El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reclamaba ayer que en la política hidrológica nacional haya «coherencia» en todas las cuencas para que la estrategia y filosofía de esta política general del agua sea la oposición a los trasvases.

Hacía esta valoración durante la habitual rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, y preguntado por la petición de Calatuña para que se realice un trasvase del río Segre. Según Lamata, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha dejado claro que rechaza cualquier trasvase desde el Ebro. Dijo que el único trasvase «vivo» de importancia que existe en España es el del Tajo-Segura y volvió a reiterar su caducidad.

Además, señaló que en la cabecera del Tajo «no hay agua ni la habrá» para trasvases, porque si aumentan las reservas, «Castilla-La Mancha necesitará ese agua para su desarrollo».

Volvió a insistir, como en otras ocasiones, que hay otras alternativas al trasvase para las regiones que dependen de esta cuenca, como el uso de las desaladoras.

Estabilidad en el empleo

En cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional destacó la aprobación de una instrucción sobre el fomento de las estabilidad en el empleo y otras medidas de tipo social y medioambiental que deben cumplir las empresas que quieran establecer contratos públicos con la Junta de Comunidades.

Lamata destacaba que el Gobierno regional primará mediante cláusulas en los pliegos de contratación a aquellas empresas que tengan una mayor tasa de empleo indefinido y a las que se comprometan a transformar los empleos temporales en fijos. También se primará la contratación de discapacitados, mujeres, parados de larga duración y las medidas que fomenten la igualdad y la conciliación. El año pasado la Administración regional efectuó 5.882 contratos con empresas por importe de 1.700 millones de euros.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 25.315 hectómetros cúbicos, 7.378 hm3 menos que el pasado año y 9.590 hm3 menos que en la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la cuenca del Segura es la que más ha disminuido su reserva con 7 hm3 menos situándose al 17,8 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Ebro la ha aumentado en 428 hm3 hasta encontrarse al 53,7 por ciento de su capacidad total.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de la reserva del Norte III (que comprende el País Vasco excepto sus cuencas internas), que se sitúan al 90,1 por ciento; las cuencas internas del País Vasco que se encuentran al 85,7 por ciento; la cuenca Norte II (Asturias y Cantabria) que alcanza los 81,4 por ciento de su capacidad total; la Norte I (sur de Galicia y norte de León) que se sitúa al 58,5 por ciento; Galicia Costa que alcanza el 56,4 por ciento de su capacidad; la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que está al 55 por ciento y la del Duero que se sitúa al 53,8 por ciento de su capacidad total.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran la cuenca del Tajo que alcanza el 47 por ciento, la cuenca Atlántica Andaluza que baja al 37,9 por ciento de su capacidad total y la cuenca del Guadalquivir que se sitúa en el 36,1 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que baja ligeramente en relación a los niveles de la semana pasada y se queda en el 29,2 por ciento; la cuenca del Júcar, que alcanza el 23,1 por ciento de su capacidad y las Cuencas Internas de Cataluña que se sitúan al 19,6 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.308 hectómetros cúbicos, aunque la cantidad de agua embalsada es de 25.315 hm3. De éstos, 19.915 corresponden a la vertiente atlántica y 5.400 a la vertiente mediterránea.

Las organizaciones ecologistas consideran que es necesaria la creación de un Ministerio de Medio Ambiente reforzado que profundice en los avances logrados en la anterior legislatura y que, sobre todo, pueda enfrentar con las competencias y recursos necesarios los principales retos en materia de política ambiental.

Así, las organizaciones, que el pasado 22 de enero presentaron el documento «Un Programa por la Tierra», con 84 propuestas para ser tenidas en cuenta por gobierno y oposición en materia de cambio climático y energía, transporte, biodiversidad y agua, entre otras, reclaman un Ministerio de Medio Ambiente capaz de:

• Reforzar la lucha contra el cambio climático y conseguir los objetivos de reducción de emisiones, teniendo para ello las competencias necesarias en materia de energía (eficiencia energética, reducción del consumo e impulso de energías renovables) y planificación del transporte.

