Regantes, ecologistas y expertos abogan por una buena gestión del agua

Afirman que, pese a la evolución, las reservas son inferiores a un año medio

Las precipitaciones que, en forma de lluvia y nieve, se han sucedido en la provincia desde que comenzase el nuevo año hidrológico han contribuido a mejorar el estado de los embalses que afectan a Albacete.

De hecho la práctica totalidad de los embalses albaceteños de las cuencas del Segura y del Júcar tienen almacenada a día de hoy el doble de agua que hace un año. En la cuenca del Júcar, Alarcón y Contreras tienen embalsada un 13,15 y un 18,31% de su capacidad respectivamente. Hace un año las reservas de Alarcón apenas si eran de un 5,91% de su capacidad total. Otro tanto ocurría con el embalse de Contreras que contaba hace doce meses con un 6,36% de su capacidad.

En la cuenca del Segura, el embalse de la Fuensanta ha duplicado sus recursos pasando de tener almacenado un 5% de su capacidad en 2008, a un 10% este año. El pantano del Cenajo ha pasado de tener un 11% de su capacidad total a contar con un 20% de agua almacenada. Tan sólo el embalse del Talave presenta una merma de sus reservas al pasar de tener un 52% de su capacidad el año pasado a un 25% a principios de 2009.

Y aunque el incremento de las reservas de los embalses y la evolución que ha registrado la pluviometría, tras varios años de acusado déficit hídrico, son celebrados por regantes, y ecologistas, estos no dudan en asegurar que esta mejora es insuficiente aún.

«Alarcón tiene embalsados 147 hectómetros cúbicos, eso en un embalse con capacidad para más de 1.000 no es nada», apunta Cipriano Escribano, de Ecologistas en Acción.

Extrema debilidad

Y es que la situación de partida de los embalses de las cuencas del Segura y del Júcar era de «extrema debilidad», tal y como señala el responsable de la organización ecologista.

Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) recuerdan que, a pesar de haber duplicado el volumen embalsado del año anterior, las reservas de los embalses se encuentran por debajo de lo que es un año medio.

Una cuestión en la que también incide el director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, quien advierte además que las precipitaciones han sido muy desiguales dependiendo de la zona de la cuenca en cuestión. Así en la cabecera alta del Júcar y del Tajo las lluvias han sido mucho menores, según afirma.

Ante esta situación tanto el director del CREA, como los regantes y los ecologistas abogan por la necesidad de llevar a cabo una buena gestión hídrica y de «ahorrar» recursos para que en años sucesivos no se vuelva a repetir la situación que se ha vivido en plena sequía y sin reservas.

Mejoras

El secretario de la Junta Central de Regantes, Herminio Molina, en este sentido subraya que hay que trabajar para que se cumpla lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar. Entre las asignaturas pendientes, insiste en la necesidad de que los regantes tradicionales modernicen sus sistemas de regadío, pero también que los desembalses en el caso de Alarcón se realicen conforme a lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar.

Situación actual del embalse de Fuensanta: Tiene 21,112 hectómetros cúbicos, el 10% de su capacidad.

Situación del embalse de Fuensanta en 2008: 10,112 hectómetros, el 5% de su capacidad.

Situación actual del embalse del Talave: Tiene embalsados 8,640 hectómetros cúbicos, el 25% de su capacidad.

Situación del embalse del Talave en 2008: 18,135 hectómetros, el 52% de su capacidad.

Situación actual del Cenajo: Tiene embalsados 88,549 hectómetros cúbicos, el 20% de su capacidad.

Situación del Cenajo en 2008: 47,479 hectómetros, el 11% de su capacidad.

Situación actual del pantano de Alarcón: 147,03 hectómetros cúbicos embalsados, el 13,15% de su capacidad.

Situación del embalse de Alarcón en 2008: 66,06 hectómetros, el 5,91% de su capacidad.

Situación actual del pantano de Contreras: 156,11 hectómetros cúbicos embalsados, el 18,31% de su capacidad.

Situación del embalse de Contreras en 2008: 54,20 hectómetros, el 6,36% de su capacidad.

