Charo Quesada es la primera mujer que presidirá la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), tras el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, que aprobó su nombramiento. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la ejecutiva regional del PSRM-PSOE, que sustituye en el puesto a José Salvador Fuentes Zorita, llega dispuesta a bregar «con una cuenca complicada, que abarca cuatro comunidades autónomas y 132 ayuntamientos», y con «espíritu de colaboración y diálogo con todos los regantes».

La presidenta de la CHS, que tomará posesión el próximo miércoles, ha sido funcionaria de la consejería de Agricultura desde 1985 a 1997 e incluso formó parte del equipo del fallecido Antonio León cuando era consejero, como directora general de Investigaciones e Industrias Agroalimentarias, por lo que conoce el campo murciano y a las organizaciones agrarias. «Tengo muy buenas relaciones con los representantes del sector y voy a trabajar bien con ellos», apuntó.

Al plantearle que será la primera mujer que presidirá la Confederación Hidrográfica del Segura, que es un órgano compuesto íntegramente por hombres, respondió que después de su experiencia como directora general de la consejería de Agricultura, «no me es ajeno» el mundo del agua.

Respecto a los conflictos con Castilla-La Mancha que está planteando el Trasvase Tajo-Segura, dijo que «vengo con espíritu de colaboración y de diálogo con todos los regantes de la cuenca». Es consciente de que llega a «una cuenca complicada, que abarca cuatro comunidades autónomas y 132 ayuntamientos», aunque recuerda que en los últimos años «no ha habido cortes de agua» a pesar de los problemas ocasionados por la sequía, «gracias al esfuerzo que ha realizado el Gobierno de España».

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al Cuerpo Superior de Interventores de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, ha ejercido como jefa de la división de control financiero de la consejería de Hacienda.

Ayer, tras conocer su nombramiento, se mostraba «ilusionada y con ganas de trabajar.

Los agricultores de la zona de Los Llanos, integrados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), perciben anualmente desde el año 2004 un total de 6,44 hectómetros cúbicos para compensar las filtraciones del Talave. Agua que llega a unas 4.000 hectáreas de Los Llanos, según apunta el secretario de la JCRMO, Herminio Molina.

Esta zona no es la única de la provincia que debe recibir estas compensaciones por las filtraciones. En Hellín también 824 hectáreas, con una asignación de 4,165 hectómetros, pendientes de que se materialice esa compensación.

Pero, ¿qué opinan las organizaciones agrarias presentes en Albacete sobre el trasvase Tajo-Segura? El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Albacete, Julián Martínez, recuerda perfectamente los problemas de escasez de agua que en el año 1996 sufrían los agricultores de La Herrera. «Los cultivos se perdían todos y el trasvase bajaba lleno a rebosar», explica el dirigente del sindicato agrario.

La situación llegó a tal extremo que se hizo popular, cuenta Martínez, el dicho «el agua calienta más que el vino». Y es que incluso había quien, en plena indignación, defendía que había que tirar el trasvase.

Caducidad

Desde UPA piden igualdad. «Queremos tener los mismos derechos que en cualquier otra zona», insiste Martínez quien señala que esta organización agraria defiende la caducidad del trasvase.

Una idea que, sin embargo, desde Asaja ven muy difícil de llevar a cabo. El presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, asegura que hay que buscar otra fórmula. El dirigente de esta organización agraria aboga porque se garantice la prioridad de la cuenca cedente y que, una vez cubiertas las necesidades de ésta, se atiendan las demandas de otros territorios. Para ello, Pérez Cuenca cree que es esencial contar con una Administración central fuerte que sea capaz de poner orden. «Tiene que tener la autoridad suficiente para que todos respeten sus decisiones», recalca.

Echando la vista atrás, el presidente de Asaja recuerda que la polémica infraestructura nació porque hacía falta en ese momento para atender las necesidades del Levante. «Fue una obra faraónica», señala añadiendo que empezó utilizándose «un poquito». Un poco que acabó convirtiéndose en un mucho, tal y como indica. «Hay años que se llega a los 600, 700 u 800 hectómetros cúbicos», dice.

