El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantuvo ayer su postura de rechazo a los trasvases de agua del Tajo a la Comunitat Valenciana y Murcia. Una postura que choca con la mantenida por los socialistas valencianos de Jorge Alarte, que reclaman la llegada de agua del río al sur de la Comunitat.

Barreda, en un acto en Talavera de la Reina que reunió a miles de personas en defensa del agua del Tajo, lanzó un compromiso personal de defensa a ultranza del agua: «Yo, como presidente, siempre estaré dispuesto, con la cabeza bien alta, a defender nuestros intereses, diciendo lo mismo en Toledo que en Madrid, en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados, aquí y en Murcia, aquí y en Valencia, porque yo sólo me debo a Castilla-La Mancha, como vosotros».

El responsable del Ejecutivo regional, aclamado a su llegada con gritos de «se nota, se siente, Barreda presidente», trasladó a los asistentes lo útil y «fructífero» de estas movilizaciones ciudadanas, que han servido, como la de hace un año también en Talavera, «para que no se plantee nadie en serio, ni siquiera remotamente, la posibilidad de un trasvase desde el Tajo medio. Que se olviden, porque eso no va a ocurrir jamás».

El PP valenciano también celebró un acto para criticar la política hídrica del Gobierno, seis años después de la derogación del trasvase del Ebro. El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, calificó de «apartheid hídrico» que agua del Ebro riegue parte de Cataluña y que, en cambio, «se corten las tuberías a 200 metros de la Comunitat».

El número dos del partido hizo estas declaraciones en un acto con la comisión del Agua del PPCV en Teulada, donde ha sostenido que «la mala intención del Gobierno con el Ebro llega al extremo de que el canal Xerta-Senia se corta a 200 metros de la provincia de Castellón, impidiendo la llegada del agua a municipios de la Comunitat Valenciana».

Clemente sostuvo que esta actitud es un «apartheid hídrico» y una «persecución premeditada» contra los intereses valencianos. El dirigente popular confió en que dentro de un año, tras las elecciones autonómicas, se pueda conseguir «la vuelta al consenso del Plan Hidrológico Nacional».

Clemente afirmó que «la derogación del trasvase del Ebro, firmada por De la Vega, fue el inicio de toda una serie de ataques y agravios a la Comunitat» puesto que a este río «le siguieron las intenciones de anular el trasvase Tajo-Segura y el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó».

 La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, recordó  hoy que quien «trajo el agua» a la región fueron los ‘populares’, ya que «quien sacó el contrato de la tubería manchega fue el PP en el año 2002».

   En un acto público con afiliados y simpatizantes del partido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Cospedal manifestó que en los 30 años que lleva gobernando el PSOE en Castilla-La Mancha «no han hecho ni una sola infraestructura hidráulica para aprovechar el agua que pasa por nuestra tierra».

   Asimismo, dejó claro que los diputados del PSOE por Ciudad Real votaron en contra del Plan Hidrológico Nacional (PHN) «que solucionaba el problema del agua para Castilla-La Mancha» y votaron en contra de los trasvases interiores dentro de la Comunidad Autónoma «para que pudiera venir el agua de otras zonas de Castilla-La mancha a Ciudad Real».

   Por todo ello, la ‘número dos’ de los ‘populares’ pidió a los diputados del PSOE de Ciudad Real «que vengan aquí y expliquen por qué votaron en contra de que viniera el agua de otras zonas de Castilla-La Mancha a Ciudad Real», concluyó.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, afirmó ayer que «es necesario recuperar la normalidad» en el funcionamiento de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura tras superar el período de sequía, por lo que pidió al Gobierno de España el cierre de los pozos de sequía y de las desaladoras porque «hay agua más que suficiente para trasvasar».
A su juicio, «no tiene ningún sentido» utilizar en estos momentos el agua de pozos de sequía y desaladoras porque «no hay necesidad». Añadió que «si tenemos el agua más cara es porque hay un capricho político de que tenemos que abastecernos del agua de las desaladoras», y remarcó que con el agua del trasvase «se abarataría el precio».
En este sentido, consideró que es necesario un Pacto Nacional del Agua para «corregir el déficit hídrico» de zonas de sequía como la Región de Murcia. Remarcó que la sobreexplotación de acuíferos «es el mayor problema ambiental que tiene actualmente la Región», por lo que apuntó que «es imprescindible actuaciones que corrijan esta situación».
Además, añadió que «lo primero que hay que hacer para sanear un río es invertir en depuración», y señaló, en referencia a la marcha por un Tajo Limpio que se celebrará el sábado en Castilla-La Mancha, que «no se trata de diluir la suciedad con más agua, sino de depurar». «Si hicieran lo mismo que ha hecho la Región de Murcia, les sobraría agua».

