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La mayor sequía de la historia vacía los embalses y amenaza el abastecimiento

Si en el anuario de 2005 ya había que referirse de forma obligada a la sequía, en 2006 la situación se ha agravado, debido a la falta de precipitaciones que aliviaran la escasez del año anterior. Desde el mes de abril, las escasas reservas de los embalses comenzaron a caer en picado, principalmente los situados en la cuenca del Júcar, Alarcón, Contreras y Tous y llegaron al mes de septiembre en una situación agónica.

Los agricultores de la Comunitat Valenciana han sido durante 2006 los grandes perdedores por la falta de precipitaciones y la escasez de reservas en los embalses. Los regadíos tradicionales de la provincia de Valencia tuvieron que sufrir restricciones de hasta el 60% en el uso del agua. En la provincia de Alicante, la situación de sequía ha impedido que muchos agricultores hayan regado sus campos en los últimos dos años y que arrancar árboles ya sea una actividad habitual.

Y como muestra de la interminable sequía, un ejemplo. El pantano de Contreras, uno de los que abastece a Sagunto, Valencia y su área metropolitana, acabó el verano a menos del 3% de su capacidad, una escasez que no se padecía desde la gran sequía de 1995, en la que los embalses acabaron el año con los peores registros de su historia.

Y no sólo se han visto afectados los agricultores. Las restricciones en el uso del agua del Júcar obligaron al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a echar mano de las reservas del Turia y de los pozos subterráneos para abastecer a Valencia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la Comunitat es la autonomía que mayor porcentaje de agua subterránea tiene que utilizar para poder abastecer a la población. La primera consecuencia ya la han notado los ciudadanos: la mala calidad del agua.

El coste de potabilización del agua es mayor y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la factura que tienen que pagar los valencianos es cada vez más abultada. En 2004, cada metro cúbico costó 1,20 euros, 37 céntimos más que el año anterior.

La escasez se nota más todavía más en los bolsillos de los alicantinos. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó en diciembre un aumento del 18,2% en la tarifa del agua para el suministro de 32 municipios alicantinos.

Mientras, los parques naturales sufren estrés hídrico. Es un fenómeno que hace aumentar la erosión y debilita la vegetación haciéndola muy vulnerable a las plagas. La Sierra Calderona, la Sierra de Espadán y el Parc Natural de la Font Roja ya padecen esta situación.

Los humedales sufren todavía más la falta de agua. Es el caso de la Albufera, el Marjal Pego-Oliva o el Hondo Salinas de Torrevieja. Según Territorio, serían necesarios 300 hectómetros cúbicos de agua para aliviar la situación. En la Albufera, está en riesgo el futuro del cultivo de arroz y la presencia de algunas especies, como el samaruc, endémico de la Comunitat Valenciana y ya en peligro de extinción.

El balance hídrico de 2006 presentado hace unos días por el Instituto Nacional de Meteorología habla de un año seco y extremadamente cálido. La precipitación media ha sido un 12% inferior a lo que se considera normal. Los mayores déficits, superiores al 25% se encuentran en las zonas ribereñas del Júcar, el Alto Vinalopó y el Bajo Segura en Alicante y Els Ports de Castellón.

El futuro no se presenta demasiado prometedor. Según los meteorólogos, el cambio climático ya está teniendo sus primeros efectos, con temperaturas más altas de lo que suele ser habitual y, principalmente, escasez de lluvias que convierten a 2007 en “el tercer año de la sequía más grave de la historia”, en palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

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El Gobierno murciano, muy dolido, se chiva de Barreda

31 de enero de 2007.  En Murcia están muy dolidos y preocupados con los últimos acontecimientos en torno al agua, en especial por la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que fija la fecha de cierre del trasvase Tajo-Segura.

Pero no es eso sólo. La reciente decisión del Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de archivar la querella por supuesta prevaricación contra la anterior cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura por supuesto robo de agua, ha hecho que el Gobierno murciano salga en tromba contra los que les acusaron de dar un uso delictivo al agua.

