Después de la batalla, llega la reflexión. El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, explica a La Tribuna de Albacete lo que, a su juicio, fue la clave del buen resultado de la reunión que mantuvieron el presidente Barreda, y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, con el secretario de Estado, Josep Puxeu, y el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues: un acuerdo previo sobre qué hacer con el Convenio de Alarcón.
¿Hasta qué punto es importante este acuerdo sobre el convenio de Alarcón?
Hasta el punto que fue lo primero de lo que se habló, entre otras cosas, porque es la clave de buena parte de los demás acuerdos que se hicieron públicos sobre el Júcar. No tendría sentido acordar nada sobre el abastecimiento de la ciudad de Albacete, si antes no llegábamos a un acuerdo sobre este asunto.
¿Cómo se lo planteó el presidente al secretario de Estado? ¿Y cuál fue la actitud de este último ante las propuestas del presidente?
La actitud del secretario de Estado, el señor Puxeu, así como la del presidente de la Confederación del Júcar, el señor Moragues, fue de total receptividad e interés ante lo que decía el presidente que, por otra parte, era de puro sentido común. Al Gobierno de la región le parecía, y le parece, una paradoja incomprensible que el abastecimiento humano no tenga prioridad frente al regadío, o frente a cualquier otro uso económico. Ellos nos pusieron de manifiesto que la situación es muy compleja, que será difícil, pero que es posible buscar una solución que sea acorde a derecho.
¿Por dónde podría pasar esa solución?
Ahora, precisamente, estamos dentro del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Y, por eso, éste es un buen momento para definir unas normas de explotación del Júcar que, siempre de acuerdo con la Ley de Aguas, establezcan esa prioridad de los abastecimientos humanos.
¿Eso no obligaría a redactar de nuevo el convenio mismo?
En absoluto, es más, nunca lo hemos pretendido. El Convenio de Alarcón está en vigor, es plenamente vinculante y, además, la Junta de Comunidades no es uno de sus firmantes, aunque se hubiese firmado, en su momento, en nuestra región. Redactarlo de nuevo supondría convencer a las partes, esto es, el Gobierno y la USUJ, que renunciasen al actualmente vigente y dudo mucho que hiciesen semejante cosa. En eso queremos ser bien claro, no cuestionamos, en absoluto, el contenido del convenio, lo que defendemos es que hay que establecer unas normas claras para aplicarlo y evitarnos situaciones como las que ahora tenemos.
Entonces, ¿cómo se hará?
Incluyendo, dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, algo que nos faltó a todos en el 98, que son unas normas de explotación que regulen, de forma clara, el funcionamiento del sistema Júcar y nos eviten conflictos como el que tenemos ahora sobre la mesa.
¿Por dónde irían esas normas de explotación?
Eso hay que verlo ahora. De hecho, en lo tocante al Convenio de Alarcón, más que cerrar un acuerdo, preferiría decir que hemos abierto la posibilidad de llegar al mismo.
Pero, ¿sobre qué base?
Hay un principio, a nuestro juicio lógico, que debería incluirse en la redacción de esas normas de explotación del sistema Júcar y es que, si vamos a hablar de la curva de garantía que se marca en el convenio, a la hora de gestionar el sistema Júcar, habrá que tener en cuenta todo lo que influya en esa curva de garantía, es decir, en el nivel de reservas que haya en el sistema y, por supuesto, en el mismo pantano de Alarcón.
Pero el pantano abastece a toda la cuenca, ¿no? Por esa regla de tres, por poner un ejemplo, ¿no habría que incluir en la ecuación, además de la ciudad de Albacete, el abastecimiento a otras ciudades que cogen agua del Sistema Júcar, como la ciudad de Valencia?
Claro, porque lo que entendemos es que se deben definir unas normas de explotación para todo el sistema Júcar, no para una parte del sistema, no tendría sentido alguno. De hecho, es una de las cosas que quedaron claras durante la reunión, hablamos de un sistema, en el que todos los usos, todos los usuarios, y todos los factores que influyan en su gestión, deben contar lo mismo, independientemente de dónde estén.
¿Este acuerdo tendrá alguna influencia en la sentencia del TSJ valenciano que obliga a hacer compensaciones?
Esperamos que sí, pero hay que ser realistas, lo que no va a haber es una anulación o paralización del proceso judicial. Las normas no se pueden aplicar con efecto retroactivo. Hay una sentencia, el Ayuntamiento de Albacete, la va a recurrir con el apoyo de toda la sociedad manchega, incluyendo a la Junta, como no puede ser de otra forma. Y tenemos que hacer todo lo posible para que los jueces tengan en cuenta nuestros argumentos. Si exigimos respeto a los tribunales, es en todos los casos, cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien. Pero, al menos, creo que podemos tener la garantía de que, con este acuerdo, y con los normas de explotación, cuando las tengamos dentro del Plan de Cuenca, no vamos a vernos de nuevo en esta situación.    

