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Los socialistas alegan que la conducción es una medida «reversible por una situación de emergencia

La conducción que llevará agua del Ebro hasta Barcelona «no es un trasvase, sino una medida «provisional y reversible, que soluciona un problema de desabastecimiento acuciante de agua» en la capital catalana, aseguró ayer el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Corts, Francesc Signes. «Los barceloneses tienen suministro para 20 días y nosotros apoyamos esta medida como lo haríamos si se tratara de Valencia».

Signes destacó que en la capital valenciana esta situación no se había producido porque se ha hecho una buena gestión del agua, y porque se han comprado derechos a los regantes manchegos. «El canal Júcar-Túria ha hecho posible que Valencia nunca haya estado en la situación de desabastecimiento en la que se encuentra ahora Barcelona».

En opinión del parlamentario socialista, «la discriminación a la Comunitat en temas de agua no la ejerce el Gobierno sino la actitud de la Generalitat». Asimismo, indicó que el presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, «ha apostado por el diálogo, ha atendido a los criterios del Gobierno y ha renunciado al trasvase que pedía desde el Segre al Llobregat porque ha constatado que es más rápido y eficaz llegar a acuerdos».

El Gobierno central comprará a Aguas de Tarragona los derechos de agua de los regantes del Ebro que no se utiliza para poder abastecer a Barcelona. «Esto no es un trasvase y demuestra que una adecuada gestión del agua es más eficaz, rápida y segura que estas infraestructuras».

A su juicio, el presidente del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, y el PP «siguen mintiendo y engañando a los valencianos de forma descarada e intolerable intentado disfrazar de trasvase lo que no es más que la cesión de un agua asignada al regadío para un fin distinto como es el abastecimiento». En este sentido, explicó que esta medida, conocida como bancos del agua, «figura en el programa AGUA del Gobierno».

«Camps denuncia discriminación cuando el Ejecutivo central lleva tiempo haciendo lo mismo que ahora hace en Catalunya para la Comunitat», aseguró el dirigente socialista.

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Los vecinos piden que el agua de los pozos se destine a regar y la superficial a beber

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (Fava) reclamó ayer que el agua de subterránea de los pozos se destine a la agricultura y la superficial procedente del río Júcar sea para beber, mientras se construye la planta de ósmosis inversa, «para garantizar una mayor calidad del agua destinada a consumo humano».

Así lo aprobó ayer la asamblea celebrada por el movimiento vecinal que consideró que debe ser prioritario el abastecimiento humano a la agricultura. El presidente de la Fava, Francisco Hurtado, admitió que los vecinos «están preocupados» por la calidad del agua de los pozos «y nos preocupa que el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta no tomen medidas en ese sentido». «Queremos que la poca agua que tenga el río se destine a consumo humano» reivindicó el máximo dirigente del movimiento vecinal que incluso reclamó que «se riegue menos en la parte alta del río» y abogó por un cambio de cultivo hacia productos que requieran de un menor consumo de agua.

La asamblea de la Fava también sirvió para aprobar otras dos mociones presentadas por la Asociación de Vecinos de Fátima, para solicitar que el Conservatorio Superior de Música se instale en la ciudad de Albacete (una vieja reivindicación) y para que se abra un nuevo puesto de Urgencias en el Hospital Perpetuo Socorro. En este sentido, Hurtado consideró positivo el traslado de las Urgencias de Atención Primaria desde Pedro Coca al centro de Salud del barrio Cañicas, aunque abogó porque la ciudad tenga un nuevo punto de atención de las Urgencias extrahospitalarias «para desahogar la situación del Hospital».

Priorizar las demandas

Hurtado también valoró la disposición de la nueva alcaldesa, Carmen Oliver, para trabajar por los barrios, «porque vamos a empezar a trabajar con presupuestos encima de la mesa para atender las necesidades más imperiosas que tengamos». El máximo responsable del movimiento vecinal explicó que la Federación está trabajando en la elaboración de un documento que recoja también de manera gráfica, las necesidades que tenga la ciudad y que será analizado por una comisión que se creará por el Ayuntamiento y con la participación de los vecinos para priorizar las demandas de cada uno de los barrios.