En ese sentido, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, lamentó ayer las acusaciones que se vertían contra Murcia relativas «al mal uso que hacíamos del agua y que este recurso se dedicaba para el ladrillo» y valoró, de forma positiva, la decisión del fiscal jefe del TSJ de Murcia, que viene a certificar que «no se roba el agua», junto con la que emitió el Ministerio competente en su día de que «se hacía un buen uso de este recurso».

Y es llegado a este punto cuando aprovechó para atacar al presidente de Castilla-La Mancha y chivarse de él públicamente al indicar De la Cierva que no sabe «si el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, podría decir lo mismo», ya que, en su opinión, «probablemente, sobre determinados pozos no podría decir lo mismo».

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Reacciones en Murcia al archivo de actuaciones sobre robos de agua en la CHS

El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de «auténtico disparate jurídico» la decisión del fiscal jefe porque, entre otras cosas, «en algunos casos sus argumentaciones son contrarias a los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente».

Muñoz Grau, que temía esta decisión desde hace meses, comentó que si se archiva el caso del robo del agua «se carga todas las acusaciones de prevaricación que se han hecho en este país por asuntos urbanísticos por ejemplo, ya que reconoce que existe el robo pero exculpa a los funcionarios, y eso mismo puede decir mañana cualquier alcalde acusado por corrupción, que no tenía medios».

Incrédulo todavía por la resolución del fiscal, Muñoz Grau reiteró que lo que exige Pro-Río es que se devuelvan a la Vega Baja los caudales que se han perdido a consecuencia de estos robos ya que, tal y como aseguran, «la Confederación Hidrográfica del Segura debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de agua efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba y clausurar pozos ilegales».

Saura respeta la decisión

El secretario del PSRM- PSOE, Pedro Saura, expresó su máximo respeto a la Justicia. Pidió al PP «que no use dos varas de medir. Cuando el fiscal cita al alcalde de Mazarrón, dicen que hay acoso político; pero cuando señala que no se roba agua, les parece estupendo».

Satisfacción de regantes

El presidente del Sindicato de Regantes, Francisco del Amor, señaló que «esperábamos esta decisión del fiscal. Aquí no hay pozos ni regadíos ilegales como se había denunciado. Con Juan Cánovas se empezó a reconsiderar los expedientes sancionadores. Estamos muy contentos de que se demuestre que no hay responsabilidad de los órganos gestores de la Confederación».

IU critica a PP y PSOE

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, indicó que la decisión del fiscal «no es para que los dirigentes y responsables del PP y del PSOE tiren cohetes. Se habla expresamente de la deficiente tramitación de los expedientes sancionadores, y que la gestión ha sido nefasta». Según Pujante, Narbona «debe abrir los cajones y las ventanas de la CHS, ya que se trata de un organismo muy opaco».

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División de los grupos políticos valencianos en la Comisión de Sequía de las Corts

El candidato del PSPV a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, proclamó ayer que sólo el Estado tiene «competencia» en «fijar la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura» e insistió en que esa decisión no puede ser adoptada «de forma unilateral por una comunidad autónoma» como Castilla-La Mancha, por más que haya acuerdo entre PP y PSOE. El trasvase de caudales ha de estar vigente «en tanto el Programa Agua no garantice los recursos» hídricos que necesita el sur de la Comunitat Valenciana.

En este punto, Pla aprovechó para denunciar que el Consell «esté boicoteando permanentemente las actuaciones del programa AGUA que a medio plazo ha de garantizar agua para siempre». El líder de los socialistas instó, además, al presidente Camps a «levantar la voz para defender lo nuestro, que es el Júcar, que está siendo esquilmado por el acuerdo que hicieron Zaplana y Bono». El vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, dijo que la política hídrica del secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, «se mueve al son de las urnas», al tiempo que le exigió que «defienda el trasvase del Ebro igual que el del Tajo» porque «ambos son imprescindibles para los valencianos». El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció hoy que el ejecutivo regional presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Castilla La Mancha si tras su paso por el Congreso se mantuvieran las competencias hídricas que plantea. Según el popular, el texto «trata al Gobierno central como Estado subordinado» entre otras cosas porque «usurpa la competencia exclusiva del Estado» en cuestiones tales como la fijar fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Levante-EMV, Valencia.