El grupo municipal del Partido Popular calificó ayer de «estafa política» el retraso de siete años de la planta de ósmosis inversa, un proyecto ligado al abastecimiento humano de aguas superficiales del río Júcar, anunciado en abril de 2003 por el entonces alcalde Manuel Pérez Castell. En rueda de prensa, el concejal Juan Marcos Molina lamentó que la política de los socialistas esté basada en la «foto» y que los dirigentes del PSOE estén «tomando el pelo» a los albaceteños e insultando «nuestra inteligencia». Molina ofreció una cronología de las vicisitudes que ha atravesado la construcción de esta planta de ósmosis inversa, desde que Castell dijera hace siete años que «no abriría el grifo hasta que hubiera agua de la máxima calidad».

Sin embargo, lo que se anunciaba como una obra que estaría lista en marzo de 2004 no fue adjudicada hasta mayo de 2007 por un importe de 7,7 millones de euros y 22 meses de ejecución. Fue entonces cuando «Manuel Pérez Castell volvió a salir en los medios de comunicación para decir que la planta estaría en marcha en la primavera de 2008».

Pero en noviembre de 2007, la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció que el proyecto ya estaba redactado y las obras comenzarían en enero o febrero de 2008, para estar culminadas a finales del 2009.

Pero la realidad es bien distinta: «En abril de 2010, siete años después del anuncio de Pérez Castell, la señora Oliver piensa que tenía que hacerse otra foto y en una escenificación que yo no recordaba, sentada en corrillo con el presidente de la Junta y el representante del Ministerio, dice que hay ocho millones de euros para una planta que está adjudicada desde 2007. Hay que tener jeta para salir públicamente y decir esto», criticó el concejal del Partido Popular, que explicó que, a preguntas de su grupo, el concejal de Medio Ambiente, Ramón Sotos, ha contestado que el retraso de la planta obedece a que el Ministerio de Medio Ambiente está analizando si es necesario un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras. Sin embargo, «todavía no se sabe si el estudio se hará o no pero en caso de ser necesario hará falta otro año y medio más para iniciar las obras».

Sobre la depuradora

Otro tanto de lo mismo, pero con menos tiempo, ocurre con la ampliación de la depuradora, pues en mayo de 2009 «Oliver se hizo la primera foto con Pingarrón para decir que la ampliación era urgente porque la depuradora está al límite».

En abril de 2010, lo único que se sabe es que el Ministerio pondrá 30 millones de euros pero «no sabemos si el proyecto ya está hecho y cuándo se licitarán las obras».

Por su parte y a preguntas de los medios, la alcaldesa Carmen Oliver aseguró ayer que está «casi todo solucionado» y a la espera de que el Ministerio resuelva la información que le solicitó en su día a la Junta de Comunidades y que ya ha sido entregada. En este sentido, Oliver deseó que el Partido Popular «se alegre» alguna vez de un buen proyecto para la ciudad que, aseguró, no está descuidado, sino que ha sido «muy complejo y ambicioso».

