La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que seguirá trabajando en la reforma de las confederaciones hidrográficas para lograr mayor corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión del agua, pero advirtió, en declaraciones a Europa Press, que las comunidades autónomas «nunca podrán vetar una decisión». «Para nada significa rebajar la capacidad del Gobierno de la Nación en las cuencas que transcurren por más de una comunidad, eso es inalterable, el interés general en esos ríos le corresponde garantizarlo al Gobierno de la Nación, y nunca tendrán capacidad de veto», aseguró.

Así, la propuesta del Gobierno, que el PP rechazó ayer en la III Conferencia de Presidentes, de mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisión en las confederaciones hidrográficas «en absoluto significa que el Gobierno reduzca su capacidad de decidir en esas materias, sino que implica y escucha a las comunidades autónomas de la cuenca», aseveró Narbona.

La titular de Medio Ambiente dejó claro que «la última responsabilidad de cualquier decisión en materia de planificación y de gestión sigue siendo y seguirá siendo absolutamente del Gobierno central». El objetivo del Gobierno en la reforma de las Confederaciones Hidrográficas es «establecer mecanismos de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son las administraciones que deciden cuánta agua se necesita en cada territorio, y así si la comunidad decide multiplicar por 20 sus campos de golf ó por 100 el número de viviendas, eso significa una demanda de agua», explicó la ministra.

Así, el Ministerio de Medio Ambiente continuará trabajando en la reforma de las Confederaciones Hidrográficas en el marco del cambio de la Ley de Aguas para que las comunidades autónomas participen en la elaboración de los planes de la cuenca y en los bancos públicos del agua, por ejemplo. «Siempre con mayoría en las decisiones del Gobierno», aseguró Narbona. Para la ministra implicar a las comunidades autónomas significa «fortalecimiento del Estado autonómico, no de debilitamiento del Gobierno».

La titular de Medio Ambiente criticó la interpretación del presidente de Murcia de la propuesta de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, porque no se trata de que Castilla-La Mancha pueda vetar el trasvase Tajo-Segura. «Rotundamente es falso, porque participar en la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas, en absoluto significará poder vetar, porque la mayoría la seguirá teniendo el Gobierno, y las comunidades podrán participar de acuerdo con su peso en la cuenca, pero minoritariamente», expuso.

CONFERENCIA SECTORIAL DEL AGUA Por otra parte, la primera reunión de la nueva Conferencia Sectorial del Agua se celebrará en marzo y versará sobre el nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas y las bases de la nueva planificación hidrológica, anunció la ministra.

Narbona explicó que esta nueva Conferencia Sectorial del Agua será el órgano de debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas, mientras que el Consejo Nacional del Agua, actualmente formado por más de 80 miembros incluidas las comunidades autónomas, pasará a ser un organismo asesor compuesto por organizaciones relacionadas con el agua (regantes, usuarios, ecologistas, sindicatos).

«La idea es reconvertir el Consejo Nacional del Agua a un Consejo Asesor del Agua en el que sólo estén las organizaciones sociales, expertos, regantes, etcétera, pero no las Administraciones, que tendremos el cauce de concertación que es la Conferencia Sectorial del Agua», indicó.

TRASVASES En cuanto a los trasvases, la ministra de Medio Ambiente criticó que sea el único tema que le importa al PP, y consideró que es un «error, porque hay que ser capaces de evitar la sobreexplotación de los acuíferos, reducir la contaminación del agua, aumentar la eficiencia, y esos son temas realmente estructurales». «Los trasvases unos son aceptables y otros no», afirmó.

«Hacer la panacea de los trasvases en un país donde cada vez los ríos llevan menos agua, a mi juicio, es una posición equivocada, que espero que el PP vaya reconvirtiendo», opinó.

El pasado ejercicio vino marcado en Albacete por cuestiones como la entrada en vigor del sistema de pago único, las inclemencias meteorológicas que se dejaron sentir, sobre todo, en la comarca de La Manchuela y la propuesta de reforma de la OCM del Vino, que ha movilizado a los profesionales y a la propia Administración. De todo ello hace balance el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, quien señala que en 2007 el objetivo es seguir trabajando para ayudar a los agricultores y ganaderos, con una apuesta muy fuerte por alternativas como el desarrollo de los biocombustibles o la agricultura ecológica y de conservación.

