«Parece que Cospedal es la mejor aliada que tiene el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para hacer valer sus reivindicaciones en materia de agua. Sería mucho más interesante que los dirigentes del PP se dedicaran a trabajar de la mano del Gobierno y de la sociedad de CLM para defender lo nuestro, en vez de atender y estar de lado de las tesis del presidente de Murcia». La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Rodríguez, respondía así a la información que ayer aparecía en este diario, donde se advertía de que los ‘populares’ habrían solicitado a las Cortes regionales el número de campos de golf en funcionamiento y la fecha de concesión de licencias en las cinco provincias.
«El Gobierno de Murcia está haciendo lo que debe, que es defender lo suyo. Lo que no entiendo es que los dirigentes del PP regional, en lugar de estar dando la batalla por CLM, lo que estén haciendo es cuestionando el propio uso que en la Región hacemos del agua», concluyó Rodríguez.

Respuesta popular. Sin embargo, la ‘popular’ Ana Guarinos no ve extraño que un diputado de su partido ejerza el derecho a preguntar del que goza cualquier parlamentario. «Si no hay nada que ocultar, no entiendo qué problema hay» en que se pregunte a la Junta por los campos de golf en la comunidad.
Y dentro de la ‘guerra’ por el agua reabierta con el Levante, la portavoz regional detalló algunos puntos del recuso que ha interpuesto la Junta contra la Confederación del Segura y la Dirección General del Agua. Ambas administraciones han negado el derecho de la Región a ser informada e intervenir en la tramitación de 61 expedientes que solicitan derechos sobre el agua del Tajo Segura. Expedientes que, según advierte la Junta, podrían blindar otros 400 Hm3 de agua para el Levante.  

Y mantiene la convocatoria de la manifestación en defensa del Júcar para el día 29 en Sueca

La organización cívica y ecologista, Xúquer Viu, denunció ayer en Alzira que la cuenca del Júcar “se ha quedado a la cola en Europa” a la hora de aprobar un nuevo Plan Hidrológico que cumpla las directrices de la Directiva Marco del Agua.

La elaboración del nuevo plan de cuenca no podrá ser elevado a la aprobación del Consejo de Ministros “como mínimo hasta finales del año 2011” advirtió el portavoz, Paco Sanz, a tenor de la lentitud con que se lleva a cabo su elaboración.

Sanz recordó que “Europa ya nos ha tirado de las orejas”, tras censurar “la irresponsabilidad política” del Gobierno y del Consell. Bruselas exige que todas las cuencas “deben tener un buen estado ecológico para el año 2015”, según explicó Graciela Ferrer.

Xúquer Viu considera que el actual Plan de Cuenca se encuentra “caduco y obsoleto” al continuar consintiendo usos “por encima de las disponibilidades del propio río”, ya que pese a las intensas lluvias registradas el pasado invierno “el Júcar alberga un 42% menos de agua del caudal previsto por el actual plan”.

Los dirigentes de Xúquer Viu achacan los problemas del río a la “sobreexplotación” del acuífero de la Mancha Oriental y a la falta de determinación del correspondiente caudal ecológico que debe contemplar el nuevo plan hidrológico.

En la manifestación convocada para el próximo 29 de mayo en Sueca, exigirán, también, el cumplimiento del plan de recuperación del Júcar, aprobado hace dos años, que el agua transferida al Vinalopó se destine únicamente a usos agrícolas y a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados de aquella cuenca y que se garantice el abastecimiento de los municipios de la Ribera con agua sin nitratos.

Bajo el lema, “Pel Xúquer, Pel nostre futur”, pretende ser una movilización ciudadana que, según Sanz, “está dirigida a la sociedad, por encima de siglas y de ideologías”.

Los convocantes confían en superar los 10.000 manifestantes que se concentraron, hace seis años, en la capital de la Ribera Baixa. Pese al tiempo transcurrido, Xúquer Viu, considera que todavía están vigentes los motivos que provocaron aquella convocatoria.     