España está enferma, sufre de «hidroesquizofrenia aguda». Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología de la Universidad Complutense (Madrid) es quien elabora el diagnóstico. Las causas: un paupérrimo control hidrológico por parte de la Administración y una intensa explotación de las aguas subterráneas de manos de los agricultores. Una revolución silenciosa a la que se suma la pública y larga tradición de conflictos hídricos entre regiones. Con la aprobación de los nuevos estatutos autonómicos, Llamas cree que se ha roto la unidad de cuencas hidrográficas nacionales. En España sobra agua, pero está mal gestionada, asegura.

—Las aguas subterráneas son un valioso recurso para un país semiárido como el nuestro. ¿Por qué, en cambio, se privilegian más las aguas superficiales?

—Así como las aguas superficiales se vienen utilizando desde hace 5.000 años (en Egipto, en la India, por ejemplo), el uso intensivo de las aguas subterráneas tiene sólo medio siglo de vida en países como España o Estados Unidos. En general, no existe control de las aguas subterráneas en ningún estado del mundo. Ante esta falta de planificación, los agricultores, que quieren mejorar su nivel de vida, actúan al margen de sus gobiernos, extraen aguas subterráneas por cuenta propia y las emplean en regadíos. Quizás tenga que ver con que durante muchísimo tiempo nuestros gestores del agua sólo se han preocupado por la construcción de embalses. Pero los sistemas de aguas superficiales fracasan cuando se suceden varios años de sequía. No se pueden construir hiperembalses de tamaño ilimitado; sólo darían de beber al sol, pues gran parte del agua se evapora si tiene que guardarse muchos años en ellos. Tanto las aguas superficiales como las subterráneas son beneficiosas si se utilizan bien. Lo malo no es la sequía sino la aridez mental.

—¿Estamos ante un problema que exige una solución de tipo ético?

—Contrariamente a lo que piensa todo el mundo, el agua no es un elemento esencial de riqueza. «Si no tenemos agua nos morimos» se oye a diario en muchas Comunidades Autónomas, como en Aragón, por ejemplo, cuando no es cierto. En España, hoy, como sector económico, el turismo es más importante que la agricultura. Y el 90 por ciento del agua consumida se destina al sector de la agricultura. La falta de transparencia, de educación ciudadana y de consenso político origina este desenfoque.

—¿Debe preocuparnos más la agricultura que el abastecimiento urbano?

—Cerrar el grifo cuando uno se lava los dientes está bien. Sin embargo, el agua para uso urbano representa sólo el 5-10 por ciento del total de agua dulce consumida en España. La agricultura es la que emplea el 90-95 por ciento restante. Y aquí reside la verdadera dificultad, pues sólo el 10 por ciento de esa agua ya produce el 90 por ciento del valor económico de nuestros regadíos. De modo que casi toda el agua de los regadíos se destina a productos de bajo precio que, perfectamente, se podrían importar desde otros países con igual coste o incluso inferior. Lo que era una situación lógica hace 50 años, cuando todos los países buscaban la seguridad alimentaria autárquica, ahora es un absurdo. La globalización favorece que te salga más barato comprar el trigo a Alemania o a Argentina que producirlo aquí. Pensar sólo en el regadío como principal aspecto de la agricultura española no tiene sentido hoy. Existen más opciones dignas de estudio: lugares dedicados a la conservación de la biodiversidad, a la caza, a la agricultura ecológica, etc. En cierta forma, buena parte de nuestros agricultores deberán convertirse en «jardineros de la naturaleza».

—¿El agua es una importante baza política?

—El agua se utiliza excesivamente como arma política, lo cual es lamentable. Los políticos se han servido del agua para ganar votos, y lo han conseguido en bastantes sitios. En Murcia, antiguo feudo socialista, el PSOE casi ha desaparecido como partido por aquello del «Agua para todos» propugnado por el PP. En Cataluña y Aragón, en cambio, ha ocurrido al revés, es el PP el que se ha quedado en la cuneta.

