En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 29.137 hectómetros cúbicos, 5.481 más que el pasado año y 1.627 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 90,5 por ciento de su capacidad; las del Cantábrico que están al 89,6 por ciento; Galicia Costa, al 82,3 por ciento;  Miño-Sil 75 por ciento; Cuencas internas de Cataluña al 74,9 por ciento; Ebro, al 74,1 por ciento y la del Duero al 60,9 por ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento está el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 48,3 por ciento; la cuenca del Tajo que se incrementa al 48 por ciento; la cuenca Atlántica Andaluza, al 47,2 por ciento, la cuenca del Guadalquivir, al 41,7 por ciento de su capacidad total y la cuenca Mediterránea Andaluza, al 40,4 por ciento.

En situación más crítica permanecen la del Júcar, al 31,2 por ciento, y la del Segura, que está al 24,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 29.137 hm³. De éstos, 21.351 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 7.786 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

Cuando el debate sobre la inclusión de una cláusula de caducidad del trasvase Tajo-Segura se halla más vivo que nunca, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de otro trasvase que tomará el agua desde la cabecera de esta infraestructura, en Cuenca, y la irá repartiendo por toda la Mancha hasta Puertollano (Ciudad Real).

La transferencia, conocida como «tubería manchega», cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, cifra similar al coste del trasvase Júcar-Vinalopó, y cuenta con el beneplácito -no en vano, son las impulsoras de la obra- de dos de las administraciones públicas más beligerantes con los trasvases en España: el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación de la inversión, además, el Ejecutivo socialista evidencia una doble vara de medir. Mientras que la Junta amenaza con poner fin al Tajo-Segura en 2015 y el Gobierno central avisa que los trasvases al Segura irán reduciéndose con el tiempo -aunque ayer, coincidiendo con la del nuevo trasvase manchego, se aprobaron 24,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento a poblaciones y 20 hectómetros cúbicos para el riego para Murcia y Alicante-, el Consejo de Ministros dio vía libre a una nueva transferencia, que se nutre de esta conducción.

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aclaró el pasado jueves esta contradicción: «La tubería manchega supone el fin del Tajo-Segura como se concibió, llevándose el agua sin dejársela a los castellanomanchegos». Es decir, que se dirija a la Mancha en detrimento de Murcia y Alicante.

El proyecto, que recoge 424 kilómetros de canalizaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias, se remonta al Gobierno de Felipe González. El plan permaneció congelado hasta que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opositora acérrima de los trasvases entre cuencas hidrográficas, firmó con el presidente castellanomanchego, José María Barreda, el comienzo de las primeras obras -la canalización principal ya está, en parte, en marcha-. Y es que el Plan AGUA, que no incluyó el Trasvase del Ebro, recogía esta conducción.

Pese a que parte de los recursos se utilizarán para recargar los acuíferos de las zonas húmedas del Guadiana -entre las que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel-, lo que supone una intercambio entre cuencas, Narbona dio el plácet a la obra.

Otra faceta del proyecto aprobado radica en el ofrecimiento del Gobierno de Extremadura de un trasvase desde el Tajo medio al Tajo-Segura para satisfacer las necesidades hídricas de Murcia y Alicante. Se daría la paradoja que la conducción atravesaría toda la Mancha «regada» por la «tubería manchega».

Agua de más calidad

La razón por la que el Gobierno castellanomanchego no se plantea tomar los recursos hídricos por esta toma se hallaría en la calidad de sus aguas: en la cabecera del Tajo es notablemente mejor que en su curso medio -la que se ofrece a la Comunidad y a Murcia-, que ya ha recogido las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana y de la que se duda que sea apta incluso para el regadío por su alta contaminación.

La planificación hidrológica nacional vuelve a dar un giro bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desalación frente a trasvases fue la primera decisión de su Ejecutivo bajo la batuta de la defenestrada ministra de Medio ambiente, Cristina Narbona.

Esa radicalidad en el planteamiento segó de raíz el Pacto Nacional del Agua que se alcanzó con un consenso superior al 80% y que contemplaba, entre otras, la ejecución del trasvase del Ebro. La presión ejercida en esa primera legislatura por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que condicionó el apoyo a Zapatero en los presupuestos a la derogación del citado trasvase resultó definitiva.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue quien estampó su firma en la defunción -siquiera temporal- de esa conducción. Cuatro años después, la tortilla ha dado la vuelta casi por completo y el Gobierno socialista se presenta como valedor de los trasvases.