También lamenta que las junto a las necesidades básicas y lógicas, cada vez se suman más necesidades que responden a otros usos recreativos o urbanísticos.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió ayer a reivindicar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) elaborado por el Gobierno de José María Aznar como un «proyecto de solidaridad» en materia hídrica entre las diversas zonas de Eapaña. En un acto con militantes y simpatizantes del PP en Monóvar, incidió en que el Tajo-Segura es «fundamental» para el futuro de la Comunidad, y que, incluso, dentro del territorio autonómico, los trasvases son «una forma de solidaridad» interna. Aludía de esta forma al Júcar-Vinalopó, el cual, dijo, «quiso paralizar» el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Camps señaló que el jefe del Ejecutivo «paralizó el trasvase del Ebro», y aseguró que, cuando gobernaba el PP, tenían «un proyecto de solidaridad entre todos los territorios de España», en el que «no se hablaba de tensión territorial, ni de ruptura entre comunidades autónomas». Sin embargo, continuó, ahora los socialistas «han querido dejarnos sin agua a toda la Comunidad con la reserva hídrica, cuando nuestro territorio es dinámico, próspero y leal con el resto de españoles».
El jefe del Consell agradeció «el apoyo de la sociedad, agricultores y regantes, porque juntos», indicó, han «defendido un proyecto de solidaria hídrica y de futuro para la Comunidad», al tiempo que insistió en que el PHN era un «proyecto de solidaridad y cohesión territorial». De la misma manera, afirmó que su agenda es «la de todos los valencianos y que pasa todos los días por defender los intereses de la Comunitat» en materias tan importantes como el agua, las infraestructuras, la seguridad ciudadana, las políticas sociales o la financiación.

El pleno de las Cortes Valencianas votará la próxima semana la propuesta del PP para que el Gobierno cree 11 nuevas comisarías de Policía Nacional en la Comunidad, siete de ellas en la provincia de Alicante. El texto insta a que todos los municipios de más de 30.000 habitantes cuenten con la citada dotación policial. En el caso de la demarcación alicantina, se piden comisarías para Xàbia, Petrer, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena.
La propuesta del PP reclama al Gobierno «el cumplimiento del compromiso electoral de creación de comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en los municipios de más de 30.000 habitantes que carezcan de ella». Según los populares, «este compromiso quedó en el olvido por parte del Gobierno de España y posteriormente fue negado y rechazado». Añaden que «el Gobierno ha dado una respuesta negativa incluso ante el ofrecimiento de terrenos por parte de los municipios para la construcción de las comisarías».
Por otra parte, las Cortes también debatirán una propuesta de Compromís para exigir que el Ayuntamiento de Albacete pague en tres meses el millón de euros que debe a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar.

El embalse de Contreras, terminado en 1974 , nunca había alcanzado el nivel que ofrece estos días. Acumula ya 443 hectómetros y suma y sigue. Se construyó para albergar 874 hectómetros, casi el doble de lo que almacena ahora, pero nunca llovió lo suficiente y cuando en 1977 el agua del pantano , que tiene dos presas, la principal -de Contreras- y la del Collado, comenzó a lamer esta última, todas las alarmas se dispararon al detectarse movimientos inusuales. Se echó el freno en el llenado cuando el pantano alcanzó un nivel similar al actual y comenzó el seguimiento de la presa. Fue entonces cuando se fijó un máximo nivel de embalse en 444 hectómetros cúbicos que no se había vuelto a alcanzar oficialmente hasta este fin de semana.
«Las eternas dudas sobre la estabilidad de las margas sobre las que se apoya la presa del Collado», son, admite el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, las que impiden llenar «alegremente» el embalse y las que aconsejan abrir las compuertas y dejar que el Cabriel escape aguas abajo, hasta Tous, que ha alcanzado también su máximo nivel histórico.
«Hay unos informes del CEDEX muy exhaustivos sobre el Collado y lo cierto es que tenemos ya 16 metros de columna de agua por encima de lo que es la base de la cimentación de la presa sin que se haya detectado nada anormal. Lo que hemos hecho es ampliar y recuperar los piezómetros y la red de inclinómetros de esa ladera para, conforme vaya subiendo el agua, ir tomando decisiones sobre si mantenemos ese límite histórico …o lo superamos, pero con gente a pie de presa midiendo filtraciones, presiones intersticiales, etc.»
«No podemos jugar con algo así, pero tampoco queremos que se pierda ni una gota de agua, de modo que si podemos almacenar 20 o 30 hectómetros cúbicos más seguiremos subiendo mientras los caudales del rio y la presa lo permitan», apostilló Moragues.

