En total el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 24.681 hectómetros cúbicos, 7.652 hm3 menos que el pasado año y 9.894 hm3 menos que en la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) es la que más ha disminuido su reserva con 3 hm3 menos situándose al 55 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca Norte I (sur de Galicia y norte de León) la ha aumentado en 36 hm3 hasta encontrarse al 54 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de la reserva del Norte III (que comprende el País Vasco excepto sus cuencas internas), que se sitúan al 84,5 por ciento; la cuenca Norte II (Asturias y Cantabria) que alcanza los 73,1 por ciento de su capacidad total; las Cuencas Internas del País Vasco que se quedan al 61,9 por ciento de su capacidad total; la cuenca del Duero que sube al 53,8 por ciento y Galicia Costa que alcanza el 51,8 por ciento de su capacidad.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran la cuenca del Ebro que se sitúa al 48 por ciento; la cuenca del Tajo que alcanza el 46,9 por ciento; la cuenca Atlántica Andaluza que se mantiene al 38,5 por ciento de su capacidad total y la cuenca del Guadalquivir que se sitúa en el 36,1 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se mantiene en los mismos niveles de la semana pasada y se queda en el 29,3 por ciento; la cuenca del Júcar, que alcanza el 22,9 por ciento de su capacidad; las Cuencas Internas de Cataluña que se sitúan al 20,3 por ciento y la del Segura, la más crítica que está al 18,4 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.308 hectómetros cúbicos, aunque la cantidad de agua embalsada es de 24.681 hm3. De éstos, 19.701 corresponden a la vertiente atlántica y 4.980 a la vertiente mediterránea.

Las autoridades municipales de la capital albaceteña se han marcado el año 2012, como clave para que la ciudad se suministre de energías limpias. Para ello, ha creado el proyecto de la Ciudad de Energías Renovables, junto a la empresa Albacete Termoeléctrica, por la que se construirán dos nuevas plantas solares. De esta forma, la capital camina con paso firme hacia el objetivo marcado, con varias empresas dedicadas a explotar los rayos solares en el término municipal.

Sin embargo, ayer se conocieron también los datos de contaminación del año pasado, recogidos en la estación de medición ubicada en la zona de la Universidad e incluidos en el informe de la Red de Calidad del Aire. Estos datos revelan que en 57 ocasiones se superó el valor límite de microorganismos en suspensión, es decir, hubo un exceso de partículas de polvo en el aire. Puede parecer que este dato sea negativo, pero es al contrario, ya que se mejoraron los datos del año 2006 y, además, los expertos aseguran que es un fenómeno natural, teniendo en cuenta que Albacete debe aguantar un clima seco y ventoso durante la mayor parte del año.

Este clima es corroborado hoy con las cifras de almacenaje de agua que arrojan los embalses de las cuencas del Júcar y del Segura. El pantano de Alarcón, del que depende el suministro de agua de la capital albaceteña vuelve a estar en el 6,1 por ciento de su capacidad, por lo que las lluvias de la última semana sólo han conseguido detener el descenso paulatino de las reservas. Hace unas semanas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, manifestó en Albacete que era inusual que los embalses de la cuenca baja estuvieran más llenos que los de la cabecera. La razón, aparte de la sequía que vivimos, está en que la CHJ prefiere garantizar el suministro de las grandes urbes, como Valencia y todo su alfoz, para lo que deja en niveles mínimos los embalses de cabecera.

El Ayuntamiento de Albacete está en la línea buena al intentar que la ciudad sea energéticamente limpia, pero la CHJ también debe hacer los deberes y garantizar el suministro de agua para la capital albaceteña. La solución, aunque compleja, se encuentra en cambiar la forma de gestión de la cuenca. Debido al desplome de las precipitaciones en las últimas décadas, la situación ha variado enormemente. También hay que buscar la eficiencia en la gestión del agua, ya que en la actualidad se desperdician muchos litros que de otra forma serían útiles.

Cataluña es una de las comunidades que más está sufriendo las consecuencias de la sequía hasta el extremo de que puede haber restricciones a partir de noviembre en la ciudad de Barcelona.