• Detener la acelerada pérdida de biodiversidad, con mayores recursos para trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas en la protección de espacios y especies, y para una adecuada protección y gestión de la Red Natura 2000.

• Avanzar rápidamente en la protección del medio marino, influyendo en la definición de la política pesquera, integrando una Agencia del Mar que agrupe muchas de las competencias actualmente dispersas, y creando una Red amplia y representativa de Areas Marinas Protegidas.

• Poner en práctica y garantizar el cumplimiento de una política responsable de uso y gestión del agua que restaure los ecosistemas degradados y tenga en cuenta los escenarios de escasez de agua previstos con relación al cambio climático, ampliando sus competencias en la definición de las políticas de agricultura y desarrollo rural con el objetivo de hacerlas sostenibles.

• Avanzar en la investigación y concienciación pública sobre la importancia de un medio ambiente limpio y en buen estado, no por sí mismo, sino también por los beneficios que este tendría sobre nuestra salud para alcanzar una economía sostenible a largo plazo y para poder enfrentarnos al gran reto del cambio climático.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, propuso ayer que el Gobierno central retome el Plan Hidrológico Nacional y lo

reelabore con los gobiernos autonómicos para alcanzar la solución que no ha llegado en la pasada legislatura. «No me refiero al Plan que aprobó el PP, ni tampoco al Programa Agua, sino a otro nuevo», apostilló.

Cerdá se mostró convencido de que al final se construirá el trasvase del Segre al Llobregat que propone el Gobierno de Cataluña. «Si hace falta, se sacarán un decreto de debajo de la manga para construirlo», declaró antes de la conversación entre Narbona y el consejero catalán. Si se llega a ese extremo, Cerdá apunta que habrá que considerar de nuevo las aportaciones del Ebro para Valencia, Murcia y Almería. «No puede ser que en plena sequía el Ebro siga arrojando agua al mar. En los últimos años ha vertido 36.000 hectómetros cúbicos. El año pasado fueron 9.000. En el trasvase derogado sólo se pedían 460 para Murcia».

El consejero murciano denunció «el galimatías y el desorden» que ha provocado «la política de Rodríguez Zapatero». «Cataluña propone ahora trasvases del Ebro y Aragón dice que quiere prohibirlos. No hay quien lo entienda». A su juicio, el debate del agua «ha tomado viveza porque Cataluña necesita recursos para beber. Como esta región ha entrado en estado de emergencia, resulta que el problema del agua es ahora nacional, mientras que la agricultura de Murcia lleva años soportando trasvases cero».

Más «pozos» que un gruy_re

La situación a llegado a tal punto que en la actualidad más de 900 desalobradoras trabajan a toda máquina para combatir la sequía en Murcia.

Pozos y más pozos. El Campo de Cartagena se parece cada día más a un queso de gruy_re debido al vertiginoso aumento de las extracciones de agua para paliar la sequía. La mayoría de estos pozos aportan aguas de baja calidad y con un alto contenido de sal, lo cual obliga al continuo funcionamiento de pequeñas plantas desalobradoras instaladas dentro de las fincas. La Confederación Hidrográfica del Segura estima que hay unas 900 desalobradoras en esta zona.

No existe un censo oficial de estas instalaciones, ya que la mayoría son privadas. Haría falta un permiso para acceder a las propiedades y efectuar un registro, algo que el comisario de Aguas de la Confederación, Manuel Aldeguer, considera que no es necesario a menos que se produzca algún conflicto. Apunta, no obstante, que sí le gustaría conocer con detalle el número y su distribución. La única constancia que tiene ahora son los trámites para poner en funcionamiento otras 100 nuevas desalobradoras.

