La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó este miércoles en el Foro de la Nueva Economía que la Directiva Marco del Agua, cuyo supuesto incumplimiento por parte de España investiga Bruselas, es «responsabilidad de las comunidades autónomas».

Así lo afirmó la ministra en un almuerzo informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, tras ser preguntada por la denuncia que la Comisión Europea ha admitido a partir de una queja presentada por organizaciones ecologistas sobre la citada directiva.

Según indicó Espinosa, la Directiva Marco del Agua afecta a «competencias autonómicas». «La responsabilidad es de las comunidades autónomas, pero es cierto que, ante la UE, la comunidad autónoma y el ayuntamiento no existen, lo que existe es el Estado miembro», subrayó.

Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo «dará a la Comisión toda la información que sea necesaria en cuanto a infraestructuras».

Por otra parte, recordó que su departamento, «consciente de que las comunidades no podrían asumir un volumen de inversión tan fuerte», ha elaborado un plan de calidad de las aguas «para colaborar en las infraestructuras que tuvieran que llevarse a cabo», como es el caso de las depuradoras.

PLANES DE CUENCA

Durante su intervención, la ministra se refirió a los planes de cuenca. «Los estamos elaborando. Alguno está finalizado ya, espero entregándolos uno a uno a la Unión Europea», prosiguió.

Destacó la importancia de que estos planes sean «consensuados por todo el mundo», desde «corporaciones locales, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil».

Tras el almuerzo, el ex ministro socialista y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, hizo un brindis por «la ministra del agua» y destacó la importancia de proteger este recurso.

ASAJA- COAG- UPA- COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS- Ante la mayor crisis conocida del sector agrario español, organizaciones agrarias y cooperativas reclamarán al Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos y a los Ministros del ramo de los 27, una Política Agraria Común (PAC) fuerte y sólida más allá de 2013, con un presupuesto suficiente para garantizar el mantenimiento de un sector estratégico para la sociedad, como base de la alimentación, y vital para amplías zonas rurales. Entre otras cuestiones, se exigirá una apuesta decisiva por la preferencia comunitaria, un férreo control de las importaciones, establecimiento de medidas de regulación de mercado, rediseño de los mecanismos de intervención y mismas condiciones de producción y garantías sanitarias para los productos de terceros países.

Asimismo, se exigirán precios justos para las producciones agrícolas y ganaderas, ligados a los costes de producción, que permitan asegurar las rentas en el campo. En este sentido, se pedirá una mayor participación del sector primario en la cadena de valor agroalimentaria, poniendo coto a los abusos de poder de las grandes cadenas de distribución alimentaria.

Con este acto de protesta, ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias quieren subrayar el carácter estratégico del sector agrario para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de consumidores de la UE.

Moragues se mostró comprensivo con los organizadores de la protesta convocada el próximo sábado en Sueca, que cuenta con más de 70 adhesiones “respeto que haya una manifestación que yo entiendo que casi es de soporte, todos estamos trabajando para que el Júcar esté cada vez mejor” señaló. Pero dejó bien claro que “el río Júcar se encuentra en una situación bastante mejor que antes”.

Con respecto al futuro Plan Hidrológico del Júcar, manifestó que se encuentra “finalizando el proceso de participación pública” que culminará el próximo 15 de junio, tras asegurar que el consejo de ministros lo aprobará durante la presente legislatura.

Al respecto declaró “lo primordial es mantener los usos actuales con sostenibilidad”, además de advertir que “no podemos seguir agrediendo al medio ambiente”, por lo tanto se mostró partidario de “compatibilizar ambas cosas”.

Moragues reconoció la existencia de una “mayor concienciación medioambiental”, de ahí que “cada vez se consuma menos agua” y puso como ejemplo que el área metropolitana de Valencia “ha rebajado su consumo en un 20%, desde el año 2005”. 

También reconoció el derecho de los habitantes de la Ribera a beber agua del Júcar, tal y como reivindica la organización, Xúquer Viu y 13 municipios de la comarca que exigen agua de calidad, sin nitratos para el consumo humano. Estos ayuntamientos han consensuado una alegación al nuevo Plan Hidrológico del Júcar para que contemple su demanda destinada a suministrar agua de calidad a los 100.000 habitantes de estas poblaciones.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, defendió hoy que la incorporación de la Política Agraria Común (PAC) y el sector agrícola en la Estrategia Europa 2020 ofrece oportunidades para mejorar el crecimiento, la competitividad y el empleo en el sector agrario y para contar con una PAC reforzada en el futuro.