-El año pasado supuso la entrada en vigor del sistema de pago único. ¿Cuál es el balance?

-Efectivamente, 2006 fue el año de aplicación de la reforma de la PAC, con la principal novedad de la implantación del sistema de pago único. Como siempre que se pone en marcha un nuevo procedimiento administrativo, se necesita un tiempo de rodaje, pero gracias al trabajo de las entidades colaboradoras y de la Administración se pudo hace todo el trámite, incluyendo las alegaciones a la comunicación de derechos provisionales. En total, en la provincia se han presentado 23.110 solicitudes de pago único, mientras que en las últimas semanas de diciembre se efectuó, por parte de la Consejería, un pago generalizado que en Albacete ha ascendido a 68,4 millones de euros, el más importante en la provincia desde la entrada en vigor de la PAC y que, además, se ha hecho seis meses antes de que acabara el plazo estipulado para ello. Las cosas, a mi juicio, se han hecho bien en este apartado.

-A partir del 18 de diciembre se enviaban también las comunicaciones de derechos definitivas. ¿Va a facilitar esto la tarea de cara a la convocatoria de 2007?

-A fecha de hoy la Consejería de Agricultura ha enviado todas las comunicaciones y, lógicamente, estamos recibiendo algunas quejas de agricultores que no están de acuerdo con los derechos asignados. Para reclamar cabe un recurso de alzada, aunque estamos hablando de un pequeño porcentaje de alegaciones.

-¿Ya hay plazo para presentar las solicitudes de la PAC?

-El plazo se ha fijado ya y comprende del 1 de febrero hasta el tercer viernes de marzo.

-2006 ha sido un año complicado en comarcas como La Manchuela, que se ha visto muy afectada por las heladas en el olivar y el viñedo. ¿Va a atender la Consejería las peticiones de las organizaciones agrarias, que solicitan ayudas para esta zona?

-Nosotros consideramos que para este tipo de casos están los seguros agrarios. La consejera Mercedes Gómez decía el otro día que se han invertido más de siete millones en seguros agrarios; en este sentido, creemos que las Administraciones no podemos estar pendientes y salir corriendo, cada vez que la climatología sea adversa, a sacar una orden de ayudas. A pesar de ello, y dada la situación bastante particular de La Manchuela, se está estudiando por parte de la Consejería de Agricultura ofrecer algún tipo de ayuda o compensación, unas medidas que se consensuarán con las organizaciones agrarias. Hoy mismo se ha convocado en Toledo una reunión para abordar este asunto.

-Al hilo de los seguros agrarios, los agricultores se quejan de que las compañías están subiendo las primas y rebajando la cobertura que ofrecen…

-Sobre este tema tengo que decir que aún estoy esperando que alguien venga aquí a la Delegación y nos diga que convoquemos a la Mesa de Seguros. Si el seguro no es bueno habrá que intentar mejorarlo entre todos, pero no puede ser que cada vez que tenemos una incidencia climatológica, que por desgracia es algo muy frecuente en el campo, tengamos que salir con una orden de ayudas que además, en muchos casos, la normativa comunitaria no permite de forma directa.

-El sector vitivinícola, tan importante para Albacete y la Región, se ha llevado en 2006 el ‘susto’ de la reforma de la OCM del Vino. ¿Qué se va a hacer desde el Gobierno regional en 2007?

-El primer documento que sacó la Comisión Europea no nos ha gustado a nadie, fundamentalmente porque gira en torno al arranque de viñedo y nosotros consideramos que no es el momento de arrancar viñedo de forma indiscriminada. La Consejería de Agricultura y el Gobierno regional han estado presentes en todos los foros de debate que se han abierto en este sentido. Mercedes Gómez estuvo en julio en el Parlamento Europeo defendiendo la postura de Castilla-La Mancha, y a primeros de diciembre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, hizo lo propio en el Comité de las Regiones. Esta Región está liderando, por tanto, la oposición a la propuesta de reforma.

-¿Pueden estar tranquilos, entonces, los profesionales albaceteños de la defensa que se hará desde los poderes públicos?

