La entrada en vigor el 1 de julio de la Orden ITC/1857/2008, para la liberalización del Mercado Eléctrico en España supone un estacazo definitivo para un sector en crisis, con crecimiento cero, en dura tendencia descendente y con abandonos progresivos de superficie en producción. En definitiva, un sector atomizado que no puede soportar la subida y aparición de nuevos costes de producción.

Por todas estas razones, siempre han justificado un tratamiento especial histórico para los agricultores y regantes que ahora el Gobierno unilateralmente decide eliminar bajo el exiguo y oscuro pretexto de liberalizar el mercado eléctrico en España. En nuestro país existe un monopolio abusivo, por el cual dos mercantiles eléctricas controlan el 76% del mercado ¿Dónde está la libertad de mercado? ¿Acaso es libertad de mercado un incremento del coste de la electricidad para el agricultor del 75%?

Desde Jóvenes Agricultores – ASAJA Alicante queremos transmitir al Gobierno central la necesidad imperiosa de una prórroga del actual régimen de tarifas especiales para riego ante la liberalización del Mercado Eléctrico. En esta línea, consideramos que no existen razones para suprimirlas y sí argumentos importantes para defender su continuidad, como los aumentos excesivos de los precios de las nuevas tarifas que llegan a incrementarse, como ya hemos dicho, hasta en un 75%.

Al respecto, el presidente de Jóvenes Agricultores – ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, considera “que la regulación del Gobierno de no prorrogar las tarifas especiales para riego, supone un duro golpe para el abandono definitivo del campo. Al mismo tiempo, es una provocación teniendo en cuenta la delicada situación por la que atraviesa el sector. No entendemos, como este Gobierno en lugar de ponerse a nuestra disposición para sortear estos momentos difíciles, decide literalmente meter la mano en los bolsillos de los agricultores”.

Al hilo de lo anterior, pensamos que dejarnos en mano de las Industrias Eléctricas para que firmemos contratos, es firmar la muerte del sector; pues las eléctricas siempre imponen y prevalecen sus condiciones como parte dominante que son.

En este sentido, Eladio Aniorte indica “consideramos que con medidas como esta se pone de manifiesto y de una forma muy clara y explícita el interés de nuestro Gobierno por acabar con la agricultura, pues nos encarece los costes de producción continuamente y no pone medidas para solventar esta situación y, además, hace oídos sordos a la necesidad de establecer una Ley de Márgenes Comerciales y de Precios Mínimos”.

Así mismo, Aniorte señala “si en un breve periodo de tiempo no se toman medidas desde la Administración y no vemos intenciones de ayudarnos a mejorar la situación volveremos a salir a la calle como ya lo hicimos el 19 de junio, pero en las próximas ocasiones cortaremos carreteras y no cesaremos en nuestro empeño de hacernos oír”.

Los embalses de la Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) han alcanzado en la última semana medida (del 1 al 8 de julio) la mejor cifra de reserva de agua de los últimos dos años, con un total de 886 hectómetros cúbicos, lo que supone un 26,5% de su capacidad.

El agua un bien valioso y escaso

Según fuentes de la CHJ, esta cifra supone un aumento de 5,1 puntos respecto a la misma semana de 2007, que contaba con un volumen del 21,4%, y de 8,3 puntos más respecto a 2006, en el que el nivel de los embalses se encontraba al 18,2%.

Sin embargo, los datos de la reserva de agua de esta última semana se han reducido 17 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, en la que se registraron 903 hectómetros cúbicos. Así, los 886 hectómetros cúbicos de reserva de agua registrados en los veintisiete embalses adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, supone un incremento de 199 hectómetros cúbicos desde el mes de enero de este año, 103 hectómetros más que en el mismo período de 2007, y 184 más que en 2006.

Los socialistas castellano-manchegos, ¿vencieron o perdieron en el 37º Congreso Federal del PSOE a la hora de defender la caducidad del trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta que el texto de la ponencia marco admite las transferencias de agua que sean «viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas»? Pues según la versión que se oiga, se extraen unas conclusiones u otras.

