como no hay en toda España porque somos la única región que está cediendo agua a otras regiones».

    «Pedir solidaridad desde una región en la que ese agua se dedica a los campos de golf y donde están boicoteando las plantas de desalinización para no utilizar ese agua, me parece que son palabras pero no son hechos».

   Finalmente, el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda ha manifestado que «si hay que dar lecciones de solidaridad las pueden dar todos los ciudadanos de la Cuenca del Tajo», ha concluido.

El Gobierno garantiza que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), aportará el máximo volumen legal de agua del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó, que asciende hasta los 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora».
Las consideraciones sobre el trasvase forman parte de una respuesta parlamentaria del gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna.

Cortes de Pallás
Otro de los puntos tratados en el texto son los beneficios de la modificación de la toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, «que garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera».

La directora general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, ha asegurado este lunes que la gestión de las cuencas hidrográficas cuando las comunidades autónomas no coinciden con las demarcaciones hidrográficas «obliga casi a un trabajo de diplomacia» entre las distintas regiones.

   Durante el curso de verano ‘Situación de la gobernanza del agua en España a la vista de la DMA’ organizado por la Fundación Ingeniería y Sociedad, Morén ha reconocido que es difícil cumplir los «ambiciosos» objetivos de la directiva marco de agua y que, atendiendo a esta normativa comunitaria, habrá que planificar después de realizar un «balance entre demanda y recursos» de cara a la planificación a 2015 de la asignación y los recursos.

   Precisamente, ha explicado que debido a esta dificultad de cumplimiento de la DMA en 2015 «ya se están planteando prórrogas para 2021 y 2027 por imposibilidad técnica en algunos casos o por los costes desproporcionados».

   No obstante, considera que el cumplimiento de tales objetivos «va a ser una revolución» para España, ya que por primera vez se integran los análisis económicos y la recuperación de costes. «El usuario tendrá que estar informado porque este proceso afectará a su bolsillo», ha advertido.

   Además, ha subrayado que el agua «va a estar disponible en función de las posibilidades que haya» y que, en este momento la demanda es mayor que los recursos, por lo que, en su opinión, «habrá que hacer una gestión ajustando los consumos a la sostenibilidad del agua».

   En ese sentido, ha manifestado que la gestión del agua «debe estar por encima de las Comunidades autónomas» y ha opinado que ninguna comunidad autónoma debería decidir sobre un río que pase por más de una región.

   Por su parte, durante su intervención, el Fiscal General de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha destacado el «cambio grandísimo» que se ha producido en España en los últimos 25 años en materia de agua, ya que anteriormente las sanciones y penas sólo se centraban en vertidos al agua en costa o en tierra, al aire o al suelo, pero que con las últimas modificaciones del código penal ahora también son delitos los vertidos en alta mar.

   También ha recordado que el anexo de la directiva marco del agua de 19 de noviembre de 2008 señala que no cumplir esta normativa es infracción de carácter penal.

   Por su parte, el catedrático de obras y aprovechamientos hidráulicos Florentino Santos ha indicado que la gestión autonómica no está facilitando que se pueda acometer una gestión integral del agua a nivel nacional y ha dicho que, a su juicio, el agua es un recurso que ahora depende de los intereses de los grupos políticos.

Tiene presente la fecha: el próximo 23 de noviembre hará tres años que asumió su responsabilidad como delegado provincial de la Junta de Comunidades, la que según explica ha sido su primera experiencia política. Modesto Belinchón, albaceteño de 42 años, llegó al cargo desde el Ayuntamiento, donde era jefe de servicio y a donde asegura que volverá cuando termine esta andadura marcada, sobre todo en esta última etapa, por la crisis económica y, muy pronto, por todo lo que supone la preparación de la cita electoral de 2011.

-¿Cuál es la función de un delegado de la Junta? ¿Es algo así como un ‘superdelegado’ que lo lleva todo?

-El delegado de la Junta tiene que ‘aterrizar’ menos en cada una de las cuestiones sectoriales de las delegaciones provinciales, pero debe coordinar el trabajo del conjunto de todas ellas. Además de representar al presidente en la provincia, tiene también una tarea de coordinación general sobre los delegados y competencias específicas. Ahora mismo, éstas son todas las atribuidas a Administraciones Públicas y Justicia y todas las que tiene la Consejería de Presidencia, que son, en este momento, ciencia y tecnología, seguridad y protección civil y la presencia en los órganos donde está representado el presidente.