La sociedad pública Aguas del Júcar anunció ayer la adjudicación a la empresa Aquagest del contrato para la puesta en marcha y el mantenimiento durante 18 meses, prorrogables a 4 años, del trasvase Júcar-Vinalopó, que incluye la prueba de carga del embalse de San Diego (Villena). Infraestructura desde la que se repartirá por el Vinalopó y l´Alacantó el caudal que llegue a la provincia desde el Azud de la Marquesa. Según Aguas del Júcar el trasvase podría comenzar a funcionar en 2011.
El anuncio de la adjudicación coincidió con la reunión del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana que califica de «esperpento» que el Ministerio de Medio Ambiente no haya resuelto todavía qué usuarios recibirán el agua, la calidad de la misma y el precio, según denunció Andrés Martínez, presidente de la Junta Central. Por su parte, Cotino anunció que el Consell presentará alegaciones al Plan de Cuenca del Júcar que elimina 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana.

La guerra del agua entre comunidades autónomas tiene otro frente abierto con los límites de la demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, y con la negativa de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana para asumir la gestión de sus cuencas internas: la que va de San Pedro del Pinatar hasta Águilas y la de L’Alacantí. Ambas tienen en común que son extremadamente deficitarias y carecen de ríos, a la vez que presentan problemas periódicos de inundaciones por las lluvias. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha recurrido al Tribunal Supremo para que la Región de Murcia se vea obligada a quedarse con la planificación de toda la franja costera al sur del Puerto de la Cadena, cuyos recursos propios se limitan a los pozos y a una parte de la desalación. El objetivo de Castilla-La Mancha es dividir la cuenca y tener más control sobre la gestión del agua, según coinciden en señalar fuentes del Ministerio, de la Consejería de Agricultura y del Sindicato central de Regantes del Trasvase,.

El momento para que las cuencas internas se transfieran a las comunidades autónomas está cada vez más próximo, apremiado por los nuevos planes de cuenca que deben presentarse este año en Bruselas. Si Castilla-La Mancha consigue sus pretensiones, la demarcación del Segura será más pequeña y el Ejecutivo de Barreda ganará fuerza en los órganos de gobierno de la Confederación. Al mismo tiempo, se puede ver afectado el reparto de caudales del Trasvase Tajo-Segura. No hay que olvidar que un 25% de la cuenca del Segura corresponde a Castilla-La Mancha, el 9,4% a Andalucía, el 6,2% a la Comunidad Valenciana y el 59,3% a la Región de Murcia.

Sentencia del Supremo

Frente a la postura de Murcia y la Comunidad Valenciana existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que obliga en cierta medida a las autonomías a hacerse cargo de las cuencas internas. Al mismo tiempo, subraya que el Ministerio sólo debe planificar las cuencas intercomunitarias. Si mantiene esta doctrina, hay posibilidades de que se constituya la cuenca interna del Albujón, cuya planificación tendrían que compartir el Gobierno autónomo y el central. Esa sentencia fue fruto de un recurso contra los límites de la demarcación del Júcar, que aún no están definidos a causa de este conflicto competencial y jurídico. Según el fallo, el Ejecutivo de Francisco Camps debe hacerse cargo de las comarcas de la Marina y L’Alacantí, entre otras. Esta segunda es la más vulnerable y recibe aportaciones del Trasvase para los abastecimientos y regadíos. Las necesidades de la población están cubiertas por Canales del Taibilla.

