Las reacciones políticas en la Comunitat no se hicieron esperar ayer, tras conocer que el PSOE había sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hm3 de agua para la autonomía, con apoyo de CiU y abstención del PP. Así se dirimió en la ponencia encargada de la reforma en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pero la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (FECOREVA) expresó de inmediato su “enérgico rechazo” a la reserva. “No solo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y peligraría la supervivencia del Júcar y gran parte del regadío valenciano y el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia”, añadieron, y pidieron un acuerdo nacional.

El jefe del Consell, Francisco Camps, lamentó que se “apuntille” la agricultura valenciana; y por el PPCV, Antonio Clemente, que “Alarte traiciona a los valencianos y debería dimitir”. Pero Jorge Alarte (PSPV) exigió también retirar el estatuto para evitar una “confrontación territorial”. Y Compromís exigió a Castilla la Mancha que “pague lo que debe a los regantes”.

A última hora, desde el PSOE apuntaron que sin el apoyo del PP retirarán la propuesta y por los populares, Cospedal dijo que van a intentar acuerdos. H

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.    

En la reunión también participará la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

En este momento están en proceso de revisión los planes de las cuencas hidrográficas y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recalcado la importancia de éstos: "El resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará el futuro y la posición de la región en materia hidráulica".

Más del 70 por ciento del territorio de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha. EFE

El PSOE lleva a las Cámara autonómica el informe de la UCLM sobre los usos fraudulentos del trasvase y, en concreto, los 22 Hm3 que se ‘beben’ los «desarrollos insostenibles» del Levante

La dirección regional del PSOE ya ha dado su visto bueno a la apertura de una comisión parlamentaria para debatir el último informe del Centro de Estudios del Agua -dependiente de la UCLM- sobre los usos fraudulentos de los recursos Tajo-Segura en el Levante. En concreto, el eje del análisis será el desvío de hasta 22 hectómetros cúbicos anuales de la huerta murciana a los campos de golf vecinos.
En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes castellano-manchegas, Santiago Moreno, volvió a denunciar ayer la falta de cumpliendo por parte del Levante de la Ley del Trasvase. Y es que, insistió, «tenemos razones sobradas para dudar sobre el uso final que se da al agua generosamente trasvasada desde la cabecera del Tajo».
«Si no es entendible que se pida un trasvase cuando no hay agua que trasvasar, es aún más impresentable que estos recursos vayan a mantener unos usos urbanos y recreativos no sostenibles», aseveró, citando aquí el caso de los campos de golf murcianos, cuyo número se ha doblado desde el año 2006, «en plena sequía».
«El trasvase, que no queremos, habría sido más comprensible si hubiera habido transparencia en su gestión», recalcó.
La ‘guerra’ abierta en torno al agua entre Castilla-La Mancha y el Levante se reaviva una vez más, apenas dos días antes de la reunión de la ponencia que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. Un encuentro que será vital para el texto regional, dado el PSOE ya ha advertido de que, si el PP no se suma al acuerdo, llevará en solitario la reforma al Pleno, tras casi un año y medio de negociaciones fallidas.
No obstante, las posiciones parecen haberse acercado con la última propuesta socialista, que rebaja la reserva estratégica regional de 6.000 hectómetros cúbicos a 4.000 y la saca del articulado, constando únicamente en el preámbulo del futuro texto autonómico.
Con todo ello, Moreno confió en que «esta vez si haya fumata blanca» para el Estatuto.