El Gobierno de Castilla-La Mancha no entiende que los dirigentes del Partido Popular en la región, «en lugar de apoyar al gobierno esté cuestionando el propio uso que en Castilla-La Mancha hacemos del agua», mientras el Ejecutivo se dedica a hacer «un trabajo intenso» para conseguir derechos de agua.

   En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, a preguntas de los medios aludió así al hecho de que el PP se haya interesado por los campos de golf de la provincia de Albacete, lamentando que en lugar de ver qué está pasando con el agua del trasvase que va a Murcia se interesen por cuántos campos de golf hay en la región.

   A su juicio, el hecho de que el Gobierno de Murcia quiera conocer el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad regional, sobre el uso que se da al agua del trasvase en la región vecina significa que el Gobierno de Murcia «está haciendo lo que debe, que es defender lo suyo», sin embargo –añadió– «lo que no puedo entender» es la postura de los dirigentes del PP, sobre la que los ciudadanos «harán su propio análisis» también.

   Por ello, consideró que la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, «es la mejor aliada que tiene Valcárcel para hacer valorar sus reivindicaciones», subrayando cómo sería «más interesante» que los dirigentes del PP se pusiera de la mano de Castilla-La Mancha «para defender lo nuestro, que de la mano de los dirigentes de Murcia», como demostraron también en el Congreso, en la votación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ahora ya retirado.

RECURSO POR LA DECISIÓN DE LA CHS

   En este contexto, se refirió también a la decisión, acordada por el Consejo de Gobierno esta semana, de interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que Castilla-La Mancha intervenga como parte legítima en la tramitación de 61 expedientes que otorgarían a regantes del Segura derechos sobre caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura, un recurso que, en caso de ser tenido en cuenta, tendría «efectos retroactivos».

   Según detalló Rodríguez, el recurso responde al hecho de que tanto la CHS como la Dirección General de Agua «han negado nuestra legitimidad» en esa decisión, evitando la intervención de Castilla-La Mancha y su derecho a informar sobre esta cuestión, que daría alrededor de 400 hectómetros cúbicos de agua a 61 adquirientes durante 65 años.

   En este sentido, mostró su esperanza en que la decisión judicial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia –donde se presentará el recurso– tenga una salida favorable, recordando cómo «hasta ahora siempre se nos ha reconocido el derecho de parte interesada».

Un millar de regantes, en representación de los 700.000 entidades asociadas a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), reunidos en Tarragona,  aprobaron por unanimidad un manifiesto en el que exigen al Gobierno que apruebe de forma urgente un pacto nacional, que permita al Estado recuperar sus competencias constitucionales sobre las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma. Los regantes ven con mucha preocupación el hecho de que los Estatutos de Autonomía hayan incluido referencias al agua. Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla- La Mancha y también la Comunitat Valenciana se atribuyen en sus Cartas de Autogobierno, en mayor o menor medida, el derecho sobre determinados ríos sin que ésta sea su competencia. De ahí, que los regantes recuerden que es necesario respetar la Constitución, que dice que el Estado es el responsable de  los ríos que atraviesan más de una autonomía.El ejemplo más reciente lo ha protagonizado Cataluña. En el plan para gestionar sus cuencas internas propone cuál debe ser el caudal ecológico del Ebro e incluso quiere hacerse con el control del río Sénia, que actualmente pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar.Con el caudal ecológico que propone la Generalitat de Cataluña, de hasta 406 metros cúbicos por segundo en periodo húmedo, sería imposible ejecutar el trasvase del Ebro. Sin embargo, este mismo plan reconoce que Cataluña no debe abastecerse con más de 70 hectómetros cúbicos de agua desalada al año, puesto que una cantidad mayor resultaría demasiado cara. Así mismo, el plan afirma que, aunque construir el trasvase del Ródano costaría 2.000 millones de euros, frente a los 851 de la desalinizadora de Llobregat, la infraestructura del trasvase tiene más vida útil y menos coste de mantenimiento.