Ante esta situación, la Generalitat de Cataluña está estudiando varias fórmulas. La oficial hasta las elecciones generales del 9 de marzo, y que cuenta con los parabienes del Ministerio de Medio Ambiente, es que buques cisterna transportarán agua desde la desalinizadora de Carboneras (Almería) hasta Barcelona.

Pero existe otra posibilidad que cada día cobra más fuerza. Un trasvase del Ebro que permita abastecer a la ciudad Condal. El PSC mantiene, por el momento, una posición de cautela, al parecer por el malestar que podría crear entre sus socios de gobierno (Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya), ambos activos antitrasvasistas frente a unos socialistas más posibilistas. Aunque la transferencia hídrica aparece como la solución más económica y duradera que transportarla desde la desalinizadora de Carboneras, como en un primer momento se planteó desde el Govern.

El precio del agua desalinizada y transportada en barco es cinco veces más alta que la que pagan los agricultores en estos momentos y puede ser el doble de cara que la trasvasada.

Los propios expertos del Ministerio de Medio Ambiente sostienen en el estudio La sequía en España que el coste de un hectómetro cúbico de agua desalinizada oscila entre los 0,60 y 0,70 euros. A esta cantidad habría que sumarle el precio del transporte que puede alcanzar los 0,30. Con ello cada hectómetro llevado desde Almería les costaría un euro.

El precio del agua trasvasada depende de la distancia entre el lugar de la toma y el de llegada. Los agricultores valencianos iban a pagar unos 0,45 euros por cada hectómetro cúbico. Los usuarios del Tajo-Segura están pagando alrededor de 0,25. En el caso de que se apruebe la transferencia, el coste no llegaría ni a la mitad de lo que habría que desembolsar por transportar el agua desde la desalinizadora de Carboneras.

Cambio político
Las circunstancias han cambiado desde el pasado 9 de marzo. ERC sufrió un fuerte castigo en las elecciones generales y su posición dentro del tripartito se ha visto debilitada de forma que los socialistas están dejando de lado las iniciales cautelas. El PSC, por el contrario, se ha crecido y se siente más fuerte ante una eventual crisis.

CiU, por su parte, exigió ayer al conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, que dé la cara y explique cuál es la posición del Govern. Además, acusó a los socialistas de engañar a los ciudadanos. Los convergentes no se oponen a los trasvases, aunque se inclina a que haya una transferencia desde el Ródano.

Frente a los problemas políticos que podría causar una decisión de estas características, el tiempo apremia. Sigue sin llover y se acerca el verano. Las soluciones tienen que tomarse de forma inmediata para evitar los cortes de suministro. Y la necesidad puede llevar a que todos los partidos olviden sus principios políticos. Pero el PSC puede convertirse en preso de sus propias palabras y del ambiente antitrasvasista que junto a sus socios ha contribuido a crear. De hecho el Gobierno socialista de Aragón y los regantes catalanes ya han manifestado su rechazo a la actuación.

La cautela es tal que la Generalitat catalana en ningún momento se ha atrevido a llamar al proyecto trasvase. Ha utilizado todo tipo de eufemismos para evitar una palabra que han convertido en políticamente incorrecta. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, rizó el rizo y calificó la operación como «captar agua del Segre». Aunque la actuación propuesta es un trasvase intercuencas con todas sus características, como el del Ebro a la Comunitat, el Tajo-Segura o el Júcar Vinalopó.

La primera opción que se plantea el Govern catalán es coger agua del Segre y a través del túnel del Cadí depositarla en el Llobregat a la altura del pantano La Baells. La segunda posibilidad que maneja la Generalitat catalana es prolongar el trasvase que lleva agua del Ebro desde Tortosa a Tarragona. La ampliación consistiría en una canalización de una veintena de kilómetros hasta enlazar con el consorcio de Aigües Ter-Llobregat que permitiría abastecer Barcelona.

La cautela de los socialistas catalanes parece avalada por el silencio que guarda el PSOE y el Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto. Cristina Narbona, que hoy visita Barcelona, se escudó el lunes para evitar pronunciarse en que sólo es un estudio y que en cualquier caso no se ha presentado una petición formal.