Empezando por la oposición. Ayer, el secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, opinó que el presidente regional, José María Barreda, ha sido el «gran perdedor» del cónclave socialista pues, además de haber perdido la «batalla del agua», ha sido «ninguneado» por Rodríguez Zapatero.

«No nos alegramos de que Barreda haya perdido la batalla del agua», pero, sobre este asunto «lleva mintiendo tanto tiempo que no tiene credibilidad», dijo Tirado. Recordó que Barreda, «primero, firmó y votó el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno de Aznar, pero, luego, le cogieron y le dijeron que hiciera lo contrario. No tiene ninguna credibilidad ni coherencia».

Y el Estatuto, ¿qué?

Al ser preguntado sobre lo que puede ocurrir cuando la reforma del Estatuto de Autonomía -que contempla el fin de trasvase en el 2015- tenga que votarse en el Congreso de los Diputados después del verano, Tirado dijo que el PP va a seguir trabajando en la «misma línea». Precisó al respeto que el PP defiende que el agua vaya de donde sobra a donde falta y en Castilla-la Mancha hace falta agua y la que sobra es la que va al mar «por culpa, entre otros, de Barreda».

La visión desde las filas socialistas, por supuesto, era muy distinta. El vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, admitió que «hubo un rifirrafe, sus más y sus menos» entre los socialistas de diferentes regiones a la hora de fijar una posición sobre el agua, un debate en el que los socialistas de Castilla-La Mancha lograron que el término trasvase se eliminara de la ponencia, aunque aparece con el eufemismo transferencia de recursos.

Al final, el PSOE decidió apostar por un pacto nacional sobre el agua basado en la solidaridad y el consenso y que, entre otras medidas, incluye los trasvases sostenibles y socialmente aceptados, aunque los denomina «transferencias de recurso a través de infraestructuras hidráulicas necesarias».

Con este texto, dijo Lamata, el trasvase Tajo-Segura no tendría cabida pues no cumple dos de los requisitos que exigirán los socialistas para que haya trasvases: el del consenso social y el de la sostenibilidad ambiental.

Consideró que «poquito a poco» y con «responsabilidad, con tranquilidad, con rigor, con razones» los socialistas castellanomanchegos están logrando convencer a sus compañeros del resto de España y sus planteamientos han experimentado «un avance muy importante».

No obstante, aún no han logrado «todo lo que quisiéramos», admitió Lamata, de ahí que los delegados castellano-manchegos votaran en contra de la ponencia.

«Más ambiciosos»

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, por su parte, atribuyó este voto en contra a que «queríamos ser más ambiciosos y perseguir el máximo, el ideal», no obstante, opinó que «podemos estar contentos» con el texto final.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez, dijo que lo que los socialistas aprobaron en esta materia es lo que el presidente regional viene reclamando desde hace tiempo, que es «un pacto nacional del agua, y que no valen los trasvases a costa de cualquier cosa».

«Esta tarea es larga pero vamos ganando adeptos, porque el PSOE tiene claro cuál es su posición en materia de agua», dijo Gómez.

reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido en 15,17 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 887,68 hectómetros, lo que supone el 26’53 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, dieciocho han registrado un descenso en el nivel de agua almacenada, cuatro han aumentado y cinco han mantenido el mismo caudal.

El embalse que ha registrado el mayor descenso de agua ha sido el de Tous-La Ribera, que ha perdido 9,44 hectómetros cúbicos y se sitúa al 34,30 por ciento de su capacidad, de 378,6 hectómetros, seguido del embalse de Arenós, que ha descendido en 1’92 hectómetros y está al 51,26%.

El de Bellús, situado en el complejo de Cortes, es el tercer embalse que más ha visto reducido su caudal en la última semana, con un descenso de 1,78 hectómetros cúbicos, por lo que en estos momentos se encuentra al 30,11% de su capacidad.

