Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».

El presidente catalán, José Montilla, reconoció ayer por primera vez la posibilidad de que se derogue el minitrasvase del Ebro a Barcelona, que a partir de octubre debía garantizar el agua de boca a los 5,5 millones de personas que dependen de las cuencas internas de Cataluña. Entre un Gobierno del PSOE fuertemente presionado tanto desde Aragón como desde el Levante español y unos socios antitrasvasistas con fuertes intereses políticos en Tierras del Ebro, Montilla reclamaba ayer «no precipitarse» por las imágenes del Ebro desbordado y la previsión de más lluvias, pero reconoció por primera vez que la obra de interconexión entre Tarragona y Barcelona puede replantearse si persiste la lluvia.

De hecho, la Agencia Catalana del Agua (ACA) trabaja estos días a marchas forzadas para cerrar la estimación del porcentaje de agua embalsada, sumada a la situación de los acuíferos y los pozos de las cuencas internas que permita garantizar el suministro de agua hasta la entrada en funcionamiento de la desalinizadora de El Prat de Llobregat, prevista para junio de 2009. Un cáculo al que la Generalitat quiere supeditar la decisión del Gobierno, que debería tomarse en el Consejo de Ministros de mañana.

Embalses insuficientes

El hecho es que los socios minoritarios del Gobierno catalán, ERC e ICV, dan por suficientes las lluvias caídas en el mes de mayo más lluvioso del último siglo y aseguran que el agua embalsada en estas semanas será suficiente para garantizar el suministro durante el próximo año. Sin embargo, lo cierto es que esos cálculos cuentan con mantener el resto de las medidas de excepcionalidad adoptadas por la Generalitat -explotación de acuíferos, recuperación de pozos, recurso a las aguas freáticas para determinados usos y reutilización de aguas depuradas-. Y confían en que las lluvias vuelvan en octubre.

Pero lo cierto es que en los últimos tres años las cuencas internas de Cataluña sólo han embalsado agua en los meses de abril y mayo de 2007 y 2008, tal y como muestra el gráfico. Mientras lo habitual es que se acumule agua entre los meses de octubre y mayo, en Cataluña, las lluvias han llegado con seis meses de retraso durante este tiempo, lo que pone en cuestión los cálculos de quienes dan por suficiente el caudal acumulado este último mes. Sin olvidar la escasa capacidad de los embalses de la cuenca interna catalana, cuya capacidad prácticamente equivale al consumo normal de la zona a la que abastecen.

En estas condiciones, la renuncia al trasvase es una apuesta política forzada especialmente por ERC e ICV, fuertemente presionados por el coste político que podrían pagar por la simple realización de la obra. En otras palabras, en unas condiciones de mejora parcial, la apuesta de republicanos y ecosocialistas es una decisión puramente política de suprimir la medida que más coste les supone.

Hasta ahora, el PSC de Montilla había resistido esta presión, empeñado en una interconexión que los socialistas han defendido históricamente pese a su oposición al Plan Hidrológico Nacional, pero el presidente de la Generalitat tuvo que ceder terreno ayer, ante el peligro de verse enmendado de nuevo -como sucedió cuando el Gobierno aprobó el trasvase tras rechazar la apuesta catalana por el Segre- por el Consejo de Ministros del viernes.

Montilla, en una entrevista en Onda Cero, recordó que los embalses catalanes están al 45% de su capacidad, un 10% menos que hace un año, lo que no permite derogar en este momento el decreto para paliar la sequía. Pero avanzó que «habrá que replanteárselo todo» si sigue lloviendo en los próximos días y se incrementa la capacidad los embalses de las cuencas internas. «Puede darse el escenario de que no haga falta aportar agua y estaría encantado de renunciar a ella si se dan estas circunstancias», apuntó.

En este contexto, recordó que la sequía nada tiene que ver con el desbordamiento del Ebro, puesto que este río no abastece a la mayoría de la población catalana. En cualquier caso, pidió al Gobierno de Aragón que esté «tranquilo» y recordó que el Ebro es de los territorios por donde pasa, entre ellos Cataluña.