-Hace poco que se ha producido la remodelación de las consejerías que ha tenido su reflejo en las delegaciones provinciales. ¿Cómo está funcionando el nuevo equipo?

-Más que nuevo equipo, lo que ha habido es una reestructuración. La coyuntura económica en la que nos encontramos determina también la estructura política. El presidente Barreda fue el primer presidente que reconoció la situación de crisis y que, además, actuó en consecuencia: ya en el año 2008 aplicó una reducción de 14 a 10 consejerías. Ahora, en esta segunda reducción, se ha pasado de 10 a siete, con lo que ha aumentado el nivel competencial de cada una de ellas. Esto obliga a un reajuste en las delegaciones que las consejerías tienen en la provincia, y dentro de ese reajuste ha habido cambios. Esta reestructuración lo que pretende es, primero, mantener la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, ya que ninguna reducción puede suponer una merma en la prestación de estos servicios y, además, seguir los criterios de racionalidad y austeridad que ha aplicado el presidente Barreda.

Recolocación

-Hay quien ha criticado esa reducción porque no se considera tal, sino más bien una ‘recolocación’ de puestos. ¿Qué opina de ello?

-Es cierto que se critica, sobre todo desde las filas del Partido Popular, pero es una actitud demagógica. Cuando se hace una reestructuración de gobierno no se está hablando de personas, sino de puestos, de vacantes, y los puestos desaparecen. No se ‘recoloca’, sino que el presidente Barreda, por el trabajo que quiere hacer en Castilla-La Mancha, quiere rodearse de las personas que él cree que son las mejores, en estas circunstancias, para llevar adelante sus políticas, y eso es absolutamente legítimo y, además, lo que tiene que hacer.

-Uno de los nuevos puestos es el de Amaya Villanueva como delegada de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. ¿Qué competencias tiene?

-Economía y Hacienda tenía una coordinación provincial con un puesto de carácter más técnico. Ahora se ha creado esta Delegación porque en la coyuntura en la que estamos hay aspectos fundamentales de las políticas económicas a las que se ha comprometido el presidente Barreda que requieren de una representación política más contundente. Hay que estar cerca de las empresas y los empresarios, facilitar vías de financiación a las pymes, generar una mayor cobertura de seguridad para los autónomos, luchar contra el desempleo, y para todo ello hace falta generar actividad económica. Ese el propósito de esa Delegación.

-Hay aspectos que parecen estar compartidos con Empleo.

-Empleo se refiere más a las condiciones laborales de los trabajadores, a cuál es su nivel de protección social; también a generar planes específicos de empleo y formación, facilitando el camino a la plena integración laboral. Sin embargo, la dinamización económica previa a la generación de empleo la tiene que hacer Economía y Hacienda.

-Se habla también de una reducción de las empresas públicas dentro de ese objetivo de austeridad. ¿Cómo va a afectar a Albacete?

– La Junta tiene empresas públicas, fundaciones, consorcios, que son propios, y otros en los que está representada. En éstas últimas elimina su representación, aunque eso no implica la desaparición de la entidad. En las que son propias, algunas desaparecen o se refunden, o en base a ese principio de austeridad se reduce la presencia de miembros en todas las estructuras, lo que va a implicar la reducción de 94 a 50 organismos propios. En el caso de la provincia va a afectar a varios, pero todavía se está ‘cuadrando’, ya que no es fácil, con todas las entidades que hay. Lo que el Gobierno no pretende, en ningún caso, es que aquel consorcio, fundación u organismo público que esté desempeñando una tarea necesaria para la sociedad deje de hacerlo.

-Queda menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales. ¿Cómo encaran esa cita? ¿Cree que la crisis les va a pasar factura?