Pero, ¿qué esperan de este año? Desde la JCRMO confían en que la climatología siga acompañando. Y es que si el nivel de precipitaciones se mantiene, se podría incrementar el volumen de sustitución de bombeos que en el último año apenas si ha sido de 4 hectómetros. En esta campaña aseguran que lo deseable sería llegar a los 15 hectómetros.

Desde que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) iniciara su defensa en contra de la supresión de las tarifas especiales para regadío, hace casi dos años, no hemos dejado de esforzarnos por recabar el apoyo de las distintas formaciones políticas con el fin de conseguir la aprobación de una serie de medidas que permitieran un acceso al mercado liberalizado lo menos traumático posible.

Desde el pasado mes de julio, los regantes deben afrontar una nueva tarificación, con un sobrecoste de más de 50 millones de euros para el sector, lo que unido a la subida de la factura desde el pasado enero, supone un sobrecoste aún mayor que puede frenar el proceso de consolidación de regadíos e incluso hacer inviable algunos de los proyectos de modernización ya en curso. A pesar de las dificultades, los esfuerzos de la Federación por conseguir el apoyo político no han cesado y, a pesar de las trabas, nuestras reivindicaciones siguen adelante.

En el plano político, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó el pasado mes de junio una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas ante la eliminación de las tarifas oficiales eléctricas para riego. El objetivo de esta moción era asegurar los mecanismos necesarios que garantizaran una transición en las mejores condiciones posibles al mercado liberalizado, de manera que el sector agrario no quedara abocado a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quisieran imponer.

En concreto, esta moción planteaba una prórroga mínima de dos años de la tarifa especial de riego así como la aplicación de un tipo reducido de IVA del 4% -que podría ser del 7% en el peor de lo casos- en el suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua, tomando como antecedente inmediato el caso exitoso de Italia. Los populares estaban convencidos de que este tratamiento fiscal permitía obtener las devoluciones de IVA con periodicidad mensual en lugar de anual, como ocurre en el régimen general.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular planteaba dos medidas -valoradas en 120 millones de euros- que hubieran permitido al sector agrario aliviar el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica que los regantes estamos sufriendo -entre un 20% y 40% en la nueva campaña de riego- castigando injustamente el esfuerzo de quienes estamos modernizando nuestras explotaciones para ahorrar agua.

Una enmienda a favor y otra en contra

Asimismo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado también quiso hacer su particular aportación a finales de junio a este debate, presentando una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que instaba el Gobierno a modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de elevar el tipo reducido hasta el 7% a los suministros de gas natural y electricidad. Además, con gran acierto, CiU supeditaba la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas oficiales hasta la entrada en vigor de este tipo superreducido que veníamos demandando insistentemente hasta la fecha.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista presentaría también a finales de junio en el Senado una enmienda de sustitución a la moción de los populares instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias ante la eliminación de las tarifas oficiales para riego, pero desde un punto de vista “estructural”, según el boletín de sesiones, y no “coyuntural”. En definitiva, los planteamientos del grupo socialista hablaban de moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos, lograr unos precios justos, potenciar el cooperativismo y la universalización de los seguros, pero no encerraban ninguna medida en firme para hacer frente a la subida de las tarifas.

El debate político no podía ser más participativo y, a pesar de la moción socialista, que echaba un «jarro de agua fría» a las expectativas de los regantes, existían señales de que los esfuerzos de la Federación por conseguir un aplazamiento de las nuevas tarifas o, en su defecto, medidas para paliar sus efectos podrían salir adelante…

Finalmente, el 30 de junio fue aprobada la moción en el Senado, con los votos a favor del PP, CIU y BNG, y con los votos en contra del PSOE y Grupo mixto Entesa y la abstención del PNV.

De la negociación política a la privada

Sin embargo, el último Consejo de Ministros del mes de junio daba luz verde sin paliativos a la supresión de las tarifas especiales para regadío, truncando así las esperanzas de los regantes, que confiaban en que el Gobierno acometiera las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas no excedieran la subida del IPC, tal como adelantó el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención en la Expo de Zaragoza.

Esta negativa llevó a los regantes a abandonar temporalmente el escenario político de la negociación para saltar al ámbito empresarial privado donde las principales suministradoras eléctricas parecían más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que facilitaran a los regantes el acceso al mercado liberalizado.