-Por supuesto. Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones en todos los foros europeos y seguiremos trabajando en este sentido. Cualquier reforma de la OCM que no considere al agricultor como el eje sobre el que debe girar la reforma, que no se preocupe o que no intente mejorar su renta, va a contar con toda la oposición de Castilla-La Mancha, del Gobierno regional y de la Consejería de Agricultura.

-Una política comunitaria adversa podría suponer la desaparición de ciertos cultivos, como ha ocurrido este año en Albacete con la remolacha. ¿Qué alternativas hay, sobre todo por lo que respecta al desarrollo de biocombustibles?.

-Hay que recordar que la remolacha demandaba mucha agua y, tal y como estamos en esta provincia, consideramos que su pérdida se puede paliar con otros cultivos sin mayor problema. Aun así, los agricultores que se han visto afectados, que tampoco eran tantos, han sido compensados y no se han ido con las manos vacías. Desde luego que hay alternativas y ahí tenemos los cultivos energéticos. La Unión Europea, precisamente, acaba de difundir el porcentaje obligatorio de biocombustible que deben llevar los carburantes de cada país, y eso es una cosa que a los agricultores albaceteños nos viene bien. Va a haber demanda de biodiesel, de hecho ya la hay, y va a ser una opción muy interesante en la que estamos trabajando, con la idea de que se establezca una planta aquí en Albacete.

-Hacía usted referencia a los consumos de agua. ¿Qué opina de declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirman que aquí se despilfarra este recurso?

-A mi juicio, Esperanza Aguirre ha venido poco por Castilla-La Mancha para ver cómo regamos y cómo hacemos las cosas en esta Región. Demuestra un desconocimiento impresionante, ya que en Castilla-La Mancha tenemos el 92% de regadío modernizado, mientras que en la Comunidad Valenciana sólo se ha modernizado el 48%, con dotaciones por hectárea de hasta 20.000 metros cúbicos, cuando aquí en La Mancha Oriental estamos hablando, como mucho, de 5.000 metros cúbicos. Además, este año la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental aplicó una restricción voluntaria del 20%, algo que no ha hecho nadie.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que en materia de aguas se acordó con los presidentes de las comunidades autónomas en la III Conferencia de Presidentes la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

El presidente del Ejecutivo comenzó su intervención en esta materia afirmando que «se han mantenido las diferencias entre los presidentes de las comunidades autónomas», pero que «no obstante se ha alcanzado un acuerdo» que es la creación de este nuevo órgano de debate, que dará más corresponsabilidad a las Comunidades Autónomas.

Rodríguez Zapatero señaló ayer en rueda de prensa al término de la III Conferencia de Presidentes que la política del agua es «muy trascendente» para las comunidades autónomas.

En la actualidad existe un Consejo Nacional del Agua, en el que participan las comunidades autónomas, usuarios del agua, regantes, sindicatos y organizaciones ecologistas. Este Consejo Nacional del Agua «tiene una naturaleza y composición muy distintas», porque en la Conferencia Sectorial del Agua «sólo participará el Gobierno y las comunidades autónomas», explicó Rodríguez Zapatero.

Asimismo, podrá formar parte de la Conferencia Sectorial del Agua, «con voz pero sin voto», un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se podrá «invitar» a otros titulares ministeriales o consejerías, especialmente los relacionados con regadíos. Concretamente en regadíos, el Gobierno propone un «programa concertado con el Ministerio de Agricultura para mejorar la formación de los regantes».

Informe previo

Esta Conferencia Sectorial del Agua debatirá y emitirá un informe de todos los proyectos de Ley, decretos o cualquier tipo de norma relacionados con el agua, tanto de ámbito estatal como autonómico, así como los contenidos de la nueva planificación hidrológica acorde con la directiva marco de aguas.

Por el contrario, la III Conferencia de Presidentes no aprobó la propuesta del Gobierno de que en materia de agua se reconozca a las Comunidades Autónomas el «ejercicio de determinadas funciones en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias».

Estas cuencas son responsabilidad de la Administración del Estado, pero el Ejecutivo pretendía que las comunidades autónomas «participarán activamente» en su gestión. El PP por su parte afirmó en su documento que «la competencia en materia de aguas es de carácter estatal».