Un lujo inusual
La CHJ está planificando ya una campaña inusual, tan rebosante de agua que tan solo unos pocos veteranos de la casa recuerdan algo similar. Sin embargo, los criterios siguen siendo los de máximo ahorro. Nunca nadie sabe cuando volverá la sequía,solo que vuelve.
A partir de esta semana, la CHJ dejará salir hasta 23 metros cúbicos por segundo de Contreras que circularan por el Cabriel y el Júcar hasta quedar retenidos en Tous. Una buena oportunidad para hacer «rafting» y disfrutar del río Cabriel.
La suelta se hará probando alternativamente todas las válvulas y desagües, incluido el gran desagüe intermedio construido hace unos pocos años y que no se había podido probar por falta de agua. También se pondrán a prueba las nuevas turbinas de Iberdrola en Contreras.

Pruebas en Tous
Una vez en Tous y después de producir millones de kilovatios en Cortes y Millares, el agua será utilizada para hacer un nuevo «escalón de prueba» en el embalse de la Ribera. Las presas tienen que llenarse poco a poco, año a año, sobre todo si se trata de diques de núcleo de arcilla y materiales sueltos como Tous. El año pasado se llenó hasta el nivel de 200 hectómetros cúbicos y todo fue bien. «Este año ya tenemos algo más de 210 hm3 y toca hacer el siguiente escalón de carga, el penúltimo, para llegar a 235 hectómetros», explica Moragues.
Una vez alcanzado ese nivel se mantendrá durante 20 días. Se observarán movimientos en la presa, filtraciones. Es posible incluso que el agua, al subir, encuentre un conducto calizo y escape para salir quien sabe dónde, algo que también puede ocurrir en Contreras. Si ocurre, habrá que sellar las fugas inyectando hormigón.
Veinte días de intensas mediciones y llegará el momento de soltar agua para el arrozal y los riegos. «Con lo que habrá en Tous- antes de que finalice septiembre solo puede tener 70 hectómetros para recibir posibles riadas- y las aguas fluyentes del Júcar y sus afluentes, creemos que podemos estar muy cerca de completar las necesidades de la campaña. Sólo si hiciera falta entonces volveríamos a sacar agua de Contreras», concluye Moragues.

José María Barreda ha convocado mañana un pleno para retirar el Estatuto de Castilla-La Mancha que incluía la reserva de 4.000 hm3 que cerraba el Tajo-Segura. Un triunfo para Alicante, pero no el definitivo.

La carencia de recursos obliga a Alicante a recibir el agua de cuatro fuentes distintas