La Comunidad Valenciana estaría dispuesta a asumir las competencias si el Ministerio le garantiza además recursos del Trasvase Júcar-Vinalopó, y no sólo de la desalación. El caso es que aquella sentencia del Supremo ha traído consecuencias y puede arrastrar ahora a la cuenca del Segura.

El territorio del Segura, por su parte, tiene perfectamente delimitada una cuenca interna ajena a la influencia del río y que se alimenta con las escorrentías de la rambla del Albujón y los recursos de la lluvia que vierten hacia el mar. Paradójicamente, es la zona turística y agrícola más potente y se nutre en su mayor parte con los desembalses que llegan de la cabecera del Tajo. El Gobierno murciano siempre se ha negado a hacerse cargo de esta zona por su elevada dependencia del Trasvase Tajo-Segura, por lo que insiste en mantener la unidad de cuenca y dejar que la planificación siga en manos del Estado.

De entrada, el Ministerio de Medio Ambiente es partidario de mantener el statu quo, hasta el punto de que hace tres años publicó un decreto en el que permanece como está el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura. Pero en la letra pequeña, no obstante, se establece un periodo transitorio según el cual la planificación se hará conjuntamente hasta que no se cedan las cuencas internas.

Castilla-La Mancha ha irrumpido exigiendo que se cumpla la doctrina del Supremo en el Segura y se disgregue la zona comprendida por el Campo de Cartagena, Mazarrón y Águilas. Detrás de este recurso está el intento del Ejecutivo de Toledo de ganar peso en la nueva demarcación del Segura, en la que se reduciría considerablemente el territorio de Murcia y se mantendría intacto el de Albacete. De esta forma, los representantes castellano manchegos tendrían más peso en los nuevos órganos de gobierno a la hora de decidir el reparto y administración del agua, tanto de los recursos propios como los que proceden del Tajo.

Zonas del Trasvase

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consultadas por ‘La Verdad’ creen que el Trasvase Tajo-Segura quedará al margen de esta polémica porque se regula aparte. Sostienen que seguirá funcionando igual tanto si hay una como dos cuencas. Opinan que la forma de resolver este conflicto consistiría en la creación de una demarcación mixta de dos cuencas: una intercomunitaria (río Segura) y otra intracomunitaria (al sur del Puerto de la Cadena). Puntualizan que la Directiva Marco de Agua de la UE permite esta fórmula.

La disgregación del cuenca de Segura puede acarrear importantes consecuencias económicas si se altera el sistema de suministro de agua, ya que los cultivos del Campo de Cartagena se abastecen principalmente con agua del Trasvase. El Ministerio tiene una desalinizadora en Valdelentisco, y construye otras dos en Águilas y Torrevieja, para el uso conjunto de abastecimientos y de regadíos.

El secretario general del PSOE en Toledo, Antonio Guijarro, aseguró hoy que el mensaje en defensa del río Tajo de la manifestación de este sábado en Talavera va dirigido a Murcia y Valencia, quienes, en definitiva, «se está llevando el agua durante muchos años, para que sepan que a pesar de que el Estatuto ha tenido el final que ha tenido, seguimos estando vigilantes y defensores de nuestra agua y nuestro río».

   Según señaló Guijarro en rueda de prensa, acompañado de la presidenta de la Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha (UCE), Begoña de la Cruz, y del presidente de la Asociación de Vecinos Alcántara del barrio de Santa Bárbara, Antonio Fernández, el mayor éxito, como es la unidad y la fuerza para una «reivindicación justa» de un río con más agua y agua limpia, «ya se ha conseguido».

   En este sentido, recordó que más de 700 asociaciones, colectivos y entidades que ya han firmado el manifiesto ‘En defensa del río Tajo: Unidos por el agua’ se comprometen a la defensa unida del agua para Castilla-La Mancha y a trabajar por la creación de una «fuerte conciencia social» en defensa del agua y del río Tajo en la provincia y en la región.