El presidente catalán advirtió, además, de que la derogación del trasvase no supondrá la renuncia a la interconexión de cuencas para unir el Consorcio de Aguas de Tarragona con el sistema Ter-Llobregat a partir de la conexión entre las futuras desalinizadoras de El Prat y Cunit.

Montilla hizo estas afirmaciones después de que su consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunciara que la Generalitat «está analizando la no materialización de la cañería y por lo tanto analizaremos como funcionaría el sistema con la derogación del decreto ley». De momento la Generalitat ya ha decidido no prorrogar la contratación de aguas para traerla a Barcelona, que se mantendrá hasta el 15 de agosto.

El cambio de postura del Gobierno catalán llegó después de que la portavoz de ERC en el Parlamento autonómico, Anna Simó, ironizara en la Cámara con respecto a quién «hace ruido» sobre el agua en el seno del gobierno tripartito, habida cuenta de que republicanos y ecosocialistas coinciden en la necesidad de derogar el trasvase. ERC e ICV insistieron además en eliminar lo.

Entre tanto, los grupos de la oposición -CiU, PP y Ciutadans- pidieron a Montilla que se mantenga «firme» ante sus socios y construya la tubería prevista entre Ol_rdola (Barcelona) y Tarragona, al tiempo que censuraron la falta de unidad en el tripartito.

El Ebro recela

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) recibió con cautela los indicios de que el Gobierno podría renunciar a la construcción de la tubería de la prolongación del minitrasvase del Ebro a Barcelona. Los portavoces de la plataforma añadieron que también se opondrán a la conexión de las desalinizadoras de Cunit y El Prat prevista por la Generalitat. Manolo Tomás, portavoz de la PDE, apuntó que «nos tememos que el Gobierno de Madrid tenga un as en la manga» y añadió, en referencia a la Generalitat, que «dentro de su obsesión por hacer la tubería, estamos seguros de que tienen un conejo en la chistera».

El sindicato agrario La Unió-Coag anunció ayer que va a exigir al Consell que creen una política del agua en clave autonómica para paliar » el déficit hídrico» que hay en la provincia de Valencia, pero «fundamentalmente» en la de Alicante.

Para ello propuso una serie de medidas entre las que destaca un minitrasvase del Ebro hasta Sagunto.  Según La Unió, «hay que ser realistas» y aunque están de acuerdo con el trasvase completo del Ebro, consideran que es «una utopía» que de aprobarse hoy tardaría 10 ó 12 años en traer el agua hasta la Comunitat.

Según su planteamiento, el trasvase hasta Sagunto sería «viable y razonable», porque se utilizaría parte de la infraestructura que ya existe «para cubrir las necesidades de la provincia de Castellón». Además, según sus cálculos, se liberarían alrededor de 30 hectómetros cúbicos (del canal Júcar – Túria) que podrían utilizarse a la comarca del Vinalopó.

Las lluvias de abril no han aliviado uno de los grandes problemas del sector agrícola de la provincia, la sequía. La cuenca del Júcar presenta mínimos alarmantes en los 8.109 Km2 que ocupa en la provincia de Cuenca. Los recursos hídricos del Alto Júcar y Alto Cabriel se encontraban a principios de marzo en nivel rojo de emergencia. Según los baremos que se utilizan para las mediciones de la sequía, esta situación se establece cuando las reservas de agua están por debajo del 0,15 durante dos meses. Por su parte el Alto Guadiana registra una situación de prealerta, según los indicadores que se aportan desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana..