Pero algo ha cambiado en la posición del Ministerio de Medio Ambiente. No hay que olvidar las continuas declaraciones de Narbona durante la pasada legislatura en la que cerraba la puerta a cualquier tipo de trasvase del Ebro. Durante la campaña electoral, los socialistas denunciaron que el PP había abandonado la idea de la transferencia, con lo que había engañado durante ocho años a los valencianos, y defendieron las bondades del Programa Agua. Fue uno de sus principales argumentos de campaña. Ahora esa oposición frontal se ha convertido en un silencio que parece decir mucho más que una declaración formal.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente resaltaron ayer que no tienen nada que decir, «ya que se trata de un estudio» y en cualquier caso «es un proyecto de la Generalitat catalana». Las mismas fuentes explicaron que la política hídrica del departamento que dirige Narbona se ha mantenido en la misma línea durante toda la legislatura.

Pero según dicha argumentación, el Ministerio tendría que haber rechazado de plano esta opción. Al menos así actuó cuando se planteó la posibilidad de un pequeño trasvase entre Xerta-Càlig, al norte de Castellón, que no fue aprobado por Medio Ambiente. Ahora, en cambio, todo son cautelas.

El Consell criticó duramente lo que considera una doble vara de medir del Gobierno. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explicaron que en coherencia con la política que han mantenido «estamos a favor de un trasvase de las zonas excedentarias a las deficitarias».

Pero en cualquier caso afirmaron que si el trasvase del Segre se aprueba, «nosotros pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y exigimos los 180 hectómetros cúbicos que nos pertenecen». «No puede haber dos políticas distintas dentro del Estado», sostuvieron las mismas fuentes de forma contundente.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalaron que los problemas de abastecimiento a los que se enfrenta Cataluña como consecuencia de la sequía «evidencian el fracaso de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del Programa Agua». «En cuatro años no han traído ni una gota de agua», afirmaron y resaltaron que en el momento «en que se presenta una necesidad no acuden a las desalinizadoras, sino a lo más obvio y la única forma real de hacer frente a la sequía: los trasvases».

El director general de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, también defendió el trasvase «por solidaridad», aunque precisó que ésta deber ser «multidireccional. Desde la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) se mostraron partidarios de cualquier trasvase siempre y cuando se acompañe de las medidas necesarias para racionalizar el uso del agua y se minimice el impacto ambiental.

La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, aseguró ayer que la Generalitat de Cataluña no ha formulado «hasta este momento» ninguna petición de trasvase desde el Ebro y que, en todo caso, su ejecución requeriría una norma con rango de Ley. Asimismo, señaló que el Gobierno no se niega a los trasvases, como es el caso del Tajo-Segura, sino que apuesta por estudiar la «viabilidad de cada proyecto».

Narbona se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo catalán estudie una transferencia de agua desde el Segre, afluente del Ebro, para paliar la situación de sequía en el área metropolitana de Barcelona.

«Lo que sí ha solicitado la Generalitat, y cuenta con el total respaldo de el Gobierno, es la posibilidad de trasladar agua desde la desalinizadora de Carboneras, en Almería», dijo tras presidir los actos de conmemoración del Día Meteorológico Mundial, junto con el presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachaury.

En este sentido, recordó que este traslado podrá realizarse una vez se terminen las obras de emergencia en el puerto de Carboneras, que han sido financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

En todo caso, Narbona apuntó que habrá que volver a analizar los efectos de la sequía en las cuencas internas de Cataluña una vez terminen los meses de marzo y abril para conocer el impacto de las lluvias y la nieves recientes.

Igualmente, insistió en que el Gobierno socialista no se niega a cualquier tipo de trasvase y recordó que en la pasada legislatura se ha gestionado el del Tajo -Segura y se han ejecutado las obras para el del Júcar-Vinalopó.

«La Comisión Europea dictaminó que el trasvase del Ebro era inviable económica, ambiental y socialmente y por eso no le otorgó ni un sólo euro -añadió-. No se trata de que el Gobierno socialista, en la reorientación de la política del agua no apoye ningún tipo de trasvase, sino que hay que estudiar la viabilidad de cada proyecto».