   Además, apuntó que se comprometen a la necesidad de un acuerdo nacional del agua que refleje las necesidades presentes y futuras en cada parte del territorio, y a que el Plan de la Cuenca del Tajo tenga en cuenta los caudales ecológicos necesarios, el crecimiento demográfico a lo largo de la cuenca del río, y desarrollo económico e industrial.    

   A ello, sumó que se comprometen a la negativa «tajante» a cualquier tipo de trasvase en el Tajo Medio, el reclamo a todas las administraciones, tanto nacional como regional, de una «actuación eficaz» en esa dirección y seguir comprometidos en la idea de defender la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

«FORMA UNIDA»

   Todo ello, explicó Guijarro, hay que hacerlo de «forma unida» porque es la manera «más eficaz» de defender el agua, al igual que se ha demostrado en otras partes del estado español como Murcia, Valencia o Aragón. Por ello, en Castilla-La Mancha se pretende que la unidad sea «precisamente la mayor fuerza».

   En este sentido, también señaló que el agua en todos los sitios «es futuro, vida y desarrollo», y que además, va a garantizar que las industrias sigan creciendo, que la agricultura se pueda seguir desarrollando y que se pueda crecer en número de habitantes.

   El secretario general del PSOE en Toledo manifestó igualmente que hasta el domingo «probablemente» sean cerca de 1.000 asociaciones, colectivos y entidades los que apoyen este manifiesto, al que se ha sumado también la mesa en defensa del agua de Castilla-La Mancha donde están representadas las organizaciones empresariales, sindicales y agrarias.

   Además, precisó que de entre todas estas asociaciones en la ciudad de Toledo «hay cerca de 40 asociaciones y colectivos de todo tipo» como las del ámbito vecinal, de mujeres, de consumidores, de mayores, jóvenes, culturales, entre otros, que han firmado el manifiesto.

AUSENCIA DEL PP

   Por otra parte, a preguntas de los medios sobre la ausencia del PP en ese manifiesto, Guijarro destacó que «todo el mundo es libre de estar donde quiera y cuando quiera», aún así, dijo que se ha dado «un paso importante» en favor de la unidad.

   «El manifiesto está abierto a todo el mundo y nadie que se quiera excluir podrá poner para ello argumentos que entren dentro de la lógica y la razón», indicó el secretario del PSOE en Toledo, que añadió que en la totalidad de los municipios ribereños del Tajo «hay gente de todas las ideologías y condiciones» que han firmado el manifiesto porque «sería imposible sumar tantos colectivos y asociaciones si esto no fuera un movimiento plural».

   De este modo, destacó que los actos que se realizarán el sábado en Talavera, donde se leerá el manifiesto, «serán complementarios» a los del domingo. Además, apuntó que para «facilitar» la asistencia a los dos actos se cambió la fecha de los mismos.

   Preguntado sobre las acusaciones del PP a ayuntamientos socialistas por pagar con dinero público autobuses para acudir a la manifestación, Guijarro señaló que «no hay que pretender polemizar ni enredar» sobre el agua del río Tajo. Así, destacó que no le parece «ni bien ni mal», pero si hay ayuntamiento «donde los concejales han votado a favor de este manifiesto y lo adoptan así, me aparece muy bien».

«PLENAMENTE CONVENCIDOS»

   Por su parte, la presidenta de la UCE destacó que su organización y todas las asociaciones que la integran en toda la región han firmado este manifiesto, y de este modo, están «plenamente convencidos» de que es necesaria la unión de «toda la sociedad» por el agua en la región.

   De La Cruz destacó la firma de este manifiesto para «luchar por la defensa» del río Tajo y apostó por «la unión de todas las fuerzas» para que esto algún día sea «una realidad para el futuro de la región y de nuestros hijos».

   Finalmente, el presidente de la Asociación de Vecinos ‘Alcántara’ del barrio de Santa Bárbara, destacó que es necesario conseguir una unión en Castilla-La Mancha, ya que «la unión en otros territorios de España ha llevado a una victoria en defensa de sus intereses».