-La encaramos con mucha confianza pero no de una forma ilusa. Estamos en una situación económica de una enorme dificultad que no se genera en Castilla-La Mancha ni en España sino que tiene un origen mundial y que además está globalizada. Sin embargo, nos está afectando de una manera pertinaz y contundente y, porque somos conocedores de las dificultades, estamos trabajando para solventarlas. Al mismo tiempo, tenemos una enorme confianza en las posibilidades de nuestra tierra, porque el Partido Socialista es el partido de Castilla-La Mancha, de Albacete. Hemos sido el partido de referencia durante la inmensa mayoría de los años de democracia de nuestra tierra; hemos generado las perspectivas de progreso y de futuro que hoy tiene Albacete y Castilla-La Mancha, hemos trabajado para desarrollar un futuro más prometedor. Por tanto, estamos confiados, creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero la confianza hay que regenerarla y volver a conquistarla, y desde luego, en estos momentos de dificultad, tenemos que estar más comprometidos que nunca con los problemas de nuestra gente y con los retos que tenemos que asumir para encarar el futuro en mejores condiciones en asuntos como el agua.

-En cuanto al proceso interno del PSOE para elegir candidatos, ¿cuál va a ser el calendario?

-El calendario preelectoral y electoral lo marca el partido a nivel federal. Tenemos un comité federal convocado para el día 17 de julio, un fin de semana después del Debate sobre el Estado de la Nación, y a partir de ahí se aprobará el calendario de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Llegaremos al mes de septiembre u octubre con la proclamación de candidaturas, y en enero y febrero se elaborarán las listas con las que iremos a la campaña del 22 de mayo de 2011.

Candidatura

-El secretario general de los socialistas albaceteños ya se ha pronunciado, de una forma bastante clara, respecto a la candidatura de Carmen Oliver a la alcaldía de la ciudad.

-Eso es algo que tendrá que decidir el partido en el momento en que toque decirlo. No es una cuestión de generar duda sino, simplemente, de responsabilidad. Si ahora estuviésemos ya proclamando candidaturas o adelantando un trabajo preelectoral sería una falta de responsabilidad hacia los ciudadanos y ciudadanas que nos han elegido para gobernar. El Partido Socialista en Albacete tiene alcaldesa, no necesita candidata. Tiene alcaldesa para trabajar y seguir gobernando, y ahora, a 11 meses de las elecciones, no sería responsable hablar de campaña o candidaturas, sino que tenemos que solucionar los problemas de la gente de verdad, que son muchos.

-¿Cómo ve el proceso iniciado en CCM? ¿Desaparece la Caja como la conocíamos hasta ahora?

-No desaparece; la Caja se integra en un proceso de fusión que va a reforzar la entidad. Va a entrar con otros mimbres económico-financieros, incluso directivos, pero mantendrá los criterios que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre se le han pedido a cualquier proceso de fusión. Este es el primero que se inició, pero fíjese los que estamos viendo a nivel nacional: está habiendo procesos de fusión, integración y absorción por parte de muchas cajas, y parece que para la señora De Cospedal el único problema es en CCM. Yo aprovecharía para pedirle, en este asunto, que abandone la política de tierra quemada: no puede estar permanentemente agrediendo a Castilla-La Mancha para intentar sacar un puñado de votos, tiene que actuar con responsabilidad y después ya habrá unas elecciones donde intentaremos convencer, plantear argumentos para que la gente decida a quién quiere votar.

-Las Cajas han iniciado ese proceso de fusión, pero CCM partía de una situación distinta, porque no todas han sido intervenidas por el Banco de España.

-Así es, con CCM se intervino por parte del Banco de España, lo cual le dio un mayor nivel de seguridad a lo que importa, que son los trabajadores, ahorradores e impositores. Aunque fue la primera, después han sido intervenidas otras Cajas, como Cajasur. Esa intervención en CCM ha determinado en algún grado el proceso de fusión, pero ese proceso era irremediable, había que hacerlo porque la situación de estas entidades en España tenía que cambiar y, de hecho, está cambiando. Cambia por la propia necesidad de las estructuras financieras, por esta situación de crisis económica en la que nos encontramos. Por tanto, es un proceso que, quizás, se aceleró con la intervención del Banco de España, una intervención, en mi opinión, de dudosa inteligencia. No hay elementos diferenciadores o distintivos que hagan peor el proceso de CCM que cualquier otro. Y en el resto de fusiones, los responsables políticos del PP están votando que sí, lo están aceptando.

-El PP considera que no se ha llegado al fondo de las responsabilidades, si es que las hubo, en la gestión de la Caja, y que eso se debe a la utilización de la mayoría que tiene su partido para evitarlo.

