La reunión celebrada ayer en Valencia por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, para abordar la discriminación hídrica de sus regiones ofreció las primeras concreciones: la posibilidad clara de ponerse a la cabeza de aquellas movilizaciones que reclamen «agua para todos» y la determinación de recurrir en amparo al Constitucional ante «la quiebra del principio de igualdad» representada por la decisión de Rodríguez Zapatero de autorizar un trasvase del Ebro sólo para Cataluña.

Camps y Valcárcel, no obstante, todavía ayer aguardaban que el Ejecutivo incluyera en el Consejo de Ministros una rectificación del proyecto consistente básicamente en la recuperación «en su integridad» del trasvase del Ebro.

De lo contrario, el «frente común» Valencia-Murcia-Almería se aplicará con decisión a la vía judicial y está también dispuesto a apoyar, y a encabezar, aquellas protestas motivadas por la falta de agua y, sobre todo, por la desigualdad en su reparto.

Si bien ambos explicaron que no serán sus Gobiernos regionales los «promotores» de eventuales movilizaciones, también aseguraron que «estaremos allí donde las haya, como hemos hecho hasta ahora». Hay que situarse «al lado de la gente», se justificaron.

En este sentido, la elección de Madrid como lugar de estas acciones parece inevitable: es, dijo Valcárcel, el escenario «perfecto» para acoger una de estas manifestaciones en defensa de los derechos hídricos de las cuencas mediterráneas más deficitarias después de que, en años pasados, Alicante y Murcia hayan registrado protestas multitudinarias.

Bancos de agua

El flanco judicial se plasmará en un recurso que elaboran los servicios jurídicos de ambas regiones y que podría presentarse ante el Constitucional con carácter inminente si es que no hay variación en el rumbo de las conversaciones, hasta ahora prácticamente nulas, con el Ejecutivo, y que tendrán continuidad en una reunión convocada para mañana por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con todos los consejeros autonómicos con responsabilidades en materia hídrica.

Ambos Gobiernos autonómicos también acordaron ayer exigir el mismo derecho a utilizar los derechos de agua adquiridos por los usuarios del Ebro y se mostraron favorables a la creación de los denominados bancos de agua.

Camps acusó a Zapatero de actuar «a escondidas y con mucha vergüenza» en la decisión de autorizar un trasvase a Barcelona que ha venido negando desde que llegó a La Moncloa a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería.

«Solidaridad» con Cataluña

Para sus artífices, la reivindicación del derecho de sus territorios al agua del Ebro no es en ningún modo incompatible con su «comprensión» hacia las urgencias hídricas de Cataluña. Tanto Camps como Valcárcel fueron rotundos al expresar su «solidaridad» con los catalanes y aseguraron que respaldan el trasvase a Barcelona hasta el punto de desear que éste sea «permanente y de 180 hectómetros cúbicos». En su opinión, la demanda que ahora tiene Barcelona no es coyuntural, sino «estructural».

Reparos del PSOE de Aragón

El PSOE añadió elementos que cimentan los argumentos de que el trasvase del Ebro sólo a Barcelona pactado por Gobierno y Generalitat no será una vía de emergencia este año por la sequía, sino que su carácter será permanente, lo que provocó el malestar de los socialistas aragoneses. Tras una reunión con líderes socialistas de Aragón, Valencia, Murcia, Cataluña y La Mancha para medir las consecuencias de este acuerdo, Ferraz reconoció que el trasvase será permanente, y lo justificó por los eventuales fallos de la futura desalinizadora de El Prat (Barcelona), que entrará en funcionamiento previsiblemente en junio de 2009. Un argumento, aseguran en el PP, perfectamente válido para toda la España seca para reclamar un trasvase. La desaladora de Barcelona, por otra parte, tardará muchos años en estar a pleno rendimiento, por lo que el trasvase, aseguran los expertos, se utilizará de forma permanente, desmintiendo así las explicaciones del PSOE.