Manifiesto de los regantes
– Respeto a la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas,  organismos de larga tradición en España que integran a los usuarios e interesados en la gestión del agua.
– Se rechaza la invasión de las competencias constitucionales del Estado en materia de aguas realizadas por las últimas reformas de Estatutos de Autonomías.
– Solicitan la aprobación de un Pacto Nacional, que permita al Estado recuperar las competencias que le corresponden según la Constitución.

Gracias al acuerdo firmado ayer, los usuarios de Iberdrola de Castilla-La Mancha ya pueden recurrir al sistema arbitral en caso de tener un conflicto con la eléctrica. Es la primera vez que una gran compañía energética se lanza a dar este paso y, como subrayó ayer el responsable de comercializadoras de Iberdrola, José Carlos Villalvilla, esta andadura comienza en Castilla-La Mancha y se extenderá a otras regiones.
El director del Instituto de Consumo, Jesús Montalvo, explicó que en caso de disconformidad los clientes deben en primer lugar ponerse en contacto con la empresa para «intentar resolver de forma amigable la problemática que haya». Si no hubiera acuerdo, se podría solicitar el arbitraje, que es la novedad, ya se haga a título individual o mediante una organización de consumidores o una oficina municipal de información.
«Es una especie de tribunal, formado por un presidente, un secretario, un representante del sector empresarial y otro de los consumidores», explicó Montalvo, «se toma una decisión en forma de laudo, de obligado cumplimiento para las dos partes». Añadió que el sistema de arbitraje es gratuito y que busca resolver los conflictos «lo antes posible».
Asociaciones de consumidores y las eléctricas llevan precisamente un año de tira y afloja. El responsable de Iberdrola indicó que en algunos meses alcanzaron el millón de llamadas telefónicas, lo que multiplica por tres la media de atención al consumidor. «El sector energético ha vivido muchos cambios importantes en el último año y medio, que se han hecho de forma muy rápida por parte de la Administración», destacó.
La presidenta del Consejo de Consumidores de la Región, Begoña de la Cruz, aprovechó ayer para demandar que las facturas mensuales se correspondan con lecturas reales. Para conseguir esta meta, instó a presionar al Ministerio de Industria. Villalvilla coincidió con ella en defender que lectura y facturación «vayan acompasadas».  

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación del Segura a que Castilla-La Mancha intervenga como parte legítima en la tramitación de 61 expedientes que otorgarían a regantes del Segura derechos sobre caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura. Castilla-La Mancha considera que al tratarse de derechos de aguas procedentes de la cabecera del Tajo, en caso de autorizarse, perjudicarían seriamente los intereses de la Comunidad Autónoma sobre las aguas que discurren por su territorio.
Inicialmente se presentó un requerimiento ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para que revocase esa decisión, y ante la falta de respuesta de la Dirección General, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha decidido recurrir ese silencio administrativo por el que quedaría rechazado el requerimiento.
Por otra parte, a propuesta de la Consejería de Salud se ha aprobado una inversión de 89,5 millones para el desarrollo de las obras de la primera fase de la ampliación y reforma del Hospitalario Universitario de Albacete, un proyecto al que se destinarán más de 130 millonea.
A propuesta de la Consejería de Industria, se ha autorizado la construcción de 53 puntos limpios en la región, en los que se invertirán más de 14,8 millones.
Asimismo, se ha aprobado la Orden por la que se convocan las ayudas del Plan Renove de equipos de climatización para 2010. Se invertirán 500.000 euros para la sustitución de calderas y equipos de aire acondicionado.
Del mismo modo, se ha aprobado la prórroga del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad TIC y protección de datos de carácter personal dirigido a ciudadanos, empresas, entidades locales y empleados públicos de la Administración regional que trabajan con datos de carácter personal.
A propuesta de la Consejería de Trabajo, se ha aprobado el Decreto que regula el procedimiento y concesión de subvenciones a las organizaciones empresariales y sindicales para potenciar la prevención de riesgos laborales. También se ha aprobado una inversión de casi 300.000 euros para fomentar el empleo de las personas con discapacidad.
A propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, se ha aprobado un Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Universidad de CLM, el Consejo de la Abogacía, el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para formación.    

 el presidente de la FAVA, habló de la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos por haber bebido agua de Alarcón en tiempo de sequía, «nosotros apoyamos al Ayuntamiento, no vemos lógico que un convenio dé prioridad a los regantes sobre el abastecimiento humano».