Por ello, ASAJA Cuenca recuerda que la cosecha de cereal puede verse muy afectada si la situación de sequía continúa en estos niveles sin que se ponga en marcha ninguna medida de choque. De hecho, ASAJA Cuenca denuncia que las pérdidas ya han comenzado, y se estima que las cosechas se han visto afectadas a más del 50 por ciento en algunas zonas de la provincia. Las comarcas de la Mancha Alta y Baja, La Alcarria, la Serranía Media y parte de La Manchuela son las comarcas que más están padeciendo las consecuencias de la falta de lluvias. De continuar esta tónica, los agricultores sufrirán una disminución de las expectativas de ingresos que afectarán significativamente la rentabilidad de sus explotaciones. En los  casos más drásticos, la llegada de las ansiadas lluvias no remediará los daños en cultivos de cereal que ya son irrecuperables.

El sector agropecuario afronta, además de la sequía, el aumento de los costes de producción. La  subida de los precios de fertilizantes y el carburante afectan de forma directa a la rentabilidad del sector. Especialmente significativo es el aumento del gasóleo en más de un 33 por ciento en el último año. Si en marzo de 2007 se pagaba 0,62 euros por un litro, hoy cuesta algo más de 0,85. Una subida que, sumada al del resto de derivados del petróleo (fertilizantes, plásticos, envases…), pone en serias dificultades a numerosas explotaciones agrarias.

En este sentido, ASAJA Cuenca recuerda que los agricultores afectados por la sequía tendrán además que afrontar las pérdidas que ya está ocasionando la falta de agua con la incertidumbre de no saber a qué precio podrán vender el producto final. Precios, que en muchas ocasiones ponen en peligro la rentabilidad del agricultor, ya que se establecen por debajo de los costes de producción.

Por todo ello ASAJA Cuenca recuerda que el campo no puede aguantar ¡Ni un minuto más! esta situación. Por estas y otras problemáticas, los agricultores y ganaderos de la provincia están convocados por ASAJA Cuenca a defender sus derechos en la manifestación del próximo 17 de mayo en Toledo.

 La disposición del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, a «flexibilizar» las exigencias que se recogen en la reforma del Estatuto de Autonomía en materia de agua y de financiación si se logran pactos de Estado provocó ayer la críticas del PP. Así, su secretario regional, Vicente Tirado, acusó a Barreda, de traicionar a los ciudadanos y lo pactado en la reforma del Estatuto y prometió defender «a capa y espada» los intereses hídricos de la Comunidad tal y como aparecen reflejados en esa propuesta legal. Asimismo lamentó que, cuando llega «la hora de la verdad», aparece un presidente regional «asustadizo» y al que «le tiembla la mano» a la hora de defender lo pactado en el Estatuto que, en materia de agua, plantea la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.

Tirado, junto al secretario segundo de las Cortes, Leandro Esteban, dos de los encargados de negociar la reforma estatutaria, arremetió de esta forma contra Barreda por su disposición, manifestada en una entrevista con Efe, a «flexibilizar» las exigencias hídricas y de financiación recogidas en el texto si se logran pactos de Estado al respecto. Leandro Esteban, que quiere que el Gobierno dé explicaciones urgentes en las Cortes de Castilla-La Mancha por este nuevo planteamiento, ha prometido que el PP dará «lo mejor de sí» y no escatimará esfuerzos para defender el agua para la región tal y como se acordó de forma unánime en la propuesta de reforma del Estatuto. Asimismo, recalcó la voluntad de su partido de mantener la unidad de los ciudadanos y de los partidos en la defensa del agua a pesar «de los deslices» del Ejecutivo. Esteban planteó que la fecha de 2015 para el final del trasvase no es «un capricho» ni «una imposición a nadie», sino el cumplimiento de las directivas comunitarias y «el grito de socorro» de Castilla-La Mancha, pues, o se toman medidas, o en esa fecha «no habrá trasvase porque ya no habrá río».

Mientras, el PSOE regional salió en defensa de Barreda al defender ayer un posible pacto de Estado en materia de agua porque si es «aceptado por todos», también por esta Comunidad, significa que en ese acuerdo «se están recogiendo nuestras demandas». «¿Por qué vamos a plantearnos lo fijado en el Estatuto si ya está recogido en ese pacto nacional del agua lo que nosotros planteamos?», se preguntó Caballero.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha convocado el próximo sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del «ministrasvase» del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

Antes, el Consejo de Ministros previsiblemente dará luz verde este viernes al decreto que permitirá abastecer el área de Barcelona con agua del Ebro.