Estas pequeñas plantas captan aguas salobres de pozos para rebajar su contenido de sal. Después, estos caudales se suelen mezclar con aguas continentales de otra procedencia, entre éstas las que llegan del trasvase Tajo-Segura cuando se aprueba alguna derivación de la cabecera.

Manuel Aldeguer calcula que, en su conjunto, se están extrayendo unos 60 hectómetros cúbicos anuales en el Campo de Cartagena, lo cual no afecta al acuífero, ya que tiene una carga de reservas «muy somera». No obstante, cree que sí puede ser perjudicial para el medio ambiente si no se trata adecuadamente la salmuera. Los regantes cuentan con una desalobradora de mediana capacidad en San Pedro del Pinatar, que está proyectada para recibir el agua de rechazo del Campo de Cartagena y evitar que causen un problema medioambiental en la comarca si se deposita en las ramblas.

No hay censo oficial

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena señaló a La Verdad que desconoce cuántas desalobradoras pueden estar funcionando, ya que son particulares y no hay censo oficial. «Nosotros nos limitamos a distribuir el agua que llega de la cabecera del Tajo».

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó a Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, sobre la situación hídrica de las cuencas hidrográficas más afectadas por la sequía.

Tanto el periodo de otoño como el de invierno se han presentado como los más secos de la serie histórica en todo el arco mediterráneo, cabecera del Tajo y cuenca del Guadalquivir.

Por el momento, se continúan implantando medidas de gestión como el fomento del ahorro de agua por parte de los ciudadanos y ejecución de infraestructuras necesarias en aquellos lugares donde no es posible resolver la situación exclusivamente con medidas de gestión.

A continuación se resume brevemente el estado hidrológico de las cuencas más afectadas por la sequía:

En la cuenca del Guadalquivir, la situación de las reservas es peor que la del pasado año hidrológico por estas fechas. Sin embargo, a día de hoy, no se esperan problemas en el abastecimiento a las poblaciones.

En las cuencas del Segura y Júcar, se prevén aportaciones incluso por debajo que las del año hidrológico 2005-2006, hasta ahora el pero año de sequía. Se esperan importantes restricciones en el caso del regadío.

En las cuencas Internas de Cataluña, la situación es muy delicada para todos los usos.

En la cuenca Mediterránea Andaluza, la situación de sequía que afecta al regadío dará lugar a restricciones importantes en las cosechas. En cuanto al abastecimiento a la población persiste la situación delicada en Málaga ciudad.

La derivación de 39 hectómetros cúbicos de agua recomendado por la Comisión del trasvase Tajo-Segura para su aprobación por el Consejo de Ministros no ha dejado satisfecho a casi nadie. Desde Murcia, se lamenta que se siga sin trasvasar una gota para los cultivos y se deje a suerte a la agricultura de la zona, mientras que en Castilla-La Mancha se duda de que el agua derivada se dedique únicamente al consumo humano.

En este sentido, el presidente regional, Jose María Barreda, fue contundente ayer. «Yo no seré el español que le niegue a otros españoles el agua para beber cuando la necesiten de manera apremiante. Ahora bien, ese trasvase funciona con tal opacidad que nunca sabemos a dónde va finalmente ese agua y nadie nos garantiza que va sólo para beber. No nos los garantiza el Ministerio de Medio Ambiente, ni la Confederación del Segura, ni los regantes de Murcia. Nadie».

Barreda también manifestó que le parece poco «coherente» que se defienda este trasvase y no el del Ebro. «No acpetoel discurso antitrasvasista en unos casos y que, en otros, se mire para otro lado. No lo acepto intelectualmente y, políticamente, lo rechazo frontalmente,», sentenció. También exige Barreda que, en cumplimiento de la ley del Tajo-Segura, se permita a la cuenca cedente tener prioridad sobre la cuencareceptora. «Quiero hacer uso de esa prioridad no por capricho sino por necesidad. Necesitamos el agua, no hay agua para ellos y nosotros; tenemos preferencia y tenemos que usar esa preferencia», subrayó.