POR F. J. BENITO Se ha ganado una gran batalla, pero la guerra del agua sigue abierta y el escenario se va a trasladar ahora a los nuevos planes de cuenca del Tajo, el Júcar e incluso el Segura, responsabilidad directa del Ministerio de Medio Ambiente, donde habrá que estar más atentos para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, y su ejército de juristas y expertos hídricos, no establezca unos límites que hagan imposible cualquier trasvase (siempre se trabaja con excedentes de agua) al Segura e, incluso, al Vinalopó.
La reflexión de Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y quizá una de las personas que mejor conoce el complejo sistema para el reparto de caudales en el sureste español desde que se abriera el grifo del Tajo-Segura en 1978, al día siguiente de que el presidente castellano-manchego José María Barreda, anunciara la retirada del Estatuto, deja bien claro que Alicante no puede dormirse pensando que el Estatuto de Castilla-La Mancha es historia si mañana termina retirándose en el pleno convocado por el presidente manchego.
Es más, lo que se establece en los planes de cuenca tiene carácter legal y, por lo tanto, la fuerza jurídica de la que carecía el preámbulo. Alejandro Alonso, ponente del PSOE en la Comisión Constitucional donde su partido votó el miércoles a favor de la reserva de 4.000 hm3 lo sabe mejor que nadie. Castilla-La Mancha nació como autonomía en 1982, a los tres meses el entonces presidente José Bono incorporó a su Ejecutivo a Alejandro Alonso como consejero de Agricultura. Desde entonces y aunque ya no esté en el Gobierno, los castellano-manchegos vienen recurriendo cada tres meses los trasvases del Tajo al Segura. Sin éxito, pero durante los últimos 28 años, algo que da idea de la perseverancia de Castilla-La Mancha en sus intentos por secar la transferencia de aguas a Alicante y Murcia.
El retraso que sufre el «Programa Agua» (desaladoras) de la entonces ministra Cristina Narbona para generar un caudal desalado similar al proyectado en el derogado trasvase del Ebro y los propios problemas del agua desalada del mar (precio e impacto ambiental), vuelven a dejar el futuro del abastecimiento hídrico en manos de los trasvases (resulta imposible contar con más infraestructura para recoger agua de lluvia).
¿Dónde estamos entonces? Mejor que en 1978, cuando arrancó el Tajo-Segura, porque se ha modernizado la agricultura y reducido las fugas en las redes de distribución, pero con la misma dependencia que teníamos hace 32 años. El agua del Tajo, y a partir del año que viene la que llegue del Júcar al Vinalopó, resulta clave para garantizar el futuro social y económico de la provincia. No en vano cualquier recorte en los planes de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según los datos que maneja la Universidad de Alicante y la patronal Coepa.
En el apartado económico el posible cierre de los grifos del Tajo y el Júcar, imponiendo reservas en los planes de cuenca, también representaría un serio revés para el único «motor» que aún no ha gripado del todo, el turismo: un sector que mueve 12.000 millones de euros al año (13,8% del PIB) y mantiene 290.000 empleos.
Y prueba de que la nueva amenaza es real, un informe realizado por Riegos de Levante (20.000 agricultores y 35.000 hectáreas en explotación), que advierte de que el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, en fase de redacción, supondrá el final del trasvase porque ha incluido ya las dotaciones de los nuevos abastecimientos de Madrid, Toledo y los municipios beneficiados por la denominada Tubería Manchega. Caudales que, restados del total de la lluvia anual que entra en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, reducirán a tan sólo 60 hm3 al año la cantidad de agua para riego que se podrá trasvasar a Alicante y Murcia.
Caudal que, incluso, podría quedarse en «cero hectómetros cúbicos si al final se aumenta el caudal ecológico del río», según alerta Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante.
El complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde arranca la transferencia que trae el agua del Tajo a Alicante, recibe todos los años la aportación de 770 hm3 y debe enviar, sin contar con lo que envía para riego, un total de 710 hm3 de trasvases fijos. En estos momentos el caudal ecológico en el Tajo es de 6 m3/segundo, pero por cada metro cúbico que se amplíe se recortarán 30 hm3 en Entrepeñas y Buendía, según el cálculo de los regantes. A esto se añade que el 15 de diciembre de 2009 se creó por decreto una reserva de 60 hm3 en el Tajo para abastecer a los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. A este caudal se sumaron, por otro lado, otros 20 hm3 para la zona de la Sagra (Toledo). Junto a estos abastecimientos, el plan de cuenca del Tajo fija también otras reservas para las Tablas de Daimiel. La aprobación de la reserva para Madrid vulnera ya las leyes del trasvase porque debía haberse consensuado con todas la partes y nadie recurrió. Actuaciones como éstas son más importantes que el defenestrado Estatuto. Actualmente, la reserva está en 240 hm3 a partir de la cual no se envía agua y así seguirá si se confirma la retirada del Estatuto mañana lunes cuando se reúnen la Cortes de Castilla-La Mancha.
La primera referencia oficial que se tiene en la provincia del proyecto para trasvasar aguas desde la cuenca del Tajo al Levante español -actuales Comunidad Valenciana y Murcia- data del 26 de febrero de 1933, cuando el entonces ministro de Obras Públicas de la II República, el socialista Indalecio Prieto, proclamaba en un acto público celebrado en Alicante, que el Gobierno que se negara a construir el trasvase Tajo-Segura prácticamente tendría que ser calificado de traidor a la patria, independientemente de su color político.
Dos años después la infraestructura, diseñada por el ingeniero Lorenzo Pardo, quedaba incluida en el I Plan Nacional de Obras HIdráulicas, aunque su construcción no comenzaría hasta 1968. Los primeros caudales comenzaron a fluir en 1979 y desde entonces no ha parado de llegar desde el Tajo -casi nunca los 600 hm3 regulados por la Ley- un agua gracias a la cual Alicante y Murcia se han convertido en dos de las zonas más prósperas de España, motores de empleo y, prácticamente, la huerta de buena parte de Europa
El trasvase garantiza, además, el abastecimiento urbano de cerca de tres millones de habitantes, tiene un componente ambiental clave para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y sostiene el 62% de la agricultura provincial, cuyas explotaciones están valoradas en 328 millones de euros con una facturación de 528 millones de euros al año.
Los primeros 30 años del trasvase se tiñeron de gris en 2009 ante la aspiración del Gobierno de Castilla-La Mancha de reservar para su desarrollo todo el caudal del trasvase, al fijar en su Estatuto el final de la canalización para 2015, y la, en principio, tibieza de PSOE y PP en la defensa de la transferencia en Madrid, Ambos pactaron ampliar la reserva estratégica primero hasta los 600 hm3 y después hasta los 4.000 hm3 ya con la fecha de caducidad eliminada, y también con el consenso inicial de PSOE y PP, que llegó a abstenerse en la aprobación de la ponencia. Al final, no obstante, hubo reacción final de los populares con su voto negativo en la Comisión Constitucional.
Un informe de la patronal Coepa elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante revela que, hoy por hoy, no hay recambio posible para el Tajo: el agua del trasvase se paga a 0,1 hm3 el metro cúbico, mientras que la desalada sale a 0,6 euros/m3, cinco veces más cara.
Por otro lado, la falta de aportes suficientes de agua del trasvase Tajo-Segura ha provocado que en los últimos años se hayan dejado de cultivar 20.000 hectáreas y perdido dos mil empleos directos en Alicante, una provincia que, sin embargo, ha pagado desde 1986 más 300 millones de euros -50.000 millones de las antiguas pesetas- a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, las comunidades autónomas cedentes del agua del Tajo, según recuerda Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y recoge el informe de Coepa sobre la repercusión de esta obra en la provincia. Fondos que, teóricamente, debieran haberse destinado a financiar proyectos medioambientales y evitar, por ejemplo, la restricciones que llegan a sufrir municipios castellano-manchegos en los años de sequía. ¿Dónde fue el dinero?.
Según el trabajo del Instituto Universitario del Agua, la eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia tendría consecuencias letales, porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que da a empleo a 51.325 trabajadores. Por otro lado, el incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha ha supuesto la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad.
Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en la provincia de Alicante ascienden a 381,89 hm3 al año, mientras que la dotación media del trasvase Tajo-Segura es sólo de 125 hm3, debido principalmente a la sequía que sacude el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía. El sector agrícola alicantino tendría derecho a recibir 3.500 millones de euros en concepto de indemnización mas el lucro cesante si se recortaran los aportes del Tajo. La falta de caudales para la agricultura y la salinidad del agua que utilizan los regantes ha provocado ya una diáspora de empresas agroalimentarias a otras zonas de España que tienen agua de calidad como es el caso de Valencia (Júcar); sur de Cataluña e, incluso, Andalucía.

