El Gobierno regional consensuará su postura sobre el futuro plan hidrológico de la cuenca Júcar con los usuarios y agentes sociales implicados, según dijo el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en una reunión mantenida en Albacete con los regantes del Júcar.

Pingarrón, en declaraciones a la prensa tras esta reunión, subrayó que el objetivo del encuentro era establecer los criterios que debe contener el plan. Recordó que actualmente están en proceso de revisión los planes hidrológicos y calificó estos procesos de «muy importantes», ya que, «el resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica».

El consejero destacó que uno de los temas fundamentales que deben abordarse en el seno de este proceso de revisión es la elaboración de las normas de explotación en el sistema Júcar, y que una vez elaboradas y aprobadas es necesario que se cumplan.

Además, recordó que el proceso de revisión de los planes coincide con la aplicación de la Directiva Marco del Agua que ha supuesto un cambio en la forma de abordar la planificación hidrológica derivada de la necesidad de proteger, a largo plazo, las masas de agua a través de una gestión sostenible, asegurando el mantenimiento de los caudales ambientales.

Destacó que resulta «fundamental» elaborar el balance de recursos y demandas de la cuenca hidrográfica del Júcar «para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las demandas de la propia cuenca hidrográfica y qué sobrantes hay para atender las demandas de otros usos»

LOS acuíferos del Vinalopó siguen sobreexplotados. Nuestro déficit es estructural, y necesita de aportaciones externas como las del Júcar-Vinalopó, que después de casi 600 años está a punto de convertirse, como obra, en realidad. En breve tendremos una hermosa tubería que celebrar. Pero una tubería no soluciona el problema, la solución es la aportación de caudales, y todavía siguen pendientes de aclararse los tres temas básicos avalados por la última sentencia de la Audiencia Nacional: volumen, calidad y precio.

Sabemos que como máximo se van a trasvasar 80 Hm3 pero necesitamos unas Normas de explotación que pongan negro sobre blanco cómo y cuándo, con el máximo respeto a los actuales usos del Júcar. Desgraciadamente, nadie tiene prisa en confeccionar estas Normas. Respecto a la calidad, a pesar de minoritarios colectivos antitrasvasistas, el agua debe poder destinarse a regadío, abastecimiento e industria. Dependiendo del tratamiento que haya que realizar, sumándole los hasta cuatro bombeos que tiene el nuevo trasvase, obtendremos el precio final del metro cúbico. Seguro que el regadío no puede pagar el precio real; la duda es si con la compensación del precio del abastecimiento se alcanzará el equilibrio o será necesario implicar a la Administración.

Sea como fuere, no tenemos tiempo que perder. Exigimos la coordinación entre todas las Administraciones: el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria. El agua no va a preguntar en qué lugar del tubo se encuentra, ni qué administración es la que lo hizo o dejó de hacer. Los administrados necesitamos el agua y la administración, toda, tiene la obligación de coordinarse para que así sea. Afortunadamente ahora existe un sólido puente de diálogo gracias a dos administradores con altas miras, Josep Puxeu y el desgraciadamente desaparecido José Ramón García Antón. Sus altas y nobles miras, continuadas desde la Generalitat por Juan Cotino, hacen posible que se vaya avanzando. Somos de Alicante y tenemos la fama de mirar hacia adelante. Damos gracias porque en breve contaremos con una tubería y seguiremos trabajando para conseguir llenarla de agua.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

LA UNIÓ insta a los grupos parlamentarios del Congreso a aprovechar el proceso de reforma que han iniciado del actual Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos en el campo, puesto que ahora se deja en la indefensión más absoluta a los agricultores y ganaderos. En este sentido, ha remitido un detallado informe a todos los grupos para que se tengan en cuenta las demandas del sector agrario valenciano a este respecto.