Después de arduas negociaciones, Fenacore suscribió a finales de julio -en un tiempo casi récord- sendos acuerdos marco de colaboración con las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola con el objetivo de obtener condiciones más competitivas en la contratación de energía eléctrica que permitieran hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío.

En virtud de estos acuerdos marco, los regantes asociados a Fenacore están formalizando individualmente convenios de colaboración específicos con ambas suministradoras de acuerdo a sus necesidades concretas de riego, definiendo una tarifa «personalizada» y «específica» adaptada a su consumo en función de las particularidades de sus territorios, climatología y cosechas.

Dificultades en el camino

Si bien en esta senda negociadora se ha ido avanzando lentamente, también han ido surgiendo algunas trabas que hemos tenido que ir sorteando con mayor o menor dificultad. Desde mediados de septiembre las comunidades de regantes pueden beneficiarse de descuentos especiales en su factura eléctrica siempre y cuando estén acogidas a tarifas de riego y no al régimen general, lo cual ha obligado a la Federación a tener que intervenir con el fin de gestionar condiciones específicas para casos muy particulares.

Por otro lado, a finales de septiembre se aprobó un Real Decreto por el que se establecían las denominadas Tarifas de Temporada que permitían a las comunidades de regantes formalizar contratos de suministro de energía con las compañías eléctricas siempre y cuando la duración fuera inferior o igual a cinco meses. De esta forma, los precios del término de potencia se incrementan en un 35% para los meses de temporada alta, en lugar de un 100% como establece la legislación, y en un 15% para los restantes meses, siempre y cuando se cumplan unas condiciones determinadas.

Sin embargo, la aplicación de este Real Decreto que, en principio, suponía una leve mejora para los regantes, ha conllevado diversas irregularidades ya que algunas comunidades han tardado más de un mes en ver materializada su aplicación desde la firma del contrato. A modo de ejemplo basta citar el caso de algunos comuneros que, a pesar de contar con varias estaciones de bombeo, sólo disfrutan de los descuentos estipulados en la mitad de ellas.

Una negociación que debe llegar a buen puerto

A pesar de las dificultades en el camino, Fenacore, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, continúa tratando de conseguir sin éxito un acercamiento al Ministerio de Industria con el objetivo de reducir, a través de las medidas legislativas necesarias, el coste del término de potencia, de manera que los agricultores regantes paguen sólo por la potencia realmente utilizada.

Por otro lado, la Federación continúa insistiendo en la necesidad de la aplicación de un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regantes por ser “usuario finalista”, de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia y haciendo valer la moción aprobada en el Senado el pasado 30 de junio.

Los regantes somos conscientes de que el camino de la negociación es duro; pero estamos dispuestos a recurrir a movilizaciones generalizadas en toda España con el fin de hacer oír nuestra voz y conseguir que se estudien los diferentes costes energéticos en el regadío y se analicen, sobre bases firmes, las modificaciones específicas propuestas por Fenacore, con el fin de facilitar la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Andrés del Campo

Presidente de Fenacore

Por primera vez en los últimos 10 años la reserva de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar supera a estas alturas los 1.000 hectómetros cúbicos para situarse en 1.007, según indicó ayer la Delegación del Gobierno.

En la actualidad los pantanos de la CHJ disponen de un 42,8% más cantidad de agua que hace un año, lo que se traduce en 302 hectómetros más. Se hallan al 30,1% de su capacidad y a finales de enero de 2008 se encontraban al 21,1%.

Durante la última semana el incremento hídrico en los embalses fue de 35 hectómetros cúbicos, según las cuentas de la Delegación del Gobierno realizadas a partir de las entradas y salidas de agua.

La Confederación Hidrográfica del Júcar dispone ahora del 3,64% del total de agua embalsada en la España peninsular. Hace un año ese porcentaje era del 3% y la media de la última década es de un 2,71%.

De las entradas de agua a los pantanos de la CHJ destacan las que ha habido en la cuenca que peor se encontraba, la del Júcar. Los grandes embalses de este río, que marcan la pauta de las reservas hídricas para la provincia de Valencia, los embalses de Alarcón, Contreras y Tous, han recibido esta semana 24 hectómetros en su conjunto.