—¿Es posible un Pacto del Agua?

—Llevamos prácticamente veinticinco años con la misma Ley de Aguas (1985), que, además, declaró exentos de dominio público a aquellos pozos que se explotaban de forma privada antes de la norma, que eran la gran mayoría. La mentalidad de los agriculturores, como la de todos, es la de intentar pagar el menor número de impuestos. Al mismo tiempo, las Confederaciones Hidrográficas, encargadas del control de las aguas subterráneas de la noche a la mañana, no tenían ni la mentalidad ni los medios para llevar a buen término esta nueva tarea. De hecho los agricultores han continuado abriendo pozos de autoabastecimiento, que más bien podrían calificarse como alegales y no como ilegales. Algunos, como Felipe González, se han manifestado a favor de la necesidad de lograr un Pacto del Agua. Pero los partidos políticos no lo están intentando, todos buscan ganar votos con la gestión del agua. En el caso de Castilla-La Mancha, ni el PP ni el PSOE saben qué hacer con el trasvase Tajo-Segura porque no se habla claro al respecto.

—¿Se acabará derogando el trasvase Tajo-Segura?

—Es una incógnita. Comprendo la postura del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. También la de la Generalitat Valenciana y la del Gobierno de Murcia. Sin embargo, los tres mantienen la misma postura errónea: están otorgándole al agua un valor que realmente no posee, exagerando demasiado las cosas. Los manchegos se sienten agraviados en comparación con los catalanes, que sostienen que el Delta del Ebro es suyo, lo cual es anticonstitucional. Fue Zapatero quien abrió la caja de Pandora y convirtió a España en un reino de taifas: «El agua es mía». Y así Sevilla se ha quedado con el Guadalquivir, por ejemplo. La torpeza del presidente ha tirado por la borda cien años de política hidráulica española.

—La Directiva Marco del Agua (2000) pretende fomentar su uso sostenible, evitar la contaminación y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías, entre otras cuestiones.

—La DMA es positiva, pero su aplicación en España va con mucho retraso. Ya se tenían que haber puesto a disposición del público los Planes Hidrológicos de Cuenca antes de aprobarlos y enviarlos a Bruselas, pero ni siquiera se sabe cuándo será esa presentación. No se conoce el porqué de este parón. España está perdiendo a marchas forzadas el prestigio que tenía ante la Comisión Europea en los temas del agua. Más urgente que montar simposios internacionales sobre sequía —el último tuvo lugar el mes pasado en Madrid— es cumplir con lo que está mandando.

—¿La sequía es un fenómeno normal?

—La sequía es un fenómeno natural en España. No han pasado nunca más de veinte años sin un ciclo seco largo. Lo que pasa ahora es que nos quejamos más y lo achacamos al cambio climático. Cuando aconteció la última sequía seria, en el 95-96, los precios de los productos alimenticios apenas subieron. La globalización permitió su compra a otros países: la sequía no se da al mismo tiempo en todo el planeta. Además, el transporte cada vez es más rápido y barato. España ya no sufre de hambrunas. Padecemos todavía algunas inundaciones, en general, poco importantes gracias a los embalses existentes. Y los daños producidos por la inundaciones se deben fundamentalmente a que el Ministerio de Medio Ambiente debería haber hecho hace treinta años un estudio sobre áreas sujetas a inundación. La gente construye en zonas inundables porque los alcaldes lo facilitan, por negligencia, por ignorancia y porque el terreno resulta más económico. Y luego todos los españoles debemos pagar los platos rotos.

—¿Daimiel, pese a las últimas lluvias, sigue en «coma ecológico»?