Mientras tanto, la Generalitat ha hallado la fórmula para tapar la boca a algunas de las voces críticas con el trasvase del Ebro a Barcelona, las de los regantes. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunció que el Real Decreto que recogerá el proyecto de prolongar el minitrasvase del Ebro a Barcelona contemplará la posibilidad de que la Generalitat compre los derechos de agua de los regantes de toda la cuenca catalana del Ebro, no sólo los del Delta. Baltasar no aclaró quién costeará la compra de estos derechos, aunque espera que sea el Estado. De ser así, faltaría por ver si iría a costa del montante del Estatuto.

El Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas urgentes para hacer frente a la desaceleración económica, que supondrán una inyección de 10.000 millones de euros, y previsiblemente dará luz verde al decreto que permitirá abastecer el área de Barcelona con agua del Ebro.

En la reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobarán también muchos de los nombramientos de altos cargos pendientes.

Precisamente ayer, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, convocó para el próximo sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del »ministrasvase» del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según fuentes del Ministerio.

Así, Espinosa se reunirá con los consejeros regionales este sábado en Madrid para explicarles la medida acordado esta semana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño, si persiste la sequía.

Murcia y Valencia piden recuperar el «trasvase»

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pidieron ayer al Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe hoy recuperar la «totalidad» del trasvase del Ebro y advirtieron de que, en caso contrario, presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que el trasvase a Barcelona se amplíe al resto de comunidades en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución.

Además, avanzaron que, aunque no promoverán ninguna manifestación, respaldarán aquellas que se convoquen y se pondrán «sin complejos de ningún tipo a la cabeza de las mismas». Otro de los acuerdos que tomaron es reclamar «utilizar los derechos de agua adquiridos por los regantes del Ebro» y generar bancos de agua.

El grupo municipal de IU, socio del gobierno socialista de Carmen Oliver, se mostró ayer contrario a que la ciudad de Albacete tenga que volver a abastecerse de los pozos, ante las escasas reservas que hay almacenadas en el pantano de Alarcón.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, lamentó que la ciudad vaya a volver a verse «perjudicada» por una «mala gestión de los recursos hídricos» de la que responsabilizó, en última instancia, al Ministerio de Medio Ambiente.

En rueda de prensa, expuso que su grupo comprende los esfuerzos que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en estos últimos años y admitió que la situación de reservas hídricas es «grave» por eso «entendemos las medidas que propone». Eso no quiere decir que la coalición las comparta.

Rosario Gualda explicó que Albacete «tiene prioridad» en el uso del agua del Júcar para abastecer a su población, por ello rechazó que se plantee a la capital reabrir sus pozos, mientras se sigue abasteciendo a otras poblaciones como Valencia que «pertenecen a otra cuenca» y se mantienen regadíos con aguas superficiales.

Aunque valoró la adopción de medidas como los recortes de agua que usan los regadíos de la ribera baja del Júcar, Gualda opinó que «si se hubiera adoptado antes esta medida, Albacete no tendría que haber vuelto a abrir sus pozos, porque sólo estos regadíos consumen 300 hectómetros cúbicos».

En esta misma línea, también criticó que desde 1976 la ciudad de Valencia tome agua del Júcar para abastecerse en lugar de surtirse del Turia que es su cuenca. La capital valenciana, recordó, viene tomando del Júcar entre 60 y 90 hectómetros cúbicos, cuando Albacete apenas consume unos 15 hectómetros. «Entre 1996 y 2004, cuando gobernó el PP, Valencia se abasteció en gran medida del Júcar, reservándose el agua del Turia para regar las huertas y para mantener esos desarrollos urbanísticos insostenibles que han hecho a Valencia y a Murcia muy prósperas», criticó Gualda, que lamentó que ahora en Castilla-La Mancha, con un gobierno socialista, se trate de copiar este modelo.

«¿Cómo se puede proyectar una urbanización de 1.800 viviendas y campo de golf como La Losilla cuando en Albacete tenemos que beber agua de los pozos?», se preguntó la edil de IU, que añadió «y eso, por no hacer mención a las derivaciones de agua para parques temáticos que se quieren hacer en Ciudad Real».

Las zonas metropolitanas de Valencia y Alicante y la localidad de Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se abastecen desde hace años a través de canalizaciones similares a la acordada por el lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para suministrar la zona metropolitana de Barcelona. Y la figura jurídica que permite comprar derechos de riego y que posibilita la compra de 40 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Delta del Ebro para servir las necesidades de Barcelona fue aprobada en octubre de 2004 por el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se ha usado de forma habitual para garantizar el suministro en el territorio valenciano.

