AVA-ASAJA se ha dirigido por carta al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, pera reclamarle que ordene “una investigación exhaustiva” sobre el modo con el que las eléctricas están abordando el pretendido mercado liberalizado de la electricidad. En el escrito, la asociación, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios millares de instalaciones de riego a goteo adheridas a ellas, de­nuncia que tales compañías se están repartiendo ‘de facto’ el mercado según zonas.

La asociación indica que aunque en apariencia ofrecen precios distintos, en la realidad, si se comparan los costes medios de todos los conceptos, representan precios prácticamente idénticos lo que hace sospechar que ha habido acuerdos al respecto, contrarios a la libre competencia.

Para Asaja, las compañías eléctricas están aprovechando la liberalización, que en principio debería ser buena y conveniente, como ha defendido el Gobierno, para imponer subidas “exageradas” que oscilan, por término medio, entre el 35% y el 60% y que en algunos casos superan el 100%. Además, discriminan a los usos agrarios (riego, granjas…) con modalidades de contratación que no tienen en cuenta las peculiaridades y necesidades de este sector.

“Espero que la CNC se atreva a investigar a las todopoderosas compañías eléctricas, entre otras cosas porque la supuesta liberalización, lejos de favorecer la competencia, la está complicando y los encarecimientos afectarán, primero, a los sectores productivos, pero acto seguido llegarán a los consumidores, con lo que la inflación se disparará aún más”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

En la denuncia se recuerda a Berenguer que el proceso de liberalización, que comienza a aplicarse el próximo 1 de julio, es sólo la antesala del que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, que afectará también a todos los usuarios domésticos, por lo que la “receta” que ahora se aplique será básicamente la misma que vendrá después.

La organización agraria cuestiona el modo de liberalización que se está imponiendo, puesto que “casi nadie puede acceder ahora a que le suministre electricidad otra compañía distinta de la que ya lo hace y que es predominante en esa zona geográfica”. Esto demuestra que las eléctricas “siguen repartiéndose el territorio”, advierte la carta. A lo sumo, y seguramente para guardar las apariencias, continúa, “se dan tímidas incursiones de compañías en zonas ‘ajenas’, pero dándose la llamativa circunstancia de que cada una deja a las demás que entren sólo un poco en las suyas”.

De igual manera, AVA-ASAJA denuncia que la negociación previa a la liberalización no ha ampliado la oferta de precios sino que las medias de éstos son “globalmente iguales, sólo con ligeras variaciones en algunas tarifas para determinados periodos”.

Especialmente gravoso para las entidades de riego agrícola resulta la modalidad de contratación de ‘tres periodos’ obligatoria para aquellos usuarios con una potencia menor de 450 kw/h. En esta situación se encuentran la inmensa mayoría de po­zos, a los que se les excluye del horario ‘menos caro’ sábados, do­mingos y festivos, dejando sólo las 8 horas nocturnas (de 0 a 8 horas de la mañana). En cambio, los grandes consumidores, con potencias superiores a 450 kw/h, disponen de dichas 8 horas más todos los sábados, domingos, festivos nacionales y todo el mes de agosto. Aguado lamenta que se dis­crimine “a los usuarios más modestos, en este caso a los agricultores, que tienen menor capacidad de negociación”.

En este sentido, señala la organización, resulta igualmente “escandaloso” que las mayores subidas de precios, entre el 50 y el 100%, “se den precisamente en las franjas horarias de menor consumo y de precios menos altos, con lo cual se está poniendo de entredicho el gran esfuerzo realizado por los agricultores y las administraciones públicas en la modernización masiva de los regadíos”.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, ha asegurado que los regantes encontrarán soluciones adecuadas para afrontar los precios de las nuevas tarifas eléctricas que entran en vigor el próximo 1 de julio.Puxeu ha indicado que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha facilitado la negociación que en próximas semanas llevarán a cabo los regantes y las organizaciones agrarias junto con el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas.Cree, además, que en el marco de este consenso que se ha establecido se encontrarán las soluciones adecuadas, y que por lo tanto el trabajo del Ministerio ha acabado.Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha mostrado  su satisfacción porque se pueda negociar con las hidroeléctricas y el Ministerio de Industria para que la subida de las tarifas sea menos traumática para los regantes.De esta manera, según fuentes cercanas a la negociación, las tarifas para los regantes se mantienen durante el tiempo necesario hasta que se consiga un acuerdo y en ese momento se aplicará la subida correspondiente con efecto retroactivo al 1 de julio.Las reuniones entre las hidroeléctricas, el Ministerio de Industria, los regantes y las organizaciones agrarias comenzarán la próxima semana, según indicaron estas mismas fuentes.