En este sentido, se mostró preocupado por la situación del barrio Cañicas que consideró «inhumana» la situación en la que se encuentra y criticó que «a los plenos se lleven peticiones de barrio independientes y se dejen atrás otras necesidades más urgentes». Así, consideró prioritario que se acometa el asfaltado de un gran número de calles para que pueda llevarse a cabo la señalización vertical «porque mientras se sigan abriendo calles para meter nuevos servicios no se puede acometer».

La Fava aprobó también ayer el presupuesto del 2008 que ascenderá a 190.000 euros y estudiará, a través de una comisión, la integración en la asociación que se ha creado del Foro de la Participación.

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Y Espinosa engulló a Narbona…

El 30 de noviembre de 2004, Medio Ambiente llevó al Consejo Nacional del Agua su propuesta de crear un impuesto sobre el agua para reducir el despilfarro. La medida estaba pactada con Agricultura, pero ya en la puerta, el representante de este último ministerio, Francisco Amarillo, se volvió hacia el de Medio Ambiente, Jaime Palop, y le anunció que iba a votar en contra del proyecto de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

       

      Fue el primer gran choque entre los dos ministerios, que han convivido porque no tenían otro remedio. Mientras uno hablaba de reducir el consumo de agua, el otro fomentaba el regadío; si Narbona pedía contención en las cuotas pesqueras, Espinosa se ufanaba de lograr en Bruselas cupos superiores a los recomendados por los científicos, y si la ministra de Medio Ambiente se enfrentaba a cazadores y agricultores, Agricultura no salía a defenderla.

      Por eso, la decisión de Zapatero de unir los dos ministerios dejó atónito al equipo de Narbona. No sólo porque no seguía la ministra, algo que el sector daba por casi seguro, dado su gran cantidad de detractores (De la Vega entre ellos), sino porque le entregaban las llaves a Agricultura.

      Quizá para evitar que la derrota del medio ambiente sea total -desaparece el ministerio que Aznar creó en 1996-, va primero en el largo nombre: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural.

      Medio Ambiente será clave ya que probablemente, Espinosa y su equipo no pongan tantas pegas como hasta ahora en las declaraciones de impacto ambiental, algo vital para el desarrollo del plan de obras públicas con el que Zapatero intentará paliar el paro de la construcción.

      Espinosa asume un gran ministerio con competencias amplísimas (agricultura, pesca, agua, alimentación, biodiversidad, incendios, ganadería, enfermedades de origen veterinario, caza…) y mantiene la lucha contra el cambio climático, algo que según Zapatero es uno de los grandes retos de la legislatura. Además, gestionará Salvamento Marítimo y la contaminación en la costa, hasta ahora en manos de Fomento.

      Pero el panorama es más que complicado: el precio de los cereales y de la cesta de la compra está disparado, las emisiones de CO2 crecieron en la pasada legislatura cerca de 10 puntos y España se ha alejado aún más del protocolo de Kioto. Además, la guerra del agua se agravará mañana cuando el Gobierno anuncie la construcción de un trasvase del Ebro a Barcelona paralelo a la AP-7 para evitar las restricciones. Gestionar la sequía y recuperar apoyos en Valencia y Murcia será su primer gran reto, así como culminar el plan de desaladoras que Narbona no supo hacer en cuatro años.

      Espinosa (Ourense, 1960) tiene un perfil gestor y quienes la conocen dicen que es una trabajadora incansable. Su antecesora, Narbona, más política, se enfrentó a comunidades de todos los colores (también socialistas), a cazadores, regantes, constructores… Greenpeace o WWF/Adena defendieron su gestión y señalaron que «ni ella ni su equipo merecían tanto castigo».

