El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se mostró ayer convencido de que un trasvase desde el Tajo medio «no se va a hacer en ningún caso», y avanzó que «nosotros nos opondremos con toda la fuerza».
A preguntas de los medios, por el estudio que va a llevar a cabo Extremadura para analizar si es factible realizar un trasvase desde el pantano de Valdecañas al Levante español, Caballero señaló que «hemos dejado claro que estamos en contra del trasvase, también desde el Tajo medio».
Agregó que si hasta ahora se mantiene el trasvase desde la cabecera del Tajo «es porque está construido y está hecho, pero desde luego lo que es evidente es que no va a prosperar una infraestructura que suponga un trasvase desde el Tajo medio». «Nosotros nos opondremos, dentro de la ley, pero con toda la fuerza que nos da el apoyo de la sociedad de Castilla-La Mancha», concluyó.

y Medio Rural, así como Ingeniería Forestal.
Así lo puso de manifiesto ayer el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Francisco Montero, que indicó que en el transcurso del acto también se entregaron reconocimientos a las empresas e instituciones que han colaborado con la Escuela de Ingenieros Agrónomos, haciendo especial hincapié en la actividad profesional, de ahí que también los tres colegios profesionales que representan a las tres titulaciones que hasta que finalice este curso se impartirán en esta Escuela serán en cierta manera premiados, así como instituciones como el ITAP o la Junta Central de Regantes, instituciones y empresas que también han jugado un papel muy importante en la formación en prácticas de los alumnos y en la financiación de los proyectos de investigación desarrollados.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón indicó hoy que «si Extremadura quiere hacer estudios» sobre el trasvase Tajo-Segura «está en su perfecto derecho de hacerlos», pero añadió que desde esta Comunidad Autónoma «no va a contar con nuestra aprobación ningún nuevo trasvase del río Tajo».

Sánchez Pingarrón se pronunció así, a preguntas de los medios, sobre el estudio que va a llevar a cabo Extremadura para analizar si es factible realizar un trasvase desde el pantano de Valdecañas al Levante español.

En este sentido, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la región explicó que «es conocida la oposición» del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre que «se pueda llevar ningún nuevo trasvase sobre el río Tajo», agregando que «es una oposición que se ha manifestado claramente y en todos los foros»

Los alcaldes de Peñas de San Pedro¹, Alcadozo² y Pozohondo –Antonio Serrano³, Angel Alfaro y Amparo Núñez⁴– se han dirigido por escrito al subdelegado del Gobierno en Albacete, Manuel González Ramos⁵, cuando se cumple un mes desde la solicitud de entrevista con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar⁶, Juan José Moragues⁷.

El origen del conflicto que ha llevado a los tres alcaldes a intentar reunirse con el presidente de la CHJ⁸ son las tarifas millonarias que la Confederación reclama por unas obras hidráulicas de conexión con la Estación de Transferencia de Agua Potable de Albacete que el Gobierno de la Junta anunció en agosto de 2005.

” Con el inicio de buena parte de las obras, avanza el Plan de Emergencia que, a propuesta del presidente de Castilla⁹-La Mancha, José María Barreda¹⁰, ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente¹¹ en la provincia de Albacete….”. Así comenzaba el comunicado oficial de la Junta.

“No anunciaron, entonces, que la factura de dichas obras las iban a pagar Ayuntamientos pequeños de entre 400 y 1.800 habitantes”, indica el alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, quien lamenta que el presidente de la Confederación Hidrográfica¹² “prefiera seguir comunicándose con nosotros a través del Boletín Oficial de la Provincia, como demuestra que ni tan siquiera se haya dignado a contestarnos al requerimiento de reunión o entrevista que le solicitamos tres alcaldes de la provincia de Albacete el pasado día 19 de abril; por lo que ahora apelamos al subdelegado del Gobierno en Albacete, Manuel González Ramos”.

La Confederación del Júcar exige el pago de casi 9 millones de euros a los tres municipios reseñados: Peñas, Pozohondo y Alcadozo.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha dicho hoy que no espera una «resolución total» en la política sobre el agua y ha asegurado que se «seguirá avanzado» en los planes de cuencas «uno a uno», aunque no ha querido concretar fechas.

Así se ha referido Puxeu en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde ha respondido a varias preguntas de los senadores sobre cuestiones autonómicas como el Pacto del Agua de Aragón, las inundaciones en la comarca de Benavente y Los Valles (Zamora) y el Plan Hidrológico del Miño-Sil (Galicia).