suministro urbano
Al margen del impacto económico sobre la competitiva agricultura de Alicante y Murcia, el trasvase Tajo-Segura tuvo un impacto social sin precedentes al romper el ciclo migratorio alicantino y murciano que, en algunos casos, se arrastraba desde finales del siglo XIX. Se pasó a un escenario de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.
El agua que llega del Tajo representa, además, una pieza hidráulica básica para el funcionamiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ya que aporta el 60% de la demanda de agua para uso urbano de toda Murcia, treinta y cuatro municipios de Alicante (56% de la población) y dos de Albacete.
La Mancomunidad del Taibilla advirtió en su día de que todos los recursos de las desaladoras (190 hm3 cuando éstas estén a pleno rendimiento), no serán suficientes para cubrir la demanda urbana de Alicante y Murcia en los próximos 25 años, lo que hace del trasvase una solución «incuestionable», según el comité ejecutivo de la Mancomunidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la tutela del agua en España.

El destino de los millones de euros que han pagado los regantes de la Región de Murcia por el agua del trasvase es un misterio, tanto es así que hasta la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, preguntó ayer al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dónde ha ido a parar el dinero que se ha recibido por el trasvase Tajo-Segura porque «en los 30 años del Gobierno socialista en la Región» no se sabe dónde ha revertido.

De Cospedal, que presidió en Toledo la Comisión Regional de Agricultura y Agua del PP de Castilla-La Mancha en la que se analizó los problemas de esta comunidad con sus recursos naturales, se preguntó que dónde y a qué ha destinado Barreda el dinero que se debería haber destinado para crear infraestructuras y resolver el problema del agua en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, cifró recientemente en 254 millones de euros el dinero que han pagado los regantes murcianos por el agua del trasvase Tajo-Segura, de los que, según detalló, «112 han ido a Castilla-La Mancha para obras de carácter finalista en infraestructuras de saneamiento y abastecimiento que no se han cumplido».
La presidenta del PP manchego lamentó que no se hayan resuelto los problemas del agua en Castilla-La Mancha y subrayó que son «cada vez mayores la sequía y la escasez, así como la falta de infraestructuras para la correcta utilización de nuestros recursos hidráulicos».