Reticencia popular. Más reticente a hablar de agua estuvo la senadora popular Carmen Riolobos, que volvió a pedir prudencia a los socialistas a la hora de hablar del Estatuto castellano-manchego. «Hay que ser sensatos y prudentes y dejar negociar. Cada vez que Barreda ha hablado de ello, ha subido el pan, se ha retrasado y bloqueado el proceso de reforma estatutaria».
En cuanto a la comisión sobre agua que el PSOE pretende abrir en las Cortes regionales, Riolobos dejó en el aire el apoyo ‘popular’ el estudio de la Universidad regional sobre los usos del trasvase. En concreto, su respuesta a la pregunta de que si el PP comparte las «dudas» socialistas en torno a este desvío de agua del Tajo a los campos de golf murcianos, la senadora talaverana se limitó a criticar al presidente regional, José María Barreda, «que está por ahí largando, sin venir a las Cortes a contar lo que tiene que contar», en clara alusión a temas como el futuro de CCM o el Aeropuerto de Ciudad Real. Además, «no sabemos donde está estos días», añadió.

La patronal también opina. Quien sí tiene una opinión clara sobre este estudio de la UCLM sobre el trasvase es la patronal regional. En este sentido, su presidente, Ángel Nicolás, fue tajante: «Comparto la tesis de que allí se han regado muchos campos de golf con agua del Tajo y creo que hay que darlo una vuelta. No me cabe la menor duda de que se han regado y se están regando».
En esta misma línea, aunque más comedido, también se manifestó el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Jerez, quien aseguró que «el agua es de todos pero no puede valer para todo, como dice Barreda». Por ello, indicó, «es necesario que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha defienda sus intereses hídricos. Hay que mirar bien para dónde va el agua del trasvase Tajo-Segura y qué uso se hace de él».  

Riegos del Alto Aragón, al igual que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), considera insuficientes las propuestas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para rebajar la factura eléctrica para riego al suponer un «escaso ahorro» con respecto al sistema de tarificación actual. De esta forma valoran el compromiso asumido por el Ejecutivo de poner en marcha un plan de choque para sacar al campo español de la crisis en la que se encuentra inmerso, después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid el pasado mes de noviembre para exigir soluciones al Estado.

Según recuerda Riegos del Alto Aragón, el compromiso planteado al Gobierno central pasaba por contar con un IVA reducido para el suministro eléctrico destinado a la producción de materias primas, cuestión que, señala, «no ha sido en ningún momento considerada por el Ministerio de Industria», y por otro lado, por «poder tener en un mismo punto un doble contrato de suministro de forma que se pudiese pagar por la potencia efectivamente utilizada en cada época del año».

CONTRATO FLEXIBLE

Riegos del Alto Aragón explica que la respuesta del Ministerio de Industria ha sido proponer un contrato flexible para un máximo de ocho meses que tan sólo «permitiría disminuir ligeramente los costes del término potencia», y denuncia que la necesidad de pagar a las compañías distribuidoras penalizaciones, el incremento de los pagos en concepto de derechos de enganche y verificación de las instalaciones, «no compensa» la disminución de costes del término potencia.

«Se estaría en manos de las distribuidoras a la hora de imponer recargos al consumo efectuado en los meses de menores necesidades de potencia», añade Riegos del Alto Aragón.

Por otro lado, el sistema regable considera que el constante incremento del coste económico de la parte regulada por el Estado en la factura eléctrica de suministro a las comunidades de regantes, deja en la actualidad un bajo margen de negociación de la parte no regulada con las compañías suministradoras. «Tanto es así que ya el 45 por ciento de la factura eléctrica responde a los términos potencia+peaje, controlados por el Estado», precisa el colectivo.

El pasado mes de marzo Riegos del Alto Aragón ya remitió a la Federación Nacional de Comunidades Regantes sus alegaciones con respecto a la propuesta elaborada en el ministerio, en las que se reiteraba la necesidad de contar con la posibilidad de dos contratos de suministro en un mismo punto, o que los contratos de temporada flexibles, con los mismos equipos de medida, no sean gravados con ningún coste adicional y, por supuesto, sin penalizaciones.

Por su parte, también ayer, tras valorar las últimas propuestas de Industria (entre las que se incluirían el establecimiento de contratos flexibles, y de horas valle para fines de semana y durante el mes de agosto), el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, las calificó de «poco realistas y alejadas de la crítica situación que atraviesa el regadío español».