Espinosa se reunirá con los consejeros regionales el sábado por la mañana en Madrid para explicarles la medida acordado esta semana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño, si persiste la sequía.

Espinosa intentará paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pidieron este jueves al Gobierno central que el jueves, el Consejo de Ministros apruebe recuperar la «totalidad» del trasvase del Ebro y advirtieron de que en caso contrario presentarán un recurso al Tribunal Constitucional en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución.

La medida de «emergencia» finalmente pactada entre el Gobierno y la Generalitat consiste en extender la conexión de la cuenca del Ebro a Tarragona hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7, entre Tarragona y la depuradora de Abrera, en Barcelona. A través de esta infraestructura se trasvasarán 50 hectómetros cúbicos.

El coste de las obras, que tendrán una duración de seis meses, se estima entre los 170 y 180 millones de euro, que irán a cargo de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña, lo que supone que la sufragará el Gobierno.

«En unos meses no se hablará de sequía»

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, expresó este jueves su confianza de que «en unos meses» ya no se hablará tanto sobre agua en Catalunya porque se habrá solucionado el déficit hídrico que sufre el territorio ante la falta de precipitaciones de los últimos tiempos, como ha ocurrido con la crisis de Cercanías de los últimos meses, que coincidió con las incidencias que provocaron en la red ferroviaria de ancho ibérico las obras de la llegada del AVE a Barcelona.

Ni ahora, ni más adelante, los catalanes tendrán problemas de agua

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Montilla indicó que los catalanes «pueden estar tranquilos» ya que el Govern está «trabajando, tiene proyectos y tiene soluciones para solventar este problema de sequía excepcional y para garantizar agua para todos, los 7,5 millones de habitantes» que residen en dicha comunidad autónoma. Montilla aseguró que «es falso» que la interconexión de redes sea un proyecto impuesto por el Gobierno central, y la definió como «una solución trabajada conjuntamente» por los ejecutivos catalán y español y recordó que, en cualquier caso, el suministro con agua del Ebro a las comarcas de Catalunya que se abastecen con agua de los ríos del Ter y Llobregat será «temporal y coyuntural», a la espera de la puesta en marcha de la nueva desaladora en El Prat de Llobregat (Barcelona) que, según las previsiones oficiales, se inaugurará en la primavera de 2009. Recordó que la sequía no es únicamente un problema que afecte a la ciudad de Barcelona, sino a todo el país, e indicó que «ni ahora por la sequía ni más adelante, a medio plazo, los catalanes tendrán problemas de agua».

La reunión celebrada ayer en Valencia por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, para abordar la discriminación hídrica de sus regiones ofreció las primeras concreciones: la posibilidad clara de ponerse a la cabeza de aquellas movilizaciones que reclamen «agua para todos» y la determinación de recurrir en amparo al Constitucional ante «la quiebra del principio de igualdad» representada por la decisión de Rodríguez Zapatero de autorizar un trasvase del Ebro sólo para Cataluña.

Camps y Valcárcel, no obstante, todavía ayer aguardaban que el Ejecutivo incluyera en el Consejo de Ministros una rectificación del proyecto consistente básicamente en la recuperación «en su integridad» del trasvase del Ebro.

De lo contrario, el «frente común» Valencia-Murcia-Almería se aplicará con decisión a la vía judicial y está también dispuesto a apoyar, y a encabezar, aquellas protestas motivadas por la falta de agua y, sobre todo, por la desigualdad en su reparto.

Si bien ambos explicaron que no serán sus Gobiernos regionales los «promotores» de eventuales movilizaciones, también aseguraron que «estaremos allí donde las haya, como hemos hecho hasta ahora». Hay que situarse «al lado de la gente», se justificaron.