La noticia en otros webs

• webs en español
• en otros idiomas

La compra de agua es paralela a los trasvases que acuerda el Gobierno

José Ramón García Antón, consejero de Agua y Medio Ambiente, confesó ayer que los problemas de abastecimiento de agua en la Comunidad Valenciana son «muy puntuales». Pero la Generalitat valenciana, con su presidente Francisco Camps al frente, ha puesto el grito en el cielo ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para construir un canal de 48 kilómetros que permitirá abastecer la zona metropolitana de Barcelona, que solo dispone de agua para tres meses. Camps afirma que los valencianos han sido «humillados» y exige el mismo trato que los catalanes.

Pero lo cierto es que entre 2006 y 2007, la Comisión Permanente para la Sequía, en la que participan la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, ha acordado la compra de 72 hectómetros procedentes del Tajo a los regantes del Canal de Las Aves y otros 60 a los regantes del Júcar, también en Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Medio Ambiente ha pagado más de 40 millones de euros desde 2006 para abastecer los Canales del Taibilla a través del trasvase Tajo-Segura y para garantizar el caudal del Júcar.

La Generalitat valenciana siempre ha apoyado las compras de derechos de riego en las reuniones de la Comisión Permanente para la Sequía. El Ayuntamiento de Valencia, sin embargo, ha optado por abstenerse, pero nunca ha votado en contra.

De hecho, los 60 hectómetros cúbicos comprados a los regantes del Júcar desde 2006 han garantizado el caudal ecológico del río y, una vez embalsados en Tous, el abastecimiento del área metropolitana de Valencia, donde residen millón y medio de vecinos, a través de la canalización entre el Júcar y el Turia, una conducción de 60 kilómetros, en servicio desde 1979, que conecta Tous con la localidad de Manises y se prolonga hasta Sagunto. Del mismo modo, los 72 hectómetros cúbicos negociados con los regantes del Tajo han suministrado la impresionante red de más de 1.000 kilómetros de los Canales del Taibilla, unas arterías que se construyen desde 1945 y abastecen a 76 localidades de Alicante, Murcia y Albacete donde residen un total de dos millones y medio de vecinos.

Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se nutre a través de un tercer trasvase de 48 kilómetros que aprobó la Generalitat en 1999 y está en servicio desde 2001. La canalización complementa el sistema de abastecimiento diseñado por García Antón cuando era ingeniero municipal de Benidorm, que se basa en la prioridad del uso del agua para boca antes que para riego.

En septiembre de 1999 se aprobó la elevación de aguas de Rabassa a Fenollar, las obras comenzaron en 2000 y en un año concluyeron. La tubería de 48 kilómetros costó 27 milones de euros y permitió a Benidorm disponer de 5,5 hectómetros cúbicos en el primer año completo en servicio y el doble al año siguiente. El 22 de enero dejó de pasar agua por esta conducción porque la cuenca dispone de recursos suficientes.

Las compras de derechos de riego en Castilla-La Mancha se desarrollan al margen de los trasvases a través del Tajo-Segura que aprueba el Consejo de Ministros para garantizar el riego en la huerta del Segura.

El Gobierno ejecuta en la actualidad las obras del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó, una obra que cubre una distancia de 82,9 kilómetros.

