El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en el año 2000 por el Gobierno de Aragón contra un artículo de la Ley de Aguas, referente a la regulación de los contratos de cesión de derechos de agua.

En una extensa sentencia, el fallo del alto tribunal señala que desestima el recurso por la «desaparición sobrevenida de su objeto» al haberse derogado y modificado los artículos de la Ley de Aguas impugnados por la DGA.

«Los artículos de la Ley 46/1999 objeto de impugnación, han sido derogados y sustituidos por ciertos preceptos del texto refundido de la Ley de aguas que son objeto del recurso de inconstitucionalidad», dice la sentencia conocida hoy.

El TC agrega que «la controversia en relación con los artículos recurridos de la Ley 46/1999 se traslada prácticamente en sus propios términos a las impugnaciones que son objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra los arts. 67 a 72 del texto refundido de la Ley de aguas».

«A resultas del razonamiento anterior hay que concluir que ha desaparecido de forma sobrevenida el objeto del recurso de inconstitucionalidad deducido contra el artículo único de la Ley 46/1999», dice la sentencia.

El recurso del Gobierno de Aragón aludía a tres apartados del artículo único de la Ley 46/1999 de modificación de la Ley de Aguas, según el cual permitía, entre otras cuestiones, la suscripción de contratos de cesión de agua en todo tiempo y no sólo para situaciones de sequía.

Asimismo, el Gobierno aragonés sostenía que resultaba «literalmente imposible» la tutela de la administración sobre los contratos por los escuetos plazos que otorgaba ante posibles perjuicios a terceros o medioambientales, entre otras consideraciones.

Advertía también de que el reconocimiento de la autorización por silencio administrativo positivo del contrato era «contradictoria con el régimen constitucional del dominio público».

El Gobierno aragonés exigió en su recurso que se configurara una autorización administrativa con un plazo suficiente para que el procedimiento regulado fuera real y efectivo y que, en ningún caso, el silencio administrativo pudiera ser de contenido positivo.

En el momento de presentar el recurso ante el Constitucional, el entonces presidente aragonés, Marcelino Iglesias, lo consideró «fundamental» para los intereses de Aragón y resaltó el hecho de que fuera admitido a trámite, porque ello indicaba que para el TC el recurso «tenía fundamento». EFE

(Castilla La Mancha) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

03-11-2011 / 17:00 h

Toledo, 3 nov (EFE).- La organización Ecologistas en Acción denuncia en su último informe sobre agua el retraso en los planes hidrológicos del Tajo, el Júcar y el Segura, así como la «permisividad» de la administración ante la construcción de pozos ilegales, particularmente, en el alto del Guadiana (Ciudad Real).

En el informe «Balance Gestión del Agua Legislatura 2008-2011», que ha hecho hoy público Ecologistas en Acción, la organización conservacionista advierte que la planificación hidrológica lleva «un retraso inadmisible».

Como muestra del retraso, Ecologistas en Acción pone el ejemplo de lo que está ocurriendo en la planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), cuyo plan de cuenca debía haber estado vigente en diciembre del año 2009, como marcan las directrices europeas.

Del informe se desprende que en Castilla-La Mancha «no caben más embalses ni más trasvases» y, además, la asociación ecologista aboga por «revisar los ya existentes» entre el Tajo y el Segura y entre el Tajo y La Mancha.

Por otra parte, en el informe de Ecologistas en Acción se destaca que existen en España más de 500.000 pozos ilegales y que buena parte de ellos pertenecen a una zona sensible como el Alto Guadiana, en la provincia de Ciudad Real.

Para el grupo ecologista esta legislatura ha supuesto un «lamentable paso atrás» en materia de gestión del agua, por lo que ha calificado este periodo político como «el peor de los últimos 15 años». EFE

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

02-11-2011 / 18:11 h

Valencia, 2 nov (EFE).- Las reservas de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar han registrado un pequeño incremento esta semana hasta acumular 1.607 hectómetros cúbicos, el 48,2 por ciento del total frente al 47,8 de la semana pasada, una cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en el 59,4 por ciento.

Según ha informado el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en un comunicado, actualmente hay 33.032 hectómetros cúbicos embalsados, lo que representa un aumento de 99 hm con respecto a los niveles de la semana anterior.