Sacrificios y suicidos

«Mientras nosotros nos esforzamos, mientras nos niegan concesiones para algunos pueblos de Castilla-La Mancha y para regadío, que otros no hagan ningún sacrificio, no me parece razonable. Incluso están boicoteando las desaladoras, una alternativa de la que ellos disponen y nosotros no», añadió Barreda, postura que tildó de «un poco suicida».

Desde Murcia, la perspectiva es completamente distinta. De hecho, el secretario de Organización y diputado regional del PSOE, Francisco Javier Oñate, replicó ayer directamente a su compañero de partido Barreda al asegurar ayer que el trasvase Tajo-Segura «ha dado a España durante 25 años unos magníficos resultados»; motivo por el que consideró que «no cabe cuestionarse su continuidad».

Desde el PP, Alberto Garre, diputado nacional por Murcia, aseguró que la decisión de no trasvasar para la agricultura supone «el abandono» del Ejecutivo central a los regadíos murcianos. A su juicio, el Gobierno central «no ha aportado ni una sola solución ni en Aragón ni en Murcia, mientras asistimos a nuevas riadas del Ebro y a la pertinaz sequía de la cuenca del Segura».

El presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, también expresó ayer su preocupación por la falta de agua para los regantes, y dijo que espera que el Gobierno de Zapatero ofrezca alternativas serias al trasvase del Ebro.

«Cuándo y de dónde»

Valcárcel ironizó al asegurar que hace votos para tener pronto un Gobierno central formado que le ilustre sobre «cuándo, de donde y con qué precio» van a llegar los recursos que la Comunidad necesita para su agricultura y su industria. Valcárcel señaló que él «de ninguna manera arroja la toalla» respecto al trasvase del Ebro, lo cual no quiere decir que no pueda ser «pragmático», en sus negociaciones con un Ejecutivo Central que no lo tiene entre sus planes.

Valcárcel también mandó un recado a Barreda: «La única opacidad es la del dinero que pagan los regantes que reciben esa agua y que no se ha aclarado a que se destina, cuando deberían emplearse en infraestructuras en los pueblos cercanos a Entrepeñas y Buendía», apuntó.

El hipotético -o hipotéticos- trasvases del Ebro que estudia la Generalitat catalana empieza a ganar defensores en la autonomía, en principio, más inesperada: la Comunidad. Mientras el Consell trata de construir un discurso que permita, desde la reivindicación, alcanzar un consenso básico con el Gobierno en la cuestión hídrica, la sociedad civil alicantina empieza a mostrar su respaldo a la eventual transferencia.

Como ha venido publicando ABC, las intenciones de la Generalitat catalana han motivado reacciones que oscilan entre la crítica a las contradicciones hídricas del PSOE y la esperanza de que el trasvase a Barcelona siente precedente. Así, las organizaciones empresariales y agrícolas más representativas de la provincia alicantina se han mostrado optimistas y han avanzado su respaldo a la obra.

De esta forma, los regantes alicantinos, integrados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), darán su visto bueno al trasvase -incluso si se destina exclusivamente a abastecimiento urbano-, que podría plasmarse incluso por escrito en su próxima junta directiva. Fuentes de la organización consultadas por ABC señalaron que Fenacore «siempre ha apoyado los trasvases como forma de facilitar el acceso al agua».

En este sentido, consideraron que, de realizarse la transferencia, el Gobierno enterraría los últimos cuatro años en materia de política hídrica, lo que abriría las puertas a un futuro trasvase del Ebro a la Comunidad. Así, Fenacore avalará la infraestructura para «legitimar nuestra defensa del trasvase al Levante», según las mismas fuentes.

