Las elecciones han recrudecido la guerra del agua. Ya no son los estatutos ni el Constitucional los que hablan de derechos sobre el agua. Ahora se han retomado los argumentos del pasado, aquellos que se superaron en 2001 cuando se aprobó el PHN y que el PP volvió a sacar a la palestra cuando en 2005 el PSOE derogó su principal obra. Las carencias del plan AGUA han estallado esta semana. Cataluña plantea ahora el suministro a Barcelona con barcos desde una desaladora de Almería mientras retoma el trasvase original del Ebro, más aquel olvidado del Ródano a la ciudad Condal y en la Comunitat, el efecto dominó de la derogación vuelve a enfrentar a Alicante y Valencia.
Se veía venir. El Plan Hidrológico Nacional (PHN), el aprobado por el PP en 2001, tardó en consensuarse cuatro años, justo el mismo tiempo que le ha costado al Plan AGUA exhibir sus carencias. La guerra del agua, lejos de disiparse, se ha sostenido durante toda la legislatura: el PP valenciano y murciano se ha esforzado por mantener vivo el debate sobre el derogado trasvase del Ebro mientras el PSOE y los nacionalistas/regionalistas catalanes y aragoneses se han regodeado ante sus paisanos durante toda la legislatura de su ¿triunfo? y los socialistas castellano-manchegos ponían fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Todo ello, por supuesto, trufado de encorsetamientos legales al derecho al agua vía desarrollo estatutario.
Pero cuando la turbulencia agita, las aguas vuelven a su cauce natural y agotada la legislatura, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el enfrentamiento vuelve a plantearse en los mismos términos que condujeron al consenso cuando en 2001 el PHN plasmó aquel gran Pacto del Agua entre los regantes catalanes, aragoneses, valencianos, murcianos y andaluces. Vuelven pues los mismos argumentos que el Plan AGUA trató de enterrar en 2005 cuando se derogó el trasvase del Ebro y vuelven, precisamente, cuando la sequía ha logrado reventar los parches puestos con el denso mapa de desaladoras.
Si la semana pasada escandalizó que el presidente de la Expo del Agua de Zaragoza tildara de “sostenible” el proyecto del ‘Las Vegas’ en pleno desierto de los Monearos, abastecida por el Ebro por supuesto, esta semana han sido el suministro de agua desalada de Almería a la Ciudad condal el que ha vuelto a sonrojar a más de uno. Porque tan ingente gasto propuesto ahora por el Consell del PSC se ha presentado como una solución puntual a los problemas de suministro de Barcelona, una alternativa plausible que se quiere abordar mientras se prepara el terreno del viejo trasvase del Ebro a Barcelona, sí el mismo del PHN original que se eliminó cuando se comenzó a hablar del caudal ecológico, y se plantea también un segundo no menos antiguo desde el Ródano.
Solución insular desesperada
La propuesta ha provocado una hilaridad aderezada con indignación indisimulada en el PP. Los socialistas catalanes, al defender tan kafkiano proyecto, han dado alas a los populares para argüir lo evidente: que la planificación hidrológica no ha sido tal y que al menguar los trasvases, no sólo se ha agudizado el problema en el Levante, sino que también se ha extendido a Cataluña. Porque la capital catalana y peninsular plantea ahora las mismas soluciones desesperadas a las que recurrió la Mallorca insular. Porque lo hace reclamándole recursos a Almería, a la que antaño se los negó al defender la derogación del trasvase. Porque se elige la desaladora andaluza de Carboneras al estar sólo al 20% de su capacidad y no se explica porqué se encuentra tan infrautilizada (quizá por inasumible el precio al que sale su metro cúbico) y a un tiempo se apela a nuevos proyectos de desalación, no ya para su uso en Almería, sino para exportar esta solución “a otras ciudades del Mediterráneo” sin reparar en justificar por qué ahora se da tal excedente de agua desalada y mucho menos considerar el impacto que para los andaluces, que no los catalanes, tendrá la generación de ingentes cantidades de salmuera.
Crítica catalana a la desalación
Y la Generalitat catalana, mientras tanto, encarga los mismos informes que ya se realizaron cuando se forjó el PHN. Según el estudio del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, el déficit hídrico de Cataluña representa menos del 1% del agua que el río Ródano aboca al mar (¿les suena el argumento?). El mismo informe también aboga por la conexión de las cuencas de Tarragona con Barcelona, que resultaría “una medida rápida que reduciría a corto plazo la sequía actual, a pesar de que sería insuficiente para el futuro”. Para la entidad colegial la alternativa de la desalación (que sí es buena para abastecerse cuando las desaladoras se ubican en Almería) “consume mucha energía y se convierte en un principio opuesto a las medidas para paliar el cambio climático y las aguas regeneradas son caras de producir y de uso limitado”.
Xúquer-Vinalopó
Pero el viejo trasvase del Ebro a la capital catalana va a producir los mismo efectos que en la Comunitat ahora se han hecho revivir con el cambio de la toma del Xúquer Vinalopó. Si en Cataluña conectar las aguas de Tarragona con las de la Ciudad Condal está provocando ya un enfrentamiento abierto con las tierras del Deltebre –que durante estos años han aprovechado los caudales antes ecológicos y claves para los sostenibles arrozales para impulsar la mayor expansión urbanística de la vecina región- en nuestra autonomía el cambio de trazado ha vuelto a enfrentar a alicantinos con valencianos.
La recogida de firmas iniciada el pasado fin de semana por la Junta de Usuarios del Vinalopó para defender la vuelta al proyecto original ha soliviantado de nuevo a los regantes de la Ribera y del Turia, que han dirigido una carta al presidente Francisco Camps en la que se le insiste en la inviabilidad de la toma desde Cortes de Pallás y en la defensa de la de Cullera como única opción para no hacer peligrar los riegos tradicionales de la provincia de Valencia. Casi cuatro años después, se reproduce y con idéntica intensidad el mismo enfrentamiento que crispó las relaciones del Consell y de su conseller de Agricultura, Juan Cotino, con el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, quien entonces y ahora salió en defensa de los intereses de los regantes de la provincia de Valencia, donde tiene lógicamente sus asociados.
Sí al informe Camps
Pero la guerra del agua también se desarrolla, otra vez, en Bruselas, donde hace cuatro años el PSOE ya cuestionara la financiación para el trasvase del Ebro o para el propio Xúquer-Vinalopó. Porque lo uno implica lo otro y es evidente que la derogación de la primera obra del PHN y el fracaso de las desaladoras alternativas –sólo una de las cuatro previstas en Alicante está en funcionamiento- ha agudizado la necesidad de defender los recursos ya existentes en la Comunitat, lo que ayuda a entender el enfrentamiento entre alicantinos y valencianos. Y Camps ha logrado también esta semana en este terreno una sonora victoria al lograr que el Comité de las regiones de la UE respaldase una mención expresa a favor de los trasvases.