Puxeu ha explicado que la «realidad territorial» de España «hace compleja» la toma de decisiones pero no va a impedir que las soluciones se hagan «efectivas», aunque también ha reconocido que «algunos ríos» se encuentran en una situación de «bloque político».

«Nunca se va a acabar un plan general de todas las cuencas por unanimidad», ha dicho Puxeu, por lo que «hay que llevar la solución en cada una de las cuencas» En respuesta al impulso para el Pacto del Agua en Aragón que ha solicitado el senador popular Roberto Bermúdez, Puxeu ha mostrado su preocupación por «cumplir los compromisos» y ha afirmado que este tema es una «prioridad» para su Departamento.

El portavoz de Medio Ambiente ha expresado su confianza en «seguir avanzado» y «dar pronto buenas noticias» sobre la presa de Yesa, aunque se ha negado a concretar fechas.

Asímismo, frente a la acusación del senador popular de «lentitud» en el pantano de Montearagón, Puxeu se ha limitado a decir que «hemos acabado de jugar y vamos a regar».

Puxeu ha insistido a lo largo de su comparecencia en la «paciencia, moderación y el diálogo» en la política referente a temas de agua, así como en la búsqueda de la máxima participación, aunque ha admitido la dificultad de «consenso» en este ámbito.

También, ha afirmado que la «voluntad» del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es «mantener la ejecución de las obras, los programas previstos y la necesaria atención a las demandas».

Respecto al plan de la cuenca de Miño-Sil, Puxeu lo ha calificado de «muy avanzado» y ha dicho que, en la actualidad, falta la versión definitiva del borrador para que pueda ser publicado.

El senador del BNG José Manuel Pérez Bouza ha recordado al secretario que el plan «debería estar realizado y totalmente aprobado» y ha mostrado su interés en que se publique en «breves fechas».

Pérez Bouza también ha planteado en la Comisión la «sobreexplotación de estos ríos» y ha considerado que están «desprotegidos» porque «hay empresas que pueden secar el cauce del río en quince días sin ninguna consecuencia administrativa».

Por el contrario, Puxeu ha estimado que «no tener un plan de cuencas no ha supuesto una medida de desprotección», ya que, según el portavoz de Medio Ambiente, «existen controles a lo largo del cauce».

En cuanto a las inundaciones a finales de febrero en la comarca de Benavente y Los Valles, cuestión planteada por la senadora del grupo popular Elvira Velasco, el secretario de Estado ha asegurado que «encima de su mesa» está la «necesidad» de mantener un caudal constante y que no se va a dejar de invertir en ello. EFE

La ETSIA despide las titulaciones actuales de Ingeniería tradicional y quiere hacer un reconocimiento a los Titulados y a las Empresas e instituciones que han colaborado en su formación.

En este sentido, ha decidido que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, merece ese reconocimiento por su colaboración y apoyo, poniendo a  disposición de la Escuela su experiencia y actividad profesional.

El Acto de Graduación de Titulados se desarrollará el próximo jueves, 20 de mayo, a las 18:00 en  el Paraninfo del campus de Albacete.