ASAJA- A nivel técnico se ha pretendido avanzar en estrechar posturas agraristas de cara tanto a la Estrategia 2020 como a la PAC post 2013 y el debate presupuestario. Respecto a la primera, la Presidencia española se apunta el éxito de haber colocado en el documento un párrafo referente a la agricultura. No deja de llamar la atención que una actividad que gestiona más del 80% del territorio, supone casi el 50% del presupuesto, afecta de forma directa a 10 millones de agricultores, 30 millones de asalariados y 500 millones de consumidores, y ha sido el núcleo de la construcción europea desde 1957 hasta nuestros días, “merezca” un párrafo en un documento sobre el futuro de la UE, según valoraciones de Asaja.

En cuanto al futuro de la PAC post 2013, la Presidencia intentó liderar un debate para reformar la PAC para después intentar afianzar posiciones. Avanzó un documento sobre una tarifa plana -100 €/ha, se llegó a anunciar- que fue rotundamente contestado por el sector, para después limitarse a resaltar el carácter estratégico de la agricultura en los futuros debates, sin entrar a hablar de presupuesto. En cualquier caso, se debe evitar que el futuro de la PAC, con todo lo que implica en términos de inversiones y decisiones de planificación de las empresas agrarias, esté lastrado por un debate presupuestario desarrollado en el actual entorno de “psicosis de crisis”.

Por otra parte, se han podido apreciar algunos avances en el análisis de la estructura de la cadena alimentaria y en la búsqueda de medidas para frenar la grave crisis de precios y atajar los diferenciales entre los precios percibidos por el agricultor y los pagados por el consumidor. Aunque de momento se trata sólo de ideas, y hay que esperar a que se consoliden en medidas concretas, es significativo el deseo mayoritario del Consejo de Ministros de equilibrar las fuerzas de la cadena, demandando más flexibilidad y nuevas adaptaciones en el derecho de la competencia.

En relaciones exteriores, Asaja señala que el balance es absolutamente negativo. A finales de 2009 se alcanzó un acuerdo con Marruecos que liberaliza aún más el comercio sin imponer las necesarias mejoras en los controles; España pretendió ocultar las negociaciones y el contenido del acuerdo y retrasar su firma oficial hasta pasada su Presidencia semestral. Por otra parte, el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica conlleva un grave perjuicio para los intereses de los productores comunitarios de plátano, mientras que el anuncio de la reanudación de las negociaciones con MERCOSUR implica fatales consecuencias para todos los agricultores y ganaderos de la UE. En definitiva, todas estas acciones han sido la apuesta de Moratinos y Rodríguez Zapatero para intentar salvar, con una una Presidencia marcada por los fracasos internacionales a cambio de sacrificar los intereses agrarios europeos, sacrificio reconocido por los propios estudios de la Comisión Europea.

Por último, en cuanto a la visibilidad de la Presidencia, hay que apuntar que los dos principales actos del semestre español de la UE en materia agraria los ha protagonizado ASAJA. En primer lugar, la celebración del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores en Sevilla -que contó con la primera intervención pública del Gabinete de Dacian Ciolos, incluso antes de formarse-, y el Consejo Informal celebrado en Mérida los días 31 de mayo y 1 de junio, cuyo evento más importante fue la multitudinaria manifestación del campo español en contra de la pasividad del Gobierno ante la crisis que atraviesa el sector y reclamando una PAC fuerte y orientada al agricultor.

El consejero de Medio Ambiente y Agua, Juan Cotino, se rodeó ayer de regantes para arremeter una vez más contra la política hídrica del Gobierno. Con la reivindicación del derogado trasvase del Ebro como telón de fondo permanente, Cotino denunció la supuesta intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de hurtar a los agricultores valencianos miles de hectáreas cultivadas en el próximo plan de la cuenca. Según el consejero, el borrador del plan recoge la existencia de 261.000 hectáreas de regadío, mientras que los cálculos de la consejería elevan la superficie a más de 300.000.