Los trasvases no solucionan la sequía, según el Gobierno. Sin embargo, pocos Ejecutivos como el socialista han invertido tanto en trasvases. El Gobierno ha aprobado un trasvase del Ebro a Barcelona y ejecuta el Tajo-Guadiana, el Júcar-Vinalopó, y el 15 de febrero pasado aprobó un trasvase de agua del Guadiana al Guadalquivir. La de las trasvases es sólo una de las confusiones de la guerra del agua.
¿EL GOBIERNO TRASVASA? Sí con otro nombre
El Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro al llegar al poder. El trasvase pretendía llevar excedentes del río a Valencia, Murcia, Almería y Barcelona. El programa electoral del PSOE decía que la obra beneficiaba más a los especuladores que a los agricultores. No engañó a nadie con la decisión.
A la vez, el Ejecutivo construye un trasvase entre dos de las mayores cuencas de España, del Tajo al Guadiana (en Castilla-La Mancha), para abastecer a 58 municipios y casinos y hoteles como la del futuro Reino de don Quijote (Ciudad Real). El Gobierno lo llama ‘tubería de la llanura manchega’, nunca trasvase. Además, construye un trasvase del Júcar al Vinalopó (en Valencia) y aprobó uno del Guadiana al Guadalquivir. El 15 de febrero pasado aprobó un envío de 4,99 hectómetros ‘de la cuenca Atlántica Andaluza al Guadalquivir’. La cantidad es la máxima que se puede trasvasar sin una ley. El agua sale del anillo hídrico de Huelva, en gran parte del Guadiana. Estos trasvases son, eso sí, mucho menores que el derogado del Ebro, del que había dudas sobre su coste y que no habría llegado a tiempo para la sequía. También ha invertido en mejorar el trasvase reversible Ebro-Pas (Cantabria) y en el Tajo-Segura, que Castilla-La Mancha quiere derogar.
¿QUÉ PASA EN BARCELONA? Agua hasta octubre
El área metropolitana y sus más de cinco millones de habitantes se quedan sin agua. Barcelona pertenece a las Cuencas Internas de Cataluña, competencia de la Generalitat. Sus embalses están al 21,6%, sólo almacenan 149 hectómetros, lo que garantiza el abastecimiento hasta octubre.
¿TIENE AGUA EL EBRO? Cuenca al 61%
Rodeando a las Cuencas Internas de Cataluña está la cuenca del Ebro, que abarca a nueve comunidades y que gestiona el Gobierno. Mientras Barcelona se seca, el Ebro almacena casi 4.522 hectómetros (al 61,1% de su capacidad). Sólo el embalse de Mequinenza, en el límite entre Zaragoza y Cataluña, almacena 1.334 hectómetros, casi 10 veces más que Barcelona y suficiente para abastecer a más de 15 millones de personas durante un año.
¿CUÁL ES LA OPCIÓN ELEGIDA? Una tubería desde el Ebro
La Generalitat propuso un trasvase desde el Segre (en Lleida, en la cuenca del Ebro) a Barcelona. El trasvase -la Generalitat evitó el término hasta que el diccionario lo impuso- es un proyecto de 1967, que entonces fue descartado por el escaso caudal del Segre. El agua que necesita Barcelona supondría secar prácticamente el río. El Gobierno lo ha rechazado. La Generalitat planteó la obra sin explicar que el Segre no es suyo. El precedente era inasumible para el Gobierno: ¿qué pasaría si Castilla y León desvía por su cuenta un río del Ebro hacia el Duero?
La opción del Gobierno es trasvasar el agua directamente del Ebro, algo que ha aceptado la Generalitat. Se trata de prolongar el llamado minitrasvase del Ebro que desde 1989 abastece a Tarragona. Con una tubería de 62 kilómetros se puede llevar el agua y evitar las restricciones. La tubería irá paralela a la autopista AP-7 para evitar las expropiaciones. El derogado trasvase del Ebro preveía enviar agua a Valencia, Murcia y Almería, pero también una tubería para trasvasar 190 hectómetros al año a Barcelona, cuatro veces mayor que el actual.
¿ES UN TRASVASE? El diccionario dice que sí
Llevar agua de una cuenca a otra es un trasvase. El Gobierno niega categóricamente que esto lo sea, en contra de lo que afirman la oposición, los ecologistas y hasta los socios del PSC en el Ejecutivo catalán. El truco está en que no se trasvasa caudal del Ebro directamente, sino que moderniza regadíos en la cuenca del Ebro. Con esa obra prevé ahorrar 50 hectómetros, que enviará a Barcelona. En teoría, el balance es cero y el Ebro no pierde agua. En la práctica, buena parte del agua que se pierde en los regadíos ineficientes vuelve al río tras filtrarse por el subsuelo.
¿Y EN OTRAS PARTES? Negocio con bien público
La primera opción era comprar derechos de agua, como los que los arroceros de Sevilla venden a los invernaderos de Almería y que se envía a través del trasvase Negratín-Almanzora. Los regantes del Segura pagan seis millones a los de Madrid por 31 hectómetros. Estos hacen un fabuloso negocio con un bien público como el agua. El decreto-ley de 2005 que permite esto afirma que estas ventas ‘se computarán como volúmenes trasvasados’. El Gobierno de Murcia pidió sin éxito a Narbona que le dejara construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón.
¿Y LOS BARCOS? Caro pero sin problemas
Barcelona recibirá también agua en barco desde Tarragona, Marsella y Almería. Costará 22 millones al mes por 2,6 hectómetros. El agua desalada costará 8,5 euros por metro cúbico. Esto es muchísimo si se compara con el agua normal (la desalada cuesta 0,5 euros) pero es nada si se compara con no beber.
¿SOBRA AGUA EN ALMERÍA? Desaladora ociosa
Por paradójico que parezca, la desaladora de Carboneras, en medio del desierto del Cabo de Gata, está ociosa. La planta, terminada en 2002, es demasiado grande, está en mal sitio y faltan tuberías para usar el agua. Sólo funciona al 20% de su capacidad. El PP se opone a enviar agua en barco y dice que falta agua en Almería. Sí, pero no en Carboneras.
¿Y DESALAR EN BARCELONA? Cinco meses de retraso
El Gobierno planeó dos desaladoras en Barcelona y prometió que estarían listas antes de 2009. La obra se retrasó porque la Generalitat pidió ejecutar las obras. El traspaso de fondos europeos llevó meses y la desaladora estará en mayo de 2009. Son cinco meses de retraso -otras llevan más y en cuatro años sólo hay dos nuevas- pero llegan tarde.
¿POR QUÉ SE OPONE ARAGÓN? Está en el Estatuto
Aragón se opone porque se opuso al trasvase del Ebro, aunque la toma estaba prevista en la desembocadura del río, lejos de Aragón. Además, el Estatuto aragonés, aprobado por unanimidad, insta a Aragón a ‘velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas de las que forma parte la comunidad’. El estatuto se reserva 3.000 hectómetros al año más de los que consume actualmente. Con eso pretende regar unas 100.000 hectáreas del desierto de los Monegros y complejos como el nuevo Las Vegas.