Cabecera del Tajo

La reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo , Entrepeñas y Buendía, permanece esta semana igual que en la anterior, en 279 hectómetros cúbicos, el 11,27% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto Tajo-Segura corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240.

El grupo municipal del Partido Popular llevará al Pleno del próximo viernes una moción en la que se pide a la Inspección de Tributos que abra un expediente sancionador contra la empresa Aguas de Albacete S.A., después de que esta haya incumplido el pago de la tasa por aprovechamiento del subsuelo en el año 2006 y 2007, con una deuda total de 212.000 euros según los ingresos previstos por la empresa mixta, creada por el Ayuntamiento y la anterior empresa gestora, Acuagest. El viceportavoz del Grupo Popular, Juan Carlos López Garrido, explicó ayer los detalles de un impago que según él evidencia «un trato diferenciado y discriminatorio con el resto de empresas de servicios que sí pagan esta tasa».

La ordenanza fiscal que regula esta tasa establece que las empresas explotadoras de servicios y suministros (como energía eléctrica, gas y agua) tienen que pagar al Consistorio una tasa del 1,5% de su facturación bruta anual, debiéndose pagar tras la liquidación de cada trimestre. El propio informe del interventor sobre la liquidación del presupuesto de 2007, que se aprobará en el Pleno, recoge cómo esa tasa correspondiente al año 2007 «no ha sido liquidada».

ACTUACIÓN DE OFICIO. Juan Carlos López Garrido aclaró que la moción que presentará el Partido Popular en el Pleno del próximo viernes no necesita el voto favorable de los grupos municipales de Partido Socialista e Izquierda Unida, ya que la Inspección de Tributos puede actuar de oficio para incoar un expediente sancionador. El concejal del PP lamentaba que fuera él y sus compañeros del grupo Popular «quienes instemos a la inspección a que abra ese expediente. Nos sorprende que nadie tuviera conocimiento de ello». López Garrido se refería así a que es el propio alcalde, Manuel Pérez Castell, quien preside el Consejo de Administración de la sociedad mixta, y subrayó que mientras era Aquagest la empresa gestora del servicio «se pagó rigurosamente esta obligación. Desde que se constituyó la empresa mixta esa obligación ha dejado de llevarse a cabo». Según explicó el concejal popular, en efecto fue el año 2005 el último ejercicio en el que la empresa gestora del servicio de aguas pagó esta tasa, ingresando 101.397,47 euros en las arcas municipales. En el año 2006 sólo se ingresó la cantidad correspondiente a los meses de enero y febrero, con un total de 2.973,55 euros, si bien los ingresos previsto s por el presupuesto municipal por esta tasa ascendían a 105.000 euros. En este último presupuesto los ingresos previstos por esta tasa fueron de 110.000 euros, cantidad pendiente también por pagar a cargo de la empresa Aguas de Albacete Sociedad Anónima.

TRATO FAVORABLE. Juan Carlos López Garrido lanzaba la cuestión de si «existe trato favorable para la empresa que preside el alcalde», ya que «cuando un ciudadano paga tarde el recibo del IBI se le aplica un recargo; si no lo paga se le hace una providencia de apremio para que pague, y si sigue sin pagarlo se le embargan sus bienes o sus cuentas. A esta empresa, en cambio, el Ayuntamiento ni siquiera le ha requerido el pago de esta deuda».

El hipotético -o hipotéticos- trasvases del Ebro que estudia la Generalitat catalana empieza a ganar defensores en la autonomía, en principio, más inesperada: la Comunidad. Mientras el Consell trata de construir un discurso que permita, desde la reivindicación, alcanzar un consenso básico con el Gobierno en la cuestión hídrica, la sociedad civil alicantina empieza a mostrar su respaldo a la eventual transferencia.

Como ha venido publicando ABC, las intenciones de la Generalitat catalana han motivado reacciones que oscilan entre la crítica a las contradicciones hídricas del PSOE y la esperanza de que el trasvase a Barcelona siente precedente. Así, las organizaciones empresariales y agrícolas más representativas de la provincia alicantina se han mostrado optimistas y han avanzado su respaldo a la obra.