   Puxeu participó hoy en la ponencia creada en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el marco presupuestario de la UE 2014-2020 y su impacto sobre las reformas de la PAC con la comparecencia ‘La PAC, la Estrategia UE 2020 y las implicaciones presupuestarias’.

   Durante su intervención, el secretario de Estado incidió en que la próxima reforma de la PAC «enlaza» con los retos de Europa para salir de la crisis económica y «sintoniza» con las prioridades que se quieren establecer en la Estrategia UE 2020.

   Para ello, sostuvo que esta política debe basarse en el régimen de ayudas directas, en instrumentos de gestión del mercado y de la crisis y en el desarrollo rural.

   En relación al debate presupuestario, Puxeu remarcó las «intensas negociaciones» desarrolladas para evitar que se consolidara una revisión presupuestaria negativa para la PAC.

   Según defendió, se trata de una política comunitaria que tiene un coste «razonable» en términos absolutos y relativos, comparable al de otros países desarrollados, y consideró necesario un adecuado nivel de financiación para cumplir sus objetivos.

La plataforma Xúquer Viu, junto a otras organizaciones, ha presentado hoy en el Centre Octubre de Valencia la manifestación con el lema ‘Pel Xúquer. Pel nostre futur", que tendrá lugar en Sueca el próximo 29 de mayo con el objetivo de reclamar "una nueva cultura del agua y un futuro para el Júcar".

Según ha explicado la portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer, en un comunicado, "cinco años después de la manifestación contra el trasvase Júcar-Vinalopó", que era "una amenaza inminente para la vida del río y de la Albufera", vuelven a convocar una protesta "ante el visible estancamiento de la política del agua".

Además, ha puntualizado que "buena parte de los motivos de aquella movilización continúan vigentes", ya que "el río y la Albufera siguen sin tener fijados caudales ecológicos que garanticen su viabilidad ecológica", y por otra parte, "el nuevo Plan de Cuenca que se tendría que haber aprobado en 2009 se encuentra parado".

Mientras tanto, "se sigue aplicando el Plan de Cuenca de 1998, que se ha mostrado "insostenible", porque "reparte casi más agua que la que realmente ha llevado el río en los últimos 25 años, no establece un caudal ecológico y permite la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental".

Ferrer ha recalcado que "es el momento de decir que este camino" lleva "al conflicto y a la degradación no sólo de los ríos y acuíferos", sino también "del territorio y la calidad de vida", y ha añadido que hacen "un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones".

Hasta ahora hay 80 entidades de ámbito local, autonómico y nacional -ecologistas, culturales, sociales, políticas- que junto a 16 ayuntamientos han apoyado la manifestación, aunque "siguen llegando adhesiones", ha puntualizado Ferrer.

A la rueda de prensa de presentación han asistido también representantes de Escola Valenciana, Revolta, Acció Cultural del País Valencià, Intersindical Valenciana, CCOO-PV, Ecologistes en Acció del País Valencià, WWF/Adena, Salvem el Botànic y Salvem el Cabanyal. EFE

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señaló hoy que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 46,2 por ciento más de agua que hace un año y un 82,7 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

   Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 31,8 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior, más de la mitad», del 82,7 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado. El incremento del 82,7  por ciento es el segundo mayor aumento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca del Segura.

   En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.889 hectómetros cúbicos (tres más que la semana anterior), cifra equivalente a un 56,6 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 597 hectómetros cúbicos.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 38,8 por ciento, mientras que ahora hay un 56,6 por ciento, es decir, 17,8 puntos más que el ejercicio anterior.

   Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 31,9 puntos más que hace dos años y se dispone de 28,3 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 25,7 puntos más que en la media de los últimos diez años.