NUEVA REUNIÓN

Por otra parte, el próximo viernes los representantes de los agricultores se volverán a reunir con miembros del Ministerio de Industria, para seguir negociando medidas que palien el encarecimiento de los costes energéticos de los regantes, según informó Europa Press.

Este encuentro se producirá después de que las tres organizaciones agrarias nacionales (Asaja, Coag y Upa) y Cooperativas agroalimentarias enviaran sendas misivas, donde expresaban su desacuerdo con las actuales propuestas realizadas por el Gobierno, a los departamentos que dirigen Elena Espinosa y Miguel Sebastián.

Según las mismas fuentes, el borrador de Real Decreto presentado por Industria «deja sin solución la mayor parte de los problemas actuales del sector». «Las medidas son insuficientes ya que no abordan de pleno las necesidades actuales del regadío español», explicaron.

El Ayuntamiento manchego se niega a pagar el agua cedida en Alarcón por los agricultores, que piden el corte del suministro

Agravios. Los regantes tradicionales de La Ribera culpan a la Confederación Hidrográfica del Júcar de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha».

Regulación. El Convenio de Alarcón fija reservas de agua en el embalse para sus dueños, los regantes valencianos. Por debajo, tras ceder caudales a otros usuarios, estos deben abonar a los primeros los costes de sustitución.

Los presidentes de las acequias Real del Júcar, Sueca, Escalona, Carcaixent, Cullera y Villa y Honor de Corbera han dirigido una extensa y durísima carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en la que acusan a este organismo de falta de objetividad, de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha» y de favorecer los intereses de Albacete.

La gota que ha rebasado el vaso de la paciencia de los regantes tradicionales del Júcar, en la comarca valenciana de La Ribera, ha sido el persistente incumplimiento del ayuntamiento respecto a lo estipulado en el Convenio de Alarcón. Dicho consistorio se niega a pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ, entidad propietaria del embalse de Alarcón) 1.087.430,29 euros, cantidad correspondiente a las liquidaciones por los caudales cedidos de dicho pantano.

El Convenio de Alarcón, firmado el 23 de julio de 2001 entre el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha y los regantes tradicionales valencianos, que usan las aguas del Júcar desde hace 750 años, fija en favor de estos unas reservas mínimas en el embalse para garantizar sus necesidades. Si se baja de estas reservas, por ceder caudales de las mismas a otros usuarios, estos están obligados a pagar a los primeros por los costes de sustitución del agua que ya no les llegará por el río y tendrán que extraer de pozos, con mayores gastos de inversión, energéticos y de mantenimiento.

Así ha venido ocurriendo en años pasados, cuando, en aplicación de sucesivas resoluciones de la Confederación, se ha desviado agua de la reserva de los regantes valencianbos a otros usuarios. En total han sido 247 millones de metros cúbicos los desviados, y los regantes de La Ribera han tenido que costear los gastos de extracción de ese caudal para aportarlo al sistema.

De esos 247 millones de metros cúbicos, el Ayuntamiento de Albacete ha utilizado 29,3, pero, a diferencia de los otros usuarios beneficiados por el desvío de agua (bastantes de ellos en la Comunitat Valenciana), que han abonado las liquidaciones requeridas, el consistorio de la capital manchega se niega a pagar y aduce que el uso de boca es preferente al riego, por lo que no se siente obligado.

Ante esta actitud, los regantes valencianos piden a la Confederación Hidrográrfica que otorgue un último plazo de tres meses para regularizar la situación, y, en caso de persistir en la negativa, que se corte el suministro de agua. Los regantes tradicionales recuerdan a la propia Confederación que «no ha adoptado las medidas necesarias para hacer cumplir sus propias resoluciones», dejándolos en una «situación de indefensión». Reconocen que, en la ley de aguas, el uso de boca es preferente, pero no con carácterconfiscatorio, sino indemnizando a quienes tienen los derechos (los regantes valencianos). Culpan al Ayuntamiento de Albacete de «comportarse como si estuviera por encima del Estado de Derecho y las leyes» y reitera que la Administración central le tolera que incumpla el Convenio de Alarcón.