Vuelta al «interés general»

El motivo es obvio: la guerra del agua se ha extendido en este último lustro como un reguero de pólvora afianzando en los diferentes territorios autonómicos a sus gobiernos que realizaban encendidas defensas de sus derechos hídricos.

La vuelta al «interés general» es lo que auspicia este giro copernicano en la planificación del Gobierno de España. Marcelino Iglesias en Aragón, José María Barreda en Castilla-La Mancha, Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Carod-Rovira en Cataluña y Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia han protagonizado los principales duelos dialécticos entre territorios con cuencas excedentarias y deficitarias. Javier Arenasen Andalucía también ha levantado la voz con dureza para reclamar más recursos hídricos, algo que Manuel Chaves ha obviado, mientras que Esperanza Aguirre se sumaba en el último año a la solidaridad que pedía Camps y que también reclamó para el sistema de financiación autonómica.

El órdago de Castilla-La Mancha en su reforma estatutaria (analizada ahora en el Congreso de los Diputados) ha acabado por romper la baraja de los discursos nacionales de PP y PSOE en la materia. Primeros espadas de ambas formaciones como María Dolores de Cospedal o el propio Barreda se han visto involucrados en una guerra interna que las direcciones nacionales de Génova y Ferraz han querido cortar.

El consenso está más cerca -aunque en ningún caso es inminente- y se pretende no ahondar más en la herida del «agua para todos», pero la conclusión es que cinco años después Zapatero vuelve a ceder ante ERC y también ante su «compañero» de partido, el presidente catalán, Josep Montilla.

La presión de las fuerzas políticas catalanas ha sido suficientemente insoportable para el Gobierno de España como para obligarle a abandonar la idea del trasvase del Ebro y retomar «otro Tajo-Segura» en el curso medio del río a la altura del embalse de Valdecañas.

Extremadura, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, no pondrá tantas objeciones si obtiene alguna compensación económica (factible en la cercana reforma del sistema de financiación).

El Ebro sigue en el horizonte

Zapatero busca también que uno de los principales ejes de reivindicación de los Gobiernos valenciano y murciano quede desactivado, ofreciéndoles igual cantidad de agua que la que llegaría del Ebro.

La realidad, no obstante, es que el trasvase del Ebro seguirá en los próximos años como un proyecto «irrenunciable» para el Consell, tal como ha asegurado su presidente en varias ocasiones. No se entiende la demonización de esta conducción para acabar haciendo otra en un lugar diferente del país con coste elevado.

La politización, pues, de la planificación hidrológica nacional dista pues mucho de solucionarse. Mientras, los regantes seguirán padeciendo dificultades si los años hidrológicos son tan secos como los últimos porque la alternativa de la desalación se desvanece -al menos en su condición masiva-por su elevado coste medioambiental y energético.

AVA-ASAJA denuncia la “mala fe” demostrada por el Mi­­nisterio de Industria que, presionado seguramente por las eléctricas y sin ad­ver­tirlo ni ne­go­ciarlo con las organizaciones agrarias, ha impuesto cam­bios de última hora en los horarios que marcan los precios de los riegos de alta tensión así como en las tarifas de baja tensión.

05/01/2009 (Noticia leida 232 veces)

AVA-ASAJA- Así lo re­co­gió, el 31 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden ITC/3.801/2008 de 26 de diciembre por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2009. “En 2008 hemos afrontado una falsa liberalización del mercado eléctrico que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento ‘se­mipactado’ de los costes energéticos para los agricultores del 40% y ahora, en la víspera de No­chevieja con nocturnidad y estoy por decir que también con alevosía, el Gobierno impone más modificaciones que seguro su­pondrán nuevas subidas”.

Los cambios en los horarios de riego que recoge el BOE se aplicarán sin haber de­jado margen alguno a las entidades de regantes para informarse y readaptarse a la nueva situación. De otro lado, la entrada en vigor de esta orden se producirá tam­bién sin que las eléctricas, que son las únicas que tienen acceso a los contadores de estas ins­ta­laciones, se hayan preocupado por adaptar sus contadores a la nueva disposición. AVA-ASAJA, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios mi­llares de ins­talaciones de goteo y explotaciones agrarias adheridas a ellas, ha remitido en la mañana de hoy y nada más tener cono­cimiento de la nueva disposición una carta a Iberdrola –la com­pa­ñía dominante en la Comunidad Valenciana- apre­miándola a que readapte sus contadores.