La Junta de Comunidades ha confirmado, oficialmente, lo que fuentes de Protección Civil en Castilla-La Mancha ya habían adelantado a La Tribuna de Albacete : ninguna de las grandes presas y embalses de la provincia está lista para hacer frente a una emergencia en caso de rotura.
La confirmación está contenida en el Pricam (Plan de Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha) que entró en vigor recientemente. Según consta en el mismo, en Castilla-La Mancha, hay 54 presas; de ellas, sólo 12 tienen un Plan de Emergencia listo para aplicarse, si fuese preciso; y, de ellas, ninguna está en Albacete.
Recordar, tal y como se publicó en estas mismas páginas, que en Albacete hay 12 presas de gran tamaño; de ellas, 10 tienen un nivel potencial de riesgo A, el más alto de la escala, el que, conforme a la reglamentación vigente, presenta un mayor peligro para bienes y personas en caso de rotura.
La mayor parte de estas presas del tipo A se encuentran en el Alto Segura, la zona de España con mayor concentración de infraestructuras hidráulicas de este tipo. Los municipios afectados por esta situación son, sobre todo, Yeste, Nerpio y Hellín, donde se encuentran las de mayor tamaño.
Son, por ejemplo, Camarillas, El Cenajo, Fuensanta, Taibilla o el Talave. En julio pasado, la Dirección General de Protección Civil , dependiente del Ministerio del Interior, aún no tenía sus planes de emergencia para, a su vez, pasárselos a Protección Civil de Castilla-La Mancha, la encargada de aplicarlos en caso de situación de emergencia.
En esa fecha, Interior sólo tenía tres planes, y ninguno de ellos correspondía a alguna de las grandes presas de la provincia: Rambla de los Charcos, en Tobarra; Rambla de Bayco, entre los términos de Ontur y Fuenteálamo, y Rambla del Boquerón, en Hellín.
Pero, según consta en la documentación oficial del Pricam, esos planes, aún estando aprobados, tampoco se encuentran en manos de los responsables directos de su aplicación, los técnicos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.
Según el listado incluido dentro de la documentación del Pricam, las 12 presas de Castilla-La Mancha cuyos planes de emergencia ya están en manos de los técnicos de Protección Civil en la región se encuentran en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
«Del resto de presas que deben desarrollar el plan de emergencias no se posee información -dice literalmente el documento- por lo que hemos de suponer que los planes se encuentran bien en fase de desarrollo, bien en fase de homologación por Protección Civil (estatal) o las Confederaciones Hidrográficas correspondientes».
El mismo documento subraya que un representante de Protección Civil de Castilla-La Mancha «forma parte de los Comités de Implantación de los Planes de Emergencia de las presas ubicadas en nuestra región», ya que los mismos deben incorporarse a los planes específicos de emergencia de la comunidad autónoma.

José María Barreda Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha

María Ángeles García Consejera de Educación y Cultura

María Luisa Araújo Vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda

Julián Sánchez Pingarrón Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda

Santiago Moreno Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas

José Luis Martínez Guijarro Consejero de Agricultura y Medio Ambiente

Fernando Lamata Consejero de Salud y Bienestar Social

Mª Luz Rodríguez Consejera de Empleo, Igualdad y Juventud

LOS QUE SALEN

J. Valverde Ex consejero de Presidencia

P. Fernández Ex consejera de Industria

M. Valerio Ex consejera de Justicia

S. Herrero Ex consejera de Cultura

Cultura se funde con Educación; Industria con Vivienda y Medio Ambiente, con Agricultura

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, anunció ayer lunes una remodelación de su Gobierno que incluye la supresión de tres consejerías, la eliminación de la mitad de los organismos públicos y una bajada del sueldo de los altos cargos de la administración regional de un 15%.

A un año de las elecciones autonómicas y tres meses después de que sugiriera a José Luis Rodríguez Zapatero una reducción de su gabinete, lo que originó una polémica, Barreda envió otro mensaje al jefe del Ejecutivo central con la reducción de 10 a 7 consejerías «para adaptar la composición del Gobierno a los momentos de austeridad y control que exigen los tiempos».

Barreda recordó que su Gobierno se ha reducido a la mitad desde que comenzó la legislatura, pues en agosto de 2008 pasó de 14 a 10 consejerías, de modo que se ha convertido «en el más reducido de España». Cuantificado el ahorro en gasto corriente en 100 millones de euros, a los que se suman otros 9 millones de euros anuales por la reducción de consejerías y del sector público, en el que la Junta «cerrará, concentrará o se ausentará» de medio centenar de empresas públicas, fundaciones, consorcios u organismos autónomos.

Se trata de adaptar la composición y el tamaño del Gobierno a «la austeridad y control que exigen los tiempos», dijo Barreda, quien presentó su decisión como un ejemplo de pedagogía política sobre la necesidad de austeridad y mayor esfuerzo. En ese contexto, a los consejeros que siguen en el Ejecutivo les pidió «trabajar más y cobrar menos», con más competencias pero con una reducción salarial del 15 por ciento. En el nuevo gabinete de Barreda entra como ‘hombre fuerte’ Santiago Moreno, hasta ahora portavoz parlamentario del PSOE, que asume la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en sustitución de José Valverde, que será delegado de la Junta en Ciudad Real. Se mantiene como vicepresidenta y responsable de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, que además asume las competencias de Turismo y Artesanía. Salen del Ejecutivo la responsable de Cultura, Soledad Herrero; la de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, y la de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, que será delegada del Gobierno regional en Guadalajara.