Otros embalses que han visto reducidas sus reservas han sido los de El Naranjero, con un descenso de 1,54 hectómetros cúbicos y que se encuentra al 68,99 por ciento de su capacidad, Alarcón y Benageber, que lo han disminuido en un 1,22, y se han situado en un 10,48 por ciento de su capacidad, el primero, y en un 56,60 por ciento, el segundo.

Los embalses de Loriguilla, La Toba, Sichar, Beniarres, Guadalest, Maria Cristina, Ulldecona, Regajo, Buseo, Escalona, El Molinar y Forata son los demás, pertenecientes a la CHJ, que han visto reducidas sus reservas hídricas durante la última semana.

Por su parte, el mayor incremento lo ha registrado el embalse de Cortes II, que ha aumentado el agua almacenada en un 2,63 hectómetros cúbicos y se ha situado en un 95,85 por ciento de su capacidad total, que es de 118 hectómetros.

A continuación, se encuentran los embalses de Contreras, La Muela y Arquillo de San Blas, los otros tres cuyas reservas han aumentado respecto a la semana pasada.

En el primer caso, el agua almacenada ha aumentado en 1,47 hectómetros cúbicos y se encuentra al 12,81 por ciento de su capacidad; en el de La Muela, el agua ha crecido 0,95 hectómetros y ha situado el caudal del embalse al 49,62% de su capacidad, y en el tercer caso, el aumento ha sido del 0,08, por lo que se ha situado en un 84,38%.

Los cinco embalses que han mantenido el mismo nivel de reservas con respecto a la semana anterior han sido los de Amadorio, Algar, Alcora, Almansa y Onda.

Durante los primeros seis meses del año, la Unión de Consumidores de Albacete (UCE) ha contabilizado cerca de 3.000 reclamaciones (2.939), superando así el total de las registradas a lo largo del año 2007. Unos datos que se deben a las numerosas quejas recibidas por la eliminación de la tarifa nocturna eléctrica, explicó el presidente de la UCE, José María Roncero, destacando que se han recibido unas 2.800 relacionadas con este tema.

Roncero explicó que la eliminación de la tarifa nocturna ha sido denunciado, principalmente, por el perjuicio económico que supondrá para los ciudadanos que disfrutaban de la misma, al mismo tiempo que los albaceteños se han quejado de la «falta de información», pues desconocen el nuevo sistema promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el cual no ha sido bien recibido.

El presidente de la UCE indicó que, según los estudios ratificados por la Comisión Nacional de la Energía, el perjuicio económico en los recibos de la luz rondará entre el 25 y el 80 por ciento. Y es que se trata de una medida que «ha creado alarma y preocupación» y que, incluso, la UCE de Albacete remitió al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha para que éste «hiciese llegar la preocupación de la Unión de Consumidores y de los ciudadanos a la Consejería de Industria para que el consejero se implicase y pudiese frenar que las repercusiones económicas tuviesen un efecto prejudicial».

La UCE reclamaba la no entrada en vigor de la tarifa nocturna, algo que no han podido frenar, ya que el pasado 1 de julio se puso en marcha un nuevo sistema de precio basado en la discriminación horaria con un porcentaje de descuento menor. Ahora, resaltó Roncero «no sabemos en qué condiciones están los más de un millón de afectados que hay en toda España», por lo que estudiaremos si la vía judicial es la que habrá que emprender.

La Comisión de Cambio Climático del 37 Congreso Federal del PSOE aprobó hoy las dos enmiendas presentadas por el PSOE de Murcia en materia de agua, un Pacto de Estado y la necesidad de acometer trasvases que sean «social, económica y medioambientalmente viables», según explicó hoy el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura.

en declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Congresos Municipal de Madrid, donde este fin de semana se celebra el cónclave socialista, Saura valoró como «muy positiva» para la Región de Murcia la aprobación de las dos enmiendas, un aspecto que, según informaron fuentes socialistas, fue muy debatido en el interior de la comisión por la definición del término ‘trasvase’.