El mayor de todos los embalses del Júcar, el de Alarcón, ya almacena 147 hectómetros y está al 13% de su capacidad. El segundo en importancia y magnitud, el de Contreras, ha ganado en una semana 5,5 hectómetros, guarda 156,11 hectómetros y se halla al 18,31%.

El de Tous, la presa que se encarga de regular el curso bajo del río y da de beber a Valencia y su área metropolitana, está al 38,5% y en su interior contiene poco más de 145 hectómetros cúbicos.

Por lo que se refiere a las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Turia, se hallan al 60%. El embalse de Benagéber, el mayor de la cuenca, dispone de 150 hectómetros y está al 68%. Arquillo de San Blas, del que se abastece la ciudad de Cuenca, se encuetran al 85,79%. Loriguilla, la última presa del Turia antes de que el río sestee y desaparezca en la plana de Valencia, está al 28,93%. De los cuatro embalses del Turia el de Loriguilla es el único del que se ha sacado más agua que ha entrado, 0,05 hectómetros en la última semana.

Los embalses de los sistemas hídricos de Castellón, el Palancia (que comparte con Sagunto), el Mijares y el Cenia, se encuentran en su conjunto al 56,53%. Arenós, el mayor de todos, en el Mijares, está al 48,43% de su capacidad. El Regajo, en el río Palancia, se hallan al 90% con 5,45 hectómetros.

En cuanto al sistema de la Marina Baja, los pantanos de Amadorio y Guadalest están prácticamente llenos, al 82,8 y al 83,4% de su capacidad, respectivamente. Entre ambos almacenan 25 hectómetros. Beniarrés, en el Serpis, está al 78,9% y cuenta con 21 hectómetros.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino trabaja en el diseño de un nuevo «plan de choque» de regadíos, que tendrá la «etiqueta de sostenible» y que se prevé poner en marcha en la segunda mitad del año, según avanzó hoy la directora general del Agua, Marta Morén.

   Según afirmó Morén antes de participar en la presentación de la ‘Plataforma Tecnológica Española del Agua’, todos los agentes implicados están trabajando en el nuevo plan, que se encuentra en un «estado bastante maduro», de manera que estará «en la calle» en el segundo semestre de 2009 y abarcará hasta 2013 ó 2015.

   Entre sus objetivos fundamentales, la secretaria general destacó que «tiene que conseguir una transformación total del sistema de regadío en España», de manera que se utilice el agua y la energía de la forma «más eficiente y eficaz».

   Morén, que consideró que aún es «prematuro» cifrar el número de hectáreas de nuevo regadío que recogerá el plan, señaló que contará con la financiación del Ministerio, las comunidades autónomas y las sociedades estatales de infraestructuras agrarias (Seiasa).

   Preguntada por el encarecimiento de la factura eléctrica de los agricultores por la eliminación de la tarifa especial para riego, indicó que la Dirección General del Agua está empezando a trabajar en un grupo de trabajo, en el que entre otros agentes están representados los agricultores, para buscar una solución.

Según anunció oficialmente el Gobierno, la electricidad ha subido este principio de año sólo un 3,5%; como proclamó en anteriores subidas, el año pasado, incrementos del orden del 5% o 7%. Hasta el presidente del principal partido de la oposición da casi por bueno el orden de magnitud de tales porcentajes, pues no hace aún ni dos meses criticó al Ejecutivo por haber autorizado subidas que representaban más de lo que decía, pero el señor Rajoy hablaba de un 15%, con lo que se quedaba muy lejos de la realidad.

Sorprende que, pudiendo hincar mucho más el diente de la crítica en plena caza política, quienes se supone que han de estar muy bien informados prefieran dejar escapar una buena pieza. ¿Tan mal se dejan asesorar?

La electricidad habrá subido con moderación en los usos domésticos, pero en los demás se ha encarecido muchísimo más, y es incomprensible cómo sigue reinando un silencio casi total al respecto cuando se fraguan continuos encarecimientos, y en ciertos casos de manera encubierta.

Los aumentos han sido fortísimos en alta tensión y en tarifas de riego agrícola, que han desaparecido. Es una cuestión que afecta directamente al sistema productivo: industria, agricultura y ganadería. Por tanto, estamos hablando de incrementos de costes, de su traslado al consumidor vía precios, de pérdida de competitividad y de hundimiento económico en los casos en que esos aumentos no se pueden trasladar a nadie más y los asume el productor como si fuera un consumidor final, como ocurre en el sector agrario.