—Desde hace veinte años Las Tablas estaban en coma ecológico y probablemente van a seguir estándolo. Ahora ha llovido bastante, y esto les ha dado un respiro. El tema fundamental con respecto a Tablas de Daimiel no son los escasos hectómetros que el Gobierno ha transferido a la zona del Alto Guadiana; la crisis está en la agricultura, que se nutre del 90 por ciento del agua dulce subterránea. El nivel freático está 20-30 metros por debajo del de la superficie. La recuperación es improbable si, como predicen los profetas del cambio climático, las precipitaciones en el Alto Guadina disminuirán en el futuro.

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España por supuestos incumplimientos en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Entre los asuntos que las autoridades europeas creen que no han sido resueltos satisfactoriamente de acuerdo a la norma europea figura la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y con ella la de las Cuencas Internas de la Comunitat Valenciana, según informaron ayer fuentes de la organización ecologista WWF.
A partir de la notificación, España tiene un plazo de dos meses para corregir las deficiencias en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que ha motivado la apertura de un dictamen motivado de la Unión Europea tras la queja presentada por WWF.
El Ministerio de Medio Ambiente sigue sin aprobar definitivamente la delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que debe sustituir a la actual Confederación Hidrográfica. La distinta visión del territorio de la cuenca que tienen Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana y la negativa del Consell a asumir las competencias sobre sus cuencas internas-ríos que nacen y desembocan en el mar en territorio valenciano- envenenan desde hace años el proceso mientras el ministerio retrasa la toma de decisiones para no provocar nuevas tensiones en su relación con los gobiernos autonómicos.
Según Alberto Fernández, responsable de Aguas Continentales en WWF, la CE está viendo que los criterios para la delimitación de las demarcaciones hidrográficas «no son correctos por mala aplicación de la definición de cuenca hidrográfica de la DMA.

Martínez, en un comunicado, ha criticado en estos términos la reunión de ayer de la Mesa del Agua, órgano en el que -como ha recordado- no está presente IU pese a que Barreda se comprometió a que así fuera con el anterior dirigente de la formación en la comunidad, Cayo Lara.

El coordinador regional de IU ha lamentado que ayer se reuniera la Mesa en medio de las negociaciones sobre el Estatuto, igual que cuando se convocó el pasado 20 de junio, «la misma tarde de la manifestación en Talavera en defensa del río Tajo».

Se ha quejado al respecto de que no salgan de ese órgano asesor «debates y medidas concretas» en torno a la problemática hídrica de Castilla-La Mancha».

Así, ha defendido que la Mesa se convierta en «un verdadero órgano que desarrolle un trabajo de estudio y análisis de la situación hídrica de la región y que haga propuestas de futuro teniendo en cuenta la opinión de expertos o especialistas universitarios, que tienen propuestas y opinión pero parece que no interesa mucho escucharlos» Además, Martínez ha planteado que el anuncio de Barreda de que el PSOE admitirá retirar de la reforma del Estatuto el requisito de una mayoría cualificada para modificar la ley electoral -algo que propone IU en una enmienda y que a última hora ha sido reclamado por el PP- carece de importancia, pues se han rechazado otras enmiendas de IU que pretenden corregir «el déficit democrático» de la región en este asunto.

A juicio de IU, los últimos movimientos de Barreda demuestran que «actúa a la desesperada con el Estatuto y está perjudicando el resultado final del mismo».

El presidente Valcárcel afirma que no se va a permitir que «se sustraiga ni una sola gota de agua»