En este sentido, la elección de Madrid como lugar de estas acciones parece inevitable: es, dijo Valcárcel, el escenario «perfecto» para acoger una de estas manifestaciones en defensa de los derechos hídricos de las cuencas mediterráneas más deficitarias después de que, en años pasados, Alicante y Murcia hayan registrado protestas multitudinarias.

Bancos de agua

El flanco judicial se plasmará en un recurso que elaboran los servicios jurídicos de ambas regiones y que podría presentarse ante el Constitucional con carácter inminente si es que no hay variación en el rumbo de las conversaciones, hasta ahora prácticamente nulas, con el Ejecutivo, y que tendrán continuidad en una reunión convocada para mañana por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con todos los consejeros autonómicos con responsabilidades en materia hídrica.

Ambos Gobiernos autonómicos también acordaron ayer exigir el mismo derecho a utilizar los derechos de agua adquiridos por los usuarios del Ebro y se mostraron favorables a la creación de los denominados bancos de agua.

Camps acusó a Zapatero de actuar «a escondidas y con mucha vergüenza» en la decisión de autorizar un trasvase a Barcelona que ha venido negando desde que llegó a La Moncloa a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería.

«Solidaridad» con Cataluña

Para sus artífices, la reivindicación del derecho de sus territorios al agua del Ebro no es en ningún modo incompatible con su «comprensión» hacia las urgencias hídricas de Cataluña. Tanto Camps como Valcárcel fueron rotundos al expresar su «solidaridad» con los catalanes y aseguraron que respaldan el trasvase a Barcelona hasta el punto de desear que éste sea «permanente y de 180 hectómetros cúbicos». En su opinión, la demanda que ahora tiene Barcelona no es coyuntural, sino «estructural».

Reparos del PSOE de Aragón

El PSOE añadió elementos que cimentan los argumentos de que el trasvase del Ebro sólo a Barcelona pactado por Gobierno y Generalitat no será una vía de emergencia este año por la sequía, sino que su carácter será permanente, lo que provocó el malestar de los socialistas aragoneses. Tras una reunión con líderes socialistas de Aragón, Valencia, Murcia, Cataluña y La Mancha para medir las consecuencias de este acuerdo, Ferraz reconoció que el trasvase será permanente, y lo justificó por los eventuales fallos de la futura desalinizadora de El Prat (Barcelona), que entrará en funcionamiento previsiblemente en junio de 2009. Un argumento, aseguran en el PP, perfectamente válido para toda la España seca para reclamar un trasvase. La desaladora de Barcelona, por otra parte, tardará muchos años en estar a pleno rendimiento, por lo que el trasvase, aseguran los expertos, se utilizará de forma permanente, desmintiendo así las explicaciones del PSOE.

Mientras tanto, la Generalitat ha hallado la fórmula para tapar la boca a algunas de las voces críticas con el trasvase del Ebro a Barcelona, las de los regantes. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunció que el Real Decreto que recogerá el proyecto de prolongar el minitrasvase del Ebro a Barcelona contemplará la posibilidad de que la Generalitat compre los derechos de agua de los regantes de toda la cuenca catalana del Ebro, no sólo los del Delta. Baltasar no aclaró quién costeará la compra de estos derechos, aunque espera que sea el Estado. De ser así, faltaría por ver si iría a costa del montante del Estatuto.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, darán carta de naturaleza mañana a un frente reivindicativo común dirigido a denunciar en las instituciones la decisión del Gobierno de trasvasar agua sólo para Cataluña y a exigir la recuperación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) como la única vía posible de desarrollar una política hídrica «realmente solidaria» a escala nacional.

La creación de este frente común, que incluye el recurso a la vía legislativa, supone una acción complementaria al calendario de movilizaciones que ambas comunidades autónomas diseñan contra la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de autorizar para Cataluña lo que niega al resto del Levante español.