-Eso no es cierto. Al fondo de la situación de CCM quien tiene que llegar es el Banco de España. Esta Caja está intervenida: ha sufrido la auditoría y el proceso de investigación más profundo que se ha hecho en ninguna entidad financiera, y lo ha hecho el propio Banco de España. Ha habido sanciones, resoluciones sobre esto. Sin embargo, el PP lo que quiere es enredar, darle a todo un tinte de oscuridad.

-Aludía al agua como uno de los temas estratégicos para Castilla-La Mancha. ¿Qué está haciendo la Junta para agilizar los planes de cuenca que afectan a la provincia?

-Ahora el trabajo, una vez que el proyecto de Estatuto fue retirado, va a ir cuenca a cuenca, como ya dijo el presidente. Es una labor que tiene que ver con las necesidades y peculiaridades de cada uno de los ríos y el trabajo y la planificación hidrográfica que se está realizando. Como muestra un botón: hace escasas fechas se llegaba al cierre de los pozos abiertos a través del Decreto de Sequía del año 2005, algo que estábamos pidiendo desde Castilla-La Mancha reiteradamente, incluso por vía judicial. Nosotros no queremos dirigir ni manipular las cuencas; sólo decimos que el mismo derecho que tienen los otros a crecer y a desarrollarse lo tenemos nosotros. A la gente se le olvida que si ha habido un territorio solidario en esta materia ha sido Castilla-La Mancha: llevamos más de 30 años trasvasando agua. Hemos tenido que soportar, durante muchos años, que el Júcar es un río de Valencia, cuando el Júcar lo tenemos aquí: todos nos hemos bañado en este río, hemos ido a coger cangrejos, a pasear, y nos decían que no era nuestro. Son situaciones injustas que el presidente Barreda y el Gobierno de Castilla-La Mancha no van a consentir.

-El Día de la Región recogieron un manifiesto de la plataforma en contra del ATC en el municipio valenciano de Zarra, que está muy cerca de Albacete.

-El presidente ha manifestado, clara y rotundamente, que no queremos un cementerio nuclear en Castilla-La Mancha. Nos solidarizamos y corresponsabilizamos con los ciudadanos que viven en Carcelén, en Almansa, a pocos kilómetros de ese posible ATC. Desde un punto de vista institucional no podemos pedir o decidir sobre un territorio que no sea Castilla-La Mancha, pero yo no querría tener un almacén de residuos nucleares a siete kilómetros de mi pueblo.

-¿Entiende la postura contraria, la de quienes sí lo quieren porque lo ven como una fuente de trabajo y de riqueza para el municipio?

-Sí lo entiendo, pero están confundidos. Algo que a la larga va a repercutir en el turismo, en la imagen, incluso en las condiciones medioambientales de un pueblo, no es invertir en futuro. Quien hoy ostenta una representación política no puede estar pensando en cuatro años, esto no es ser presidente de un club de fútbol, donde tienes que ganar la liga del año siguiente; esto es intentar representar los intereses, necesidades y sueños de mucha gente y hay que pensar a largo plazo. El alcalde de Zarra tiene que pensar en el Zarra que le quiere dejar a sus hijos.

El Gobierno ha garantizado que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) aportará el máximo volumen previsto de agua a la cuenca del Vinalopó en el trasvase desde el Júcar. De ese modo, el caudal transmitido hasta las comarcas de la provincia de Alicante que se beneficiarán de esta conducción ascenderá a 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora». La calidad de las aguas ha sido una de las cuestiones que ha generado una mayor controversia en torno al trasvase Júcar-Vinalopó, especialmente después de que se decidiera cambiar su punto de inicio desde Cortes de Pallás hasta el Azud de la Marquesa, en Cullera, muy cerca de la desembocadura del Júcar
Todas estas consideraciones sobre el Júcar-Vinalopó forman parte de una respuesta parlamentaria del Gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna. El escrito lleva fecha del pasado 4 de mayo.

Cambio de toma
La diputada del PP García Serna también se interesaba en su pregunta por el cambio en la toma del agua y en los beneficios que ello aportaría para la conducción. En este sentido, el Gobierno justifica que el traslado del inicio del trasvase desde Cortes de Pallás hasta el Azud de la Marquesa «garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera». El Ejecutivo también incide en que con ello se pueden «satisfacer las necesidades de las cuencas cedente y receptora», al tiempo que se cumple con «los principios fundamentales de la política comunitaria del agua». También defiende se ha «constatado la aptitud del agua para los usos de destino», en relación a la calidad de los caudales que irán al Vinalopó.