De esta forma, los regantes alicantinos, integrados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), darán su visto bueno al trasvase -incluso si se destina exclusivamente a abastecimiento urbano-, que podría plasmarse incluso por escrito en su próxima junta directiva. Fuentes de la organización consultadas por ABC señalaron que Fenacore «siempre ha apoyado los trasvases como forma de facilitar el acceso al agua».

En este sentido, consideraron que, de realizarse la transferencia, el Gobierno enterraría los últimos cuatro años en materia de política hídrica, lo que abriría las puertas a un futuro trasvase del Ebro a la Comunidad. Así, Fenacore avalará la infraestructura para «legitimar nuestra defensa del trasvase al Levante», según las mismas fuentes.

«Debe hacerse ya»

En una tesis idéntica se sitúa la patronal alicantina, COEPA. La organización empresarial, que ha mantenido una férrea defensa del trasvase del Ebro contemplado en el PHN original durante la legislatura, avanzó ayer que la transferencia a Cataluña contará con su beneplácito, sean una o incluso las tres actuaciones desveladas el pasado lunes por este periódico.

En este sentido, fuentes próximas al presidente de COEPA, Modesto Crespo, señalaron ayer a ABC que «siempre defenderemos los trasvases», sea cual sea su destino. En el caso concreto de Cataluña, las citadas fuentes se felicitaron porque el PSOE «ha acabado por reconocer que son una buena solución». Así, pidieron que «se hagan cuanto antes», porque «deben servir para que se ejecuten los demás», en referencia al trasvase a la región.

Apoyo estratégico

Al igual que Fenacore o la propia Fundación Agua y Progreso de la Comunidad, el respaldo de COEPA a los trasvases internos en Cataluña obedece a una posición estratégica. Así, mientras el PP -tanto el catalán como el valenciano- ha incidido en los últimos días en la contradicción política del PSOE, las organizaciones sociales han soslayado la pugna partidista para tratar de alentar el precedente que pueden suponer las transferencias.

Es decir, la patronal y los regantes mostrarán su respaldo a los trasvases catalanes siempre que tengan como consecuencia colateral el «estudio» de «otras obras que se encuentran pendientes», según las mismas fuentes. «Nos alegramos de que se reconozca que los trasvases son la solución, pero acto seguido hay que estudiar el resto»,

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que la Generalitat catalana «no ha formulado ninguna petición» al Gobierno para hacer un trasvase del río Segre, afluente del Ebro, a la cuenca del Llobregat, y aseguró que esta iniciativa «sería una competencia exclusiva» del Ejecutivo central y «requeriría aprobar una norma con rango de ley».

Así lo dijo hoy la ministra de Medio Ambiente, en una rueda de prensa que tuvo lugar esta tarde en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial.

Tras insistir en que «el Gobierno socialista no se ha negado a cualquier tipo de trasvase», haciendo referencia al trasvase Tajo-Segura y al del Júcar-Vinalopó, gestionados la pasada legislatura, Narbona recordó que «lo que sí ha pedido la Generalitat es una aportación de agua desde la planta de Carboneras».

A este respecto, recordó que esta iniciativa consistiría en la transferencia de agua en barco desde la planta desaladora de Carboneras, en Almería, a Barcelona, una vez que estuvieran terminadas las obras para la canalización del agua desde la planta al puerto almeriense de Carboneras.

No obstante, aclaró que esta decisión está también sujeta a la evaluación de las aportaciones de la lluvia y nieve caídas en el Pirineo y las cuencas internas de Cataluña que se realizará a finales del mes de abril.

Preguntada acerca de la composición del nuevo gobierno, Narbona reiteró que «no está nada confirmado», pero hizo hincapié en que «el cambio climático será una prioridad del nuevo gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero».

Durante esta conferencia de prensa con motivo del Día Meteorológico Mundial, la ministra destacó el «importante papel» que, a su juicio, desempeña la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en «la construcción de escenarios climáticos para adaptarnos a la transformación del clima en España».

En este sentido, interpretó la gestión de la sequía que asola a España desde hace dos años como «una prueba de que nos estamos adaptando» al calentamiento global.