Las cuencas que mayor oscilación han registrado son las del Duero, que ha perdido 25 hm y la del Ebro, que ha ganado 31 hm.

Esta semana las precipitaciones han sido abundantes, según las mismas fuentes, en toda la península, con una máxima de 126 litros por metro cuadrado en Vigo. EFE

Los representantes de las distintas comunidades generales de regantes han definido ya los estatutos que regirán la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, con lo que ya están listos para su aprobación. Según informó el Consorcio del Alto Guadiana, los regantes se reunieron la semana pasada en su sede tras varios meses de trabajo y dejaron perfilados los estatutos que regularán la futura Federación de Regantes.

A partir de ahora, todas las comunidades de regantes que forman parte de la Comisión Gestora han comenzado a informar de lo tratado en la reunión a sus respectivos miembros, para aprobar, en sus Juntas de Gobierno, los estatutos elaborados y el documento de adhesión que permitirán la constitución de la futura federación regional de regantes.

En esta federación de regantes estarán representadas las comunidades generales de regantes del Guadiana, Tajo, Segura y Júcar, junto con los responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias.

El objetivo de esta federación será estructurar y coordinar una política de agua común para el regadío en todo el territorio de Castilla-La Mancha. En su último encuentro, los representantes de cada una de las comunidades de regantes de las distintas demarcaciones, el presidente de la comisión gestora, Francisco Belmonte, y la secretaria de dicha comisión, Araceli Olmedo, acordaron cuáles han de ser las normas que permitirán el funcionamiento de la que será la primera federación de estas características en Castilla-La Mancha.

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

27-10-2011 / 15:10 h

Valencia, 27 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de ilegalidad sobre un apartado de un artículo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto en 2003, referido al cálculo del canon de vertidos no autorizados.

La cuestión de ilegalidad, que ha sido admitida a trámite por el Supremo, se plantea a raíz de una sentencia del TSJCV de febrero de 2010 que plantea la posible anulación de ese apartado, para lo que sería competente el Tribunal Supremo, según han indicado a EFE fuentes del tribunal valenciano.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV se refiere a un recurso interpuesto por una empresa de frío industrial de Santa Pola (Alicante) contra la aplicación por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un canon, contemplado en ese reglamento, por el vertido de aguas residuales en el parque natural de Las Salinas.

En concreto, la empresa recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia la liquidación de la CHJ del canon de control de vertidos de aguas residuales de 2004, por importe de 21.936 euros, si bien éste desestimó la reclamación, decisión de la empresa recurrió ante el TSJCV.

La sentencia del TSJCV anuló y dejó sin efecto el canon impugnado, «por ser contrario a derecho», y acordó plantear al Supremo cuestión de ilegalidad sobre el artículo del reglamento de dominio público hidráulico de la Ley de Aguas referido al coeficiente del canon.

La parte recurrente sostenía que el volumen de vertidos sobre el que se debió girar la liquidación del canon era de 30.412 metros cúbicos, según su declaración presentada en 2004, y no sobre 182.500 metros cúbicos que se determinaron mediante una estimación indirecta.

Tampoco consideraba aplicable el coeficiente de mayoración 4 -recogido en ese reglamento-, puesto que tenía solicitada la autorización de vertidos pero la Administración no le había contestado, por lo que se le debería haber aplicado el coeficiente corrector del 0’02%, teniendo en cuenta que su vertido no era contaminante, sino beneficioso para el humedal protegido.

La sentencia del TSJCV señala que el volumen de agua sobre el cual la Administración calculó la liquidación del canon no estaba «justificado», y «ni siquiera es explicable desde parámetros de razonabilidad», por lo que considera improcedente el coeficiente de mayoración 4 aplicado por la CHJ.

La causa de esa improcedencia, según la sentencia, es la aplicación hecha del artículo del reglamento, norma que «excede el mandato legal» y que «vulnera» un artículo de la Ley de Aguas que no establece para los casos de vertidos sin autorización que el coeficiente a aplicar sea el límite legal máximo de 4.