La organización Ecologistas en Acción ha solicitado a la Comisión Europea que sancione a España por el supuesto incumplimiento de varios artículos de la Directiva Marco de Agua y ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente de estar «sometido» a los intereses del sector agrario.

La denuncia que ha presentado ante la Comisión Europea esta organización alega el reiterado incumplimiento que a su juicio está cometiendo España respecto a varios de los artículos incluidos en la citada directiva.

Según Ecologistas en Acción, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene intención de aplicar en el sector agrario el artículo referido a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.

Esta organización ecologista considera que el bajo precio del agua que pagan los regadíos -que cifran en 3 céntimos de euro por metro cúbico de media- fomenta su derroche, además de no cubrir el coste de obtención ni los costes medioambientales y sociales derivados de su uso.

Los regantes españoles han reclamado hoy al Gobierno central un IVA reducido de las tarifas eléctricas tras recordar que, en el último año, el coste de la energía ha subido cerca de un 60% y llega ya a representar el 30% de los costes de producción.

Así lo ha manifestado hoy el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, durante la inauguración del XII Congreso Nacional de la Comunidad de Regantes de España, que hasta el 14 de mayo reúne a un millar de personas en el palacio de congresos de Tarragona.

Del Campo ha advertido de que la viabilidad de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2015 se encuentra actualmente «en el aire si no se revisa el proyecto para adaptarlo a las nuevas tarifas eléctricas».

En relación a la transformación de regadíos, Andrés del Campo ha recordado que la primera fase del PNR se calculó sobre la base de unos costes energéticos que posteriormente se han multiplicado, lo que coloca actualmente a los agricultores «contra las cuerdas».

De esta forma, el presidente de Fenacore ha destacado la necesidad de «acometer obras donde prime la rentabilidad de la explotación, aunque vaya en detrimento del nivel técnico de las nuevas infraestructuras», con el fin de evitar sobrecostes «excesivos» de mantenimiento o energía que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones.

En este sentido, ha recordado que sólo en el último año, el coste de la energía ha subido cerca de un 60%, llegando a representar ya el 30% de los costes de producción.

Así, el presidente de Fenacore ha instado al Gobierno central a adoptar medidas «realistas» que permitan «ahorros significativos» con respecto al sistema de tarifación actual, como puede ser la aplicación de un IVA reducido.

Por otro lado, el presidente de los regantes ha mostrado su preocupación por la titularidad exclusiva sobre las aguas que están asumiendo las comunidades autónomas en sus diferentes Estatutos de Autonomía, abanderadas por las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.

En su opinión, se trata de un modelo autonómico «insolidario» donde las «guerras del agua serán una constante».

Del Campo ha abogado por el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, calificando de «equivoca» la separación de ambos recursos, ya que, al explotar las aguas subterráneas cuando los caudales o los almacenamientos superficiales son menores, «se consigue un aumento de la garantía del suministro».

El presidente de Fenacore ha aludido a la importancia de que los criterios para la fijación de los caudales ecológicos en las cuencas tengan en cuenta las posturas de todos los actores sociales, económicos, técnicos e institucionales vinculados al agua.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, junto al conseller de Agricultura, Joaquim Llena, también ha participado en la inauguración del congreso, organizado por Fenacore y la Comunidad General de Regantes de la Derecha del Ebro.

Durante su intervención, Puxeu ha resaltado que la modernización de los regadíos «sigue siendo una de las prioridades», y ha subrayado que los objetivos en este sentido pasan por el equilibrio entre las políticas ambientales y agrícolas, por la consolidación de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad de los Regadíos hasta 2015 y por el consenso con las comunidades autónomas.

Puxeu también ha señalado que esta modernización debe basarse en criterios como el ahorro y la eficiencia energética, así como en tarifas eléctricas coordinadas que «permitan alcanzar un acuerdo con las organizaciones agrarias y las cooperativas». EFE 1010127