Martínez Guijarro explicó que en nuestra región se está haciendo un importante esfuerzo para modernizar y hacer eficientes los regadíos de esta forma “hemos pasado de las 462.413 hectáreas de regadío con las que contábamos en el año 2006 a 490.624 hectáreas en 2009, con una caída del 33% en la superficie regada por gravedad frente a un avance del 9% en las hectáreas con sistema de riego eficientes”.

Esta evolución ha situado a nuestra Comunidad Autónoma como la región española con el mayor porcentaje de superficie con sistema de riego altamente eficientes, alcanzando en la actualidad el 95,8% de la superficie en regadío.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular María Luisa Soriano denunció que Barreda se dedique sólamente “a ayudar a sus amigos ricos y poderosos, concediéndoles avales multimillonarios, mientras está dejando tirados en la cuneta a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”. Ante esta situación, Soriano informó que el PP ha presentado varias iniciativas parlamentarias en defensa de este sector “que está pasando la crisis más grave de la historia de nuestra región”.

La parlamentaria regional pide a Barreda que explique por qué no ha sacado este año la convocatoria del plan renove de maquinaria agrícola, “tan necesaria para el sector, cuando sí tiene dinero para dar avales multimillonarios a sus amigos”. Pero además, añadió, “el Gobierno socialista ha modificado el manual de procedimiento para la inspección técnica de vehículos que ha provocado que un gran número de tractores no estén pasando la ITV, sobre todo los que se dedican al viñedo y hortofrutícolas”.

Desde entonces, Soriano lamentó que 1.500 tractores de la región no la hayan pasado y en algunas zonas como La Mancha y La Manchuela son más del 80 por ciento de los tractores los que no lo han hecho.

Con esto, a juicio de Soriano, lo que Barreda está provocando es que los agricultores de Castilla-La Mancha sean “mucho menos competitivos” que los de otras comunidades autónomas donde sí han convocado ayudas para el plan renove y para que los agricultores puedan transformar sus tractores y adaptarlos a la nueva normativa de la ITV.

Girasol

Por otro lado y, tras la desaparición de las ayudas directas al girasol, la parlamentaria ciudadrealeña criticó el “absoluto fracaso” que han supuesto las ayudas agroambientales destinadas a este cultivo, porque “Barreda no ha sabido negociar en Bruselas”. De hecho, explicó que, mientras en las convocatorias anteriores había casi 4000 solicitudes, este año con la nueva convocatoria, sólo ha habido 183 solicitudes, “porque los requisitos que se les exigen a los agricultores son inasumibles, provocando la reducción de la superficie destinada a girasol”.

Viñedo, olivar y ganadería

Sobre el fracaso que ha supuesto la destilación de uso de boca, Soriano reprobó que el PSOE y Barreda rechazaran la destilación de crisis que estaba solicitando el sector y el PP y sacaran la convocatoria de ampliación de la destilación de uso de boca en la que no se ha llegado a contratar ni el 50 por ciento de lo que estaba previsto y los precios a los que se ha contratado han estado muy por debajo de lo que estaban presupuestados al principio. Además, advirtió que esto va a agravar la situación para la próxima campaña, donde “no sólo tendremos excedentes de vino, sino también de alcohol”.

El PP ha presentado otra iniciativa en relación con “otro plan fracasado de Barreda”, como es el plan del apoyo al viñedo de secano, donde las solicitudes también han sido “escasísimas”. La que era “la medida estrella de Barreda en el discurso de investidura ha resultado estrellada, porque los agricultores no la han solicitado, por tener unos requisitos eran inasumibles”.

Pero el PP también va a preguntar sobre las ayudas que han desaparecido para el control integrado del olivar y, en este sentido, lamentó que los olivicultores vayan a perder 14 millones de euros en 2010, porque “Barreda no ha tenido tiempo de desarrollar y establecer un reglamento de producción integrada”.