La organización agraria ad­vierte a este respecto que sus asociados -al tratarse de una circunstancia ajena al usua­rio, al que tam­poco se le ha informado en tiempo y forma- no se harán cargo de los nuevos incrementos en la factura eléctrica que se generen a causa de es­tos cambios hasta que los técnicos de las eléctricas no procedan al ajuste de los conta­do­res. “Acudiremos donde haga falta para evitar que se pa­gue un euro más de lo que fije el contador”, advierte Aguado.

Tras hacer desaparecer este año las tarifas especiales de riego y abo­car al sector a afrontar un mercado supuestamente liberalizado, el ministerio ha cam­biado hoy las franjas para el riego en horas ‘valle’ (en las que resulta más barato), ‘punta’ (más caro) y ‘llano’ (con un coste intermedio) para las líneas de alta tensión. Para las de baja, que son minoritarias pero que también afectan a algunas entidades de riego, se ha suprimido el sistema de franjas horarias para pasar a imponer el de periodos del año con tarifas ‘valle’, ‘punta’ y ‘llano’, plazos de tiempo en el que también se aplicarán tarifas más caras, con nuevos incrementos de hasta el 45% a sumar a los ya aplicados desde julio de en torno al 40%.

UPA- Esto ha supuesto que se incremente la destrucción de empleo en el campo (la ocupación en la agricultura y la ganadería se ha reducido a un ritmo de 300 ocupados al día) y se agudice la crisis de los sectores extensivos agrarios y de los ganaderos.

El análisis realizado por los servicios técnicos de UPA, a partir de diferentes fuentes oficiales, señala que la renta general del sector –en la que se incluye el valor de los productos en el mercado, las subvenciones recibidas y los costes de producción- puede disminuir en 2008 entre el 4 y el 6%, en términos corrientes, respecto al año anterior.

La evolución de las producciones agrícolas confirma que 2008 ha sido un buen año, en el que no ha habido elementos climatológicos relevantes que hayan reducido significativamente las producciones.
Sin embargo, hay que destacar la evidencia de los efectos de las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) con descensos de las producciones muy importantes en los cultivos industriales. Destaca la reducción de un 59% de la producción de algodón o de un 35% de la remolacha.

En lo que se refiere a la evolución de los precios agrarios en este año que termina, cabe destacar que en general se han comportado mal para el sector agrario y que tan sólo la evolución positiva de las frutas y la leche han salvado la cara en este capítulo.
Y ello porque veníamos de un muy mal comportamiento de estos dos sectores en la pasada campaña, por lo que el análisis comparativo ha sido favorable. El final del año se está caracterizando en el aspecto de precios, por un hundimiento generalizado de los mismos en origen, destaca el descalabro de los cereales, del aceite de oliva, de la uva, de los cítricos, de la leche, del cerdo ibérico…

Paralelamente a esta situación, durante buena parte del año el IPC en alimentación ha sido uno de los más altos. Sigue persistiendo una diferencia injustificable entre los precios percibidos por los agricultores y los que pagan los consumidores. Y esto es especialmente significativo cuando se produce hundimiento del precio en origen, ya que nunca se termina repercutiendo ese descenso al consumidor.

Sin duda el elemento que ha jugado un papel más relevante en el resultado último de la renta agraria ha sido el capítulo de los costes de producción, con un incremento medio respecto al año pasado de más del 13%, Destacan el incremento espectacular que han tenido los fertilizantes (incremento del 70%), la energía (subida superior al 25%) y los piensos (subida de este insumo del 19%)

En cuanto a la evolución del empleo, durante 2008 se ha acentuado la tendencia de años anteriores, con la pérdida de unos 109.000 ocupados en el sector agrario, lo que supone un ritmo de 300 personas ocupadas menos cada día en actividades agrícolas o ganaderas. El año 2008 pasará a la historia como el momento en el que la cifra de ocupados en el sector agrario bajó de los 800.000.

En el sector del vino, en 2008 se ha comenzado a aplicar la reforma de la OCM vitivinícola, con la presentación en Bruselas del Programa de apoyo al sector vitivinícola español para las próximas 5 campañas y con la aceptación de los primeros arranques de viñedo primados (73.377 has).