Asaja de Castilla-La Mancha insta al Gobierno Regional a «promover» una manifestación ciudadana en defensa de los intereses del agua en la comunidad autónoma. Así lo pidieron ayer el secretario general y el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda y Fernando Villena, respectivamente, que anunciaron una protesta en Toledo por todos los problemas que tiene el campo, entre ellos el del agua.

El PP popular registró ayer una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno regional explique de forma urgente qué alternativas al final del trasvase Tajo-Segura maneja ante posibles modificaciones de la reforma estatutaria en el Congreso y por qué ha dado «la batalla política por perdida».

Así lo expuso el diputado del PP Leandro Esteban, quien ha mostrado su asombro y su «honda preocupación» al leer que el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, planteara que se barajan diferentes opciones ante la posibilidad de que las Cortes Generales no acepten lo establecido en el Estatuto en materia hidráulica.

Esteban, secretario segundo de la Mesa de las Cortes, dejó claro que el PP de Castilla-La Mancha defenderá lo pactado en ese texto -la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015- «hasta las últimas consecuencias».

«Pero antes -indicó- la Junta, a ser posible el presidente regional, José María Barreda, debe dar cuenta en las Cortes, institución que aprobó la propuesta de reforma estatutaria por unanimidad, de qué alternativas baraja a la caducidad del trasvase y de por qué se plantea esas alternativas sin que nadie se lo haya pedido».

A su juicio, el Ejecutivo de Barreda «se pone la venda antes de que le salga la herida» y asume la «derrota» de las aspiraciones de Castilla-La Mancha con antelación, con una actitud «entreguiza y genuflexa».

Esteban opinó también que las palabras de Lamata demuestran que el PP acertó al advertir de que el nuevo Gobierno de España es malo para la comunidad autónoma, que «no tiene absolutamente ningún peso» en él.

«Barreda no cuenta para Zapatero, Castilla-La Mancha no cuenta para Zapatero», subrayó el parlamentario, quien arremetió contra la política «negativa, de enfrentamiento» del Gobierno de España en materia de agua.