«Debe hacerse ya»

En una tesis idéntica se sitúa la patronal alicantina, COEPA. La organización empresarial, que ha mantenido una férrea defensa del trasvase del Ebro contemplado en el PHN original durante la legislatura, avanzó ayer que la transferencia a Cataluña contará con su beneplácito, sean una o incluso las tres actuaciones desveladas el pasado lunes por este periódico.

En este sentido, fuentes próximas al presidente de COEPA, Modesto Crespo, señalaron ayer a ABC que «siempre defenderemos los trasvases», sea cual sea su destino. En el caso concreto de Cataluña, las citadas fuentes se felicitaron porque el PSOE «ha acabado por reconocer que son una buena solución». Así, pidieron que «se hagan cuanto antes», porque «deben servir para que se ejecuten los demás», en referencia al trasvase a la región.

Apoyo estratégico

Al igual que Fenacore o la propia Fundación Agua y Progreso de la Comunidad, el respaldo de COEPA a los trasvases internos en Cataluña obedece a una posición estratégica. Así, mientras el PP -tanto el catalán como el valenciano- ha incidido en los últimos días en la contradicción política del PSOE, las organizaciones sociales han soslayado la pugna partidista para tratar de alentar el precedente que pueden suponer las transferencias.

Es decir, la patronal y los regantes mostrarán su respaldo a los trasvases catalanes siempre que tengan como consecuencia colateral el «estudio» de «otras obras que se encuentran pendientes», según las mismas fuentes. «Nos alegramos de que se reconozca que los trasvases son la solución, pero acto seguido hay que estudiar el resto»,

La Cuenca Andaluza del Guadalquivir es el nuevo organismo que tiene previsto crear la Junta de Andalucía, a semejanza de la Cuenca Atlántica y de la Mediterránea, para gestionar las aguas de aquel río que discurren por la Comunidad, asumiendo gran parte de las competencias que durante ochenta años han correspondido a la Confederación Hidrográfica.

El problema está en que el Guadalquivir es un río no andaluz cien por cien, y tanto Extremadura -cuyo Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso- como Castilla-La Mancha y Murcia tienen algo que decir en todas las decisiones que se están adoptando.

De consumarse el nuevo modelo competencial que se está fraguando en los despachos, la tan aplaudida hasta ahora unidad de cuenca amparada por el Estado será sustituida por otro sistema de toma de decisiones, en el que a modo de reino de taifas cada delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente querrá tener su cuota de poder.

Ése es el temor que embarga a Feragua, la Federación de Comunidades de Regantes, cuyo secretario general, Pedro Parias, muestra su desacuerdo con que, al igual que se ha hecho con las Cuencas Atlántica y Mediterránea, se provincialice la gestión del Guadalquivir.

«Granada y Jaén están en la parte alta de la cuenca y Córdoba Sevilla en la parte baja, y cualquier decisión que se tome en una provincia repercutirá en las otras y viceversa», dice.

El concepto de unidad de cuenca se remonta a ochenta años atrás, «y España -apunta Pedro Parias- fue pionera en gestionar el agua por cuencas hidrográficas, a través de las confederaciones».

Resalta el secretario general de Feragua que «esto ha sido exportado al mundo entero, ha sido consagrado por la Directiva Marco de Aguas, y ahora, con la nueva configuración territorial, se pretende que las comunidades autónoma participen de la gestión de la cuenca».

Según Parias, «eso es razonable, pero no que cada Comunidad autónoma gestione las aguas de su territorio rompiendo el principio de unidad de cuenca». Así, llegado el momento, «Extremadura puede tomar una decisión que afecte a Andalucía. El que puede garantizar la unidad es el Estado, y no sé si con el nuevo modelo va a ser posible».

En opinión de Pedro Parias, a Feragua le es indiferente qué Administración gestiona las aguas. «lo que nos importa es que se haga bien y sin tensiones. Tensiones que pueden venir si impera el modelo provincializado».