En cuanto a los trasvases, el Ejecutivo quería que las Comunidades Autónomas participaran en la «gestión de las transferencias de aguas entre demarcaciones, de acuerdo con lo que establezca en la planificación hidrológica», pero el documento final no hizo ninguna referencia a este tema.

Los populares reclamaron por su parte al presidente del Gobierno que «diseñe y construya suficientes infraestructuras hidráulicas en toda España, que hagan posible llevar agua de unas cuencas a otras», según el documento entregado a los medios de comunicación, en el que no se recoge la palabra trasvase.

No obstante, tampoco se admitió esta propuesta del PP que abogaría por la creación de nuevas infraestructuras para poder trasvasar el agua de unos ríos a otros.

En el documento de propuestas en materia de aguas del PP se vuelve a reclamar el principio de solidaridad entre las cuencas, aunque apuntan que cada cuenca «debe tener una preferencia para el uso del agua de forma que satisfagan previa y plenamente sus legítimas necesidades actuales y futuras». No obstante, el PP considera que «es compatible con la posibilidad de empleo en otras cuencas de recursos sobrantes disponibles».

Cambio climático

Por otra parte, Rodríguez Zapatero anunció que la próxima Conferencia de Presidentes será el próximo año y estará dedicada al cambio climático, porque España por sus condiciones geográficas estará influida por el cambio climático.

Para preparar la próxima Conferencia de Presidentes se constituirá un amplio grupo de expertos que elaborarán un informe sobre la situación, el impacto y medidas a adoptar ante el cambio climático en España.

A la sequía y la contaminación que padece el río Segura habrá que añadir ahora otro grave problema: la aparición de larvas de mejillón cebra diseminadas por distintos puntos del cauce.

La cuenca está en alerta máxima después de que los análisis realizados a las muestras de agua recogidas a finales de diciembre hayan detectado una elevada proporción de larvas de esta especie invasora, catalogada como una de las más dañinas para los ecosistemas fluviales.

El Segura se une así al Ebro y a los embalses del Júcar, Forata y Sitjar, que ya se han visto afectados por la plaga. La preocupación en la Confederación Hidrográfica del Segura es máxima porque las larvas se han encontrado diseminadas por toda la cuenca.

La aparición de larvas del mejillón cebra en el Segura amenaza ahora al río Júcar, ya que las dos cuencas están conectadas entre sí a través de las conducciones del trasvase Tajo-Segura, que pasan por el pantano de Alarcón, en la cabecera del Júcar. Precisamente, que las larvas de mejillón cebra provengan de este embalse es una de las opciones que barajan los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En el caso de que la causa de la propagación de esta especie invasora fuera otra, el Júcar puede estar igualmente amenazado porque las larvas han aparecido además en los canales del trasvase Tajo-Segura.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sin embargo, explicaron ayer que creen que no se ha detectado que el mejillón cebra se haya propagado por algún embalse del Júcar –además de Forata y Sitjar–. Dejaron en el aire hasta confirmarlo hoy que larvas de esta especie hubieran aparecido en alguno de los pantanos del Júcar o en el mismo río.

En la página web de la Confederación, que tiene un apartado específico para informar sobre el seguimiento del mejillón cebra, no están publicadas las pruebas que debían haberse realizado en otoño de 2006 en todos los embalses.

El mejillón cebra es una especie invasora perjudicial para los ecosistemas de los ríos. La vertiginosa velocidad con la que se reproducen y los millones de ejemplares que componen cada colonia destrozan las canalizaciones de agua obstruyendo tuberías, equipos e impulsiones. También son una amenaza para la fauna autóctona.

12. Enero ´07 – El vicepresidente de Asaja Albacete, Eduardo Esteso, lamentó ayer la cesión de derechos de agua de los regantes de la Mancha Oriental a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque tendrá «consecuencias negativas» en la economía de la provincia, puesto que afectará a sectores como el del transporte o los fitosanitarios.

Esteso durante una rueda de prensa explicó 25.000 hectáreas no se regarán y, por tanto, no generarán beneficio en sectores como el transporte.

Recordó que una hectárea de remolacha genera unos ingresos de unos 1.200 euros por hectárea y que este dinero no se «moverá» este año en la provincia.