De hecho, según explicó el propio Saura, la delegación de Castilla- La Mancha votó en contra de las enmiendas murcianas que permitirán que la dirección socialita plantee un Pacto Nacional de Agua, que contemple la desalinización y las transferencias de agua a las zonas que lo necesiten, siempre que sean «social y económicamente viables».

Saura subrayó que durante el plenario de ayer ya planteó a los 995 delegados la necesidad de dicho pacto y las transferencias de agua. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero «recogió ese guante» y hoy ha sido posible que las comisión saque adelante las dos enmiendas defendidas por los delegados murcianos.

«Hemos ganado esa votación porque se ha entendido que era necesario, señaló el socialista murciano. La ponencia marco de los socialistas recoge, incluida las enmiendas murcianas, que el PSOE ha obtenido «éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos».

Reconocen que no se ha prestado «la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua» por lo que consideran que «es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos».

Así, apuestan por «continuar con la política del agua desarrollada en los últimos cuatro años, para garantizar el consumo, presente y futuro, a toda la población y aplicar de forma adecuada y eficiente, con solidaridad y consenso, la gestión de los recursos hídricos a través de modernización de conducciones, ahorro de consumo, desalinización, reutilización, modernización de regadíos».

En el texto de la ponencia se señala, como adelantó Saura, que hay que continuar con «aquellas transferencias del recurso (agua), a través de las infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Apuesta por energías renovables
Por otro lado, la Comisión de Cambio Climático también aceptó un enmienda a la ponencia marcho en la que se hace una apuesta «decidida» por el desarrollo de las energías renovables frente a la proliferación de nuevas centrales nucleares.

Según recoge el documento final, es una «apuesta fundamental de los socialistas en el camino hacia el nuevo modelo de crecimiento energéticamente sostenible».

El texto socialista no prevé promocionar «nuevos paquetes nucleares» aunque sí respetar la vida útil de las actuales centrales y, al respecto, insta a «extremar con todo rigor la garantía de seguridad» desde la acción de gobierno y del organismo regulador correspondiente, así como su «permanente actualización tecnológica».

Los socialistas consideran que España tiene «las condiciones naturales necesarias», «la tecnología más avanzada» y cuenta con «empresas líderes» en el desarrollo de la energía renovable. El PSOE cree que es «una gran oportunidad para ocupar un lugar avanzado en el mundo» por lo que llama a asumir «desde el principio que esa es nuestra opción y que, estratégicamente, sólo esa opción tiene un futuro seguro».

«Tendremos que asegurar las exigencias que nos plantea la continuidad de nuestro crecimiento con un uso energético cada vez más eficiente y austero, y con la provisión de las distintas fuentes de energía», añade.

Fue un pulso político en toda la regla, de los pocos que se han producido en este 37º Congreso Federal del PSOE, y como trasfondo tenía la controversia sobre la continuidad o no del trasvase Tajo-Segura.

Al final, el documento ideológico que salga del congreso socialista incluirá la defensa de los trasvases, a pesar de que la ponencia marco no aludía inicialmente a esta infraestructura. Y esto será posible gracias a una enmienda presentada por la delegación murciana que, tras más de dos horas de discusión y varios retoques para levantar las reticencias de unos y otros, recibió 98 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

El texto final refleja las tensiones que tuvieron lugar en la comisión sobre el cambio climático y que provocaron la supresión de la palabra «trasvase». Pero aunque la palabra no aparece como tal -algo que pretendían los socialistas murcianos-, el PSOE sí que aboga por los trasvases denominándolos «transferencias de recurso a través de infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Murcia y Valencia

Este párrafo alternativo al texto que había el PSOE de Murcia fue defendido por la secretaria de Medio Ambiente de la federal socialista, Soraya Rodríguez, y cosechó el apoyo mayoritario de los participantes, excepto de los delegados de Castilla-La Mancha, que reclaman la caducidad del trasvase Tajo-Segura, siguieron oponiéndose a que apareciera toda alusión a las transferencias de agua, por lo que al final votaron en contra.