Sin embargo, la campaña iniciada el 1 de agosto ha transcurrido hasta el momento sin que se hayan desarrollado gran parte de las normas de regulación, lo cual ha supuesto una gran incertidumbre por parte de los diversos operadores.
A pesar de contar con una producción (38,4 millones de hectolitros) un 3,6 % inferior a la de la campaña pasada, los precios de la uva en origen han tenido unas cotizaciones cercanas a un 25% por debajo de la campaña anterior, con la consiguiente repercusión negativa en la renta de lo viticultores, que ven su futuro con gran desesperanza.

Por su parte, los cultivos herbáceos han vivido durante el año 2008 dos momentos muy diferenciados. El año comenzaba con unos precios históricamente altos en todos los mercados, que a partir del verano se desplomaban hasta alcanzar cotizaciones extremadamente bajas. La cosecha fue similar a la de la campaña anterior, gracias al aumento de la superficie sembrada que compensó el descenso de los rendimientos. Por último el aumento del precio de los fertilizantes ha limitado en gran medida las perspectivas para la próxima campaña, ya que está provocando un menor uso de fertilizantes en la sementera.

La producción de aceite de oliva durante esta campaña oleícola ha alcanzado las 1.236.000 t, un 11,2% más en relación a la campaña anterior y un 13,8% por encima de la media de las cuatro últimas campañas.
Las exportaciones de aceite se han incrementado un 8,3% y el consumo interior ha descendido un 5,9% en relación a la campaña anterior.

Por su lado, las explotaciones olivareras se están enfrentando esta campaña a un continuo descenso de las cotizaciones del aceite de oliva. En relación al año pasado, el precio medio del aceite de oliva ha descendido un 4,3%, mientras que los costes de producción han experimentado fuertes incrementos.

El sector remolachero-azucarero ha vivido durante este año un período muy intenso. Tras el acuerdo de reestructuración alcanzado por las empresas azucareras en marzo, quedó definido el mapa del sector para las próximas campañas, al quedar únicamente activas cinco fábricas de molturación: cuatro en Castilla y León y una en Andalucía. En cuanto a la producción, el sector está notando de manera espectacular los efectos de la reforma de la OCM como demuestran las reducciones del cultivo superiores al 35%.

En el último trimestre del año se produjo la venta de Azucarera Ebro a la compañía británica British Sugar y el acuerdo entre la cooperativa ACOR y la empresa francesa Tereos para refinar y comercializar azúcar en nuestro país.

La producción de cítricos en la campaña 2007-2008 ha sido inferior a la anterior, obteniéndose una mejora en los precios percibidos por el agricultor en relación a la campaña previa que fue desastrosa.

La nueva campaña de comercialización se ha iniciado con el hundimiento del precio en origen entre un 50-60% con respecto a los de la pasada campaña. Esta caída está poniendo al sector productor en una situación realmente crítica, al unirse la bajada de precios a los incrementos de los costes de producción.

En relación a la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, aprobada en junio de 2007, es de destacar que durante 2008 se han publicado los Reales Decretos correspondientes a la Regulación del reconocimiento las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs), así como el Real Decreto sobre Fondos y Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que transponen la normativa europea a la normativa nacional.

En cuanto a los cultivos industriales, en 2008 el sector del algodón ha vivido la revisión del sistema de ayudas, tras al sentencia del Tribunal Europeo. Tras todo el proceso de reforma, el sector del algodón está en una situación muy crítica con descensos espectaculares tanto de la superficie sembrada como de los rendimientos.

El Ejecutivo autonómico ha ido recurriendo ante el Tribunal Supremo casi todos los trasvases para regadío desde el 2005.

Así lo explicó la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, quien puso de manifiesto que este recurso “no es una actuación caprichosa sino que responde a una necesidad real”. En este sentido, recordó que el Ejecutivo castellano-manchego trabaja para satisfacer y garantizar los derechos de agua de todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, en cantidad y en calidad.

Rodríguez reiteró hoy a preguntas de los medios de comunicación, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo, que el Gobierno autonómico está en contra de trasvases de agua para regadío cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentran al 12 por ciento y aseguró que es injustificable, con el Estado de Derecho actual, que se siga exprimiendo agua de Castilla-La Mancha.