Calificó de «ejemplar y perfecto» el comportamiento de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) que decidieron voluntariamente restringir un 20 por ciento su uso del agua y se preguntó «por qué no hacen lo mismo los regantes de Alicante y Valencia».

Denunció que el Plan Especial del Alto Guadiana «pretende cargarse de un plumazo 50.000 hectáreas de regadío» y apuntó que las 25.000 que no se regarán en Albacete son «temporales», aunque en el Alto Guadiana son «definitivas».

Además, Esteso advirtió que «con estas medidas va a desaparecer un patrimonio que es muy importante».

MADRID. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer que la III Conferencia de Presidentes concluyó con un «acuerdo muy mínimo» sobre agua porque él se opuso «frontal y radicalmente» a la exigencia de los presidentes del PP de que «se hablara en términos de santificar y eternizar el trasvase Tajo-Segura».

En rueda de prensa en el Senado tras una reunión a puerta cerrada que finalizó en torno a las 21.00 horas, Barreda señaló que el único acuerdo en la materia fue la creación de una Conferencia Sectorial específica, y achacó la falta de más avances a que los presidentes del PP rechazaran la cogestión autonómica del agua.

Barreda valoró, sobre todo, la creación de un consejo formado por cuatro presidentes -del que él formará parte junto a los de Andalucía, Manuel Chaves; La Rioja, Pedro Sanz; y Madrid, Esperanza Aguirre- que se encargará de elaborar el programa de funcionamiento interno de la venidera Conferencia de Presidentes, que se centrará en el cambio climático.

El presidente castellano-manchego reconoció haber ejercido una «negativa frontal» que impidió el consenso debido a la «condición «sine qua non»» impuesta por los presidentes del PP sobre la referencia al trasvase Tajo-Segura, ya que existía una «profunda y cualitativa discrepancia».

Negativa de Murcia y Valencia

En sentido inverso, Barreda también manifestó que para el consenso a la propuesta del Gobierno de aumentar la coparticipación autonómica en la gestión del agua tan sólo faltó que se aunaran dos comunidades autónomas (Murcia y Valencia), estando la «inmensa mayoría» de las otras a favor.

Así, dijo que le parecía «muy duro» que un presidente autonómico pueda negar algo tan acorde con el Estado de las autonomías y señaló que quienes se oponían no han dado «ningún razonamiento convincente» contra la corresponsabilidad en la gestión del agua.

«No hemos retrocedido ni un sólo milímetro» en la «reivindicación histórica de Castilla-La Mancha», enfatizó Barreda para exponer que la falta de un importante acuerdo en la Conferencia en materia de agua no le ha «extrañado» porque conocía la postura de Valencia y Murcia.

Reiteró la «imprescindible» necesidad de que Castilla-La Mancha adquiera competencias sobre recursos hídricos que completen las que tiene en urbanismo, medio ambiente, vivienda, agricultura u ordenación del territorio, para ejercer éstas «coherentemente», y auguró que la cogestión será una realidad «más pronto que tarde».

Preguntado acerca de su supuesta negativa a que en las conferencias sectoriales de agua se aborde el tema de los trasvases, Barreda señaló que él no se opondrá y que le ha parecido entender que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quería esto y que para él «tanto mejor».

Barreda explicó de forma somera los acuerdos en materia de inmigración, como la creación de otra Sectorial en esta materia, o el documento sobre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aprobado.

El documento sobre I+D+i para Castilla-La Mancha «es muy importante, no es baladí», dijo Barreda antes de explicar que el montante que corresponda a la región lo destinará al centro de investigación en hidrógeno de Puertollano y en los centros de energía solar fotovoltaica de concentración.

Más peso en los órganos de gestión de agua. Castilla-La Mancha ha abierto el debate sobre la participación de las comunidades autónomas en la política hidráulica, una cuestión que en Albacete vienen reclamando también entidades como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO). La provincia está representada, hoy por hoy, en las cuatro confederaciones hidrográficas que gobiernan las cuencas de los ríos Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir, aunque en proporción desigual y no siempre con capacidad de decisión.

De los 42.989 kilómetros cuadrados que comprende la cuenca del Júcar, 15.737, el 36,61% del total, se sitúan en Castilla-La Mancha, en las provincias de Albacete y Cuenca. La mayor parte del territorio, el 49,59%, pertenece a la Comunidad Valenciana, mientras que Aragón concentra el 13,15% y Cataluña el 0,65%.