Los regantes alicantinos esperan que el inicio de la nueva legislatura permita establecer una nueva relación con el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Acuamed, que promueve el trasvase Júcar-Vinalopó. Así, la Junta de Usuarios del Vinalopó, que agrupa a los receptores de la transferencia, trasladó ayer en un comunicado su «voluntad de retirada» de las numerosas acciones judiciales emprendidas en los últimos años contra la modificación del trazado.

En este sentido, cabe recordar que su recurso contra la modificación ha sido admitida por la Audiencia Nacional, mientras sus servicios jurídicos preparan una reclamación patrimonial al Ministerio, y su campaña de recogida de firmas para exigir «agua de calidad» sigue adelante.

La intención de los regantes es tender puentes con Acuamed, tras una legislatura en que su relación ha sido nula. En este sentido, la desaparición de la sociedad Aguas del Júcar -que promovió inicialmente la infraestructura- y de su consejero delegado, José María Marugán, con quien protagonizaron agrios enfrentamientos, podría favorecer el acercamiento.

«Depende del Gobierno»

No obstante, el presidente de la Junta, Andrés Martínez, matizó en declaraciones a ABC que la renuncia a las acciones judiciales «depende de la voluntad de diálogo» del Gobierno. Es decir, su retirada está supeditada a que Acuamed reciba a los regantes, y valore su nueva propuesta de trazado alternativo para evitar la toma actual, que se construye en la desembocadura del Júcar, en Cullera.

En el estudio, que Martínez anunció hace unas semanas que presentaría tras las elecciones para no irrumpir en campaña, se propone de nuevo la toma intermedia del azud de Antella, aunque con algunas novedades. Así, el proyecto propone una conducción adicional y un sistema de bombeo. De esta forma se garantizaría al último tramo del Júcar un caudal ecológico superior al fijado por Medio Ambiente, y al mismo tiempo, aportes adicionales a la Albufera de Valencia.

El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado en los dos últimos años 13 operaciones de compra-venta de agua entre diversas cuencas hidrográficas, con el fin de hacer frente a la sequía en la Región de Murcia, Alicante y Almería, principalmente. Las operaciones de cesiones de derechos -que son el primer paso para los futuros bancos de agua- han superado en este periodo los 121 hectómetros cúbicos, de los cuales 92 se han transferidos entre las cuencas del Tajo y del Segura. Los abastecimientos han recibido 30 hectómetros, y a lo largo de este año podrán recibir otros 40 como máximo de Aranjuez.

Estos datos se recogen en el balance de la legislatura presentado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que ha tramitado las principales operaciones de compra-venta junto con la Confederación del Tajo. El resto de cesiones de derechos, hasta sumar los 121 hectómetros, corresponde a derivaciones para riego del Negratín al Almanzora, entre las cuencas del Guadalquivir y del Sur Oriental, en Almería.

Bancos de agua

El Ministerio está decidido a desarrollar los bancos de agua en la próxima legislatura, toda vez que busca soluciones para redotar el Trasvase Tajo-Segura, ya que la evolución de la entrada de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía va claramente a la baja. En la serie estadística que ha presentado se aprecia una tendencia decreciente de 8 hectómetros cúbicos cada año. Explica que la media de aportaciones en ambos embalses ha sido de unos 1.242 hectómetros cúbicos anuales en el periodo comprendido entre los años 1912 y 1982. A partir de este último, se observa una disminución hasta los 784 hectómetros (un 37% menos). La situación se ha agravado con la sequía, puesto que en este año hidrológico las reservas acumuladas representan mínimos históricos, ya que sólo ha entrado en ambos pantanos 95,6 hectómetros. En la actualidad sólo hay almacenados 280 hectómetros, el 11,35% de capacidad máxima. Si la tendencia no varía y no llueve en primavera, habrá serios problemas el próximo verano, ya que sólo se puede desembalsar a partir de los 240 hectómetros.El departamento Narbona apunta, que la inversión de esta legislatura se ha incrementado en un 35%.