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      Espinosa recibe el encargo de liderar la lucha contra el cambio climático

      Elena Espinosa ha recibido el encargo del presidente del Gobierno de liderar la lucha contra el cambio climático, la «gestión integral del agua», además de las política de Agricultura, que se integrarán en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

      Espinosa, nacida en Orense en 1960, ha sido militante socialista desde su juventud y fue alumna del actual secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela.

      En 1985, pasó a formar parte de la denominada Zona de Urgente Reindustrialización, órgano creado por el Gobierno de Felipe González para potenciar las comarcas más afectadas por el proceso de reconversión industrial de 1984 y en el que permaneció hasta 1988, año en que fue nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo.

      En la anterior legislatura ostentó el cargo de ministra de Agricultura Pesca y Alimentación.

      Tal y como avanzó José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, combatir el cambio climático será una «prioridad» para el nuevo Ejecutivo. De ahí la creación de este «gran ministerio», responsable de la «gestión del territorio para que quienes vivan de él aseguren su protección».

      La ‘guerra del agua’ y el cumplimiento del Protocolo de Kioto son los principales desafíos ambientales de este nuevo ministerio, que inicia su andadura con controversias con la Generalitat de Cataluña, debido a la oposición del Gobierno central a realizar un trasvase de agua desde el Segre (afluente del Ebro) para evitar los cortes de suministros de agua en el área metropolitana de Barcelona a partir del próximo otoño.

      El próximo mes de mayo la Generalitat tiene previsto decretar el nivel I de emergencia por lo que al nuevo titular de Medio Ambiente le urge buscar y negociar soluciones alternativas al trasvase preferido por el Ejecutivo catalán. Pero los conflictos sobre el agua no terminan en los problemas de abastecimiento de Barcelona. La anterior legislatura no pudo sacar adelante la reforma de la Ley de Aguas, para adaptar a la directiva europea, que exige, entre otras cosas, que se fije un precio del recurso que refleje realmente su coste.

      A pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que en 2012 esté solucionado el problema del agua en todas las comunidades autónomas, durante el discurso de investidura, para lo que apuesta por las desaladoras. La UE también exige que en 2009 estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca.

      Pero la ‘guerra del agua’ es, sobre todo, la que enfrenta a unos territorios contra otros en el Tribunal Constitucional. En estos momentos, tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja) han recurrido el estatuto catalán por competencias en materia de agua. Además, Extremadura ha recurrido tanto el andaluz como el de Castilla y León por la misma causa, y La Rioja ha hecho lo propio con el estatuto aragonés. Las decisiones del Alto Tribunal también marcarán la política de agua del Gobierno.

      Emisiones de CO2

      Por otro lado, la ministra deberá hacer frente en esta legislatura al cumplimiento del Protocolo de Kioto para luchar contra el cambio climático. El convenio internacional obliga a España a no incrementar en más de un 15 por ciento en 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero en España, cuando en el último año este porcentaje ya ha superado el 50 por ciento de crecimiento. El Ejecutivo se propone poner en marcha una Ley de Eficiencia y Ahorro Energético, promover las energías renovables y estudiar la llamada ‘fiscalidad verde’.

      Aunque forma parte de las competencias de Industria, la nueva titular de Medio Ambiente deberá posicionarse respecto a la energía nuclear. Aunque el programa socialista comprometía el cierre de las centrales nucleares al final de su vida útil, Zapatero abrió la puerta a una nueva reflexión durante el discurso de investidura cuando condicionó su apoyo o rechazo a las nucleares a la disponibilidad energética y las directrices europeas. La Central de Garoña, en Burgos, finaliza su vida útil el próximo año, y el Ejecutivo deberá decidir si amplía la autorización del titular o desmantela la instalación.

      Reforma de los cultivos mediterráneos

      En el ámbito de la Agricultura, el principal reto al que ha de hacer frente Espinosa es la reforma de los cultivos mediterráneos, cuyas negociaciones aplazó la Presidencia irlandesa de la UE al 19 y 20 de abril ante las dificultades de los Estados miembros de acercar posiciones y por la postura del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que se mostraba inflexible en sus planteamientos sobre el régimen de ayudas.