Hay situaciones en las que los costes eléctricos se han duplicado en sólo medio año. Muy lejos de lo que dice el Gobierno. Ocurre en alta tensión, donde se impuso el 1 de julio la liberalización obligada, que equivale a superaumentos seguros, y en las tarifas de riego de baja tensión, cuyos usuarios se han encuadrado en las tarifas generales.

Los aumentos medios oscilan entre el 40% y el 60%, pero como ha habido reducción de horas «valle», quienes las usaban al máximo para racionalizar el consumo tienen que caer ahora en las «llano», con lo que el aumento real en esos tramos es superior al 100%. Basta comparar recibos.

Ahora, en enero, los precios «liberalizados» han vuelto a subir una media del 14%. Nada del 3,5% de las tarifas reguladas.

Para mayor inri, la Orden del Gobierno que marcó la nueva regulación eléctrica para este año, publicada el 31 de diciembre pasado (todo el mundo atento al BOE en esas fechas, naturalmente), contiene un inusitado encarecimiento añadido por la vía de dejar indefensos a los usuarios de alta tensión (industrias, comercios, explotaciones agrícolas y ganaderas, riegos, etc.).

Esta normativa amplía en dos horas el tramo diario de horas «punta», el de precio más caro, que pasa de cuatro horas anteriores a seis. A cambio también amplía a 18 horas el tramo de «valle», el menos caro, en sábados, domingos, y festivos de rango nacional, que hasta ahora estaba en sólo ocho horas diarias, que se mantienen para las demás jornadas. Las seis horas restantes de sábados, domingos y festivos serán «llano» (precio intermedio), con lo que esos días no tendrán «punta».

En principio es una buena noticia, sobre todo para los usos que pueden programarse con utilización intensa en determinadas horas de cada día, como ocurre con los riegos agrícolas, donde hay una gran disciplina en el empleo de las horas «valle», menos cara, que se ven ampliadas. Sin embargo hay una trampa. Mientras no se cambien y reprogramen los contadores, como el Gobierno supone que no puede saberse qué se consume en cada tramo, autoriza a las compañías eléctricas a que facturen durante ¡seis meses como máximo! prorrateando el consumo total en los tres tramos, independientemente de cuando se realice.

Con esta autorización del Gobierno, miles de usuarios que ni siquiera tienen contratado el periodo de «punta», y por tanto tienen vetado consumir en ese tramo, ya están pagando como si lo hicieran ¡y a casi el doble de precio de que lo que realmente consumen! Usted no va al cine, lo tiene prohibido, pero le cobran igual la entrada. Será legal porque lo ha publicado el BOE, pero es claramente injusto e inmoral. ¿Qué dirían los jueces?

El galimatías en que ha metido el Gobierno del PSOE a multitud de consumidores es enorme, y la situación se mantendrá mientras no se actualicen sus contadores. ¿Y quién los tiene que poner en solfa? Las compañías eléctricas. Sin embargo, aún no se ha cambiado ni uno, porque no estaban preparadas para este tinglado. Ni siquiera tienen listo cómo resolver el problema de engañar informáticamente a los contadores, que no están programados para no contabilizar «punta» en fines de semana.

La reserva de agua en los embalses de la Cuenca del Júcar representa en la actualidad un total de 972 hectómetros cúbicos, lo que supone un 39,9 por ciento más de agua que hace un año, cuando la cifra acumulada era de 695 hectómetros cúbicos, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

   Así, en este momento se dispone de un 29 por ciento del total de la reserva de los embalses de la Cuenca del Júcar, una cifra muy similar a la registrada la semana pasada, cuando el total acumulado era del 28,3 por ciento y había 946 hectómetros cúbicos, comentaron las mismas fuentes.

   En la actualidad, la cuenca del Júcar supone el 3,69 por ciento del total de agua embalsada peninsular; hace un año era el 3,03 por ciento y la media de los últimos 10 años era del 2,7 por ciento.

   El porcentaje de agua en la cuenca de hace un año era del 20,8 por ciento, y el de hace dos años, del 14,6 por ciento, mientras que la media de los últimos cinco años es del 24,7 por ciento, y la media de los últimos diez años, del 24,9 por ciento.

