Bruselas puede reclamar 120 millones por el Júcar-Vinalopó
Bruselas puede reclamar 120 millones de euros si el Júcar-Vinalopó no se pone en funcionamiento

Bruselas puede reclamar 120 millones por el Júcar-Vinalopó

Los fondos FEDER respaldaron un proyecto que, dos años después de terminado, no ha cumplido sus objetivos

DAVID MARTÍNEZdmartinezjorda / ALICANTE

Día 15/07/2012 – 17.21h

Bruselas puede reclamar 120 millones de euros si el Júcar-Vinalopó no se pone en funcionamiento

ABC

Cultivos de regadío al paso del río Júcar

En dos semanas se cumplirán siete años desde que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en ese momento por la socialista Cristina Narbona, paralizó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó e impuso un cambio de trazado. Las obras de la nueva transferencia se acabaron en 2010, pero desde entonces los usuarios del trasvase no han solicitado ni un solo hectómetro.

Los motivos son sobradamente conocidos. Los regantes del Vinalopó, agrupados en la Junta Central de Usuarios (creada ad hoc como interlocutora de la Administración en dicho trasvase), rechazan el agua de la toma impuesta por Narbona y el PSOE por sus altos niveles de bacterias coliformes y salinidad, que impiden su uso para el regadío de hortalizas.

La decisión del anterior Gobierno socialista no solo supone que la inversión de 303 millones de euros resulte, a efectos prácticos, inútil. Si el trasvase no consigue usuarios, la Unión Europea podría reclamar la devolución de los fondos FEDER destinados a financiar las obras. En este sentido, cabe recordar que Bruselas aportó 120 millones de euros para respaldar un proyecto que, dos años después de terminado, no ha cumplido los objetivos para los que fue diseñado.

La UE ya ha comenzado a pasar factura a la Comunidad por el uso de fondos europeos que, a juicio de la Comisión, no responden a los objetivos que justificaron su concesión. Así, cabe recordar que la Dirección General de Competencia (al mando del socialista español Joaquín Almunia) ya ha reclamado la devolución de 260 millones de euros invertidos en los estudios de Ciudad de la Luz, al considerar que vulnera la normativa europea sobre la libre competencia.

Llegado el caso, la reclamación de los 120 millones de euros que Bruselas concedió al Júcar-Vinalopó no haría sino aumentar la presión sobre las arcas públicas, ya de por sí bastante maltrechas. Cabe recordar que el trazado original había merecido una inversión de 80 millones de euros por parte de las autoridades comunitarias, dado que venía a dar cumplimiento a la normativa europea sobre el agua. Con el cambio de trazado, la solicitud de fondos FEDER se aumentó en 40 millones, que fueron autorizados.

Las obras de la transferencia se terminaron en 2010, pese a que ya entonces el Gobierno sabía que los supuestos beneficiarios de la infraestructura rechazaban el caudal del azud de la Marquesa, en Cullera, por su elevada salinidad y la presencia de bacterias coliformes (consecuencia de los retornos de los regadíos en la Acequia Real del Júcar) que impedían su uso para el regadío. Los niveles de bacterias están acreditados por los análisis periódicos que del agua del Júcar realiza la Confederación Hidrográfica (CHJ), tal como ha venido publicando este periódico.

El uso del agua trasvasada, de hecho, está prohibido por la directiva europea sobre agua, que impone niveles restrictivos de coliformes (según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud) para regar cultivos hortofrutícolas. En la actualidad, el agua del Júcar-Vinalopó solo podría destinarse a cultivos leñosos –es decir, a frutales-.

Desde finales de 2010, la balsa de San Diego, en Villena (al final del trasvase), almacena 12 hectómetros de agua trasvasada durante el período de pruebas del Júcar-Vinalopó. Los regantes alicantinos han evitado recurrir hasta el momento a dicho caudal, aunque los rigores de la sequía y la evaporación del agua han llevado a los usuarios a plantearse su uso en cultivos menos exigentes, tal como ha publicado ABC.

En cualquier caso, mientras se dilucida dicho uso (que se planteó en una reunión con la nueva presidenta de la CHJ, María Ángeles Ureña), un segundo freno impide rentabilizar la inversión. Aún en el caso de que los agricultores del Vinalopó se aviniesen a usar el agua del azud de la Marquesa, el precio del metro cúbico convertiría dicho caudal en inaccesible. La única opción para vencer la barrera de los costes pasa por destinar dicho agua al abastecimiento urbano, algo imposible en las actuales condiciones.

El Gobierno del PSOE planteó una potabilizadora, que nunca se llegó a presupuestar. La opción de los regantes apuesta por recuperar la toma original, en Cortes de Pallás. La inversión sería de 60 millones de euros. La alternativa podría ser devolver 120 millones a Bruselas.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

Tras la primera toma de contacto con la presidenta de la CHJ, los regantes del Vinalopó se reunieron el pasado 5 de julio con el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Urbano. Durante el encuentro, favorecido por la petición de la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, de que se escuchase a los usuarios antes de tomar decisiones respecto al trasvase, se analizó la posibilidad de recuperar el trasvase original, según fuentes conocedoras del encuentro. Asimismo, se abordó la posibilidad de que Bruselas reclame los 120 millones de euros de los fondos FEDER concedidos al Júcar-Vinalopó si no se le da uso. Urbano propuso a los regantes alicantinos que presenten alternativas técnicas que hagan viable el trasvase.