Murcia- «Si hubiera Plan Hidrológico Nacional no habría que tratar este tema porque el problema del agua ya estaría resuelto en toda España», afirmó el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, junto a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, durante un acto celebrado en Guadalajara.
Tras manifestar su deseo de que «haya agua para todos», Rajoy indicó que la intención del PP es la de «hablar y negociar» sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha. «El PP está en un proceso de negociación en el que lo que impera es hablar y seguir negociando», apuntó el presidente nacional del PP, quien planteó que, si finalmente se llega a un acuerdo, «quedarán claras las posturas de todos», resaltó Rajoy.
El PP se abstuvo el pasado jueves en la Comisión Constitucional del Congreso en la votación del informe de la ponencia, aprobado en primera instancia gracias a los votos del PSOE y CiU y que incluye la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo, con el argumento de continuar las negociaciones para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Rajoy recordó que «el PSOE tiene mayoría para aprobar lo que quiera en las Cortes, como ha quedado acreditado, mientras que el PP quiere hablar y negociar, que es lo civilizado». En este sentido, recordó que «el entonces presidente de la Junta (José Bono), aprobó el Plan Hidrológico Nacional, aunque después los diputados del PSOE votaron en el Congreso en contra». Por otro lado, los presidentes autonómicos murciano y valenciano, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, propusieron ayer en Bruselas al Comité de las Regiones que la reforma de la Directiva Marco del Agua incluya el concepto de cantidad en las necesidades de agua para la cuenca Mediterránea con el objetivo de asegurar los trasvases a la Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Valcárcel y Camps, que se reunirán mañana en Murcia para establecer la estrategia para defender sus intereses hídricos de ambos territorios, explicaron que solicitarán que se contemple el concepto de cantidad «como una necesidad esencial para el desarrollo de las regiones mediterráneas». Camps reconoció que ambos gobiernos autonómicos llevan «mucho tiempo trabajando en muchas propuestas y continuamos juntos en la misma decisión de fuerza en la defensa de nuestros intereses de los trasvases» y resaltó la necesidad de ejecutar el trasvase del Ebro y de mantener el trasvase del Tajo al Segura, así como del desarrollo del Trasvase Júcar-Vinalopó.
«No vamos a permitir que se sustraiga ni una sola gota de agua de la que llega a nuestras regiones», subrayó Valcárcel ante el texto propuesto por el PSOE para el Estatuto de Castilla-La Mancha y reiteró que los gobiernos de ambas regiones han defendido un planteamiento «firme y sincero» en defensa del acueducto «frente a la aritmética del votos del PSOE».
El jefe del Ejecutivo murciano remarcó «defendimos y seguiremos defendiendo ahora el trasvase del Tajo a la cuenca del Segura, y también el trasvase del Ebro, y no haremos nada que no sea eso».

La campaña manchega contra la región es «ilegal y vomitiva»
El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, calificó de «ilegal, antidemocrática y vomitiva» la campaña de Castilla-La Mancha «basada en mentiras y difamaciones» hacia la Región de Murcia. Para Cerdá, la campaña iniciada por los municipios ribereños del trasvase Tajo-Segura «está basada en la política del insulto del presidente Barreda» y en las actuaciones «auspiciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para buscar enfrentamientos entre territorios». «Murcia no vacía los pantanos de Castilla-La Mancha, ni tira agua al mar, ni deja de recoger las cosechas que riega. Tampoco regamos con agua del trasvase campos de golf», sentenció el consejero, quien dijo que «para eso tenemos un sistema de depuración que es ejemplo mundial». Cerdá señaló que «no podemos estar permanentemente en el enfrentamiento entre comunidades, como se está facilitando con este tipo de políticas que Rodríguez Zapatero está generando». Cerdá recordó que el agua del trasvase «no nos la regalan», y cifró en 254 millones de euros el dinero pagado por los regantes murcianos, de los que 112 han ido a Castilla-La Mancha para infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, «que no se han cumplido».

Junta Central del Alto Segura.pdf

La estación de tratamiento de aguas residuales de Albacete fue construida en 1993 y seis años más tarde ya tuvo que ser ampliada. Su capacidad de tratamiento es de 74.256 metros cúbicos diarios, cantidad que se presume necesaria para una población de 370.000 habitantes. Al día recibe unos 50 millones de litros de agua para depurar, procedente sobre todo de los domicilios.

La depuración se hace en tres fases, una primera de decantación donde se eliminan los restos sólidos; en la segunda unas bacterias se ‘comen’ los restos orgánicos y una tercera fase donde los rayos ultravioletas eliminan partículas más pequeñas. La depuración, sin embargo, no es suficiente. Al menos, eso entiende la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en 2003 subió el coeficiente en base al cual calcula el canon de vertido, por entender que el índice de contaminación de las aguas que llegaban al Canal de Mª Cristina era mayor.