Enrique Guerrero, uno de los ponentes de la comisión, fue preguntado en la rueda de prensa posterior si el término «transferencias» se refería a los trasvases, y asintió al responder: «Se refiere a transferencias de agua de un sitio a otro».

El secretario general del Partido Socialista de Murcia, Pedro Saura se declaró «muy satisfecho porque el partido ha reconocido la necesidad de trasvases a la Región».

También los socialistas valencianos mostraron su satisfacción al haber conseguido que todas sus enmiendas sobre agua fuesen aceptadas, permitiendo incorporar a la ponencia marco las transferencias hídricas, por tanto, los trasvases, como una de las muchas formas de gestionar los recursos hídricos del Estado español.

Tras esta derrota dialéctica, el PSOE de Castilla-La Mancha no se pronunció. El diputado por Toledo, Alejandro Alonso, dijo al terminar la reunión de la comisión de cambio climático, que la ponencia marco había recogido la propuesta del secretario general del PSOE castellano-manchego, José María Barreda, para ofrecer al resto de las formaciones políticas y sociales un gran pacto nacional por el agua.

«En este debate complejo, que tiene muchas aristas, Castilla-La Mancha cada día está mejor posicionada e, incluso, la palabra trasvase ha desaparecido como terminología», dijo Alonso, a través de un comunicado remitido por el PSOE de la región, pero se olvidó de mencionar que la delegación manchega había votado en contra por su oposición a la terminología «transferencias de agua».

Según el diputado toledano, las posiciones de Castilla-La Mancha van ganando la batalla y queda claro que «si en algún momento en España se producen trasvases serán para garantizar el abastecimiento de las poblaciones y tendrán que ser siempre políticas de medidas hidráulicas que se adoptan con carácter de emergencia».

La razones todavía no explicadas por parte del Consejo de Ministros, que ha dejado el desembalse del Tajo al Segura en el atolladero, han tenido respuesta a través del presidente socialista de Castilla-La Mancha , José María Barreda, quien ha revelado que el nuevo envío de agua no se ha autorizado debido a sus gestiones políticas. Barreda declaró el viernes a ABC, en el transcurso del Congreso Federal del PSOE, que no ha habido trasvase «porque la vicepresidenta Fernández de la Vega se había comprometido conmigo a estudiar el asunto en profundidad y ha entendido nuestras razones».

El presidente castellano manchego mostró su doble satisfacción por este compromiso de De la Vega, que tuvo después su reflejo en la reunión del Consejo de Ministros, en la que el envío de agua a la cuenca del Segura «no estaba en el orden del día» en contra de lo previsto.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida el pasado lunes, propuso sobre la base de criterios técnicos, que se podían enviar 35,5 hectómetros cúbicos para los regadíos, además de otros 4 para completar los abastecimientos del verano. La Comisión hizo una interpretación muy prudente de las reglas de explotación del acueducto, dado que legalmente podía haber propuesto un desembalse de 69 hectómetros -a razón de 23 por mes- a la vista de los excedentes almacenados en los pantanos de la cabecera del Tajo. El Sistema Entrepeñas-Buendía almacena más de 390 hectómetros, de los que 150 se consideran excedentarios con la legislación actual. Esto hace que el desembalse que ayer no se atrevió a estudiar el Consejo de Ministros tenga pleno respaldo legal y técnico.

Razones políticas

Tras la confesión de Barreda, las razones políticas parecen haber pesado más que las técnicas para dejar el nuevo desembalse en dique seco. El Gobierno murciano calificó de «vergüenza» este aplazamiento. A juicio del consejero de Presidencia, el PSOE ha preferido tener un Congreso tranquilo y anteponer sus intereses partidistas al bien común.

El compromiso que arrancó José María Barreda a De la Vega abre además la posibilidad de que el Consejo de Ministros recorte el envío de agua.