Otro fracaso, agregó la portavoz popular de Agricultura, es el Plan estratégico de la ganadería anunciado por Barreda en 2008, y en agosto de 2009 en el pacto por Castilla-La Mancha -eso sí, sin ningún presupuesto, precisó-, y que todavía no ha visto la luz. “No sabemos a qué está esperando Barreda para sacar este plan que nos hubiese gustado que tuviera la misma agilidad para sacarlo que para dar el aval a sus amigos los ricos y poderosos”.

Jóvenes, IVA y tarifas eléctricas a regantes

Asimismo, el PP ha presentado una iniciativa solicitándole a Barreda que se avalen políticas que favorezcan la incorporación de jóvenes agricultores, ya que recordó que en 2010 se ha reducido el presupuesto en un 31 por ciento, como ya lo hiciera en 2009. “A esta fecha todavía no lo ha sacado y no sabemos si pretende ahorrarse estas ayudas para darlo a esas políticas de favoritismo”, indicó.

“Actualmente, en Castilla-La Mancha, menos del 4 por ciento de los agricultores y ganaderos son menores de 35 y más del 60 son mayores de 55”. Por eso, Soriano cree que son necesarias medidas que garanticen el relevo generacional y le exigió que se agilice la convocatoria, así como los pagos de estas ayudas “que suele retrasar de manera desconsiderada”.

La nueva subida del IVA va a suponer en la factura de la luz a los regantes de Castilla-La Mancha un incremento de 2.700 euros cada año cuando además, la subida de la luz ya había producido en año y medio un incremento del 80 por ciento. Celebró Soriano que, gracias al PP se había conseguido frenar esas subida de la luz también prevista para el 1 de julio.

La dirigente popular tildó de “sorprendente” que Barreda esté castigando a los agricultores que se han dedicado a modernizar sus instalaciones para reducir el consumo del agua, incrementándoles las tarifas eléctricas y subiéndoles el IVA. A su juicio, no se puede entender que los regantes estén pagando todo el año una potencia máxima cuando sólo la utilizan unos pocos meses al año, como tampoco se puede entender que el gobierno socialista no esté aplicando la rebaja del IVA a los regantes en la factura de la luz, cuando se aprobó en el Congreso.

“Esta política de despilfarro de Barreda y Zapatero está poniendo en peligro incluso las ayudas agrícolas que recibe España”, alertó Soriano, informando de que la Comisión Europea¹ está pensando en suspender estas ayudas, como consecuencia del déficit tan excesivo al que nos han llevado a España y a Castilla-La Mancha el Gobierno socialista.

Las estimaciones preliminares de la Junta Central de Regantes hablan de un fuerte bajada en el uso del agua a causa del alza de la electricidad, entre otros factores de producción

Balsa de riego en la zona regable de La Herrera, en la comarca de Los Llanos de Albacet

Lo que no pudieron gobiernos, sequías, catástrofes naturales, crisis económicas y hasta los vaivenes de las bolsas mundiales, están a punto de conseguirlo las compañías eléctricas. Los regantes de la Mancha Oriental están empezando a dejar de regar.
Según explicaba ayer a La Tribuna de Albacete el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, el coste de la factura eléctrica, unido a la «puntilla» de la subida del dos por ciento del IVA, está provocando una drástica reducción del uso del agua.
«Por término medio, en una campaña normal, nos movíamos en el entorno de los 350-380 hectómetros cúbicos -explicaba- y según nuestros datos, aún provisionales, pero que no creemos que se vayan a apartar mucho, hablamos de un 40% menos».
Dicho de otra forma, que la previsión de consumo de agua, para esta campaña de riegos, se sitúa en el entorno de los 200-250 hectómetros cúbicos. Por el momento, no se contempla una reducción de las superficies de riego -actualmente, en el entorno de las 100.000 hectáreas- pero si que hay cambios en los cultivos.
«Lo que se aprecia es un franco retroceso de los cultivos de primavera -indicó Belmonte- de forma que casi todo el esfuerzo se hace en torno a los cultivos de invierno, menos intensivos en agua; pero, aún así, vivimos como si nos ahogasen poco a poco».
Las cifras de los avances de producción del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino avalan esta opinión del presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. De hecho, la evolución del maíz, el cultivo que hace unos cuentos años fue símbolo y bandera de los regadíos manchegos, es elocuente por sí misma.
Conforme a dicho avance de superficies y producción, es en 2008, sólo en la provincia de Albacete había 13.303 hectáreas de maíz; en 2009, ya eran 11.518; los últimos datos, aún provisionales, hablan de 9.000 hectáreas.
Además, algunas situaciones, a juicio del presidente , entran dentro de lo totalmente incomprensible. Así, el actual sistema tarifario de la electricidad, lejos de incentivar el ahorro de agua, parece incentivar el consumo, porque dejar de regar es perder dinero.
«Actualmente, entre un 35% y un 40% de la facura es lo que podríamos llamar peaje -explicó- esto es, lo que te cobran como un fijo, tanto si riegas como si no; si no riegas, pierdes dinero porque te cobran por no hacer nada».
Pero no es tan fácil, ya que el resto de los costes de producción, como los fertilizantes, los fitosanitarios o el combustible, también suben de precio ( «incluyendo el dos por ciento de IVA») y ponen al regante en una situación en la que no se ve la salida.
«En estas circunstancias, te sale más a cuenta tener una acequia de tierra, ineficiente desde el punto de vista del agua, pero que no consume luz, que tener un regadío industrial, altamente tecnificado, que consume mucha menos agua, pero a costa de consumir electricidad».
En estas circunstancias, el alza del IVA ha sido la «puntilla» a una situación que ya pintaba oscura. Opinión que, por cierto, comparte la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), quien hizo pública una valoración similar.    