Nueva legislatura, problemas viejos. Aunque el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no está constituido, todo parece indicar que tendrá que enfrentarse a los mismos problemas que ya ha arrastrado durante cuatro años. Al menos en lo que a política hídrica se refiere.

Tan sólo han pasado dos semanas de la celebración de las elecciones generales y la guerra del agua ha vuelto a estallar desde varios frentes. Y lo más significativo del caso es que las diferentes propuestas e intenciones de realizar o no trasvases han surgido desde el propio PSOE, lo que sume al partido en una serie de contradicciones y deja a su secretario general, el propio Zapatero, en una situación delicada.

Bien es cierto que el debate en torno al agua nunca ha llegado a desaparecer de la agenda política de los partidos mayoritarios. Durante la campaña electoral, de hecho, el trasvase del Ebro jugó un papel determinante tanto en el PP como en el PSOE, así como durante la legislatura. La inclusión de los trasvases en el programa electoral del PP pero sin citar explícitamente el del Ebro creó en la filas populares más de un quebradero de cabeza y una incógnita que quedó despejada cuando Mariano Rajoy garantizó que llevaría adelante el proyecto si se convertía en presidente del Gobierno.

Tanto en la legislatura como en la campaña electoral se repitió, no obstante, la misma tónica: el PP era el que reclamaba la ejecución de las transferencias de agua mientras el PSOE se oponía. El propio Zapatero aseguró durante la campaña -en una visita a Zaragoza-, que si volvía a ser presidente jamás se haría el trasvase del Ebro. Ahora el debate lo han reabierto los propios socialistas, y en el caso de los catalanes, para mostrarse a favor de una nueva cesión de agua.

Apoyo de ERC
El PSC -que gobierna en coalición con ERC e ICV- se ha mostrado interesado en llevar agua del Segre al Llobregat para abastecer Barcelona. Aseguran que se trata de una medida «de urgencia», que también apoyan sus socios republicanos -han llegado a pedir que no se haga una «batalla política» con la idea-.

Precisamente, el PP -sobre todo el valenciano- siempre ha atribuido a ERC y a su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, las presiones que llevaron al primer Ejecutivo de Zapatero a derogar el trasvase del Ebro -fue su primera decisión importante como Gobierno-.

La petición de los socialistas catalanes de transferir aguas del Segre a Barcelona echa también por tierra la teoría de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, según la cual los votos ganados por el PSOE en Cataluña son un reflejo de cómo ha calado la política antitrasvasista del Gobierno central. Tal vez fuera así, pero el hecho de que el PSC se desmarque ahora -aunque sea de manera puntual- de esas directrices, sumado a que haya anunciado sus intenciones cuando ya han pasado las elecciones no es algo que haya pasado desapercibido.

En Castilla-La Mancha la postura de los socialistas sí se ajusta a los principios antitrasvase del PSOE, y es por tanto opuesta a la de Cataluña. Los socialistas, que también gobiernan en esa comunidad, han reiterado estos días su intención de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Aunque la idea no es nueva, ha vuelto a suscitar dudas en el sur de la Comunitat y en Murcia sobre cómo se podrán abastecer los campos si la obra se paraliza.

Se trata, además, de una limitación -fijada en 2015- que se incluye en el Estatuto de Autonomía manchego, ya aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha pero pendiente de su ratificación definitiva en las Cortes Generales. La revisión del texto -en el que se incluye la fecha tope de 2015 para la obra- se prevé para finales de abril y supondrá, casi con total seguridad, la presentación de recursos por parte de otras administraciones, como es el caso de la valenciana.

El tercer frente abierto estos días a cuenta del agua está directamente relacionado con el caso de Castilla-La Mancha y ha llegado desde Murcia. El PSOE de esa comunidad ya ha advertido a sus compañeros de filas de que no permitirán que se limite el Tajo-Segura. Una batalla entre filas en la que Ferraz o el Gobierno deberán poner orden.