      Los Estados miembros se enfrentan a mayores presiones de lo habitual para cerrar las reformas de la Organización Común de Mercado (OCM) de aceite de oliva, algodón y tabaco a más tardar el próximo 26 de abril, fecha del último Consejo de Ministros europeos de Agricultura antes de la entrada a la UE de los países candidatos.

      Programa Socialista

      En esta materia, el programa del PSOE contempla también, entre otros aspectos, la aprobación de una Ley Básica de Orientación Agraria como instrumento de una agricultura sostenible basada en el modelo de agricultura familiar y la aprobación de un nuevo Plan de Regadíos para hecer efectiva la modernización de los mismos, con, al menos, una actuación anual real sobre 150. 000 hectáreas.

      El nuevo Gobierno pretende además elaborar una Plan de Modernización Agraria, coordinado con las comunidades autónomas, para fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con financiación suficiente para incentivar 10. 000 nuevas incorporaciones anuales en la legislatura.

      En el área de pesca, el PSOE pretende reforzar el papel de España en la Política Común de Pesca, así como exigir de la Unión Europea una política decidida de apoyo al sector pesquero en los acuerdos comerciales con terceros países.

      Asimismo, centrará su atención en la pesca en el Mediterráneo para conseguir unas normas uniformes de conservación y gestión para todas las flotas que tengan en cuenta la especial problemática de este caladero en los aspectos biológicos, económicos y sociales.

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      Medio ambiente. El cambio climático y la escasez de agua, prioridades para esta legislatura

      Las disputas que mantuvieron en los anteriores cuatro años Elena Espinosa y Cristina Narbona como titulares de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, se han saldado con una clara ganadora para esta legislatura. Narbona no repite como ministra y sus competencias han sido traspasadas a Espinosa, que dirigirá el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que la prioridad número uno será la lucha contra el cambio climático, tal y como reconoció el propio presidente del Ejecutivo en sus primeras declaraciones tras ser investido el pasado viernes.

      España está aún bastante lejos de cumplir los objetivos fijados en el protocolo de Kioto (reducir en 2012 un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, cuando ahora las supera en un 48%) y las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura, sobre todo la potenciación de las energías renovables y la fiscalidad medioambiental para el transporte, no han surtido los efectos deseados.

      La irrupción del nuevo ministerio, que podría ser interpretado como beneficiosa para ganaderos y agricultores, que han mantenido buenas relaciones con Espinosa durante estos cuatro últimos años, ha causado justamente el efecto contrario en las organizaciones agrarias. Todas temen que la agricultura pierda peso frente a otros intereses. ‘No me parece bien que le quiten el nombre de Agricultura a un ministerio que lo ha llevado desde la década de los 30, quizá sea porque la defensa del campo irá desde ahora en adelante por otros derroteros más de moda en la actualidad’, aseguró ayer el presidente de Asaja, Pedro Barato.

      Y uno de los primeros frentes de batalla que se puede abrir en breve puede ser con el tema del agua. En la anterior legislatura, Medio Ambiente abogaba por la reducción del gasto hídrico de los agricultores, que representan el 70% del total del consumo, mientras que Agricultura, a través de Espinosa, luchaba por defender el papel del regadío como fuente de riqueza para el sector agroalimentario y como elemento vertebrador del campo.

      La situación puede cambiar en breve. La falta de agua en algunos núcleos urbanos puede obligar a establecer restricciones o tasas por consumos elevados a los agricultores, lo que provocará con toda seguridad movilizaciones, al igual que se produjeron con la subida del precio de los cereales o la leche.

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      El Gobierno adjudica obras al Tajo-Segura para llevar agua a más regadíos de Murcia

      En medio de la polémica por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, demandada desde la Junta de Castilla-La Mancha y rechazada por los gobiernos de Valencia y Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado las obras para dotar de agua del Tajo a los regadíos de la localidad murciana de Pliego. Esta actuación es la única que quedaba por ejecutar para dar por completado el postrasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia y, por tanto, en la Cuenca del Segura.