Igual que hace cuatro años

Si en 2004 los presidentes valenciano y murciano se sorprendieron de la derogación del trasvase del Ebro, en un pacto a hurtadillas de Rodríguez Zapatero con sus entonces socios de ERC previo a las elecciones generales, ahora, en 2008, han vuelto a quedar atónitos al ver cómo ese trasvase se hará pero sólo hacia Barcelona.

Semántica aparte (trasvase, transferencia, conducción…), lo cierto es que el agua del Ebro irá al área metropolitana de Barcelona por un procedimiento que ya pidió Valencia a finales del año 2006 y le fue denegado. Como también pasó luego con la propuesta de utilización del agua del río Bergantes, afluente del Ebro que discurre por el norte de la provincia de Castellón.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, explicó ayer en este sentido que el Ministerio de Igualdad debería iniciar su trabajo garantizando la igualdad de los españoles en materia de agua, para evitar que se produzcan discriminaciones en el abastecimiento por razón de residencia.

Una reunión con la ministra

El clima de crispación que ha generado la decisión del recién estrenado Gobierno de Zapatero no ha cerrado las puertas al diálogo y así el Ejecutivo valenciano mantiene la mano tendida y ya ha solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

Hasta la fecha nunca han podido celebrarse reuniones entre el Ejecutivo de Camps y la titular de Medio Ambiente que precedió a Espinosa en el cargo (Cristina Narbona), por lo que en el Gobierno valenciano tienen la íntima convicción de que la nueva ministra será más receptiva con las peticiones de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

En todo caso, la ofensiva institucional seguirá teniendo una de sus patas en el Parlamento autonómico. Para ello, el grupo popular en las Cortes Valenciana ha presentado una proposición no de ley para que el legislativo refrende el «informe Camps» aprobado por el Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Europea y que sea remitido al Gobierno central para que rectifique su política hídrica.

García Antón y el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, presentaron la iniciativa parlamentaria, que reclama al Ejecutivo de Zapatero que cumpla con los principios de solidaridad, igualdad y no discriminación ejecutando de nuevo el trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y el Segura.

El consejero recordó que el uno por ciento de la cuenca del Ebro son tierras valencianas, por lo que a la Comunidad le corresponden 180 hectómetros cúbicos de agua de ese río.

El documento que votarán los diputados recoge un apoyo explícito al proyecto de trasvase de aguas del Ebro para abastecimiento humano de la ciudad de Barcelona. El portavoz popular destacó que el «informe Camps» refleja la filosofía del PP en materia de agua y afirmó que el documento es «coherente, solidario y plantea soluciones globales».

Esperanza Aguirre, el lunes

A este eje que hará frente a la política hídrica de Zapatero se sumará el próximo lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien mantendrá una reunión en la capital de España con el propio Francisco Camps. Aguirre reactivará así el llamado «eje de la prosperidad» (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares) con Camps y también pedirá la solidaridad en el tratamiento de la sequía para todas las regiones españolas.

En medio de la polémica por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, demandada desde la Junta de Castilla-La Mancha y rechazada por los gobiernos de Valencia y Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado las obras para dotar de agua del Tajo a los regadíos de la localidad murciana de Pliego. Esta actuación es la única que quedaba por ejecutar para dar por completado el postrasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia y, por tanto, en la Cuenca del Segura.

Las obras para la «Dotación de los recursos del trasvase Tajo-Segura a los regadíos del término municipal de Pliego» habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en diciembre del pasado año, por parte del Ministerio, que ahora ha adjudicado estos trabajos a la mercantil Ferrovial Agroman SA por un importe de 6.595.000 euros.

El plazo de ejecución está fijado en 14 meses, según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un comunicado.

Esta obra -añade el comunicado- supone «otra muestra más del compromiso del Gobierno por asegurar el correcto funcionamiento y la buena gestión de esta infraestructura, además de corregir el agravio comparativo que, años tras año, han venido sufriendo los agricultores de Pliego».