El Congreso de los Diputados acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la reforma del Código Penal, cuya intención es concluir el trámite parlamentario antes de julio. Esta reforma se centra fundamentalmente en el endurecimiento de las penas a los terroristas, la creación del delito de piratería y permitir que las personas jurídicas asuman responsabilidades penales; pero se olvida de la gravedad de los robos para el sector agrario muy castigado ya por los bajos precios que se perciben.

LA UNIÓ denuncia que en la actualidad la mayoría de los robos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el actual Código Penal como una mera falta de hurto que únicamente se castiga con una pequeña multa. Para que la sustracción en el campo merezca la consideración de delito de hurto, castigado con penas de prisión de uno a tres años, el valor de lo sustraído tendría que superar la cantidad de 400 euros. Por tanto, se pueden robar varias toneladas de productos agrícolas o el cobre de los motores de riego para al final quedar impunes tras pagar una pequeña multa administrativa, o ni tan siquiera eso.

El actual Código Penal califica como falta, y no delito, cualquier robo cuyo valor no exceda de la cantidad de 400 euros, lo que supone en la práctica una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Lo que sucede al final es que “los amigos de lo ajeno” se declaran insolventes para indemnizar por las cantidades sustraídas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por un mes saldría al infractor por una módica cantidad e incluso se le ofrecen facilidades para aplazar y fraccionar el pago.

El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo un presunto delincuente podría cometer en el plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere esa cantidad de 400 euros. La picaresca por tanto funciona y esa cantidad actúa como apoyo para seguir reincidiendo.

Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, cree que “es el momento oportuno para modificar el Código Penal por lo que se refiere a los robos de cosechas, porque lo que ahora tenemos nos deja en la más absoluta indefensión a los agricultores”.

Esta vez parece la definitiva. Los socialistas quieren salvar el Estatuto de Castilla-La Mancha y le ofrecen al PP defenderlo juntos, como ya hicieron en las Cortes autónomas para aprobarlo. Hoy termina el plazo que se dieron el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, para que ésta responda si está de acuerdo con el documento que le entregó la pasada semana, un borrador que trata de armonizar los intereses de los castellanomanchegos con los de valencianos y murcianos, y que incluye cesiones por parte de todos. Si el PP no acepta, la dirección del PSOE ha decidido empezar su tramitación en la Comisión Constitucional y recabar el apoyo de otros grupos, algo con lo que ya amagó en noviembre.

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Si los populares no asumen el texto, el PSOE negociará con los nacionalistas

Los socialistas, que en septiembre pasado aceptaron retirar la caducidad del trasvase al Segura en 2015, fijaron después el establecimiento de una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos para los castellanomanchegos. Esto supone el doble de lo que la comunidad consume al año. La reserva se distribuiría entre todas las cuencas de la comunidad (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, e incluso partes en el Duero y el Ebro) y es similar a la que tiene Aragón en su estatuto, aunque no se aplica porque Medio Ambiente la considera inviable. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, declaró que la cifra de 6.000 hectómetros hacía «daño a la vista». En el nuevo texto, el PSOE deja esa reserva en 4.000 hectómetros.

Estas variaciones tienen el visto bueno del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y han sido discutidas con la dirección del PSOE. El acuerdo se cerró la pasada semana en una reunión dirigida por la secretaria de Organización, Leire Pajín, y el texto lo elaboró el responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías.

Con la rebaja, el PSOE trata de «facilitar» al PP nacional y a Dolores de Cospedal que puedan aceptar el texto, frente a las presiones, hasta ahora con éxito, de los presidentes de Murcia y Valencia, del PP. Éstos se oponen a modificar las condiciones del trasvase del Tajo al Segura.

Los tres grandes embalses de la cuenca del río Júcar, Alarcón, Contreras y Tous, se encuentran al mejor nivel de los últimos 30 años, según indicó ayer la Confederación Hiidrográfica del Júcar (CHJ).