Desde entonces, este asunto es objeto de controversia entre el consistorio y al Confederación, «la última alegación que hemos presentado se basa en el número de hectómetros cúbicos que vertemos», explicó el concejal de Sostenibilidad. En la última negociación, rebajaron el canon de 1,6 a 800.000 euros.

30 millones de euros

Para corregir esta situación, el Ayuntamiento llevaba años buscando financiación para ampliar la depuradora.

Por fin, en diciembre del año pasado, el día 24 exactamente, el Boletín Oficial del Estado publicaba la declaración de interés general la ampliación y la mejora del tratamiento de depuración de la estación de Albacete, junto con la clausura de los vertidos directos al dominio público hidráulico.

El siguiente paso, ha sido el anuncio hace apenas unos días por parte del Ministerio de Medio Ambiente de que dispondrá de 30 millones de euros para sufragar esa obra.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, señaló hoy que la modernización de los sistemas de regadío de España ha permitido el ahorro en dos años de más del 30% del agua que se consumía en esta actividad económica, mientras que en el mismo periodo de tiempo la ciudadanía asumió una reducción del consumo doméstico cercana al 4%, fruto de una mayor «concienciación».

   Espinosa señaló de esta manera que el margen de ahorro en el conjunto de los países de la cuenca del Mediterráneo es posible mediante la adopción de medidas específicas, así como la construcción de infraestructuras y la introducción de tecnologías modernas, en la línea de garantizar el suministro de un recurso considerado «escaso».

   La ministra recordó que España sufre una «situación desequilibrada» propia del clima mediterráneo en cuanto a la disposición de agua, que hace que los ríos del país concentren en pocos meses hasta el 70% de las aportaciones pluviométricas que reciben, lo que hace que oferta y demanda no siempre coincidan.

   Además, este hecho se verá agravado por «situaciones extremas más recurrentes» que los expertos asocian a las consecuencias del cambio climático, como serían la profusión de sequías e inundaciones. En cualquier caso, Espinosa defendió la obra del Gobierno y aseguró que se han acometido obras de «carácter excepcional» que han permitido adaptar el país a futuros periodos de crisis hídricas.

APUESTA POR LA DESALINIZACIÓN

   Un documento difundido por el Ministerio con motivo de la IV conferencia ministerial euro-mediterránea sobre el agua que se celebra hoy en Barcelona, destaca la apuesta realizada por el Gobierno en materia de desalinización, que prevé que en 2012 se produzcan alrededor de 1.000 hectómetros anuales de agua por esta vía, frente a los 500 hectómetros actuales.

   El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, ensalza las virtudes de «una de las mejores alternativas» para la obtención de «agua de calidad», especialmente en zonas de déficit crónico como Canarias, Baleares y la costa mediterránea. Fruto de ello, se señala que España ya es el cuarto país del mundo por número de desalinizadoras en marcha –900 plantas–.

   El negocio de la desalinización ha mejorado en los últimos años, reduciendo el precio del metro cúbico de agua desalada en hasta cuatro veces, lo que permite al sector mover alrededor de 1.500 millones de euros anuales y exportar tecnología a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Argelia, Chila, Sudáfrica, Egipto y China, recuerda el Ministerio.

Según los datos del informe hidrológico del ministerio del Medio Ambiente, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 38,4 por ciento sobre la media de los últimos diez años, la mitad del aumento experimentado en la cuenca del Júcar.

El incremento del 76,7 por ciento es el tercer mayor aumento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

La cuenca del Júcar dispone de 1.733 hectómetros cúbicos de reservas, lo que equivale a un 51,9 por ciento del total, con un incremento de 441 hectómetros cúbicos respecto al año anterior -13,1 puntos porcentuales más que el año pasado y 22,6 más que hace diez años-. EFE