   Asimismo, se dispone de un 14,4 por ciento más que hace dos años;  un 4,3 por ciento más que la media de los últimos cinco años y un 4,1 por ciento más que en los últimos diez años. En concreto, hace un año se disponía de 695 hectómetros cúbicos y ahora de 972, es decir, 277 hectómetros cúbicos más, señalaron.

   Por lo que se refiere a la media de los últimos diez años es de 815 hectómetros cúbicos, y ahora el acumulado asciende a 972 hectómetros cúbicos, lo que supone una diferencia de 157 hectómetros cúbicos, según las mismas fuentes.

Archiva la denuncia del Gobierno de Castilla La Mancha contra la Confederación del Segura por los sondeos para paliar la sequía

El Ministerio Fiscal sostiene que no hay un trasvase encubierto

El Gobierno de Castilla La Mancha ha perdido la guerra sobre la apertura y explotación de los pozos de Hellín puesto que el fiscal jefe de Albacete ha archivado la denuncia que presentó el Ejecutivo de José María Barreda contra los sondeos que realizó la Confederación Hidrográfica del Segura para paliar la sequía de los últimos años. El fiscal considera que no ha existido un trasvase encubierto de agua de Albacete a Murcia y que no se han cometido los delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de desobediencia que denunciaron los Servicios Jurídicos de Castilla La Mancha.

El fiscal jefe Gil Navarro Ródenas estima que los informes técnicos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «desvirtúan» los indicios delictivos que el propio Ministerio Fiscal apreció el pasado verano, cuando se puso la denuncia. En aquella ocasión el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, sobre la base de la denuncia, instó a la CHS a que cerrara temporalmente los sondeos y extracciones al considerar que se estaba produciendo de forma encubierta «un trasvase de aguas subterráneas de la provincia de Albacete con destino desconocido». Añadió que los sondeos realizados por la Confederación Hidrográfica para hacer frente a la sequía «eran arbitrarios» aunque tuvieran cobertura legal.

Este fiscal hizo suyas la posición del Gobierno castellano manchego de que se estaba atentando contra el medio ambiente sobreexplotando los acuíferos de la zona, así como trasvasando aguas a la cuenca del Segura de forma ilegal y sin la preceptiva declaración de impacto ambiental. El perjuicio medio ambiental afectaría a varios ecosistemas de la Sierra de Alcaraz, Cañones del Segura, Pitón de Cancarix y Saladar de Agramón, entre otros.

Ajustado a la ley

Ese aparente expolio, según el fiscal jefe, no se ha producido, entre otros motivos porque la zona donde se realizaron los sondeos está dentro de la Demarcación del Segura, donde rige la unidad de gestión de todos los recursos englobados en una misma cuenca.

Los pozos de la discordia se abrieron al amparo del decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno de la Nación para combatir la sequía. Cuando se puso la denuncia, en junio del año pasado, la Confederación tenía en explotación 11 pozos en la comarca de Hellín, y preveía ampliarlos hasta 31 para extraer unos 35 hecómetros cúbicos, según argumentó el Ejecutivo de Barreda.

El fiscal jefe de Albacete ha precisado que la Confederación del Segura tenía «una cobertura legal extensa» para abrir los pozos debido al real decreto del Ministerio de Medio Ambiente del año 2005 para aplicar medidas excepcionales, que ha ido prorrogando en años sucesivos. Entiende que es el Ministerio de Medio Ambiente el que ha autorizado a la Confederación para abrir los sondeos de forma provisional y satisfacer las necesidades más perentorias.

Sostiene asimismo que «no estamos ante un trasvase, ya que la cuenca del Segura tienen un carácter intercomunitario» y afecta a varias comunidades, entre ellas la de Castilla La Mancha. Concluye que no hay delito contra el medio ambiente ni sobre explotación de recursos hídricos porque los acuíferos han recuperado sus niveles. «Los volúmenes de agua subterráneas bombeados por la CHS representa una mínima parte de los recursios renovables que anualmente recargan dichos acuíferos», apunta el fiscal.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ha terciado en la polémica del tren de alta velocidad, y lo ha hecho reclamando de modo enérgico la unidad social e institucional en la reivindicación de esta mejora ferroviaria