Mientras tanto, los caudales del Tajo para abastecer a la población se están transportando a través del acueducto. Éstos no necesitan autorización del Consejo de Ministro porque se compraron a Aranjuez a través del decreto que autoriza los intercambios de derechos de agua. Un agua que resulta casi tres veces más cara con esta fórmula que si se hubiera derivado a cargo de los sobrantes de la cabecera, ya que hay suficiente para atender todas las demandas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes sigue negociando con el Gobierno una solución al problema de la subida eléctrica y le ha pedido que, al menos, aplace tres meses el incremento de la tarifa para la agricultura que entró anteayer en vigor y que provoca aumentos medios del 30% en las comunidades de regantes de la provincia, veinticinco puntos más que el aumento oficial.
Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euros por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-. Los regantes esperan que si se logra un acuerdo sobre las tarifas éste se aplique con carácter retroactivo.
La agricultura provincial es uno de los sectores económicos más consumidores de energía debido a que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y, por otro lado, porque se trata de una agricultura muy modernizada «y el riego por goteo también consume mucha luz», subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entraron en vigor el martes afectan directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.
La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes del agua, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero, cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor y para evitar la evaporación de los cultivos. Con la desaparición ahora del denominado mercado libre las comunidades de regantes van a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes. Además, y según fuentes de la Federación, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la opción de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y ni un watio el resto del año

«Dice Zapatero que no lo tiene en su agenda, que no tiene previsto en este momento fijar la fecha de caducidad del trasvase. Nosotros sí». Con esta rotundidad el portavoz regional, Fernando Lamata, se refirió a las últimas declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno sobre el Tajo-Segura en una entrevista. Aun así, Lamata entiende que Zapatero «tenga que armar los intereses de toda España, los de Castilla-La Mancha, Murcia y el Levante».

El portavoz regional destacó como positivo que el presidente del Gobierno haya expresado que hay mucho que hacer antes de 2015, la fecha propuesta por el proyecto del Estatuto de Autonomía. Todo lo que hay que hacer abarca desde desaladoras para abastecer al Levante, como infraestructuras para que Castilla-La Mancha utilice su agua, en los embalses de cabecera, en los pueblos del acueducto Tajo-Segura o mediante la Tubería Manchega. Por eso, Lamata concluyó que «Zapatero ya nos está dando la mitad de la razón». Según el también vicepresidente regional, ahora queda convencerle de la otra mitad.

Los mensajes que ayer lanzó el portavoz regional al Gobierno central no sólo se dirigieron a su presidente. Lamata también se refirió a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ante la petición de una nueva derivación de agua del Tajo-Segura de 75,5 hectómetros cúbicos, 35,5 para regadío. «Tienen que acostumbrarse a que no es una inercia», se quejó Lamata, «acostumbrarse a decir que no a los trasvases para regadío».

El portavoz regional no se mostró en contra del trasvase pedido para consumo humano: «Nos duele cuando desde Murcia se dice que somos insolidarios cuando hoy están bebiendo de nuestra agua». La oposición «rotunda» la manifiestan en el trasvase para regadío, entendiendo que cuando el «agua no sobra» no se puede dar para el desarrollo económico de una zona.

una región seca. Lamata hizo un recorrido por la situación delicada de los recursos hídricos en la región. Pasó por los pantanos de cabecera del Tajo: «Entrepeñas y Buendía están vacíos». Se acercó a las riberas del río a su paso por Toledo: «Va sucio, no tiene vida, se está muriendo». Bajó hacia la zona de las Tablas: «Los humedales se están secando». Y el viaje lo terminó en Hellín:«Están sacando agua de los pozos y vaciándola en el Segura en cantidades importantes». Por todos estos motivos, Lamata exige «rigor, cumplimiento de la norma y justicia». En materia de agua lo dejó claro: «No vamos a movernos ni un milímetros». Una cruzada, a la que invitó al PP para que se pronuncie. Así se lo preguntó a su líder: «Señora Cospedal, a la propuesta del trasvase ¿sí o no?».