      Las obras para la «Dotación de los recursos del trasvase Tajo-Segura a los regadíos del término municipal de Pliego» habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en diciembre del pasado año, por parte del Ministerio, que ahora ha adjudicado estos trabajos a la mercantil Ferrovial Agroman SA por un importe de 6.595.000 euros.

      El plazo de ejecución está fijado en 14 meses, según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un comunicado.

      Esta obra -añade el comunicado- supone «otra muestra más del compromiso del Gobierno por asegurar el correcto funcionamiento y la buena gestión de esta infraestructura, además de corregir el agravio comparativo que, años tras año, han venido sufriendo los agricultores de Pliego».

      Pero mientras el Gobierno de Zapatero adjudicada obras para asegurar los regadíos de Murcia a través del acueducto Tajo-Segura, el Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda sigue reclamando que el agua de la cabecera del Tajo se utilice en Castilla-La Mancha. En este sentido, el viceportavoz socialista en las Cortes, José Manuel Caballero, exigió ayer a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que aclare si apoya el «informe Camps» aprobado el jueves en el Comité de las Regiones y si está en contra del trasvase para abastecer a la Llanura manchega.

      «Silencio vergonzante del PP»

      Caballero reclamó a Cospedal que rompa su silencio «vergonzante» en relación con el denominado «informe Camps», un documento no vinculante contra la sequía que defiende la política de trasvases que fue aprobado el jueves en el Comité de las Regiones con el rechazo de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, informa Efe. Al respecto, el diputado socialista preguntó si «la lideresa» del PP castellanomanchego va a llamar a los presidentes de Murcia y de Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, para trasladarles su oposición a dicho texto, o si, por el contrario, «tiene miedo a enfrentarse a sus compañeros del PP».

      El dirigente socialista también exigió explicaciones a Cospedal por las declaraciones realizadas por la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, en las que pidió al presidente de la región, José María Barreda, que aclare si su oposición a la política de trasvases incluye también un rechazo al trasvase del Tajo a la Llanura manchega. Caballero acusó a Guarinos de «cuestionar» esa obra -una «reivindicación histórica» de la Comunidad a través de la cual se dará de beber a más de medio millón de manchegos- al compararla con el trasvase Tajo-Segura.

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      Acciona y Endesa planean aliarse para disputar el mercado internacional de agua

      La división de medio ambiente del grupo de la familia Entrecanales se ha convertido en un pilar de su estrategia de crecimiento, con una inversión, como mínimo, de 500 millones de euros en los próximos años.

      José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, anunció en la última convención de directivos que los pilares que sostienen el futuro de la compañía son la energía, las infraestructuras y el agua. La mención de los dos primeros no causó sorpresa, ya que, a día de hoy, son los motores del grupo.

      El negocio del agua, en cambio, era el mensaje bomba,  ya que se trata de una división relativamente joven en Acciona que, por ingresos y peso en beneficio, está lejos de otras áreas como la inmobiliaria o la de logística y transporte.

      Esto supone que sobre Luis Castilla, responsable de Acciona Agua, van a converger la mayoría de las miradas en los próximos años. El ejecutivo lo sabe y, por eso, ha diseñado un ambicioso plan de crecimiento en el que la internacionalización es la piedra angular.

      La estrategia pasa por incrementar sensiblemente el número de activos en construcción y explotación (desaladoras, depuradoras y ciclos integrales del agua) ,aprovechando el know-how tras la adquisición de Pridesa a RWE y explotando el músculo financiero de la matriz. Gracias a esta combinación entre tecnología y recursos económicos (el plan estratégico contempla inversiones por valor de 500 millones de euros), Acciona acude, normalmente, en solitario a los grandes concursos internacionales.