Los grupos políticos con representación en las Corts Valencianes volvieron a escenificar ayer su profundo desacuerdo en política hídrica al presentar unas conclusiones al trabajo de la Comisión de la Sequía que hacen prácticamente imposible cualquier acuerdo.

Los grupos de la oposición han presentado sus propuestas de conclusiones, que se debatirán el próximo jueves en la ponencia y posteriormente en la Comisión de la sequía el 5 de febrero. La propuesta de dictamen del PSPV-PSOE incluye la necesidad de alcanzar un pacto en materia de agua para defender los recursos hídricos de esta autonomía «frente al resto de Comunidades autónomas». El diputado socialista José Antonio Godoy destacó la propuesta de constituir un Foro del Agua en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de propiciar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y alcanzar un acuerdo de creación de la Agencia Valenciana del Agua, como administración pública hidráulica de la Comunitat.
También defienden la protección del río Júcar, de la Albufera y del río Segura, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, y las actuaciones del Gobierno en la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma de agua en Cullera.
Por su parte, el diputado de EU-Entesa Carles Arnal resaltó que esta Comisión «ha sido inútil, porque no ha hecho el trabajo que tocaría». El grupo de EU-Entesa ha presentado un documento en el que aboga por «avanzar en una serie de elementos de gestión racional del agua y medidas muy importantes de ahorro, eficiencia y de alternativas realmente sostenibles». El grupo popular pedirá en su propuesta que el Ministerio de Medio Ambiente abandone su «política antitrasvasista», que respete el antiguo trazado del Júcar-Vinalopó y mantenga El presidente de la Mesa de la Comisión, Rafael Maluenda, acusó al PSPV de elaborar sus conclusiones de forma «premeditada» y «antes de conocer la opinión de los técnicos y expertos» que han comparecido en el órgano parlamentario, en lo que consideró «una burla» a la institución y al pueblo valenciano
El dictamen del PP, con 437 folios, supone el «más extenso, y espero que sea el más importante, que se ha presentado nunca en una comisión de estudio de Les Corts», apuntó el diputado popular.

Por último, Pla se refirió a la situación del río Júcar y expresó que «es el momento de alzar la voz para decir que lo primero que hay que defender es lo nuestro y lo nuestro es el Júcar». Asimismo, aseguró que  a día de hoy, este río «está siendo esquilmado por un acuerdo que en su día hizo el presidente, Eduardo Zaplana con el presidente José Bono» y mostró su «preocupación» porque la «degradación» del Júcar «está quitando oportunidades de garantizar el futuro de muchos agricultores y de muchas ciudades como Valencia que beben de su agua», concluyó.

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Murcia anuncia que también recurrirá el Estatuto regional

TOLEDO. El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por vulnerar los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española. De la Cierva advirtió que si la citada reforma, en los artículos 95 y el capítulo II sección primera, titulada «La Política del Agua», así como en la disposición transitoria primera, no se rectifican en el trámite parlamentario, el gobierno murciano presentará el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto se cita la Constitución Española con «eufemismo», porque «se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles».

Castellano manifestó que desde el PPCV «no vamos a renunciar a defender lo que es un derecho legítimo y justo para el presente y futuro de nuestra Comunitat, como es el derecho al agua y el derecho a la solidaridad interterritorial» en un bien, según remarcó, «tan importante como éste y con el que nos jugamos tanto los valencianos».

Además, desde valencia, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, manifestó el mismo lunes en que se aprobó el texto en las Cortes que los populares valencianos estudiarán recurrir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha si durante su tramitación parlamentaria no se elimina la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida para el año 2015.

En Castilla-Las Mancha, sin embargo, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Salinas dijo ayer que quienes desde la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se oponen al Estatuto castellanomanchego utilizan «la ley del embudo» ya que olvidan que el valenciano «se arrogaba los excedentes de agua de otras cuencas».

En rueda de prensa en Toledo, el diputado regional socialista comparó así la reforma del Estatuto valenciano con el «derecho preferente al uso del agua» de las cuencas hidrográficas propias y el fin del trasvase Tajo-Segura con un plazo de más de ocho años recogidos en la reforma estatutaria aprobada ayer por el parlamento castellanomanchego.

«Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha plasmado la solidaridad en realidad, la única que ha estado trasvasando agua de forma continuada y la única que tampoco ha protestado por que en la Comunidad Valenciana el Estatuto esté contemplado como está», dijo Salinas, a pesar de que el Gobierno castellanomanchego planteó recurso de constitucionalidad contra aquél. Y auguró que an el trámite parlamentario que se abrirá mañana en el Congreso «cada uno usará sus armas» y opinó que el Estatuto de Castilla-La Mancha «es plenamente constitucional».

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Opinión: CLM pide las estrellas

Pide lo imposible para conseguir lo que realmente deseas. El texto del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha aprobado con los votos del PSOE y del PP de la vecina Comunidad, proyecta un cúmulo de reivindicaciones estelares, de entrada imposibles, que tienen como objetivo final obtener poderes sustanciales sobre la gestión del agua, merced a una negociación política en el Congreso de los Diputados donde Castilla La Mancha sólo tiene cosas que ganar, a la vista de la situación actual.

LA FECHA DEL 2015

Importa otro objetivo

El Gobierno de José María Barreda tiene más que asumido que el texto será modificado en el Congreso. Y también intuye que la fecha del 2015 -esa precisión lejana a los usos legislativos- será eliminada. Ofrecerá la resistencia justa, ya que lo que realmente le importa a Barreda es que el Estatuto mantenga el nervio principal de su política hidráulica. Esto es, que se reconozca que el Acueducto Tajo-Segura es una hipoteca sobre el desarrollo de Castilla-La Mancha y debe desaparecer tarde o temprano. Las armas para conseguirlo, indirectamente, es que se consagre (otra vez) la preferencia de la cuenca cedente para unos usos en aumento que se beberán todos los excedentes habidos y por haber en Entrepeñas y Buendía. Y en segundo lugar, que se aplique a rajatabla la Directiva de Aguas de al UE, lo cual aumentaría el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo. Lógicamente, a costa de mermar los envíos para el regadío murciano.

¿POR QUÉ ESA FECHA?

Los cálculos de Barreda

El año 2015 responde a dos criterios. Por un lado marca la entrada plena en vigor de la Directiva Europea. Por otro lado, es el tiempo que estima el Ejecutivo de Barreda para que puedan estar construidas todas las plantas desalinizadoras que necesita la cuenca del Segura para garantizar los abastecimientos en su integridad.

¿Y PARA BEBER?

Los regadíos, a desalinizar

Barreda no se opondrá a ningún desembalse para los abastecimientos mientras sean necesarios. Ni ahora ni en el futuro. También deberá justificar para qué quiere todos los excedentes del Tajo.

La opción que da Barreda a los regadíos del Segura es que se abastezcan también de agua desalinizada. Si no pueden pagarla, tendrán que ir mermando y desapareciendo. Es la única opción que ofrece, aplicando criterios puramente economicistas.

LA ESPADA DE DAMOCLES

¿Y la próxima legislatura?

Si el Gobierno central y el PSOE mantienen en el Congreso la misma pauta que con Estatutos anteriores, el texto de Castilla-La Mancha se igualará a los de Cataluña, Andalucía y Valencia que le han precedido. Basta que Zapatero y Narbona cumplan con lo que viene prometiendo y haciendo. Los trasvases quedarán bajo la gestión del Gobierno central, así como todas las competencias intercuencas. La fecha de caducidad desaparecería; pero queda la Espada de Damocles de la ley del PHN, que permite reducir los envíos de agua al Segura en la próxima legislatura. Es seguro que se mermarán, ¿pero cuánto?

Lo que sí conseguirá Barreda es mayor voz y voto en los órganos de gestión del Tajo-Segura. Los informes que emita su Gobierno serán preceptivos, pero no vinculantes, como en Cataluña. Por otra parte, tiene asegurado el acueducto a Ciudad Real.

¿POR QUÉ APOYA DE COSPEDAL?

El doble discurso

A la presidenta del PP manchego no le queda más remedio que ir a remolque de Barreda, de lo contrario perdería un chorro de votos. El agua tiene un fuerte cartel electoral. En la sede de Génova lo saben y dejan hacer a De Cospedal, radicalizando a Barreda.