De Cospedal criticó las «falsas promesas» del PSOE por el «mayor número de sanciones a los agricultores, más sobreexplotación de los acuíferos y mayor riesgo de descatalogación de los humedales» o, del mismo modo, el retraso en la generación de infraestructuras de saneamiento y depuración. Recordó que el PSOE apoyó el Plan Hidrológico Nacional cuando gobernaba el PP y que, sin embargo, los propios diputados socialistas regionales colaboraron a derogarlo, y también que el propio Barreda reconoció a la ministra, Cristina Narbona, que con el nuevo planteamiento 2se resolvían para siempre los problemas del agua para Castilla-La Mancha».

La secretaria general del PP resaltó la diferencia entre «la magnífica propuesta» para tener «agua en calidad y cantidad» y, con ello, «la mejora de la calidad de vida de los castellano-manchegos» o no tener Estatuto «que es lo que ha elegido Barreda».

«Humillante»

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE de Toledo, Emiliano García-Page,  aseguró ayer que le «humilla» políticamente que los dirigentes de la oposición en Castilla-La Mancha hagan planteamientos como los que se vienen haciendo desde Murcia para «defender lo indefendible» en el Estatuto de Autonomía de la región.

En este sentido, señaló que le parece «grave» que la presidenta del PP en Castilla-La Mancha «entre en el mismo juego que los dirigentes murcianos y que reproche a Castilla-La Mancha nuestros planteamientos porque dice que nos pagan el agua» del trasvase Tajo-Segura.

El dirigente socialista dijo que si María Dolores de Cospedal estuviera más tiempo en Castilla-La Mancha «sabría perfectamente lo que significan las compensaciones y donde pueden estar», al tiempo que añadió que lo más importante es que sepa que «para nosotros el agua del río Tajo no tiene precio y que realmente lo que nosotros queremos es el agua».

Si ha de elegir, Cospedal prefiere Madrid. María Dolores¹ Cospedal García opta por quienes le han dado la confianza para Secretaria General del PP de la calle Génova. Madrid, antes que pactar, por Castilla-La Mancha, con el Presidente Barreda; con ASAJA, CCOO, UGT y UPA; con CECAM, organización empresarial, con la FEMPCLM, representación de los 919 municipios de Castilla-La Mancha; con la gente de este Centro de España, que somos Albacete del Júcar, Ciudad Real de las Tablas, Cuenca de Buendía, Guadalajara de Entrepeñas, Toledo del Tajo. Castilla-La Mancha es, para María Dolores Cospedal García, nada, frente a Camps y Valcárcel, protagonistas en aupar a la Presidencia del PP a don Mariano Rajoy².

Yo, se promete María Dolores, estoy con lo mío: ser lideresa nacional. No comprende Cospedal García, que ha sido incluso Consejera de Aguirre, hasta el extremo de preferir Madrid a Albacete en cuestiones de progreso, la acusación de traición que le profieren los agricultores castellanos y manchegos, cuando sus afanes son tan extensos como lo es el Reino de España y más allá. Cuando María Dolores Cospedal García tenía sólo la aspiración de Castilla-La Mancha, para emular y compartir orgullo con su madrina, lideresa madrileña, votó, en Toledo, El Estatuto.

Con unanimidad de las Cortes, desde los Gilitos, antiguo Monasterio de Franciscanos descalzos, del sobrio y herreriano edificio de san Gil, partió una misiva a las Cortes Generales de España, solicitando agua de reserva: 4.000 HMC, al menos, porque nuestras necesidades son esas y porque somos cuenca cedente y preferente , por tanto, según ley; solicitaban las Cortes de Castilla-La Mancha el reconocimiento a poder tener voz y voto en las reuniones de los aguadores de las cuencas de seis ríos, que por Castilla-La Mancha se han interesado en pasar: Tajo y Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir y el Ebro incluso. Aspirábamos a mantener un caudal suficiente del Tajo, a su paso por Toledo, para que su agua no tuviera ni sabor, ni olor, puesto que el agua, entre otras cosas, es insípida e inodora, y estas cualidades son independientes de los colores políticos, pues es también, el agua, incolora.