Por su parte, el PSOE aseguró ayer mantiene su intención de «pelear» por el Estatuto de Autonomía tal como se aprobó en las Cortes regionales, con el fin del trasvase Tajo-Segura en el 2015, tal y como aseguró ayer el portavoz parlamentario, Santiago Moreno, quien añadió que nadie ha dicho «ni en público ni en privado» algo que lo minore.

«Se inventan problemas»

Moreno respondió así a la iniciativa del PP y fue rotundo: «niego la mayor», y añadió que no sabe de dónde ha sacado esa información el PP, que «es experto en inventarse problemas donde no existen y en inventarse declaraciones donde no las hay. Yo no he escuchado esas declaraciones de que se estén barajando alternativas», afirmó.

Moreno recordó que el proceso de aprobación de la reforma del Estatuto en el Congreso de los Diputados no ha empezado todavía e hizo hincapié en que «nadie que yo conozca ha hecho ninguna reflexión ni en público ni en privado de que haya aspectos que minoren el Estatuto que deseamos para Castilla-La Mancha».

El PP ha traído «un debate ficticio sobre algo que no existe», además, dijo, Castilla-La Mancha «necesita el Estatuto más ambicioso posible, el que aquí se aprobó, y así se defenderá en Madrid».

Para ello, según Moreno, «necesitaríamos al PP al lado», y en lugar de eso, está «poniendo chinitas y sembrando dudas».

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, darán carta de naturaleza mañana a un frente reivindicativo común dirigido a denunciar en las instituciones la decisión del Gobierno de trasvasar agua sólo para Cataluña y a exigir la recuperación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) como la única vía posible de desarrollar una política hídrica «realmente solidaria» a escala nacional.

La creación de este frente común, que incluye el recurso a la vía legislativa, supone una acción complementaria al calendario de movilizaciones que ambas comunidades autónomas diseñan contra la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de autorizar para Cataluña lo que niega al resto del Levante español.

Igual que hace cuatro años

Si en 2004 los presidentes valenciano y murciano se sorprendieron de la derogación del trasvase del Ebro, en un pacto a hurtadillas de Rodríguez Zapatero con sus entonces socios de ERC previo a las elecciones generales, ahora, en 2008, han vuelto a quedar atónitos al ver cómo ese trasvase se hará pero sólo hacia Barcelona.

Semántica aparte (trasvase, transferencia, conducción…), lo cierto es que el agua del Ebro irá al área metropolitana de Barcelona por un procedimiento que ya pidió Valencia a finales del año 2006 y le fue denegado. Como también pasó luego con la propuesta de utilización del agua del río Bergantes, afluente del Ebro que discurre por el norte de la provincia de Castellón.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, explicó ayer en este sentido que el Ministerio de Igualdad debería iniciar su trabajo garantizando la igualdad de los españoles en materia de agua, para evitar que se produzcan discriminaciones en el abastecimiento por razón de residencia.

Una reunión con la ministra

El clima de crispación que ha generado la decisión del recién estrenado Gobierno de Zapatero no ha cerrado las puertas al diálogo y así el Ejecutivo valenciano mantiene la mano tendida y ya ha solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

Hasta la fecha nunca han podido celebrarse reuniones entre el Ejecutivo de Camps y la titular de Medio Ambiente que precedió a Espinosa en el cargo (Cristina Narbona), por lo que en el Gobierno valenciano tienen la íntima convicción de que la nueva ministra será más receptiva con las peticiones de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

En todo caso, la ofensiva institucional seguirá teniendo una de sus patas en el Parlamento autonómico. Para ello, el grupo popular en las Cortes Valenciana ha presentado una proposición no de ley para que el legislativo refrende el «informe Camps» aprobado por el Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Europea y que sea remitido al Gobierno central para que rectifique su política hídrica.

García Antón y el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, presentaron la iniciativa parlamentaria, que reclama al Ejecutivo de Zapatero que cumpla con los principios de solidaridad, igualdad y no discriminación ejecutando de nuevo el trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y el Segura.

El consejero recordó que el uno por ciento de la cuenca del Ebro son tierras valencianas, por lo que a la Comunidad le corresponden 180 hectómetros cúbicos de agua de ese río.