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Cerdá (Consejero murciano) ve una trama contra Murcia

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, pidió al presidente Rodríguez Zapatero «que pida perdón a los murcianos por la campañas de insultos y difamación que ha abierto su posición y su silencio, como escenificó en el mitin socialista de Albacete del pasado domingo». Reafirmó su «sospecha» de que hay un «pacto oculto Barreda-Zapatero para cargarse la agricultura más moderna y competitiva de Europa»».

El consejero culpó al Gobierno socialista de crear «una política farisaica del agua», al tiempo que reprochó a la ministra Narbona la «doble vara de medir» que aplica con los trasvases. Recordó los seis trasvases cero para regadíos en el último año hidrológico, y dijo que «los embalses de cabecera almacenan 304 hm3, por lo que se puede atender perfectamente la petición de los regantes».

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PP y PSOE murcianos renuevan su compromiso de impedir en Madrid la liquidación del trasvase

Mientras que la ministra de Medio Ambiente se mantiene a distancia, el presidente murciano Ramón luis Valcárcel ordenó ayer a los Servicios Jurídicos de la Comunidad que preparen un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura en el año 2015. El Ejecutivo regional considera que la iniciativa aprobada el lunes por el PSOE y el PP castellano manchegos vulnera cinco preceptos de la Constitución sobre agua y solidaridad.

El recurso se presentará si el texto no se modifica durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Populares y socialistas murcianos confían en que el Estatuto apadrinado por Barreda y De Cospedal se peine y se cambie en Madrid, como se hizo con el texto de Cataluña. El secretario de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha ido más lejos al señalar que el Grupo Socialista en el Congreso «va a cambiar el texto porque va directamente contra las competencias del Estado». Asimismo, casi todos dan por hecho que este Estatuto no podrá aprobarse antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

«Un juego de niños»

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, señaló ayer en rueda de prensa que el texto aprobado en Toledo tiene «carácter intervencionista; trata al Estado como un subordinado, y ofende a la Constitución». Cree que el Estatuto de Cataluña, que vio modificadas sus pretensiones sobre el agua, «es un juego de niños al lado del que ha aprobado Barreda». El consejero acusó al presidente Rodríguez Zapatero de haber propiciado «una rapiña estatutaria» después de derogar el Trasvase del Ebro. Para el Gobierno de Valcárcel las pretensiones de Castilla-La Mancha «son un disparate sin precedentes en la historia de la Constitución, motivada por la renuncia de Zapatero a ejercer sus competencias en materia de agua». Según De la Cierva, «esta situación quedó escenificada en la Conferencia de Presidentes. «Rodríguez Zapatero dijo: mátense ustedes, que yo no voy a hacer nada para solucionar el problema del agua».

Mermar los regadíos

El Ejecutivo murciano considera que el documento de Castilla-La Mancha vulnera al menos, cinco preceptos constitucionales: los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22. Así lo recordó el consejero de Presidencia en compañía del titular de Agricultura y Agua. De la Cierva señaló que texto «invade los principios de unidad de cuenca y solidaridad entre los territorios; y establece un principio de la propiedad del agua arcaico, propio del siglo XIX».

Subrayó que ningún parlamentario del PP por Murcia votará en el Congreso a favor del Estatuto de Castilla-La Mancha tal y como está redactado. Apuntó incluso que el rechazo puede producirse en la fase de admisión de trámite. Además del «disparate» que supone, a su juicio, ponerle fecha de caducidad al acueducto, considera fuera de lugar «que Barreda pretenda además reestructurar los usos del agua en la cuenca del Segura, ordenándole al Estado que reduzca el agua para Murcia».

¿Y De Cospedal?

Ante la postura de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de apoyar a Barreda, el consejero subrayó que sus críticas iban dirigidas «contra lo acordado en las Cortes de aquella comunidad, donde incluyo a todos los partidos políticos». Valcárcel se reunió recientemente con De Cospedal y otros dirigentes del PP para llegar a un acuerdo, pero no ha evitado que su compañera de partido apoye a Barreda y la defunción del Trasvase Tajo-Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente indicó ayer que no entra a valorar el texto aprobado en Toledo contra el Trasvase Tajo-Segura y sobre las competencias que se arroga esta comunidad en materia hidráulica. Indicó que el Parlamento es soberano y que la decisión que se tome corresponderá a los grupos políticos.