      Castilla estudia realizar una excepción. Los responsables de Acciona llevan tiempo dándole vueltas a la posibilidad de colaborar con Endesa en el mercado internacional del agua. La eléctrica, en la que la constructora controla el 25%, es, para Luis Castilla, un socio adecuado para participar en los concursos más complejos y caros de desalación, conocidos como Proyectos Independientes de Producción de Agua y de Energía (IWPP, según sus siglas en inglés).

      Se trata de instalaciones muy caras cada vez más demandadas en la región del Golfo Pérsico, ya que combinan la producción de agua desalada y de energía. Para hacerse una idea de sus dimensiones, Arabia Saudí adjudicó el verano pasado al gigante francés Veolia una planta IWPP valorada en 702 millones de euros.

      Según el primer ejecutivo de Acciona Agua, los contactos con Endesa son todavía incipientes, pero la suma de fuerzas garantizaría un consorcio para competir en igualdad de oportunidades con los gigantes estadounidenses y franceses. Estos proyectos están localizados en Emiratos Árabes, Omán Bahrein, Qatar y Arabia Saudí y llevan aparejadas plantas de producción eléctrica de hasta 3.000 megavatios.

      Los países productores de  petróleo son un objetivo estratégico de Acciona Agua, pero no los únicos. El mercado anglosajón y Argelia son los otros dos grandes frentes.

      Australia
      Acciona Agua se convirtió hace unas semanas en finalista en la adjudicación de una planta desaladora de la ciudad australiana de Perth. El otro finalista es el consorcio español formado por Técnica Reunidas y Valoriza, la filial de medio ambiente de Sacyr. Para ambos, se trata de un proyecto emblemático, ya que del éxito en la adjudicación, depende ganar enteros para el mayor contrato de agua en suelo australiano: la construcción y explotación de una planta en Melbourne valorada en unos 2.000 millones de euros.

      Acciona participa en este mercado con el socio británico United Utilites. Ya tiene desplazadas en la zona a cuarenta personas. En opinión de sus responsables, el proyecto es tan complejo (lleva aparejado la instalación de siete kilómetros de tuberías), que sólo será posible formar tres o cuatro consorcios internacionales.

      En Argelia, donde Acciona tenía depositadas muchas esperanzas, las cosas no han comenzado bien. Este país ha licitado cuatro nuevas desaladoras y, a tenor de las ofertas económicas de las dos primeras, los vencedores serán otros. Hiflux, la compañía de capital de Singapur, y la española Abengoa son los favoritos.

      Filial inmobiliaria
      Acciona Inmobiliaria se ha marcado como objetivo reforzar su negocio patrimonial y el de alquiler de viviendas, tanto libres como protegidas, con el fin de sortear la crisis del sector, informa Europa Press. La filial  también potenciara el área de centros comerciales y los activos industriales.

      Salvedades en el negocio de autopistas
      Acciona se ha visto también implicada en uno de los riesgos que pesan sobre el negocio de las autopistas de peaje: las expropiaciones de suelo. La damnificada es la sociedad concesionaria de la Autovía de los Viñedos, en Castilla-La Mancha, una concesión en la que Acciona participa con el  42% del capital. Los otros accionistas son la  constructora Sarrión y Caja Castilla-La Mancha.

      El caso es que, por culpa de esta circunstancia, la auditoría correspondiente al ejercicio 2007 incluye salvedades. Según KPMG,  “se encuentran en tramitación recursos contra la sociedad en relación con el justiprecio de terrenos expropiados para la construcción de la autovía. (…) No es posible determinar el impacto que tendrán en las cuentas anuales”. No se trata de un caso aislado. Varios tribunales han admitido a trámite las denuncias efectuadas por los propietarios del suelo por donde discurren los trazados de peaje.