Este recurso, aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer, está basado en criterios medioambientales ante la situación hídrica de los embalses de Entrepeñas y Buendía y porque ante una situación de excepcionalidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que sólo se podría trasvasar agua para socorro y para el mantenimiento del cultivo, y nunca para aumentar producción hortofructícola de Murcia y Levante.

La reforma del Estatuto en la buena dirección

Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha aseguró, en relación a la negociación que actualmente está manteniendo los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados con respecto al trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que va en la buena dirección.

Rodríguez recalcó que al Gobierno regional no le importa tanto cuando se apruebe el Estatuto, sino que se consiga mediante este texto garantizar y reconocer los derechos hidrológicos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Con respecto a las declaraciones realizadas por Gregorio Peces-Barba, quien afirmó que la fecha de derogación del trasvase Tajo-Segura para 2015 era un “brindis al sol”, la portavoz del Ejecutivo regional subrayó que “lo que no podríamos brindar nunca al sol serían los intereses de los castellano-manchegos”.

Rodríguez reiteró que la fecha de caducidad del trasvase es una fórmula y una bandera que busca defender los intereses de nuestra tierra e hizo hincapié en que esta defensa es la principal obligación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por último, la portavoz del Gobierno regional se mostró optimista con que la reforma estatutaria que salga de la Cámara Baja será un texto constitucional.

La falta de lluvias en la cuenca del Segura se debe al «efecto Foëhn», que hace que los frentes procedentes del Atlántico apenas dejen lluvias. La alineación suroeste-noreste de los sistemas montañosos de la sierra del Segura hace que las cuencas del Guadalquivir y del Júcar reciban más agua, relata Fuentes Zorita. Esos frentes chocan con los sistemas montañosos, ascienden y se enfrían proporcionando más lluvias. Sin embargo, al sobrepasar la vertiente del Segura, ese frente desciende, se calienta y el vapor de agua no condensa.Esto hace que las lluvias que recibe Murcia procedan en su mayor parte de borrascas que se crean en el Mediterráneo. Causan episodios de gota fría.

Santiago Menéndez de Luarca ha subrayado, en la clausura de las Jornadas internacionales sobre gestión de riesgos en la agricultura europea, organizadas por UPA, el trabajo conjunto con las organizaciones representativas de los agricultores y ganaderos en el importante desarrollo alcanzado por el sistema español de seguros agrarios, que le sitúa en una posición muy destacada en el ámbito internacional, y permite ser optimistas respecto de las nuevas metas a lograr en la gestión de riesgos agrarios.

En la definición de las estrategias de gestión de los riesgos en la agricultura no puede olvidarse, ha manifestado el Subsecretario, que el primer escalón en la protección, ante daños de baja intensidad, se encuentra en la propia explotación. Sin embargo, para hacer frente a daños cuya intensidad supere la capacidad del productor, es necesario recurrir a instrumentos basados en el reparto o transferencia del riesgo con terceros, lo que se conoce como la mutualización del riesgo.

Entre dichos instrumentos, ha continuado Santiago Menéndez de Luarca, es el seguro el que dispone en la actualidad en España, de un mayor grado de desarrollo y de aceptación entre los productores. Es importante recordar que para su correcto desarrollo, se exige que su aplicación se ajuste a los principios de la técnica actuarial y que sus resultados se sitúen en el equilibrio financiero, entre primas e indemnizaciones.

El Subsecretario también ha recordado que aunque en la mayoría de los países desarrollados, o en vías de desarrollo, se dispone de una amplia tradición en la utilización de seguros para la cobertura de riesgos sencillos, como el granizo o el incendio, en España junto con un número bastante reducido de países, se dispone de modelos de aseguramiento más completos que permiten garantizan riesgos de más complejidad, como la sequía, la inundación, las heladas o las epizootias.

Las mejoras introducidas en los últimos años en el sistema de seguros agrarios, ha añadido el Subsecretario, han consolidado un modelo bien implantado y apreciado entre los agricultores y ganaderos, lo cual no obsta para que se deba seguir trabajando para lograr un mayor grado de perfeccionamiento y una más completa adecuación a las nuevas orientaciones de la agricultura.

Desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha subrayado Santiago Menéndez de Luarca, se quiere contribuir al desarrollo de nuevas herramientas de gestión de los riesgos, que permitan a los agricultores y ganaderos reducir las incertidumbres propias de su actividad productiva. Para ello, el Plan de Seguros Agrarios del ejercicio 2009, contempla entre sus compromisos la realización, durante los próximos años, de algunas actuaciones directamente relacionadas con las cuestiones debatidas en estas Jornadas.