ENTREVISTA A PACO BELMONTE EXPOVICAMAN 2010. CARTEL JCRMO.pdf

Castilla-La Mancha cuenta desde hoy, con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con un plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones que recoge la estructura organizativa, contempla los procedimientos de coordinación con el plan estatal y los planes interiores y detalla los sistemas de actuación con las administraciones locales.
Además, el PRICAM define los procedimientos de información a la población y especifica los medios y recursos para hacer frente a las emergencias ante las inundaciones, informó la Junta en nota de prensa.
«El plan ha sido muy meditado para que sea eficaz a la ciudadanía y se convierta en una herramienta útil para seguir incrementando la seguridad en Castilla-La Mancha», resaltó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio.
La consejera añadió que «con la aprobación del PRICAM, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades más avanzadas en el desarrollo de planes para prevenir los riesgos y actuar coordinadamente ante las catástrofes».
«Desde el Gobierno del presidente Barreda, estamos trabajando, y este plan es un ejemplo de ello, para seguir incrementando y disponiendo de unos servicios que ofrezcan una atención eficiente y de calidad ante las emergencias», señaló Magdalena Valerio.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El PRICAM, que fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 24 de marzo de 2010, analiza los riesgos ante las avenidas de agua e inundaciones, fenómenos naturales que pueden producir daños personales, materiales y en el medio ambiente.
En su elaboración, se han analizado 1.486 núcleos de población de los 919 municipios de la región, atendiendo a diferentes factores como la peligrosidad (desbordamiento de corrientes fluviales, precipitaciones o rotura de presas), la exposición social (población expuesta, densidad de población, sectores de edad o instalaciones educativas y sanitarias) y la vulnerabilidad (menores de cinco años o mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, vías de comunicación o existencia de zonas adecuadas para la evacuación).
Como consecuencia del análisis, el Plan establece zonas de clasificación por riesgos de inundación. Así, establece la zona A-1, como zona de riesgo alto frecuente, donde las avenidas de agua de 50 años produciría graves daños a núcleos urbanos; la zona A-2, de riesgo alto ocasional, donde las avenidas de agua de cien años produciría graves daños a núcleos urbanos; y la zona A-3, donde las avenidas de aguas de quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos.
También, se fija la zona B, de riesgo significativo, en la que la avenida de cien años produciría impactos en viviendas aisladas; y la zona C, de riesgo bajo, en la que la avenida de agua de quinientos años produciría impactos en viviendas aisladas.
En la Zona A-1 (zona de riesgo alto frecuente), se encuentran 46 núcleos de población en Castilla-La Mancha. Por provincias: en Albacete hay 7; en Ciudad Real, 16; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 4; y en Toledo, 14.
En la Zona A-2 (zona de riesgo alto ocasional), se hallan 371 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 74; en Ciudad Real, 63; en Cuenca, 61; en Guadalajara, 85; y en Toledo, 88.
En la Zona A-3 (zona de riesgo alto excepcional), se encuadran 605 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 153; en Ciudad Real, 55; en Cuenca, 144; en Guadalajara, 136; y en Toledo, 117.
En la Zona B (zona de riesgo significativo), están incluidos 417 núcleos. Por provincias: en Albacete hay 36; en Ciudad Real, 28; en Cuenca, 109; en Guadalajara, 195; y en Toledo, 49.
En la Zona C (zona de riesgo bajo), hay 47. Por provincias: en Albacete hay 1; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 40; y en Toledo, 1.
En el PRICAM, también se establece la estructura, organización y funciones en caso de emergencia por inundaciones: la persona directora del Plan, el Comité Asesor, los centros de coordinación y los distintos grupos de acción (de intervención, de orden, sanitario, logístico y de apoyo técnico.
Asimismo, se recogen las fases y los procedimientos de activación del plan en función del riesgo. Así, se establecen las fases de alerta y emergencia.
La fase de alerta implica el seguimiento específico de la situación y la información tanto de los responsables municipales como de la población.
La fase de emergencia que, en función de la situación, fija tres niveles. En el primero se produce la inundación en zonas localizadas y se emplean medios y recursos disponibles. En el segundo, las inundaciones superan la capacidad de atención de los medios locales o las previsiones de la situación son de agravamiento. En el tercero, se trata de emergencias que, debido a que afectan al interés nacional, son declaradas así por el Ministerio del Interior.
A partir de la aprobación del PRICAM, se procederá a su implantación, promoviendo su contenido entre los municipios de la región para la correspondiente elaboración de los planes municipales de actuación en materia de inundaciones. Asimismo, el plan recoge consejos de autoprotección ante estos riesgos.

OTROS PLANES DE EMERGENCIA

El Plan de emergencia ante el riesgo por inundaciones se suma a otros planes elaborados por el Gobierno regional, y que se encuadran dentro del Sistema Regional de Protección Civil, para hacer frente a las situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente ante la eventualidad de catástrofes y circunstancias adversas .
Estos planes son: el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), que establece la organización y procedimientos de actuación en la emergencia con carácter general; el Plan ante el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM); El Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP); los Planes Especiales de Emergencia Exterior por Riesgo Químico; el Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PETCAM), y el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Además, también se participa en Planes de Emergencia Nuclear, en el grupo de apoyo logístico, y en Planes de Emergencia de Presas, en el comité de implantación.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha negado hoy en el Congreso de los Diputados que el plan de choque acordado a finales de 2009 por el Gobierno y las organizaciones agrarias para apoyar al sector agroalimentario haya sido un fracaso.

Espinosa ha respondido así a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular José Ignacio Llorens, quien ha interrogado a la ministra sobre los motivos que han frustrado el Plan de Choque Agrario al que se comprometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra ha defendido los avances conseguidos en estos primeros meses de 2010, como «el amplio plan de financiación a las explotaciones agrarias, que está inyectando más de 1.400 millones de euros al sector».

«Acordamos trabajar con el centro de promoción de exportaciones (Cepex), se ha hecho y ha sido reconocido por las organizaciones agrarias», ha resaltado Espinosa.

También ha recordado la creación de un grupo interministerial, el cierre del proyecto de Real Decreto sobre «representatividad», así como la inclusión de la Política Agraria Común en la llamada «Estrategia 2020».