El documento que votarán los diputados recoge un apoyo explícito al proyecto de trasvase de aguas del Ebro para abastecimiento humano de la ciudad de Barcelona. El portavoz popular destacó que el «informe Camps» refleja la filosofía del PP en materia de agua y afirmó que el documento es «coherente, solidario y plantea soluciones globales».

Esperanza Aguirre, el lunes

A este eje que hará frente a la política hídrica de Zapatero se sumará el próximo lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien mantendrá una reunión en la capital de España con el propio Francisco Camps. Aguirre reactivará así el llamado «eje de la prosperidad» (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares) con Camps y también pedirá la solidaridad en el tratamiento de la sequía para todas las regiones españolas.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha mantenido una ronda de contactos con los principales usuarios de tomas directas de agua del Júcar para conseguir que este colectivo, que no forma parte de la entidad, se turne en los riegos y se evite una situación como la de días pasados, cuando el río apareció seco a la altura del paraje de Cuasiermas.

El presidente de la JRCMO, Francisco Belmonte, subrayó la favorable disposición de los titulares de concesiones de aguas superficiales del Júcar, algunas con varios siglos de antigüedad, para escalonar los riegos, lo que a su juicio es un ejemplo de que «el regante albaceteño es sensato y disciplinado».

Belmonte, quien indicó que no hay un dato global de la cantidad de agua que suponen los derechos de estos regantes -muchos de ellos ubicados en la zona de Tarazona de la Mancha, aunque hay más municipios-, señaló que «el total de esas concesiones supera a veces el caudal que trae el río, y eso es lo que ha ocurrido y lo que estamos tratando de ordenar».

Las negociaciones se han realizado a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que se ha puesto en contacto con los propietarios más pequeños, mientras que la JCRMO ha mantenido reuniones particulares con los usuarios que extraen un mayor volumen de agua.

En concreto se trata de nueve propietarios de tomas directas del río, con más de 50 hectáreas de riego y que en dos casos son comunidades de regantes. Todos ellos, según comentó Francisco Belmonte, han mostrado su disposición a colaborar para evitar que el río llegue a secarse, e incluso tres de ellos se han comprometido a dejar de utilizar el agua del Júcar a la que tienen derecho, añadió el presidente de la JCRMO.

En cuanto a la forma en la que se llevarían a cabo los turnos de riego, una de las posibilidades que se barajan es que los regantes de la orilla izquierda utilicen las tomas en días impares y los de la margen derecha los días pares, aunque todavía no hay nada decidido al respecto.

El máximo representante de los regantes de la Mancha Oriental comentó que el caudal del río se ha mejorado tras el episodio de hace unos días en Cuasiermas e incluso se ha multiplicado por dos en el tramo de Alcalá del Júcar, e insistió en que la principal preocupación de la entidad a la que representa es conseguir mantener el caudal ecológico del río.

Para ello, manifestó que «todos debemos hacer nuestro trabajo», recordando las tres convocatorias para la adquisición de derechos de agua que se han realizado este año -el plazo para adherirse a la tercera finaliza mañana- y a las que se han sumado los regantes albaceteños.

«Aquí se están haciendo las cosas bien», comentó Belmonte, quien recordó que la CHJ acaba de publicar un informe sobre Gestión de la sequía en el que se reconoce que «una de las cuatro masas de agua en España que se encuentra mejor ahora que cuando empezó la sequía es, precisamente, la de la Mancha Oriental».

Gestión

En su opinión, los regantes albaceteños están dado ejemplo de lo que supone gestionar de forma adecuada las aguas subterráneas, indicando en este sentido que «la sequía del año 94 nos sirvió para eso», por lo que confió en que, de igual modo, «la sequía de 2007 y 2008 nos enseñe a gestionar las aguas superficiales».

En cuanto a la aplicación del Plan de cuenca, que está pendiente de revisión, Francisco Belmonte comentó respecto a la situación en otras comunidades autónomas que la Generalitat Valenciana «tiene que hacer realidad los compromisos que adquirió en 1997, que suponían modernizar sus regadíos en el plazo de cinco años y que aún sigue sin cumplir».

Igualmente, insistió en que «nosotros continuaremos con nuestro compromiso con la sostenibilidad del río, aunque sea un río del que apenas nos dejan participar».