El PP valenciano no ha perdido la oportunidad de dejarse oír sobre toda esta polémica. El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular en Les Corts, David Serra, aseguró ayer que los votos que consiguió el PP en la Comunitat Valenciana, Murcia y la provincia de Almería en las elecciones del 9 de marzo, «tienen que hacer cambiar la política hídrica del nuevo Gobierno central».

Serra señaló que el programa AGUA del Gobierno central ha sido un fracaso, «tal y como ha quedado demostrado en las últimas elecciones en las que, en circunscripciones con necesidades hídricas, como Murcia, Alicante, Valencia, Castellón e incluso Almería, los resultado electorales avalan las reivindicaciones y políticas hídricas del PP».

Desalinizadoras
Además, Serra explicó que la implantación «masiva» de desalinizadoras «no sólo no convence a los ciudadanos, sino que ha quedado patente que el agua que proviene de la desalinización no sirve para el uso agrícola». Por ello, afirmó que el PP «rechazará siempre el plan masivo de implantación de desalinizadoras orquestado por el Gobierno del presidente en funciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la política del agua es «una cuestión de Estado que los españoles han avalado con sus votos».

Bernabé indicó que la política hídrica que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero es «la que defiende y promueve la UE y en la que coinciden la mayor parte de expertos a nivel mundial», ya que, según dijo, «está basada en la gestión de los recursos hídricos y en actuaciones modernas».

Antes de tomar decisión alguna, el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, esperará a recibir oficialmente la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de volver a abrir los pozos para abastecer a la ciudad; una petición que lanzó el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, el pasado viernes tras constatar en la comisión de la sequía la escasez de agua almacenada en Alarcón.

Sotos, que no pudo asistir a esa reunión por coincidir con el pleno donde se aprobó el presupuesto, declaró ayer a La Verdad que «de entrada, no tenemos ninguna posición» sobre esta petición que el presidente de la Confederación del Júcar justificó en la necesidad de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. En Alarcón hay embalsados 68,2 hectómetros cúbicos, pero casi 35 hectómetros no son utilizables por razones de calidad.

«Pese al control exquisito que se ha tenido en estos últimos tres años sobre la gestión del Júcar, se prevé que no haya agua suficiente para garantizar el abastecimiento y a la vez mantener el caudal del río», dijo Sotos, haciéndose eco de las decisiones ya adoptadas por la Confederación, como la suspensión de la sustitución de bombeos para regadío con agua del Júcar. No obstante, el concejal desveló que la pasada semana la balsa de regulación de la ciudad de Albacete, con capacidad para almacenar un hectómetro cúbico, se quedó llena. Eso significa que la capital tiene agua embalsada suficiente para beber un mes, es decir, «tenemos margen para analizar despacio la situación», dijo Sotos. Por tanto, insistió el edil, esperarán a tener en sus manos la comunicación de la Confederación del Júcar y la someterán al estudio de las Comisiones de Sostenibilidad e Infraestructuras. A la vista de los datos sobre el agua embalsada en Alarcón, se estudiarán «las posibles alternativas» dijo el concejal. Y es que, apuntó Sotos, no sólo existe la posibilidad de complementar el abastecimiento de Albacete con agua de los pozos, -aunque sí admitió que esta es la opción más viable-, sino que también hay otras alternativas como «recurrir al agua del Tajo».

Segunda ocasión

Si al final se acepta la propuesta de reabrir los pozos, sería la segunda ocasión en la que sucedería desde su cierre en 2003, año en el que clausuraron los sondeos gracias a la entrada en funcionamiento de la obra de abastecimiento desde el Júcar.

En febrero de 2006, el Ayuntamiento ya aceptó reabrir los pozos, aunque aquel «escenario era diferente». Entre otras razones, explicó Sotos, la ciudad aceptó dejar de extraer cinco hectómetros de los quince que necesita para abastecerse, para que 6.000 hectáreas de regadíos de Aguas Nuevas, Santa Ana, El Salobral y Los Anguijes, pudieran recibir un riego de socorro. «Ahora ni tan siquiera hablamos de eso, porque lo que está claro es que no agua ni para regar», dijo Sotos, apuntando que la sequía ahora es más extrema.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está revisando los pozos de riego agrícola que considera que se encuentran en situación sospechosa, es decir, no acorde con la legalidad, y en algunos casos está comprobando que así es, por lo que obliga a sus dueños a renovar los expedientes de concesión de agua, ajustándose a la normativa. Los propietarios a quienes se les descubren irregularidades en sus perforaciones, o en el uso del agua, pueden ser sancionados y deben regularizar su situación, pero los pozos con anomalías más graves, que resultan no legalizables, son clausurados.