Por su parte, Llorens ha incidido en que la reunión del presidente del Ejecutivo con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias se produjo por «la masiva manifestación» llevada a cabo por el sector en Madrid, y que los compromisos anunciados entonces han dado paso «a los fracasos y a los incumplimientos».

El diputado popular ha asegurado, además, que la reunión prevista para finales de febrero entre el sector y Zapatero con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los compromisos «todavía no se ha producido».

Ha resaltado que el Ejecutivo tuvo que reunirse dos meses después de la puesta en marcha del programa con los directores de las entidades financieras para que facilitaran los créditos a los agricultores, tal y como habían pactado previamente.

A este respecto, Espinosa ha explicado que dicha reunión se produjo después de que las organizaciones agrarias advirtieran que en «algunas zonas concretas de España no había la suficiente cooperación» por parte de las sucursales bancarias, por lo que se trató de «un refuerzo» y no de «un incumplimiento».

En cuanto al incremento de las tarifas eléctricas para regadío -que según Llorens se ha situado entre un 70 y un 150 por ciento, y ha provocado que los regantes paguen «por lo que consumen y por lo que no»-, la ministra ha destacado que el Ministerio de Industria presentó un borrador del Real Decreto que regulará estas tarifas, y que actualmente se estudian las alegaciones del sector.

El diputado popular ha considerado insuficiente las medidas fiscales adoptadas para apoyar a los agricultores, concretamente la reducción del coeficiente de los módulos de las flores cortadas, el tabaco y la uva de mesa, así como la eliminación de las deducciones en gasóleo y fertilizantes.

Llorens ha recordado que «en julio llega el aumento del IVA» y que «el riesgo por impago de las exportaciones» ha seguido aumentando pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno.

«En dos meses no se puede arreglar la inoperancia de seis años, tal y como reflejan todos los indicadores de la actividad agrícola en renta, paro o deuda», ha recalcado.

Por su parte, Espinosa ha subrayado que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos y que si sigue hablando con los representantes del sector agrícola es porque atiende «a sus demandas».

«Quizá usted sea hoy más feliz que ayer, porque de nuevo intenta confundir a esta Cámara», ha reprochado la ministra a Llorens, en referencia a la expresión que usó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la situación del «Caso Gürtel».

La jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes en el Vinalopó-Alacantí celebrada ayer en Elche, dentro del proceso de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar, sirvió para seguir avanzando en la búsqueda del consenso con los agentes implicados. Para el presidente dela Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, «hay una información muy válida para tomar decisiones con garantías».

El objetivo del nuevo plan de cuenca es garantizar los usos con sostenibilidad medioambiental, y en el caso del Vinalopó-Alacantí, entre otros aspectos, evitar extracciones excesivas de acuíferos. Según los datos facilitados por el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, Javier Ferrer, hay 16 en mal estado, como el de la Sierra de Crevillente. Por eso se trata de garantizar su estabilidad, «cuando no su recuperación», manteniendo de manera adecuada los ecosistemas».

Según Juan José Moragues, la sequía de años anteriores «nos ha ayudado mucho a tener un mejor conocimiento de las cuencas e información de extracciones, de usos, caudales ecológicos posibles, superficies a atender, o necesidades de abastecimiento». Insistió en que hay un consenso bastante importante, si bien «otra cosa es lo que el plan en su momento, terminado el proceso de participación y viendo el futuro que queremos, recoja. Son temas de debate que habrá que consensuar en la medida de lo posible».

Lo que sí está claro es que el nuevo plan, a diferencia del de 1998, reconoce que la cuenca comprende 19.000 hectáreas de Riegos de Levante que abarcan Elche, San Juan, Campello o Mutxamel. Ahora se trata, como explicó el presidente de la comunidad, Manuel Serrano, en una de las mesas redondas organizadas durante la jornada, de que el plan garantice el suministro para las mismas.

Además, Riegos de Levante ha solicitado oficialmente una concesión de las depuradoras de Santa Pola, Arenales del Sol y el Rincón del León, que propiciarían una aportación adicional.

Desde la comunidad de regantes el reconocimiento de la Confederación supone un paso adelante, después de haber estado gestionándolo durante años.

Cómo quedarán las asignaciones de caudales está por ver. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar aseguró que «los recursos que existen son suficientes para garantizar los usos». El abastecimiento es prioritario, y entre los derechos de los usuarios «hay unos regadíos preferentes a otros por su marcado carácter histórico, y dentro de las preferencias de esos usso tenemos recursos suficientes incluyendo los superficiales, los subterráneos, los no convencionales, para poder hacer frente», dijo.