La Junta permite la ‘manga corta’ para no forzar el consumo de aire acondicionado

l.g.e. / toledo

El portavoz regional, Fernando Lamata, acudió ayer a explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno ante los medios, y lo hizo con camisa de manga corta, sin corbata y sin chaqueta. Lo que puede parecer un detalle anecdótico de su indumentaria no lo es tanto, teniendo en cuenta que la Junta ha cogido una nueva arma para luchar contra el Cambio Climático. El Consejo de Gobierno ya aprobó el martes que en ninguno de los edificios públicos el aire acondicionado bajase de los 24 grados, una medida que también tendrá su reflejo en invierno, cuando la calefacción no podrá subir de los 22.

Este grado de más o de menos tiene su repercusión en el medio ambiente, y el Gobierno regional ya calcula que en sus 250.000 metros cuadrados de edificios públicos dejarán de emitir 1,3 toneladas de dióxido de carbono al día. Para facilitar que en los centros de trabajo se mantenga a raya el termostato, Lamata aclaró que la Junta quita la obligación de llevar chaqueta y corbata a sus trabajadores, como ordenanzas y conductores. «Se recomienda porque si no, igual tenemos la inercia de que al tener calor, bajemos la temperatura», explicó.

Aunque no será una exigencia, también podrán optar por una ropa más cómoda los miembros del Gobierno. Así pues, ayer fue Lamata quien dio ejemplo, y por la tarde lo mismo hizo el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro. Eso sí, las nuevas recomendaciones de la Junta recuerdan que la chaqueta y la corbata se deberán mantener en caso de que un acto protocolario así lo exija.

grano a grano. Lamata explicó que esta decisión se enmarca en un conjunto de medidas, y que no sólo se trata de una «anécdota». Recurriendo al refranero, dijo que «un grano no hace granero, pero ayuda al compañero». Así pues, los 24 grados de aire acondicionado y la liberalización de corbatas y chaquetas, son un ariete más en el compromiso del Gobierno regional de luchar contra el Cambio Climático.

Aprovechando la ocasión, Lamata hizo un repaso breve de algunas de las medidas que ya se han ido adoptando. En un lugar destacado, puso las energías renovables, en las que Castilla-La Mancha es una región líder en campos como la eólica y la termosolar. Además, se está haciendo un esfuerzo importante en investigación como en el caso de la energía de hidrógeno. Otro de los campos de actuación es el de la reforestación, que en un año se cifra en más de cinco millones de árboles plantados. Asimismo, Lamata recordó algunas de las medidas que el consejero de Medio Ambiente anunció el pasado lunes en las Cortes regionales, centradas en la compra pública verde, con ejemplos como el uso de papel reciclado o de automóviles ecológicos. Precisamente, dicho consejero ha hablado en muchas ocasiones de dar ejemplo en la lucha contra el Cambio Climático, y así lo demuestran con la medida del aire acondicionado y la indumentaria.

Lamata advierte de que el descenso del paro «no es un cambio de tendencia»

luis j. gómez / toledo

El portavoz regional, Fernando Lamata, no aprovechó la «buena noticia» del descenso del paro en la región para lanzar un mensaje triunfalista. Se alegró del esfuerzo que están haciendo empresarios y trabajadores para «poder mantener el empleo», pero puso los matices necesarios para una situación económica compleja.

En la cara positiva, la región ha registrado mes tras mes una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social, y en junio ha bajado el número de demandantes de empleo en 1.143 personas. «Estamos satisfechos por el esfuerzo de toda Castilla-La Mancha», recalcó.

En la cara negativa, Lamata dijo que no es conveniente pensar que este descenso del paro es «un cambio de tendencia». Dijo que «vamos a tener que luchar mucho para mantener el empleo y recuperarlo». Aludió a las previsiones de la consejera de Trabajo para anunciar «meses malos» en el segundo semestre de 2008, y prácticamente en el conjunto de 2009.

Fernando Lamata explicó que la situación está marcada por una «crisis económica nacional e internacional». Para hacerle frente, el portavoz regional dijo que la Junta va a seguir adoptando muchas medidas en los últimos meses. «El Gobierno regional no va a parar de intentar que no aumente el paro de manera significativa», declaró.