Sin embargo, sólo tres de los 37 miembros que componen la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pertenecen a Castilla-La Mancha y tienen voz y voto: el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, José Fernando Ortega; el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, Juan Manuel Suárez, y el director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Mariano Martínez.

En este órgano, entre cuyas funciones figura la de aprobar los planes de actuación de la Confederación y la propuesta de presupuesto, están presentes como invitados la JCRMO y el Ayuntamiento de Albacete, aunque al contrario que los representantes de los ayuntamientos de Valencia y Benidorm, o de las comunidades de regantes valencianas -que sí son miembros activos de la junta de gobierno-, no tienen voto.

«No tenemos nada más que voz», indicaba el presidente de la JCRMO, Agustín González, recordando que la ciudad «más grande» de la cuenca del Júcar, Albacete, «tampoco tiene representación». Y eso a pesar de que el 70% del río Júcar, más allá de la extensión de la cuenca, discurre por Castilla-La Mancha, según explicaba el representante de los regantes albaceteños. «Ya es hora de que esta situación se modifique, de manera que en la gestión de la cuenca se refleje la realidad social y económica actual del territorio», añadió.

La CHJ, cuya sede central está en Valencia, está presidida por Juan José Moragues, que encabeza la junta de gobierno, siendo el vicepresidente primero de este último órgano el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, y el vicepresidente segundo el máximo representante de la Acequia Real del Júcar, también con sede en la capital del Turia.

La provincia de Albacete también está representada, a través de las Consejerías de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Rural en las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas del Segura, el Guadiana y el Guadalquivir.

Segura

En la del Segura, la comunidad autónoma castellano-manchega concentra el 25% de la fracción de la cuenca, ocupando el segundo lugar tras la Región de Murcia, que ostenta el 59%. En total son dos los vocales con los que cuenta la Región: el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, representantes que ascienden a cuatro en el caso del consejo del agua de la Confederación: el citado director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural; el delegado provincial de Obras Públicas en Albacete, José Eduardo Martínez Valero; el jefe de Servicio de Obras Hidráulicas de la Delegación de Obras Públicas de Albacete, Miguel Gómez y el jefe de Servicio de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Delegación Provincial de Agricultura, Ángel Larrauri.

Todos ellos, según confirmaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, tienen voz y voto, al igual que los miembros castellano-manchegos de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de cuya cuenca forman parte 172 municipios de la Región, 176 de Extremadura y 78 de Andalucía. En este órgano la comunidad autónoma cuenta con tres vocales de las Consejerías de Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y los representantes de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.

miembros más en el consejo de agua.

TOLEDO. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, reprochó ayer a la vecina Comunidad de Madrid que no vigile la calidad del agua que llega al Tajo porque, si este río «está como está es porque una parte importante se va a otro sitio y también porque lo que nos llega como agua depurada es más que discutible, por lo que deberían mandar el mejor agua al Tajo».

De esta forma el vicepresidente segundo y portavoz de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, respondía a las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que criticó a Castilla-La Mancha por «regar a manta».

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que la Región de Murcia «tiene una economía pujante y unos regadíos absolutamente productivos, todos ellos con sistemas de goteo que consumen una cantidad pequeñísima, comparado con los riegos a manta que está habiendo ahora por inundación en grandes partes de Castilla-La Mancha».

«La palabra «manta» es polisémica -dijo el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha- y hay muchas declaraciones ´manta´ y también mucha gente «manta»», por lo que recomendó a Esperanza Aguirre que se preocupe de enviar agua limpia al Tajo.

Poner en aprieto

Así, el portavoz del Gobierno regional instó a la presidenta madrileña a «informarse» porque la región es la Comunidad que tiene «el mayor grado de optimización en sus regadíos», con el 92 por ciento.

Además, García-Page aprovechó para arremeter contra la candidata del Partido Popular a la Junta, María Dolores de Cospedal, ya que afirmó que estas palabras de Aguirre ponen «en un aprieto considerable» a la que fue consejera de Transportes del Ejecutivo madrileño y actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad autónoma, aunque aclaró que esta última firmó un acuerdo que dice «lo contrario» que señala Aguirre.

Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias de agua que vienen realizando algunas comunidades autónomas y que se debatirá mañana en la Conferencia de Presidentes tiene como finalidad evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos, aunque superen las disponibilidades hídricas renovables existentes en sus territorios.

En un comunicado, esta organización indicó que en los últimos meses algunos gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos están autorizando la construcción de nuevas grandes urbanizaciones que no cuentan con la garantía de abastecimiento de agua potable para esas nuevas viviendas y que cuentan con informes negativos de las confederaciones hidrográficas.

Ecologistas en Acción mostró su preocupación por que algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Madrid, reclamen competencias de agua que superan con creces lo establecido en el Estatuto de Cataluña y en la ley de aguas del Gobierno vasco.

A juicio de Ecologistas en Acción, estas reclamaciones de competencias van en contra del concepto de gestión de unidad de cuenca establecido en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco de Agua.

Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretendan llevar a cabo deberán contar con un informe de las confederaciones hidrográficas o del órgano administrativo responsable de la gestión del agua, en el caso de que la competencia esté transferida, sobre la disponibilidad o no de agua potable para abastecer a esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Ecologistas en Acción señala que, dado el espectacular desarrollo urbanístico que se está promoviendo en España, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo, y la escasa disponibilidad de agua existente en determinadas regiones, las confederaciones hidrográficas y otros órganos de gestión del agua están emitiendo informes negativos sobre la disponibilidad de agua potable para esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Así, en los últimos meses las confederaciones hidrográficas han informado negativamente a varias decenas de miles de nuevas viviendas, especialmente situadas en la costa mediterránea.

Sin embargo, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos han alegado que dichos informes no son vinculantes y están aprobando nuevos desarrollos urbanísticos que posiblemente no van a disponer de abastecimiento de agua potable, al menos de manera continuada, indicó la organización ecologista.

Ecologistas en Acción considera que dichos informes son vinculantes, pues se realizan en base a lo establecido en los planes hidrológicos de cuencas, que sí lo son.

Advierte que la venta de viviendas que no dispongan de un elemento tan básico como es el abastecimiento de agua potable, podría ser constitutivo de delito, al poder considerarse una estafa, y anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra aquellos responsables de ayuntamientos y comunidades autónomas que pretendan aprobar la construcción de nuevas viviendas que no tengan asegurado el abastecimiento de agua potable.

También ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que haga público el contenido de dichos informes en su página web para que los posibles compradores de esas viviendas sean conscientes de esa situación y puedan emprender las acciones legales correspondientes cuando les falte el suministro de agua potable.

DAIMIEL. El pleno del Ayuntamiento ciudadrealeño de Daimiel aprobó anoche una moción que insta al Ministerio de Medio Ambiente a paralizar todo tipo de trasvase a Levante y solicita al Gobierno un «trasvase de socorro» de la cabecera del Tajo al Parque Nacional de Las Tablas para evitar su desaparición.

Dicha pretensión de que prime este entorno natural sobre las necesidades en Murcia, Alicante y Almería, fue apoyada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, advirtió de que, en caso de que se pueda realizar un trasvase de agua a Las Tablas, éste debe hacerse en invierno y que, si la cabecera del Tajo se recupera, «deberá primar el abastecimiento al Parque Nacional antes que el regadío a la Región de Murcia» porque así lo establece la directiva de la Unión Europea.

Por su parte, en la moción consensuada por los dos grupos municipales de Daimiel, PSOE y PP, se especifica que el agua trasvasada nunca debe ser inferior a los 20 hectómetros cúbicos y se pide la celebración de un pleno monográfico sobre este asunto en un plazo no inferior a los 20 días, si fuera denegada la petición, para adoptar las «medidas oportunas». Los munícipes daimieleños insistieron en que en su último informe la Confederación Hidrográfica del Guadiana señaló que Las Tablas tienen «escasez de agua» que «favorece la expansión de vegetación invasora» y que «los restos vegetales obstruyen los canales naturales del agua y, más tarde, el fuego puede dar lugar a su desaparición». El concejal del PP Leopoldo Sierra y el del PSOE Julián Sánchez-Valdepeñas coincidieron en que la situación de Las Tablas es «dramática» y en que necesitan «agua y no que los políticos discutamos».