Según explicó ayer la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, el Gobierno está trabajando para que el sector agrario y las eléctricas lleguen a un acuerdo «en el plazo de unos dos o tres meses» sobre las tarifas eléctricas que entrarán en vigor el día 1 de julio, informa EFEAGRO.

Además recordó que el Ministerio de Medio Rural ya ha mantenido reuniones con organizaciones agrarias, regantes y el Ministerio de Industria, y que continúa negociando una prórroga -de hasta dos meses- para que los regantes negocien tarifas «más ajustadas a sus necesidades».

Así lo destacó Villauriz durante la asamblea general de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), celebrada ayer en Madrid y que reunió al sector para analizar su evolución y las cuestiones que le afectan como la creciente competencia tanto intracomunitaria como de terceros países o el incremento de los costes de producción.

En este sentido, destacó la preocupación del sector por la por la negociación de acuerdos de la UE con terceros países, así como por el desarrollo normativo de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas.

Villauriz señaló el «importante» esfuerzo modernizador realizado por el sector hortofrutícola español e hizo un llamamiento para que éste saque «la parte positiva» de la apertura comercial, ya que tiene intereses en el exterior y «capacidad para desarrollar más estos mercados».

En la sesión plenaria de ayer se ha pedido al Gobierno, a través de una moción parlamentaria, que ha sido debatida y aprobada por el Pleno, una rebaja en la factura de la luz que pagan los ganaderos y agricultores y la prórroga de la tarifa especial eléctrica para el riego en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La moción ha sido aprobada e insta al Gobierno a que inicie negociaciones en la Unión Europea para que las instalaciones ganaderas y los regadíos agrícolas puedan beneficiarse de un IVA reducido que proteja a estos sectores esenciales, así como a los consumidores finales de su producción.

Al texto original presentado por el PP se le ha unido una enmienda del Grupo de CIU, por la cual se supedita esta aplicación a la conformidad de la Comisión Europea.

Italia ya solicitó a la Comisión de las Comunidades Europeas aplicar un tipo reducido de IVA al suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua. Esta solicitud fue aceptada mediante Decisión de la Comisión Europea de 30 de abril de 2007.

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, resaltó ayer la necesidad de crear un Plan Hidrológico Nacional y se mostró partidaria de la solidaridad entre comunidades autónomas y entre todos los españoles, ya que en materia de agua «es necesario llevar el agua de donde sobre hacia donde falte». Asimismo, defendió el principio de unidad de cuenca, el principio de solidaridad entre todos los españoles, el principio de preferencia de las cuencas naturales, y el principio de la necesaria sostenibilidad medioambiental de las cuencas hídricas y de las cuencas naturales por las que discurren los ríos, informa Ep.

La nueva número dos del PP hizo estas afirmaciones a los medios de comunicación tras visitar el Pabellón de España en la Expo de Zaragoza 2008, que ayer celebraba el Día de Castilla-La Mancha. De Cospedal transmitió la necesidad de que en España exista un Gobierno que asuma «con responsabilidad» los problemas del agua y que ponga en marcha un Plan Hidrológico Nacional, «algo que el PP siempre ha defendido y seguirá defendiendo». Reclamó políticas hidrológicas que no se circunscriban únicamente «en que las comunidades autónomas se enfrenten entre sí». «El Gobierno tiene que tomar decisiones y decir qué es lo que quiere hacer con la política hídrica de toda España», agregó. En definitiva, «tiene que tener un Plan Hidráulico para satisfacer las necesidades de agua de todos los españoles», remachó.