A punto de completarse el proceso definitivo de inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas de los pozos de riego que solicitaron en su día tal inclusión, por existir desde antes de la nueva ley de Aguas (en vigor desde el 1 de enero de 1986), las inspecciones -y las posibles sanciones- se centran ahora sobre todo en perforaciones que se autorizaron en su día para extraer un máximo de 7.000 metros cúbicos de agua al año.

Esta modalidad ha sido muy utilizada para realizar pozos y disponer de agua con cierta rapidez, puesto que se trata de caudales pequeños y la ley prevé para estos casos procedimientos de solicitud y autorización bastante simplificados, que se resuelven en pocas semanas. Sin embargo, la Administración hidrológica ha comprobado que esta parte de la normativa se ha había convertido en una especie de coladero para tratar de consumar situaciones que no se ajustaban a lo solicitado y previsto sobre el papel.

Ante la lentitud y las trabas administrativas para conceder permisos de pozos, empresas de perforación y gestores de tal materia recomendaron durante tiempo a sus clientes seguir este procedimiento para disponer con rapidez de agua para sus explotaciones agrarias, granjas, casas de campo, industrias, etc. En unos casos, los hechos se ajustaban a lo pedido, pero en otros no. Los usuarios seguían el camino señalado por amigos, conocidos o los mismos perforadores e invirtieron en las obras para asegurarse con rapidez el duficiente suministro de agua. La realidad fue que se consolidó una extendida irregularidad, que ahora está en fase de revisión.

Los pozos con una concesión máxima anual de 7.000 metros cúbicos de agua, además de esta limitación tienen otra muy importante: los caudales extraídos no pueden salir fuera de la parcela catastral donde está ubicada la perforación. Como la mayoría de ellos se hicieron para regar cultivos agrícolas (naranjos, principalmente), abundan las situaciones en las que el agua se emplea para regar en otras parcelas distintas, lo que es fácilmente comprobable por parte de los inspectores de la Confederación.

Los 7.000 metros cúbicos dan para regar poco más de una hectárea durante un año y un elevado porcentaje de las parcelas catastrales de las zonas de regadío suelen tener menos de una hectárea, así que, una de tres, o se comprueba un consumo mayor a través del obligatorio contador de agua, o bien por las facturas del gasto eléctrico, o se verifica fácilmente que se riegan también parcelas distintas a la del pozo.

El recurso a las solicitudes de 7.000 metros cúbicos fue muy utilizado años atrás para disponer de agua rápida. Sus promotores pudieron pedir después la ampliación, de acuerdo con su realidad, pero tal vez las facilidades del proceso favorecieron que creyeran que ya estaba todo cumplimentado. Pero no es así. También se dan casos en los que se carece de documentación. Simplemente se hicieron los pozos, sin realizar ningún trámite, o sin pasar de su inicio.

Los propietarios de pozos con irregularidades de este tipo se enfrentan ahora a sanciones que pueden ser importantes (de varios miles de euros) y a realizar los trámites que obviaron en su día para legalizar su situación, pero los casos que no son legalizables terminan con la clausura de las perforaciones.

Una salvedad a toda esta problemática la constituyen pozos que tienen asignadas superficies de riego que cuentan a la vez con derechos de agua de otras comunidades de regantes, bien subterránea o superficial. En estos casos, la CHJ considera que hay una «duplicidad de caudales» que no debe consentir y obliga a los agricultores a que elijan de dónde quieren regar y que renuncien a lo demás. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la autoridad hidrológica que comprenda que no hay duplicidad, porque nadie riega dos veces seguidas el mismo campo, y que si alguien tiene derechos de más de una fuente es porque los paga, para asegurarse el riego en casos de averías o sequías.