Los regantes de la Mancha Oriental dicen, por el contrario, que comparten «las tres cuartas partes» de la visión de Juan José Moragues sobre la situación actual de la cuenca del Júcar

Juan José Moragues, presidente de la

La reciente entrevista concedida a La Tribuna por el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, ha suscitado reacciones encontradas desde dos ámbitos bien diferentes, los ecologistas y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
Por una parte, Ecologistas en Acción de Albacete consideraba sus declaraciones como ajenas a la realidad de la cuenca que, insisten, se encuentra desde su punto de vista en un estado general de sobreexplotación, no sólo en la Mancha Oriental, sino en todo su conjunto.
Por la otra, desde la Junta Central de Regantes, su presidente, Francisco Belmonte, consideraba que «casi todo» el discurso del presidente es asumible, con un sólo «pero», el del ámbito de la futura demarcación, cuya definición corresponde al Gobierno.
Cipriano Escribano, como representante de Ecologistas en Acción de Albacete, señalaba ayer que «en nuestra opinión, el mejor titular que podía haber acompañado a la entrevista debería haber sido Juan José el país de las maravillas, porque nos pareció que Moragues, o peca de inocente, o va de inocente»
«No se puede hablar de eficiencia ni de contención en el consumo cuando la norma de los 7.000 metros cúbicos ha permitido hacer 3.000 pozos nuevos», afirmó, en referencia a la norma que permite realizar transformaciones al regadío de pequeño tamaño por debajo de ese volumen y que, según denuncian los ecologistas, se ha convertido en un «coladero» que acentúa la sobreexplotación de la cuenca.
«Para nosotros, la cuenca está sobreexplotada -señaló- y nadie nos convencerá de lo contrario hasta que no haya un control efectivo y real de los consumos a través de caudalímetros, no sólo a través de estimaciones realizadas con imágenes de satélite».
Por contra, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, se mostraba bastante más prudente sobre las palabras de Moragues. A su juicio, «las tres cuartas partes de la entrevista son perfectamente asumibles por nosotros y sus palabras demuestran que, si por él fuera, habríamos tenido un acuerdo en el Júcar hace años».
«El único ‘pero’ que le ponemos a su discurso está en la definición que da del ámbito de la Demarcación -afirmó- pero eso es algo que no sólo depende de él, depende de un decreto que el Gobierno de la Nación debería haber promulgado desde hace mucho tiempo».
En todo caso, y en este aspecto, Belmonte se acogió a las palabras finales de la entrevista del presidente, «esto es, que seremos duros y vehementes donde tengamos que serlo, en las mesas de negociación, en los foros de debate; en el resto, nobleza obliga».
«Aún así, por encima de polémicas y debates, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, como él mismo dice -afirmó- y es que, hoy, como en el 98, la peor hipótesis posible es que no seamos capaces de llegar a un acuerdo, ahí si que perderíamos todos».    

La reserva de agua almacenada en los embalses españoles ha vuelto a crecer durante los últimos días, y la cantidad de agua acumulada en los embalses de las cuencas del Júcar y el Segura triplica la media de los últimos cinco años.

Según los últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Medio Ambiente, los embalses acumulan 45.572 hectómetros cúbicos de agua, que suponen el 82 por ciento de su capacidad, una cantidad muy superior a la del pasado año en las mismas fechas, cuando los embalses estaban al 60,1 por ciento.

El agua acumulada es muy superior también a la media de los últimos cinco años (56,8 por ciento) y a la media de los últimos diez (62,4), y se encuentra a sólo ocho puntos del máximo histórico, que se registró en el año 1979, cuando los embalses estuvieron al 90 por ciento de su capacidad.