Por su parte, el presidente de la Comunidad, José María Barreda, aprovechó el momento para airear la reivindicación de que en 2015 debe expirar el trasvase Tajo-Segura, informa Efe. Así lo reiteró, con prolijas exposiciones de motivos, en una rueda de prensa matinal y tras un encuentro con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, e, incluso con más énfasis, ante el ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien representaba al Gobierno en el acto institucional central.

Con los gancheros

«El río que nos llevan», parafraseó Barreda a José Luis Sampedro añadiendo una ene final que le cambia el sentido al título de la obra que el escritor catalán dedicó a los gancheros -portadores de mercancía sobre troncos en el Tajo-, en presencia de un grupo de éstos.

Estos gancheros, con sus lanzas en ristre, dieron un toque tradicional al evento, al estar rodeados de varios centenares de diputados, alcaldes y representantes del tejido socioeconómico regional desplazados desde Castilla-La Mancha para celebrar el día dedicado a la Comunidad en la Expo.

El ministro no aludió directamente al trasvase Tajo-Segura, pero en su discurso previo al de Barreda intercaló elogios para la responsabilidad y la solidaridad que ha mostrado Castilla-La Mancha con el agua.

Bajo un sol de justicia y a ritmo de silbatos, cencerros e infinidad de cánticos como «Zapatero, el campo es lo primero» o «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra», miles de agricultores y ganaderos -20.000 según la organización convocante ASAJA y cerca de 10.000 según la Policía Nacional- han lanzado gritos de desesperación para pedir «soluciones ya» porque «Zapatero, Solbes y Espinosa a ver si os enteráis, los tractores no funcionan con gaseosa».

Sus problemas ya son conocidos por todos y sin embargo el Gobierno continúa impasible ante una situación que «nos está arruinando» han comentado a AGROCOPE los manifestantes.

Y es que la situación es estremecedora, ya que el sector es cada vez más mayor y los jóvenes no quieren trabajar para perder dinero y, por si fuera poco «cada día va a peor». Para Aurelio Cervera, un agricultor de 70 años de Cuenca, el problema, es que «todo el mundo se mete por medio para sacar tajada» y lo que no entienden es que si el campo desaparece «el país se va al carajo».

La manifestación, que ha provocado esta mañana el caos circulatorio en el mítico Paseo de la Castellana, ha transcurrido de forma pacífica hasta el Ministerio de Economía y Hacienda, pero cargada de simbologías.

Con coronas de flores, un féretro y un sacerdote, agricultores y ganaderos extremeños han llorado y enterrado el campo, ahogado por los costes de producción y los bajos ingresos.

Pero sin duda, una de las imágenes más sobrecogedoras de la jornada se ha producido con el desparrame de miles de tomates y cebollas por el suelo, como muestra de que les da igual vender que tirar su producción.

Para Pedro Barato, presidente de ASAJA, el Gobierno puede hacer «y mucho» por el sector y por ello ha reclamado un gasóleo profesional, la implantación del impuesto de hidrocarburos, la rebaja del IVA que grava el combustible del 16 por ciento al siete por ciento o un plan de reestructuración para la ganadería.

Ha denunciado la «pasividad» del Gobierno que se mantiene impasible mientras «el gasóleo o los fertilizantes se encarecen un 50 por ciento. Por ello, Barato ha advertido de que si no hay soluciones «ya veremos que pasa».

Lo que está claro es que ni agricultores ni ganaderos van a dejar que les roben porque «el campo es productor y consumidor» y por eso no solo piden precios justos para ellos, sino para todos.

El Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial que determina la subida de la luz a partir de julio. El planteamiento acordado por el equipo que dirige Miguel Sebastián consiste en ajustar el incremento de la tarifa eléctrica a un 5,62% para los hogares. Para los grandes consumidores industriales que todavía están sujetos a un precio regulado, el aumento se limitará al 4,7%, de acuerdo con el IPC adelantado del pasado mes de mayo.