La Sala opina que ese precepto reglamentario «vulnera» el principio constitucional de reserva de ley, «viciando con ello de ilegalidad» el canon litigioso en el que se aplica el coeficiente de mayoración 4. EFE

(Castilla La Mancha) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

22-10-2011 / 18:20 h

Albacete, 22 oct (EFE).- El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, ha subrayado hoy que el colectivo «duda» de que un hipotético cambio de Gobierno tras las elecciones favorezca el nuevo Plan Hidrológico del Júcar «que sigue sin revisarse y acumula dos años de retraso».

Belmonte ha hecho estas manifestaciones, a preguntas de los periodistas, tras ser reelegido como presidente de la JCRMO en la asamblea que se ha celebrado durante esta mañana.

Ha lamentado que «cada día que pasa es más difícil» acometer la revisión de este Plan porque el proceso se ha ido «enconando cada vez más», y ha reiterado que hubiera sido más fácil que se hubiera hecho «cuando por ley estaba previsto» que eran antes de acabar 2009.

En referencia al año hidrológico, Belmonte se ha referido a que la ausencia de lluvias y las elevadas temperaturas que perduran en este otoño «inusual» hacen presagiar «un nuevo ciclo de sequía».

En este sentido, ha advertido sobre los «tiempos difíciles» que se avecinan en la gestión del agua. EFE

(Castilla La Mancha) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

17-10-2011 / 13:20 h

Ciudad Real, 17 oct (EFE).- La comisión técnica que está elaborando los estatutos de la futura Federación de Regantes de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso para formalizar su constitución, que cuenta con el apoyo del Consorcio del Alto Guadiana.

Según ha informado hoy el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, los regantes se han reunido hoy en la sede de esta institución para avanzar en la redacción definitiva de los estatutos.

En esta federación de regantes estarán representas las comunidades generales de regantes del Guadiana, Tajo, Segura y Júcar, junto con los responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias, entre las que se encuentran Asaja, Coag y Upa.

El objetivo de esta federación será estructurar y coordinar una política de agua común para el regadío en todo el territorio de Castilla-La Mancha.

El Consorcio del Alto Guadiana está sirviendo de vehículo para aglutinar los intereses de los regantes de la región, algo que, según su director, Enrique Calleja, va a permitir conseguir una mejor gestión del agua, a través de unos regadíos más eficientes y rentables que garanticen la viabilidad de las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha, permitiendo igualmente una única interlocución en materia de agua.

La labor del Consorcio está poniendo de manifiesto, a juicio de Calleja, que tiene un amplio abanico de actuaciones y posibilidades, no sólo encaminadas a tramitación en la compra de derechos de agua, sino en cuanto a sensibilización y coordinación de todo lo relacionado con el agua y su gestión eficiente. EFE.

Cospedal se ha comprometido a ayudar a que las mujeres en el mundo rural puedan crear sus propias empresas, constituirse como autónomas y desarrollar empresas en todo lo que supone la industria agroalimentaria y el desarrollo rural, donde “hay mucho por hacer”

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que, antes de que termine el primer año de legislatura, el Gobierno regional va a actualizar el Registro de Cotitularidad de las Explotaciones Agrarias “para que las mujeres de nuestra región dejen de esperar”.

En la clausura de las jornadas ‘Mujeres rurales emprendedoras: Nuevas necesidades, nuevas oportunidades’, organizadas por la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER), en Ciudad Real, Cospedal ha recordado que Castilla-La Mancha es una región donde la agricultura y la ganadería tienen un peso específico mayor que en el resto de las regiones de España y donde casi 500.000 mujeres viven en el mundo rural de Castilla-La Mancha, por lo que “tiene que ser la región de las mujeres”.

“Somos una región que, con mucho orgullo, decimos que aquí todos somos nietos o bisnietos, hijos o somos agricultores y ganaderos”, ha apuntado la presidenta castellano manchego, quien ha recordado que la agricultura y la ganadería “son parte de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestra historia”, asegurando que desde el Gobierno regional “vamos a trabajar para que también sea parte de nuestro futuro”.

Ayudar a las mujeres del mundo rural a emprender

Cospedal se ha comprometido, asimismo, a ayudar a que las mujeres en el mundo rural puedan crear sus propias empresas, constituirse como autónomas y desarrollar empresas en todo lo que supone la industria agroalimentaria y el desarrollo rural, donde “hay mucho por hacer”.