Pero mientras el Gobierno de Zapatero adjudicada obras para asegurar los regadíos de Murcia a través del acueducto Tajo-Segura, el Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda sigue reclamando que el agua de la cabecera del Tajo se utilice en Castilla-La Mancha. En este sentido, el viceportavoz socialista en las Cortes, José Manuel Caballero, exigió ayer a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que aclare si apoya el «informe Camps» aprobado el jueves en el Comité de las Regiones y si está en contra del trasvase para abastecer a la Llanura manchega.

«Silencio vergonzante del PP»

Caballero reclamó a Cospedal que rompa su silencio «vergonzante» en relación con el denominado «informe Camps», un documento no vinculante contra la sequía que defiende la política de trasvases que fue aprobado el jueves en el Comité de las Regiones con el rechazo de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, informa Efe. Al respecto, el diputado socialista preguntó si «la lideresa» del PP castellanomanchego va a llamar a los presidentes de Murcia y de Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, para trasladarles su oposición a dicho texto, o si, por el contrario, «tiene miedo a enfrentarse a sus compañeros del PP».

El dirigente socialista también exigió explicaciones a Cospedal por las declaraciones realizadas por la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, en las que pidió al presidente de la región, José María Barreda, que aclare si su oposición a la política de trasvases incluye también un rechazo al trasvase del Tajo a la Llanura manchega. Caballero acusó a Guarinos de «cuestionar» esa obra -una «reivindicación histórica» de la Comunidad a través de la cual se dará de beber a más de medio millón de manchegos- al compararla con el trasvase Tajo-Segura.

Durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el portavoz en materia de agua del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, pidió al PP de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que se pronuncien en contra del dictamen de la Unión Europea a favor de una política trasvasista y lamentó que a los populares «se les llene la boca de palabras contra los trasvases».

Molina hizo estas declaraciones ayer, tras conocerse la resolución del pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea, donde se aprobó el informe del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aboga, entre otras soluciones, por el recurso a los trasvases para paliar la escasez de agua y la sequía en Europa. Así, en su opinión, ayer también se demostró que «los que realmente pintan en el PP» están a favor de los trasvases, mientras que aseguró que la representación de Castilla-La Mancha enmendó el texto con el apoyo de todo el PSOE europeo, a pesar de lo cual el dictamen fue aprobado.

Por su parte, el PP regional rehusó hacer declaraciones tras conocerse la resolución europea y se remitió a la comparecencia de su portavoz en la Cámara regional, Ana Guarinos, durante el Pleno celebrado ayer en las Cortes regionales.

«Nosotros pedimos, y así consta en el Estatuto de Autonomía, que el trasvase Tajo-Segura, tal y como está concebido actualmente, tiene que desaparecer» aseguró la portavoz del PP, quien lamentó que Castilla-La Mancha sea «la única región que está hipotecada en materia de agua».

Finalmente, Guarinos, que calificó de «contradictoria y oportunista» la postura del PSOE en política de agua, recordó la existencia de un trasvase interno destinado a abastecer a la Llanura Manchega y retó a Barreda a que aclare si está también en contra de esos trasvases.

Fue el portavoz socialista, Santiago Moreno, quien contestó a Guarinos asegurando que el abastecimiento a La Mancha con aguas de la cabecera del Tajo sólo servirá para dar de beber a los municipios de esa zona y ha asegurado que jamás discurrirá por la tubería manchega agua para regadíos, desarrollos industriales o campos de golf.

Municipios ribereños

Durante el pleno de ayer, las Cortes aprobaron una resolución por la que instan al Gobierno central a que preserve una lámina mínima de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para garantizar la actividad socioeconómica de los municipios ribereños de esos pantanos.

Este fue el único punto en el que estuvieron de acuerdo ambas formaciones, puesto que el Partido Popular propuso -a través de una resolución que fue rechazada con los votos en contra del PSOE- revisar el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para retirar del mismo las actuaciones ya realizadas o previstas, así como crear una oficina de seguimiento del documento.

El diputado socialista José Molina, aseguró que el principal problema de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía «son los propios embalses», porque desde la creación de los mismos, «se ha trasvasado de manera excesiva».