      Esta circunstancia ha obligado a que, compañías como Cintra tengan que provisionar este riesgo hasta que se dicte una sentencia firme. En el sector, apuntan que si el fallo es desfavorable a los intereses de las empresas, algunas concesionarias podrían correr graves dificultades. Entre los afectados, se encuentran las sociedades que explotan las autopistas radiales de Madrid. El sector y el Gobierno llevan tiempo buscando una solución a este conflicto. Para las compañías, atender estas reclamaciones judiciales supone alterar el equilibrio económico-financiero de la concesión, por lo que el Ministerio de Fomento debería hacerse cargo de esta circunstancia. La Autovía de los Viñedos tiene un plazo de explotación de treinta años.

      Más presencia en la gestión de los ciclos integrales
      ·  Además de la construcción de nuevas instalaciones, Acciona quiere tener mayor presencia en la gestión de ciclos integrales de agua, donde su rival Aqualia (FCC) es el líder del sector, con gran diferencia sobre el resto.

      ·  Los mercados prioritarios, además de España, son los de habla inglesa (Reino Unido, EEUU y Australia), el Golfo Pérsico y Argelia. Otras zonas, como India, entrarían en una segunda fase más a medio plazo.

      ·  Como estrategia, la compañía prefiere acudir a los concursos en solitario, pero, en los proyectos IWPP,  localizados en países productores de petróleo, la participación de Endesa contribuiría a fortalecer las oportunidades del consorcio.

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      Las Cortes piden agua suficiente para el desarrollo de Entrepeñas y Buendía

      El Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer una resolución por la que, entre otras cosas, insta al Gobierno central a garantizar una cantidad estable de agua mínima embalsada en los pantanos de cabecera del río Tajo de Entrepeñas y Buendía para mantener la actividad económica en esta zona.

      PSOE y PP coincidieron en incluir esta petición en sus respectivas propuestas de resolución, aunque la propuesta no pudo ser consensuada por razones formales.

      La iniciativa viene a abundar en el requisito legal de no poder trasvasar agua al Levante a través del Acueducto Tajo-Segura por debajo de 240 hectómetros cúbicos, cantidad muy cercana estos días al agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, que anteayer apenas rozaba los 261 hectómetros. La resolución aprobada fue fruto de un debate general sobre el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía solicitado por el Grupo Popular, que fue seguido desde la tribuna de invitados por el presidente de la Mancomunidad que agrupa a estas poblaciones, Julián Rebollo. El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, defendió el Plan Especial subrayando que no ha pasado un año desde su firma y ya se están llevando a cabo actuaciones que superan más del 43 por ciento del presupuesto, cifradas en 79 millones de euros de inversión sobre un montante global de más de 181 millones hasta 2013. Actuaciones que resumió en infraestructuras de carácter comarcal y medidas con incidencia directa en los 49 núcleos de población y 22 municipios de Cuenca y Guadalajara afectados por este Plan. Guijarro anunció en que las próximas semanas está previsto que comiencen las obras para el abastecimiento mancomunado de agua a los pueblos ribereños. El diputado del PP Porfirio Herrero le dio la réplica denunciando que «en 23 años la Junta no ha realizado acción alguna tendente al desarrollo y mejora de la calidad de vida de estos pueblos ni por compensación, preocupación, interés o razón electoral puntual». Herrero no dudó de las buenas intenciones del Plan, pero aseguró que hasta hoy no hay una sola inversión directa de la Junta de importancia en la zona. La contrarréplica vino del socialista José Molina, quien centró el debate en las necesidades de agua y recriminó al PP haber trasvasado en ocho años la mitad de los 10.000 hectómetros cúbicos derivados al Levante en los treinta años del trasvase Tajo-Segura.