El espectacular crecimiento del agua embalsada en Alarcón y Contreras durante el actual año hidrológico (desde el 1 de octubre al 30 de septiembre), en el que han doblado la cantidad almacenada, ha propiciado que se llegue a embalsar entre los tres pantanos 1.006 hectómetros.

Hay que remontarse hasta 1980 para encontrar una cifra mayor. Aquel año se alcanzaron los 1.169 hectómetros.

En una situación similar se encuentra la cuenca del Turia, aunque en este caso los 251 hectómetros que embalsan Benagéber y Loriguilla es la segunda mejor cifra desde 1991, pues entonces se alcanzaron los 267 hectómetros.

Si el estado de funcionamiento del pantano de Loriguilla en la actualidad hubiera sido el óptimo habría podido almacenar 40 hectómetros más de los que ahora dispone, con lo que la cifra de agua embalsada en la cuenca del Turia llegaría a 291 hectómetros.

Xùquer Viu considera que «la falta de voluntad política, tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente como de la Generalitat, para recuperar y proteger los ríos, acuíferos y humedales» valencianos «pone en peligro los escasos avances conseguidos en los últimos años y pinta un panorama pesimista para el futuro de los ecosistemas acuáticos».

«Las abundantes, pero puntuales, precipitaciones producidas estos últimos meses no pueden hacernos olvidar que nuestros recursos hídricos son cada vez más escasos y que los espacios de agua están sometidos a presiones y demandas insostenibles», apuntó la entidad.

Esta «regresión», explicó, se manifiesta en «la decisión de destinar el agua del Júcar, mediante el trasvase Júcar-Vinalopó, para el negocio y la especulación urbanística de una zona en gran expansión, en lugar de asegurar agua para recuperar los acuíferos sobreexplotados de las comarcas del sur mediante la sustitución de las extracciones agrícolas, tal y como se había acordado en 2005».

«Mientras en las comarcas valencianas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Júcar, más de 150.000 personas continúan bebiendo agua de mala calidad, con concentraciones de nitratos perjudiciales para la salud, procedentes del acuífero de la Plana Sur de Valencia», denunció.

«El nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que habría de haberse aprobado a diciembre de 2009, está paralizado debido a la falta de definición geográfica de las demarcaciones territoriales y de las disputas entre las distintas administraciones», agregó la plataforma.

Asimismo, señaló que «mientras tanto, el propio río y sus ecosistemas asociados continúan su lucha por sobrevivir ante la sobreexplotación y sin caudales ecológicos». «La explotación brutal del acuífero de la Mancha Oriental ha esquilmado el caudal del Júcar que llega exhausto a su curso bajo», argumentó la plataforma.

Ante esta situación, Xùquer Viu se mostró dispuesta a «recuperar y preservar» los ríos y acuíferos valencianos, así como el buen estado de la Albufera. Para ello, consideró imprescindible garantizar el abastecimiento de los pueblos de la Ribera con agua del Júcar de la mejor calidad; que el agua transferida del Júcar a través del trasvase se destine a usos diferentes del agrícola; acabar con la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y los del Alt Vinalopó y poner en marcha un plan para su recuperación.

La plataforma exigió también desbloquear, de manera urgente, la elaboración del nuevo Plan de Cuenca del Júcar de acuerdo con los principios y exigencias de la Directiva Marco del Agua; establecer regímenes de caudales ecológicos para el Júcar y sus afluentes; poner en marcha el Plan de Recuperación del Júcar, aprobado en julio de 2008 y elaborar de manera participativa un Plan de Condicionamiento.

Por último, Xùquer Viu pretende tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de las aguas de la cuenca del Júcar, tanto superficiales como subterráneas; defender el campo valenciano, como elemento fundamental del pasado, presente y futuro y paralizar, mientras no se haya aprobado el nuevo Plan de Cuenca, todas las actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Cuenca del Júcar de 1998 que puedan suponer un deterioro de nuestros ríos y ecosistemas asociados