Del trasvase Tajo Segura, se solicitaba ser parte decisoria, pues nos rompió los veneros de las aguas hacia los acuíferos de la Mancha; Los Regantes de la Mancha Oriental, modernos ahorradores de agua, como sus familias manchegas lo fueron de reales, exigían más respeto a nuestros regadíos. Llamábamos la atención a la sobre explotación del Segura, porque los Campos de Hellín son excedentarios de pozos, al carecer de aguas superficiales. Si el Gobierno de España³ decide sobre el agua, Castilla-La Mancha solicitaba, según Ley, ser oída preceptivamente sobre el uso de las aguas que le cruzan.

Las Cortes de Castilla-La Mancha cursaron solicitud de competencias, a favor del progreso de quienes fuimos doblegados por cuneros, expertos en nacionales cacerías y cicateros con nuestra pasión por las milanas bonitas. El 21 de abril, El PP, en las Cortes Generales, se desdijo de su voto anterior: dijo “NO” a los usos locales de Entrepeñas y Buendía, a la reserva inteligente de agua, a compartir decisiones en los repartos, a la preservación de fauna y flora en el Tajo de Aranjuez, que otrora fue mar de princesas, a la garantía de regadíos en la Mancha Oriental, al agua en Daimiel y en los altos campos de Hellín, agua para el progreso: A todo esto dijo “NO” el PP. María Dolores Cospedal García ha dicho que su reino no es de Castilla-La Mancha. Solicito una cordial despedida para ella, que ha ligado su porvenir a Rajoy de Valcárcel.

En el fragor del enésimo episodio de la guerra del agua que se ha desarrollado estos días alrededor del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el intento castellano-manchego de acabar, primero, y limitar, después, el trasvase Tajo-Segura es consecuencia de una dinámica iniciada al introducir en la reforma del Estatuto valenciano del año 2006 la referencia al derecho a recibir recursos hídricos de otras cuencas. Morera añadió que la actitud «soberbia» del PP en este tema, desde un territorio deficitario en la materia, ha sido un desastre.

17 del Estatut d’Autonomia sea genérica e impecable en su formulación del derecho de los valencianos "a disponer del abastecimiento de agua de calidad" y a "la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", sin duda esa mención abrió la puerta a que Aragón estableciera una reserva hídrica (de más de 6.000 hectómetros cúbicos anuales, con apoyo del PSOE y el PP, por cierto) y a que Castilla-La Mancha haya intentado, sin éxito, algo parecido. Como señala el diputado valencianista, la prepotencia es mala consejera para quien se juega intereses estratégicos, en este caso en la gestión de los ríos y sus recursos. Pero, en realidad, todo comenzó mucho antes, con la desmesurada campaña del Agua para todos y el conflicto que suscitó aquel Plan Hidrológico Nacional de Aznar que todavía hoy, de manera asombrosa, ponen los populares como ejemplo. Lo invocan, en efecto, Camps, Cotino, Clemente y Blasco como si se tratara de un modelo ideal de consenso, cuando el principal partido de la oposición lo rechazaba y puso en pie de guerra a media España (la que representan Cataluña y Aragón, por lo menos) contra la otra media por el faraónico proyecto de trasvase del Ebro.

Cuando Rodríguez Zapatero derogó el trasvase, se apaciguó el clima de revuelta en las comarcas del Ebro y se emprendió el programa Agua; el ofensivo triunfalismo del principio se convirtió en un victimismo demagógico que el PP no ha abandonado porque soliviantar a la opinión pública contribuye a mantener abiertas las heridas por las que Camps exprime el apoyo electoral mayoritario de los valencianos.

Mientras, con la política hídrica realmente existente, sus desaladoras, su trasvase Júcar-Vinalopó y sus organismos de cuenca, nunca ha faltado agua, pese a la agudización de la sequía, y puede aventurarse que la racionalidad se impone pese a la mala prensa. No así en el debate político, donde Camps y Alarte, que defienden el Tajo-Segura, se han dado codazos, mientras Barreda y Cospedal, que lo detestan, se tiraban también los trastos a la cabeza para que los partidos valencianos, las organizaciones empresariales, los regantes y tutti quanti, celebren hoy como un éxito que el Estatuto de otra comunidad se haya frustrado en el Congreso. Tiene razón Morera: ¡Qué desastre!