En este sentido, la presidenta también se ha referido a las oportunidades que las mujeres del mundo rural necesitan para poder desarrollar futuro y ha dicho que, para ello, “hace falta hablar de conciliación de la vida laboral y familiar”.

La presidenta castellano manchega ha destacado, igualmente, el papel que está jugando la Consejería de Agricultura en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos castellano manchegos en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) y ha destacado que el Gobierno regional está trabajando en el Programa del Fomento del Empleo de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha que aprobará el Ejecutivo castellano manchego en la primera parte de la legislatura.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn, y Lázló Andor, respectivamente, presentaron hoy en rueda de prensa los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión en el periodo 2014-2020 y para el que propone un de 376.000 millones de euros, casi un 37 % del presupuesto de 1,025 billones de euros que la CE ha propuesto para el mismo periodo.

La Comisión Europea propuso la creación de regiones transitorias en la presentación a finales de junio del presupuesto multianual para 2014-2020 y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en julio.

La CE ha propuesto destinar 38.900 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de transición, es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.

Con su nueva propuesta seguirán recibiendo fondos: las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75 % de la media europea), las regiones en transición (con un PIB de entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (PIB superior al 90 % de la media).

Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las dos últimas.

El objetivo es hacer más suave la transición para aquellos territorios que dejen de ser «objetivo prioritario», porque aunque su PIB supera el 75 % de la media europea, aún se encontrará lejos del 90 % o el 100 % de la media de la UE.

Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía se encuentran en esa situación.

La UE financiará como máximo el 60 por ciento de los proyectos de las regiones en transición. El 40 % restante cofinanciarán las regiones.

Extremadura, por su parte, seguirá siendo considerada un «objetivo prioritario».

Murcia se beneficia a día de hoy de una «fase de transición», una figura que ahora la CE quiere institucionalizar con la creación de la nueva categoría intermedia. En ella no entrará Asturias, que hoy por hoy se encuentra en la misma situación que Murcia.

El reparto del presupuesto propuesto por la CE, aún tiene que ser discutido y aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo en un proceso que podría demorarse unos 18 meses.

Cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la obra de la planta de ósmosis inversa, que podría mejorar la calidad del agua que nos llega a nuestros hogares. Mientras el PSOE asegura que las obras siguen avanzando y que los pasos son «irreversibles», el equipo de gobierno municipal, a través de su portavoz, Juan Carlos López Garrido, confirma que las obras están paradas ya que fue la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, la que en abril de 2011, tras un «movimiento de tierras» que presenció la anterior regidora, la socialista Carmen Oliver, permitió que los camiones «se volvieran y los operarios se marcharan».

Allí, aseguró López Garrido, no hay absolutamente nada. Y, mientras unos y otros afirman cosas y hechos diferentes, lo cierto es que los ciudadanos tendrán que seguir los consejos del propio concejal del PP y acudir hasta los mismos terrenos donde se supone puede construirse la planta, junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAP, en la carretera Albacete-Pozohondo, km. 3, y verán «que no se están realizando las obras».

No es esta la opinión del concejal del PSOE, Ramón Sotos, cuando aseguró ayer que la obra avanza. «Se han firmado las actas de expropiación con los propietarios de los terrenos a los que les afectan las tuberías por donde va a ir la planta de ósmosis hasta la depuradora, el salmoleoducto; se ha finalizado una modificación del proyecto sobre los nuevos filtros que se deben adaptar a la normativa».

Según Sotos, la obra estará finalizada para 2012 porque, aseguró, es necesaria ya que en periodos de sequía «la calidad del agua deja mucho que desear» y por este motivo, «la necesitamos».

Sí es cierto que está financiada al cien por cien por la CHJ pero, ¿y su mantenimiento? De eso, nada habló Sotos, y sí López Garrido, asegurando que supondrá un excesivo coste para las arcas municipales.

«La mentirosa Oliver» Así llamó a la ex regidora en reiteradas ocasiones el edil popular a cuenta de las retribuciones que percibe Javier Domínguez Robledillo como miembro de la Junta de Gobierno Local: no son 70.000 euros y sí, 46.049,22, los mismos que recibe Oliver como concejal en dedicación exclusiva. Además, afirmó López Garrido, el PP ya ha ahorrado 229.000 euros en personal a su servicio que no ha contratado.