Esta agencia tiene el objetivo de aunar «en una sola voz» las reivindicaciones hídricas de la Comunidad. También gestionará abastecimiento y la depuración de buena parte del territorio

La puesta en marcha de la nueva Agencia del Agua de Castilla-La Mancha -que aglutinará todas las competencias en política hidráulica del Gobierno Regional- no costará «ni un euro más» a las arcas autonómicas y la acción gubernamental será con ella «más eficaz, rápida y coordinada». Y es que, esta Agencia unificará el presupuesto dedicado al agua en la comunidad -unos 400 millones para este año- y absorberá tanto a la empresa pública Aguas de Castilla, dedicada a la gestión y construcción de infraestructuras hidráulicas, como a los departamentos administrativos dedicados a esta cuestión, la Dirección General del Agua y parte de la Dirección General de Medio Ambiente, entre otras.
Con todo, esta Agencia será él único interlocutor en materia de agua que tenga la Región «y se encargará de defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha ante todas las administraciones, en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas», según explicó la portavoz de la Junta de Comunidades, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez.
Cabe recordar que Castilla-La Mancha participa en siete de las nueve confederaciones hidrológicas que existen en España, «lo que hace más necesario disponer de una sola voz en la defensa de los intereses de la región», apuntó la portavoz. Según dijo, «no podía ser que una misma administración mantuviera criterios diferentes en un momento dado en las diferentes cuencas».
Por ello, y a su juicio, esta Agencia «es un paso más del Gobierno de Barreda en la defensa de los intereses hídricos de la Comunidad en cantidad y calidad».
En el plano de la gestión, también está previsto que este ente autonómico se encargue del abastecimiento de agua a través de la tubería manchega (con más de 1,6 millones de usuarios previstos) y de la depuración de más de 430 municipios de la comunidad.

Vigilar el caudal de Tajo. En cuanto a las funciones de vigilancia y control, Rodríguez avanzó que está prevista la creación de tres unidades de vigilancia en el Tajo, con el fin de medir los aforos del río y garantizar su caudal ecológico a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, cuando éste sea por fin definido en el plan hidrológico de cuenca, actualmente en pleno proceso de reforma.
Los estatutos de la Agencia Regional del Agua también contemplan la participación social a través de un Consejo Regional del Agua, como órgano asesor, que tendrá la misma representación que en la actualidad, con sindicatos, organizaciones agrarias, empresarios, municipios y regantes.

Insultos a montilla. Cambiando al tercio político, Rodríguez también criticó las últimas declaraciones de Cospedal en torno a la sentencia del Estatuto catalán, en las que llamaba fascista al presidente de la Generalitat, José Montilla. En su opinión, la líder de la oposición regional «ha perdido los papeles» y se ha instalada «en la estrategia de la crispación y el insulto permanente».
«A Montilla le han llamado fascista, pero a Barreda le han llamado de todo, hasta gorilita blanco», concluyó la portavoz castellano-manchega.