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De la Cierva(Consejero murciano): «En CLM dicen que el agua es de su propiedad»

El consejero Fernando de la Cierva analizó las propuestas del Estatuto de Castilla-La Mancha que a su juicio vulneran la Constitución. Detalló que el artículo 98 es «la gran mentira y ofensa a la Constitución, ya que señala que el agua que pasa por Castilla-La Mancha es de su propiedad, cuando se trata de un recurso de todos los españoles declarado de interés público», alegó.

Sobre el artículo 100, indicó que «pretende cambiar el agua destinada a los regadíos de Murcia por el desarrollo urbanístico en Castilla-La Mancha». En cuanto al artículo 102 , explicó que «se arroga competencias sobre recursos de cuencas como las del Ebro, e incluso fuera del territorio español». Además, criticó que el punto número 3 de este precepto establece que la Junta de Castilla-La Mancha debe emitir un informe «previo, preceptivo y determinante sobre cualquier transferencia de agua», lo que calificó de «disparate sin precedentes en la historia de la Constitución Española».

De la Cierva centró asimismo la atención sobre la Disposición Transitoria Primera del Estatuto manchego, «que usurpa la competencia exclusiva del Estado en materia de agua y fija la fecha de eliminación del Trasvase Tajo-Segura para el año 2015. De esta forma el Estado queda subordinado a Castilla-La Mancha en materia de agua, además de establecer que la cuenca del Segura debe reestructurar sus regadíos».

Entre otras cuestiones, destacó que Castilla-La Mancha pide tener voto en los órganos permanentes de gestión y control del Tajo-Segura en función de su extensión, «lo que elimina desde ya, no en el 2015, cualquier posibilidad de trasvase al Segura».

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EU Valencia afirma que la aprobación del estatuto manchego revela la hipocresía del PP

Oltra, que se pronunció de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación, denunció la «hipocresía» del acuerdo tomado en Castilla-La Mancha y afirmó que supone «un motivo de extrema preocupación» para la Comunitat, puesto que con el agua del Tajo, dijo, «se está regando una buena parte» del territorio alicantino.

Además, incidió en que demuestra la «hipocresía» de «determinados partidos políticos, especialmente del PP», en el tema del agua, ya que, a su juicio, «no se puede estar constantemente en la guerra del agua» en la Comunitat, mientras en la comunidad vecina «vota a favor de liquidar un trasvase que en estos momentos es fundamental para nuestros intereses».

Oltra subrayó que esta actitud «responde a una política meramente hipócrita, falsa y agresiva a los intereses de la Comunitat Valenciana»,sobre todo cuando Castilla-La Mancha «nos niega ese recurso y, además, está sobreexplotando el principal río valenciano, que es el Júcar, ante la inhibición de los señores del PP tanto en Castilla-La Mancha como en el País Valenciano».

«Ya está bien de jugar con los intereses nuestros en aras de posibles réditos electorales», espetó el portavoz de EU-Entesa, quien señaló que su grupo también está «preocupado» por la actitud del PSOE en este tema, ya que, según Oltra, «creemos que no se han tenido en cuenta suficientemente las necesidades de nuestra comunidad, máxime en momentos en los que se ha hecho una apuesta descarada por un urbanismo gran consumidor de recursos hídricos que no se tienen».

También señaló que esta «polémica pone de actualidad el gran error que sería depender de nuevo de recursos hídricos provinientes de otras comunidades», como es el caso del trasvase del Ebro, y apuntó que el acuerdo de Castilla-La Mancha «se debería tomar de ejemplo para solucionar nuestros problemas con nuestros propios recursos».

Eso quiere decir, explicó, «construir lo que se pueda construir, y no al ritmo vertiginoso que se está haciendo; aprovechar mejor los recursos y las nuevas tecnologías», e instó a «ser responsables de nuestros propios recursos y a no depender de otras comunidades autónomas», en lugar de «reabrir batallas del agua y guerras del agua entre comunidades vecinas». Por todo ello, defendió que se busquen soluciones «desde el diálogo, el consenso y una perspectiva sostenible del territorio».

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