El borrador de la citada disposición normativa, al que ha tenido acceso ABC, fija en el 1 de noviembre el inicio del año eléctrico, una fecha que debe marcarse en rojo dentro del calendario porque servirá para abordar las futuras y más vertiginosas subidas de la luz. No en balde, el Gobierno tiene hasta finales de año para reestructurar los llamados costes de acceso del sistema eléctrico, que son los que componen el principal caballo de batalla en las relaciones con las empresas generadoras. Dicho de otro modo, será a partir de noviembre cuando se desencadene la verdadera ofensiva sobre la tarifa eléctrica, de la que dependerá el incremento para el año 2009.

Hasta entonces, y con arreglo a la subida del próximo 1 de julio, el Ministerio de Industria va a tener que admitir un nuevo déficit de tarifa de 2.500 millones de euros entre el pasado abril y el próximo octubre. A esta cifra hay que añadir otros 1.300 millones de «agujero» acumulado durante el primer trimestre del año.

Exención del 5%

El déficit en cuestión es producto de un incremento de tarifa que queda situado muy por debajo del 11,3% propuesto inicialmente por la CNE. La subida media del 5,6%para los consumidores finales se produce gracias a la aplicación de un mínimo de consumo exento de 25 kilowatios por hora al bimestre. Se da la circunstancia de que el consumo medio en el sector residencial y de oficinas (unos 22 millones de puntos de suministro) está cuantificado en 272 kilowatios por hora al mes, lo que supone 544 kilowatios por hora al bimestre. En consecuencia, los 25 kilowatios por hora de consumo mínimo gratuito vienen a suponer una exención del 5% para la mayor parte de los consumidores españoles.

La orden ministerial de Industria incluye como anunció Miguel Sebastián la adopción de la futura tarifa social de aplicación a suministros domésticos en baja tensión contratados por personas físicas y solo para su residencia habitual, no para las segundas viviendas. Dicha tarifa social podrá ser solicitada por un total de 3,6 millones de hogares y para acceder a ella será necesario firmar una declaración jurada en la que se acredite el cumplimiento de unos requisitos básicos. Dichas condiciones se resumen en la obligación de disponer de una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios.

La tarifa social se traduce básicamente en que sus beneficiarios no tendrán que pagar el denominado término de potencia o coste fijo y, en consecuencia, sólo deberán afrontar los costes variables de sus respectivos consumos.

Para compensar al sistema eléctrico de todos estos ajustes a la baja, el planteamiento del Ministerio de Industria incluye un incremento de las penalizaciones que ahora se establecen por los denominados consumos excesivos. Hasta la fecha, el consumo excesivo se estimaba a partir de los 1.100 kilowatios por hora al bimestre, prácticamente el doble del consumo promedio que, como queda dicho, es de 544 kilowatios por hora.

A partir de ahora, el límite del exceso de consumo se determina en los 1.000 kilowatios por hora al bimestre y a partir de esta cuantía los consumidores pagarán penalizaciones del 25% del consumo de energía básico establecido en la tarifa 2.0.1, que es la que comprende una potencia contratada de entre 1 y 2,5 kilowatios.

Próximo calendario

La orden ministerial fue ayer distribuida a los comités consultivos afectados por la subida de la luz, que se reunirán el próximo lunes con la Comisión de la Energía que preside Maite Costa. A partir de este encuentro se espera que el miércoles día 25 el organismo regulador aborde en su consejo la propuesta del Ministerio de Industria con el fin de trasladar su informe preceptivo al Gobierno. Los plazos administrativos culminarán el viernes 27 con la aprobación del nuevo recibo de la luz por parte del Consejo de Ministros. En consecuencia con este calendario, la subida de la tarifa eléctrica entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Los Reyes presidirán hoy, a las 21:00 horas, la ceremonia inaugural de la Expo, a la que están invitadas 5.000 personas. Desde mañana, esta muestra estará abierta al público: tres meses por delante para conocer las propuestas de 105 países, de todas las comunidades autónomas, de organismos internacionales, compañías y organizaciones no gubernamentales, con el agua como argumento. El espectáculo «Iluminar» será el protagonista de la ceremonia inaugural. Estará compuesto por la pirotecnia dirigida por Christophe Berthoneau, y los hinchables de Plasticiens Volants.