Cambio de funciones

Las competencias de Cultura pasan a Educación, que permanece bajo responsabilidad de María Ángeles García; las de Industria y Energía la asume Julián Sánchez Pingarrón, que sigue como consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, mientras que las de Medio Ambiente se integran en Agricultura, con José Luis Martínez Guijarro como titular.

María Luz Rodríguez mantiene la Consejería de Empleo, que pasa a llamarse de Empleo, Igualdad y Juventud, pues desaparecen los Institutos de la Mujer y de la Juventud, que serán direcciones generales dentro de ese área. La única Consejería que no sufre cambios ni asume más competencias es la de Salud y Bienestar Social, en la que sigue como responsable Fernando Lamata. Los componentes del nuevo Gobierno regional tomarán posesión de su cargo hoy en un acto organizado en el recién inaugurado Palacio de Fuensalida, en Toledo.

Esta remodelación también esconde un movimiento de piezas políticas. Así, la salida de José Valverde y Magdalena Valerio para ser designados delegados en Ciudad Real y Guadalajara, respectivamente, se ha interpretado en clave electoral pues serían los candidatos del PSOE en los comicios de mayo de 2011 a las alcaldías de las capitales de estas dos provincias, que ahora están en manos del PP.

La remodelación ha convertido a esta autonomía en la que cuenta con menor número de consejeros en su Ejecutivo de las diecisiete existentes en España.

Por cierto, que el diputado socialista José Molina se perfila como nuevo portavoz socialista en las Cortes regionales en sustitución de Santiago Moreno. Molina, que ya ocupó la Portavocía del grupo la pasada Legislatura, será previsiblemente nombrado de nuevo portavoz en la reunión del grupo parlamentario del próximo jueves.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, recalcado hoy que «no hay posibilidad de un trasvase desde el Tajo medio» y ha advertido a los dirigentes murcianos que lo reclaman: «es más posible un trasvase, en este momento, desde el Miño que desde el Tajo».

Pingarrón ha respondido así, a preguntas de los periodistas sobre el estudio que está haciendo Extremadura sobre la viabilidad del trasvase desde el Tajo medio al Segura y a la campaña que ha iniciado Murcia para reclamar esa derivación.

«El estudio que está haciendo Extremadura es sobre las necesidades hídricas de esa región para los próximos cincuenta años, con lo cual nada tiene que ver con un trasvase desde el Tajo medio», ha explicado el consejero castellanomanchego.

Ecologistas en Acción informó este lunes de que la Comisión Europea ha admitido una denuncia presentada por esta ONG contra España «por diversas y reiteradas infracciones a la Directiva Marco de Agua», y aseguró que la ha incorporado al procedimiento de infracción «que ya tiene abierto por presuntas infracciones» a esa misma norma.

Los ecologistas denuncian «ausencia de participación, retraso en la elaboración de planes hidrológicos y la existencia de un precio del agua para el sector agrario muy por debajo de lo establecido por la norma europea».

Según recuerda Ecologistas en Acción, dicha normativa establecía unos plazos determinados para la presentación de los planes de las demarcaciones hidrográficas. Sin embargo, lamenta que «el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino lleva actualmente un retraso de año y medio».

Aunque estos elementos de la queja «ya estaban siendo investigados por la Comisión», Ecologistas en Acción afirma que su escrito «aporta un nuevo e importante elemento que guiará a partir de ahora también el procedimiento de infracción de Bruselas», y que es, según indica, «el incumplimiento de la recuperación de los costes en el precio del agua».

La directiva europea establece que cada uso del agua (industrial, hogares, agricultura) debe contribuir adecuadamente a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, pero, según los ecologistas, «en el Estado español el precio del agua de regadío es bajísimo» y «no recoge los costes ambientales y sociales derivados de su utilización».

«Los incumplimientos por parte del Gobierno español son tan claros y evidentes que es muy posible que en los próximos meses la Comisión envíe la correspondiente carta de emplazamiento a España, exigiéndole el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Marco de Aguas», concluyen la ONG.