Las variaciones más importantes de los últimos días se han registrado en la cuenca del Tajo, cuyos embalses han recuperado 177 hectómetros cúbicos de agua.

Las precipitaciones de la última semana han afectado sobre todo a la vertiente atlántica, y la máxima se registró en Santiago de Compostela, donde se recogieron 61 litros por metro cuadrado.

En el siguiente cuadro se recogen, por cuencas hidrográficas, la capacidad total -en hectómetros cúbicos-, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

===============================================================

Galicia Costa 684 566 82,7

Miño-Sil 3.022 2.692 89,1

Cantábrico 633 552 87,2

P. Vasco 21 19 90,5

Duero 7.500 6.841 91,2

Tajo 11.012 8.433 76,6

Guadiana 8.630 7.716 89,4

C.Atl.And. 1.878 1.777 94,7

Guadalquivir 8.280 7.206 87,0

C.Med.And. 1.177 930 79,0

Segura 1.141 713 62,5

Júcar 3.336 1.707 51,2

Ebro 7.507 5.888 78,4

Cataluña 740 532 71,9

===============================================================

Total 55.561 45.572 82,0

Los agricultores murcianos puntualizan que el agua, como el oxígeno, «no tiene fronteras y todos los seres vivos la podemos utilizar»

Los castellanomanchegos aclaran que el agua es para todos, pero no para «todo»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Angel Nicolás, manifestó ayer que comparte la tesis de que en la Región de Murcia se han regado y se están regando «muchos» campos de golf con agua del Tajo. A preguntas de los medios, antes de participar en una conferencia organizada por el Centro Europeo de Empresas de la Innovación (CEEI) de Talavera-Toledo, Nicolás fue contundente al decir que no tiene claro que se esté haciendo un buen uso del agua que se deriva a Murcia, «ni que todo sea para regadío como nos quieren hacer creer».

En nombre de los empresarios castellano-manchegos, Nicolás opinó que el agua es tan necesaria en Castilla-La Mancha como en Murcia, «pero claro, al ser la cuenca cedente y tener problemas de abastecimiento de agua en nuestra región, vemos incongruente que se dé prioridad a la que está recibiendo ese agua», recalcó. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Fernando Jerez, afirmó que el agua es un bien escaso y se tiene que utilizar «racionalmente», al tiempo que señaló que «el agua es de todos, pero no se puede utilizar para todo».

A su juicio, es necesario que Castilla-La Mancha defienda los intereses hídricos. «Tenemos que mirar muy bien para dónde va ese agua y qué uso se hace de ella», finalizó.

El presidente de COAG Murcia, Pedro Lencina, subrayó en declaraciones a Europa Press que «nadie se puede adueñar del agua aunque pase por C-LM, ni establecer una reserva para toda la vida porque el agua, como el oxígeno, no tiene fronteras y todos los seres vivos la podemos utilizar». Lencina, en vilo por la aprobación o no de cierta reserva estratégica o de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, asegura que «ya va siendo hora que PP y PSOE se pongan de acuerdo en el Parlamento» sobre el acueducto y el Estatuto de Castilla La-Mancha, «teniendo en cuenta la Constitución española y lo básico de la Carta Magna, que todos debemos cumplir». Y, añadió, que «no nos tenga aquí con la sangre en vilo y aprovechen que por suerte estamos en una buena situación climática, con lluvias en todo el país y no hay tanta necesidad que como cuando hay sequía».

La máxima autoridad de la asociación agraria en Murcia, que calificó de nuevo como «aberración» poner una fecha para terminar con el trasvase Tajo-Segura, insistió en la retirada de la reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha, y destacó que en materia de agua «hay que hablar del conjunto del país y no dividirlo en trocitos». Está previsto que mañana se reúna la Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de informar de la Propuesta de la Reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha.