      Guarinos denuncia la «incoherencia» de la Junta sobre los trasvases

      m. canseco / toledo

      Como suele ser habitual en cada Pleno de las Cortes, los grandes debates suelen generar reacciones posteriores de los grupos parlamentarios y ayer no fue una excepción. La portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, se preguntó «cómo era posible» que la vicepresidenta segunda del Gobierno regional y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, estuviera ayer en Bruselas defendiendo la caducidad de unos trasvases, entre ellos el del Ebro, que los populares sostienen que se deben mantener para evitar que ese agua vaya al mar y pueda beneficiar a la España seca. Guarinos denunció la «incoherencia e irresponsabilidad» de Araújo para plantear eso, cuando aseguró que el Gobierno regional «está conforme» y realizando actuaciones favorables a los trasvases internos dentro de la región. «Nadie negará que la Tubería Manchega es un trasvase interno, pero trasvase», señaló. Según Guarinos, lo que el PSOE defendió ayer en Bruselas es que dichos trasvases tampoco se realicen para abastecimiento. La portavoz indicó que al PP le gustaría que la caducidad del Tajo-Segura la defendiera Araújo ante Zapatero y la ministra Narbona.

      Moreno aclara que la Tubería Manchega sólo es para beber

      m. canseco / toledo

      Las declaraciones de Guarinos recibieron la rápida respuesta del Grupo Socialista de labios de su portavoz, Santiago Moreno, quien respondió al requerimiento de Ana Guarinos para que el PSOE explicara si está o no de acuerdo con los trasvases.

      Según Moreno, la postura del PSOE es «clara, nítida y rotunda: no queremos trasvase Tajo-Segura, se mantiene un texto estatutario que nadie de nosotros ha cuestinado ni va a cuestionar».

      Dicha reforma del Estatuto de Autonomía incluye la caducidad del Tajo-Segura en 2015, una fecha que el portavoz socialista apuntó que hasta podría ser anticipada, ya que Zapatero prevé desalar 1.000 hectómetros cúbicos anuales de agua hasta 2012.

      «Debe mantenerse en su integridad la caducidad y si es en 2012 mejor que en 2015», sentenció. En cuanto a los «trasvases internos» criticados por el PP, aclaró que «no es verdad que vamos a llevar agua a la Llanura Manchega para regadíos, sino solamente para beber». Moreno subrayó que lo único que se debe compartir entre comunidades es agua para beber «y lo contrario es enredar por enredar».

      El Comité de Regiones aprueba el informe Camps frente a la oposición de CLM

      la tribuna / toledo

      El Comité de Regiones, el órgano de representación de las comunidades de la Unión Europea, aprobó ayer el conocido como Informe Camps. Este dictamen, que ha promovido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, incluye los trasvases como un recurso para combatir la escasez de agua.

      La representante castellano-manchega en la institución, la vicepresidenta María Luisa Araújo, votó en contra, junto con Cataluña, Aragón, Baleares y Galicia. Aunque también ha contado con el apoyo del grupo socialista europeo, no ha sido suficiente.

      Araújo denuncia que el informe Camps «no se alínea en la misma posición de la Unión Europea». De hecho, su órgano ejecutivo, la Comisión, ya señaló en 2007 que la solución al problema del agua se encuentra en el ahorro y la eficiencia en su utilización. Esta postura coincide con la regional, «tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el Gobierno de Castilla-La Mancha».

      La vicepresidente resalta que al final el informe no ha salido del Comité de Regiones con un voto unánime, sino sólo con una mayoría simple. Además, la delegación alemana ha solicitado la devolución del texto por no haberse consensuado «suficientemente».

      Desde Castilla-La Mancha, el portavoz en materia de agua del PSOE, José Molina, ha pedido al PP regional que se «desmarque» de la política oficial de su partido, que representa el presidente valenciano y su homólogo murciano. Criticó que al PP «se le llene la boca de palabras contra el trasvase», pero que sea el que esté manteniendo una «política trasvasista».

      sólo vinculante. Como el Comité de Regiones es sólo un órgano asesor, el dictamen aprobado no tiene carácter vinculante. En algunos de sus párrafos más polémicos el Informe Camps señala que «se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua (…) siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la calidad de los acuíferos y los caudales ecológicos». El dictamen también hace alusión a la desalación, a la que describe como «un proceso de alto consumo energético, que tiene un fuerte impacto medioambiental».

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