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El borrador del plan del Júcar constata que se ha reducido el terreno cultivado

Para preparar las alegaciones a esta «barbaridad» del Gobierno, en palabras de Cotino, se convocó a una reunión en la consejería a las principales comunidades de regantes. «Faltan 40.000 hectáreas que al no estar en el plan no recibirán agua y corren el riesgo de convertirse en un auténtico desierto», aseguró el consejero.

El borrador del plan del Júcar, que ordena los recursos hídricos en un territorio que abarca casi toda la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, está aún en fase de alegaciones. El documento apunta a la necesidad de reajustes en el riego para paliar el descenso de los aportes naturales a los ríos y las reservas de los acuíferos tras décadas de explotación intensa, pero no propone una reducción de hectáreas cultivadas. Fuentes de la CHJ explican que en los trabajos previos del plan, que deberá sustituir al aprobado en 1998, se ha constatado una disminución del número de hectáreas en uso por el abandono de cultivos, las nuevas infraestructuras y el fuerte desarrollo urbanístico. Unos datos que se han contrastado sobre el terreno, con los regantes y con otras fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística. «Los planes de cuenca no son de ordenación del territorio, sino que analizan cómo mantener los usos y cubrir las demandas de agua», subraya el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Cotino, no obstante, insistió en que hay «muchas incorrecciones» en el plan que «perjudican notablemente los intereses de los agricultores poniendo en peligro el futuro de los regadíos». Por ello, la Generalitat presentará alegaciones, al igual que los regantes. El consejero también aludió a las discrepancias con el ministerio por el «nuevo ámbito de planificación» de la cuenca, aún pendiente de aprobar. La Generalitat se resiste a asumir la competencia de los ríos internos y teme que eso le reste peso en las decisiones sobre el Júcar en beneficio de Castilla-la Mancha.

Tras la paralización del Estatuto de Castilla-La Mancha, muchos decían que la guerra se trasladaría a la redacción del nuevo plan del Júcar. Razón no les faltaba. Las comunidades de regantes que se abastecen de este río, dieron ayer cuenta a la Generalitat de las alegaciones que presentarán al Ministerio de Medio Ambiente del Esquema de Temas Importantes (ETI), documento que puede considerarse borrador del plan definitivo.

El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, Benjamín Aparicio, aseguró que el ETI ha olvidado incluir 40.000 hectáreas de regadío que hoy en día tienen derecho a agua. Están situadas en la comarca del Vinalopó y en el canal Júcar- Turia y deja a la   Comunitat con 261.000 hectáreas con derecho a recibir agua del Júcar. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, confía en que sea un error técnico, porque, de lo contrario, el Gobierno central permitiría que buena parte de la tierra que hoy se cultiva, se convirtiera en un desierto.

Otra de las alegaciones fundamentales de los regantes es la explotación del acuífero de la Mancha Oriental. Afirman que el ETI no contempla un plan de explotación de estas aguas subterráneas, por lo que consideran que el Ministerio de Medio Ambiente no quiere poner orden en este acuífero. Regantes y también asociaciones ecologistas han denunciado en muchas ocasiones que el abuso que se realiza de este acuífero, provoca que el río tenga que aportar agua al mismo, en lugar de al revés, como ocurría en la situación original. Los regantes presumen que hay extracciones incontroladas, por lo que piden que se realice un plan de control o, de lo contrario, solicitarán que se declare sobreexplotado el acuífero. Esto supondría la prohibición total de cualquier extracción, así como la de las actividades que se desarrollan en la superficie.

También echan en falta un balance de las demandas y usos actuales y futuros por cada sistema de explotación y las restricciones derivadas del establecimiento de los caudales ambientales. Del mismo modo, el ETI no recoge las necesidades de los humedales.

Este diario intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El portavoz de Medioambiente, Urbanismo y Agua del grupo parlamentario socialista en la Corts, Adolf Sanmartín, preguntó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si «le ha pedido permiso» a la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, para firmar la Declaración Institucional de la Generalitat que reclamar la ejecución del trasvase del Ebro.