El final

Asimismo, el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha esperan que la reunión de la ponencia de mañana termine con acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que haya «por fin fumata blanca», en palabras del socialista Santiago Moreno, para lo que la ‘popular’ Carmen Riolobos volvió a pedir sensatez y discreción.

Ambos, en sus respectivas ruedas de prensa mencionaron la cita del jueves, Santiago Moreno por iniciativa propia y Carmen Riolobos a preguntas de los periodistas. Moreno se limitó a expresar su deseo de que, «por fin», las negociaciones lleguen a buen puerto, mientras que Riolobos ha explicado que su partido siempre ha confiado en el acuerdo, pero también ha defendido que para ello hace falta ser discretos, sensatos y prudentes.

Por ello, pidió a los miembros del Gobierno regional que dejen de «largar» sobre este asunto, pues cada vez que lo hacen, no sólo «sube el pan», sino que interfieren en las negociaciones.

En los próximos días se iniciará el pago correspondiente a las ayudas compensatorias solicitadas por agricultores y ganaderos que tienen su actividad en lo que se denominan ‘zonas desfavorecidas’. Se trata de un paquete de subvenciones que beneficiará a cerca de 14.000 personas y cuyo importe supera este año los 19 millones de euros. El consejero de Agricultura dio ayer la noticia y las cifras en Cuenca.
José Luis Martínez Guijarro recordó que las zonas agrícolas desfavorecidas comprenden por un lado las zonas de montaña en las que la actividad agraria se caracteriza por una limitación considerable de las posibilidades de utilización de las tierras y por un aumento de los costes de la explotación agraria. A pesar de esas dificultades, la actividad agraria es necesaria en esas zonas para salvaguardar el espacio natural. Igualmente, en el mismo capítulo de zonas desfavorecidas también se incluyen las que están amenazadas por la despoblación y que dependen de la actividad agrícola para su supervivencia.
«Casi el 92% de la superficie de Castilla-La Mancha se encuentra en alguna de las categorías de las zonas desfavorecidas», apuntó el consejero. En concreto, el 35,2% corresponde a zonas de montaña, el 53,3% tiene problemas de despoblamiento y el 3,3% restante corresponde a zonas con dificultades ambientales específicas.

Más de 800 municipios. Así, de los 919 municipios que componen Castilla-La Mancha, 830 se encuentran en zona desfavorecida. Una cifra que representa el 90,3% del número total de localidades que hay en la Región. Por categorías, 338 municipios están en zonas de montaña, lo que supone el 36% del total. La mayoría se encuentran en zonas de despoblamiento. En total, son 483 localidades y representan más de la mitad de todas las que hay en Castilla-La Mancha. Por último, existen 9 municipios que se encuentran en áreas con dificultades ambientales específicas. Suponen el 1% del total.
Martínez Guijarro explicó que el objetivo de estas ayudas es «compensar ese mayor esfuerzo que tienen que hacer los agricultores en materia de costes y contribuir al desarrollo sostenible del medio rural mediante la creación y mantenimiento de la actividad agraria, de la cual depende la economía de muchos de estos municipios».
Analizando los datos por provincias, de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos que recibirán estas ayudas compensatorias, la mayoría procede de Cuenca, con 4.090 beneficiarios que se repartirán 5,64 millones de euros. La siguiente partida más cuantiosa recalará en Ciudad Real, con cinco millones de euros para 3.856 agricultores y ganaderos. Después le sigue Toledo, que recibirá 3,2 millones de euros para 2.423 solicitantes. Albacete tiene 2.107, para los que llegarán tres millones en ayudas. En el último lugar está Guadalajara. Son en total 1.162 agricultores y ganaderos en zonas desfavorecidas, para los que habrá una compensación de 2,2 millones de euros.
El consejero hizo estas declaraciones a los medios desde Cuenca, donde también presentó la orden de pesca para este año.