Para finalizar, el Subsecretario ha anunciado que para avanzar en estas cuestiones y facilitar el debate y puesta en común de los diversos instrumentos de gestión existentes, está previsto organizar una Conferencia Internacional sobre gestión de riesgos y crisis agrarias, a celebrar en el primer semestre de 2010, coincidiendo con la Presidencia española de la Comunidad Europea.

Puxeu ha reiterado este compromiso durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso para informar sobre la política hídrica del Gobierno en materia de trasvases. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió el pasado mes de abril, durante la sesión de investidura, a hacer este informe ante el requerimiento que le hizo el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Este anuncio se concretó en junio en una moción en la que se concretaba el plazo de nueve meses. Durante la comparecencia, la diputada de CiU Conxita Tarruella preguntó a Puxeu en qué fase se encontraba el estudio y si se iban a cumplir los plazos previstos. El secretario de Estado ha respondido: «Los plazos que tenemos fijados son los que se establecen en el mandato en el Congreso de los Diputados y por tanto, a finales de marzo de 2009 tenemos que entregarles esta documentación y así confiamos en hacerlo». Puxeu ha explicado que «se está trabajando con medios propios de la Administración, con universidades y con expertos» para redactar el estudio bajo la supervisión de la Dirección General del Agua. Ha añadido que el informe tiene que evaluar el impacto económico, medioambiental y sociológico e, incluso, hacer «algún análisis probablemente en el sur de Francia».

Comienza la época de siembra en la provincia con el ánimo maltrecho. Así lo ha podido constatar la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Málaga tras las conversaciones mantenidas con sus asociados. Muchos de ellos lo tienen claro: los costes de producción no compensan el precio de la venta de la tonelada de la cosecha. La solución es evidente: este año no se siembra.

Con el precio de los cereales en clara tendencia a la baja, la incertidumbre entre los productores es máxima, ya que los costes a los que se enfrentan resultan desorbitados. Los fertilizantes han subido más de un 70% en el último año. Esta situación ha provocado que muchos agricultores se replanteen su actividad y opten por cultivos que necesiten menos fertilizantes. “Muchos agricultores- explica Baldomero Bellido, técnico de ASAJA en Antequera- se van a decantar por la cebada y la avena y se arriesgarán a no aplicar abonado de fondo por el precio que tiene”.

El abono de fondo -el que se echa a la tierra antes de la siembra, más rico en fósforo, potasio y menos en nitrógeno- resulta extremadamente caro. Según Bellido, serían necesario 450 kilos de abono por hectárea, lo que sumado al resto de los gastos eleva estos a cerca de 600 euros por hectárea. En cambio, en los cultivos de cebada y avena los costes se reducen notablemente. “Hay que añadir que la semilla de estos últimos se compra por 22 céntimos el kilo, mientras que la semilla de trigo duro cuesta alrededor de 40 céntimos”, manifiesta el técnico.

Otra de las posibilidades que se han planteado los agricultores de la provincia es un año de barbecho, es decir, sembrar un año sí y otro no para ahorrar en abono en la campaña siguiente. “Es una forma natural de que la tierra, al estar descansada, se integre de nuevo de nutrientes. De esta manera no es necesario echar tanto abono para la siguiente sementera”, aclara Bellido, al tiempo que asegura no recordar una temporada así.

Recuperar la normalidad

Dado que el petróleo es uno de los componentes fundamentales en la formación de los precios de los fertilizantes, principalmente en el caso de los nitrogenados, la caída en la cotización del crudo superior al 50% en los últimos tres meses debería repercutir de forma inmediata en el precio de los abonos, cuestión que, a juicio de ASAJA, debe ser vigilada de cerca por los organismos de la administración encargados de velar por la libre competencia. En este sentido, el precio de los fertilizantes en el mercado internacional ya ha comenzado a bajar.

Por otro lado, ASAJA insta al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino a garantizar la competencia y transparencia en el mercado de los fertilizantes con el fin de salvar una campaña de siembras que podría desembocar, a nivel nacional, en una caída de más de un millón de hectáreas en la superficie de siembra de cereal si los costes no vuelven a la normalidad.