   «Seguro que se ha asegurado de contar con el beneplácito de De Cospedal antes de dar su apoyo a un texto sobre agua», indicó en un comunicado Sanmartí, quien consideró que el presidente del Consell no «es nadie para su partido en lo que a defensa de políticas hídricas se refiere».

   En este sentido, señaló que el jefe del Consell «está a la sombra de las directrices de lo que marque la secretaria general de los ‘populares'» y recalcó que «si Camps ha participado en dicho texto lo habrá hecho después de haber consultado la opinión de De Cospedal».

   Asimismo, le recordó al conseller de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, que los últimos cuatro años del Gobierno presidido por José María Aznar, entre 2000 y 2003, «supusieron una inversión en agua de 241 millones de euros en la Comunitat Valenciana».

   Frente a esta cifra, Sanmartín puntualizó que los últimos cuatro años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2006 y 2009, «han supuesto 1.165 millones de euros». «Por cada euro invertido por Aznar, Zapatero lleva invertidos seis», puntualizó.

   «Al PP de la Comunitat Valenciana solamente le importa el agua para enfrentar a unas comunidades autónomas con otras y, principalmente, a unos valencianos con otros», denunció. Además, consideró que «lo que deben hacer Cotino y Camps es ponerse a trabajar seriamente en el tema del agua y, sobre todo, dejarla de utilizar como elemento de confrontación». «Ya basta», reclamó el dirigente socialista.

   El diputado autonómico incidió en que, «con iniciativas como la de la firma de esta declaración institucional, el PP vuelve a recurrir a los temas de su agenda del pasado para intentar tapar el caso Gürtel y crear una nueva cortina de humo».

   «Aquí el único que castiga a la Comunitat Valenciana es Camps, porque todavía no ha implantado el Fondo de Cooperación Local y porque debe a los ayuntamientos valencianos más de 3.000 millones de euros, sólo en deuda histórica», denunció.

TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

   Para el responsable de Medio Ambiente en las Corts, «mientras las obras del trasvase Júcar-Vinalopó ya casi están finalizadas en su totalidad por parte del Gobierno central, con una inversión de120 millones de euros, las obras que le corresponde ejecutar a la Generalitat apenas se han iniciado». Al respecto, comentó que estos trabajos, «que tienen un importe de 30 millones de euros», son los del post-trasvase y abarcan desde la balsa de San Diego en Villena hasta las explotaciones agrarias.

   Adolf Sanmartín criticó que «en vez de participar en el proceso para obtener un documento con el máximo consenso posible en el tema del agua, el conseller Cotino busca la confrontación». En ese sentido, detalló que, según la transposición de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, cada demarcación debe preparar un documento, conocido como Esquema de Temas Importantes, (ETI) que es el fundamento del plan de cuenca.

   «El ETI se somete a información publica durante 6 meses (en el Júcar ese periodo termina el 18 de junio) y tras ese periodo de información se estudiarán las alegaciones recibidas y se considerará cada una de ellas», explicó el parlamentario del PSPV.

   Finalmente, señaló que uno de lo objetivos del trasvase Júcar-Vinalopó es «sustituir las extracciones del acuífero Vinalopó-Alacantí, hasta la cantidad que sea posible, y conseguir disminuir su sobreexplotación».

   «Como debe ser lógico, la propuesta del plan de cuenca del Júcar recoge la necesidad de atender esa sobreexplotación, proponiendo la clausura de los pozos que deben declararse sobreexplotados, y sustituyéndolos por caudales a abastecer desde la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó, que es uno de los objetivos de la obra», añadió.

   De esta manera, destacó, el resultado es que «las explotaciones podrán mantenerse, siempre que el propietario siga estando interesado, pero los caudales vendrán del trasvase y no de esquilmar el acuífero tradicional». «No desaparece, por tanto, ningún regadío ni ninguna hectárea», concluyó el dirigente socialista.

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