Los Reyes estarán acompañados por los Príncipes de Asturias, los Duques de Palma y la Infanta Elena, así como por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, varios de sus ministros, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

La apertura de la Expo pone fin a una carrera que arrancaba hace nueve años, cuando Zaragoza, con el respaldo del Estado, se lanzó como candidata a organizar esta muestra.

«Agua y desarrollo sostenible»

Comienzan tres meses de exposición y de un concentrado programa de actividades culturales y espectáculos. En el recinto, el visitante se encontrará con 60.000 metros cuadrados de pabellones expositivos, en los que se funden propuestas en torno al lema de la exposición, «Agua y desarrollo sostenible», pero también oferta turística y divulgación.

Todo ello, acompañado de más de 4.500 espectáculos de teatro, música y danza. Además, unas 32.000 personas participarán en la Tribuna del Agua, un foro de debate en el que intervendrán, entre otros, Mijail Gorbachov, Rigoberta Menchú o Federico Mayor Zaragoza.

A las 25 hectáreas del recinto, levantado en el Meandro de Ranillas, se añaden las 120 hectáreas del Parque Metropolitano del Agua en ese mismo espacio natural, el Meandro de Ranillas y su entorno labrado por el Ebro. El parque consta de un jardín botánico de 13 hectáreas y un sistema de canales, acueductos y balsas de navegación.

2.250 millones de inversión

El Estado ha sufragado la mayor parte de las inversiones, a las que también han contribuido el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a socios y patrocinadores privados. En total, 700 millones de euros dedicados a construir el recinto de la Expo y otros 1.550 millones del denominado Plan de Acompañamiento, para infraestructuras complementarias en Zaragoza.

Durante los tres meses que permanecerá abierta, la Expo espera recibir 3,6 millones de visitantes. Como algunos entrarán varias veces al recinto, el cómputo total de visitas que se han marcado como objetivo asciende a seis millones y medio. Y los organizadores se muestran optimistas, porque hasta el momento ya hay garantizadas más de tres millones de visitas con las entradas y pases que se han vendido antes de la inauguración.

Entre tanto, el alcalde de Zaragoza emitió ayer un bando en el que llama a la colaboración de los vecinos de la capital para que expresen su «mejor disposición» y hagan que la ciudad muestre «su mejor cara». «Nos queda un último esfuerzo», dice Belloch en su bando: «Ser los mejores anfitriones para nuestros visitantes».

Las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al periódico «Financial Times», en las que afirma que España no construirá más centrales nucleares por los costes que generan, pero también porque un país vulnerable a las sequías no tiene suficiente agua para refrigerar los reactores, han provocado, cuanto menos, incredulidad y sorpresa entre el sector eléctrico y la industria nuclear.

Fuentes consultadas por este periódico han recordado que las centrales nucleares necesitan grandes cantidades de agua, pero que el 98% se devuelve al medio del que se toma, sea un río, un embalse o el mar, después de enfriarse. El resto, se evapora.

Hay que subrayar que el agua que se utiliza sólo se destina al circuito de refrigeración de la instalación, por lo que nunca puede contaminarse.

Cada central nuclear tiene una concesión de consumo de agua. Una instalación tipo de 1.000 MW, tiene un consumo de entre 15 y 20 hectómetros cúbicos al año, según el Foro Nuclear.

Además, todas las centrales de generación eléctrica que emplean turbinas de vapor, como las que utilizan carbón y gas natural, también necesitan grandes cantidades de agua como refrigerante para producir la condensación del vapor que, al expansionarse en la turbina, mueve el generador y produce la electricidad.

Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».