La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha espera que el Tribunal Constitucional (TC) deje claro que la calificación de aguas excedentarias y su asignación a las distintas regiones sigue correspondiendo a la Administración general del Estado.

Así respondió ayer el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana, informa Efe.

La Junta entendía que este texto tenía una redacción en la asignación de aguas sobrantes de otras cuencas que podía perjudicar los intereses de Castilla-La Mancha, y por eso recurrió. Lamata manifestó su respeto a las decisiones de los tribunales y dijo que todavía se está a la espera de conocer el texto completo del pronunciamiento del Constitucional, porque «sólo conocemos que el Estatuto valenciano no es inconstitucional, pero quedan por ver las razones y las consecuencias».

Como en la actualidad

El vicepresidente de Castilla-La Mancha dijo que confía en que la sentencia del TC deje claro que la Administración del Estado es la que determina si se puede hacer una calificación de excedentaria de unas aguas y las asignaciones a las distintas regiones y, una vez establecido eso, cada región pueda decidir el destino final de esas asignaciones, que es como ocurre en la actualidad.

«Estaremos muy atentos para que el pronunciamiento del TC deje claro que la aplicación del Estatuto valenciano no vaya contra los intereses de Castilla-La Mancha». De lo contrario, advirtió de que, en la medida en que se hiciera una interpretación contraria a los intereses de la región, Castilla-La Mancha interpondrá recurso.

En cualquier caso, insistió en que «debe quedar claro que no se asigna un nuevo derecho a los valencianos sobre esas aguas por encima de los castellano-manchegos, y eso estamos seguros de que el Tribunal Constitucional lo dejará claro», aunque el TC considere que el texto no es inconstitucional.

El Alto Guadiana

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró ayer que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es «el mejor plan posible» y se mostró optimista en que será aprobado «antes de acabar el año», porque sólo queda el dictamen del Consejo de Estado para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Araújo afirmó que será «un ejemplo de sostenibilidad para otras zonas de España y de Europa», «Es un plan creíble», aseveró la consejera, porque su presupuesto asciende, según prometió Rodríguez Zapatero a 3.000 millones de euros. Para 2008, que sería su primer año de aplicación, le corresponden 150 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El optimismo de la consejera contrasta con la opinión de los populares. La diputada del PP María Luisa Soriano manifestó que el Plan Especial del Alto Guadiana «se ha hecho sin realizar antes un estudio de la cantidad de agua que se consume anualmente en esa zona o cuál es exactamente la superficie de regadío». Además, aseguró que no resuelve los grandes problemas que tiene la zona del Alto Guadiana, como los pozos alegales.

En su comparecencia ante los medios antes del comienzo de la Comisión del Agua, criticó que el plan no contempla la recarga externa de los acuíferos, que la importante reducción de la superficie de regadío «puede provocar la crisis económica de la zona» y que, desde el punto de vista medioambiental, se necesitarán 20 o 25 años para recuperarla.

La falta de solidaridad a la hora de compartir el agua de las cuencas hidrográficas y de los ríos que abastecen a los diferentes territorios ha quedado reflejado en los nuevos estatutos autonómicos, cuyo contenido en algunos casos es contradictorio y chocan entre sí. Estos son algunos ejemplos de lo que dicen los estatutos en materia de agua:

Aragón. El Estatuto aragonés ha blindado el Ebro para evitar el trasvase a Valencia, Murcia y Andalucía. Este blindaje figura en la disposición adicional quinta, al afirmar que «la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos reconocidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortés de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos». En el capítulo de derechos, afirma que «los aragoneses tienen derecho «a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes».

Andalucía. El Estatuto andaluz se arroga las competencias exclusivas «sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma».

Comunidad Valenciana. El artículo avalado por el Tribunal Constitucional (el 17.1) reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. «Los ciudadanos valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura».

Cataluña. La Generalitat asume competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés general. Le corresponde la participación en la planificación y programación de las obras de interés general. La Generalitat debe emitir un informa preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas.

Castilla-La Mancha. En la Disposición transitoria primera del Estatuto se establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reducirá progresivamente a partir de la entrada en vigor de la ley hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en el año 2015.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente 25 de los 80 expedientes sancionadores abiertos por la institución que dirige Juan José Moragues a las explotaciones de La Mancha Oriental, debido a que las infracciones de esta veintena larga son calificadas como «graves».

En este sentido, cabe reseñar que las multas de la CHJ que estén comprendidas entre 30.000 y 300.000 euros tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

La decisión se produjo tras realizar las pertinentes inspecciones en una selección de explotaciones que representaban más de la mitad de éstas y el 40 por ciento del volumen de agua otorgado, en las que se ha constatado que la «bolsa de infracciones» se suele repetir cada año.

Por otro lado, la Comisión Permanente de la Sequía decidió ayer iniciar el proceso de Oferta de Adquisición de Derechos de agua en La Mancha Oriental por razones medioambientales y por los problemas en las cabeceras de los ríos. En concreto, se pretende reducir las extracciones de agua en el tramo medio del Júcar limitando los usos a cultivos menos consumidores de agua -los de primavera- con 2.500 metros cúbicos por hectárea en una superficie de 26.000 hectáreas.

El presupuesto destinado por la Confederación para esta actuación es de doce millones de euros, con una compensación de entre 0,20 y 0,25 euros el metro cúbico.

El Júcar, en alerta

Los indicadores de sequía de la CHJ indican que ningún sistema está en «emergencia». El Júcar está en «alerta», el Turia y el Serpis en «prealerta» y el resto en situación de «normalidad». Moragues garantizó el abastecimiento humano.

Las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente permitirán triplicar la actual capacidad de reutilización en el horizonte del año 2015.

Define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas y los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso.

Con la utilización del agua depurada se obtiene un recurso no convencional que permite liberar agua de mejor calidad para otros usos.

Se trata de potenciar el desarrollo sostenible proporcionando un recurso escaso y necesario, como es el agua, a la vez que se mantiene un equilibrio con la protección de la salud humana y el medio ambiente

07. Diciembre ´07 – El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes pasado, el Real Decreto que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. El texto, además, modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

En la actualidad, se reutilizan entre 400 y 450 hectómetros cúbicos sobre 3.400 hectómetros cúbicos de aguas depuradas. Con las actuaciones que pone en marcha el Ministerio de Medio Ambiente, esa cantidad se triplicará en el horizonte del año 2015, cuando se llegarán a reutilizar 1.200 hectómetros cúbicos.

Este Real Decreto, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, permite desarrollar una nueva política del agua basada en una gestión más moderna y eficiente de los recursos. Con la utilización del agua depurada se obtiene un recurso no convencional que permite liberar agua de mejor calidad para otros usos.

Se trata de potenciar el desarrollo sostenible proporcionando un recurso escaso y necesario, como es el agua, a la vez que se mantiene un equilibrio con la protección de la salud humana y el medio ambiente.

El Real Decreto establece los mecanismos legales que permiten disponer del agua residual depurada como recurso alternativo, impulsado a su vez planes de reutilización y de uso más eficiente del recurso hídrico.

La norma define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso. Además, recoge los criterios de calidad mínimos obligatorios exigibles para la utilización de las aguas regeneradas según los usos.

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS Y REQUISITOS PARA SU UTILIZACIÓN

Asimismo, incorpora el concepto de reutilización de las aguas como la aplicación, antes de la devolución al dominio público hidráulico y al marítimo-terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que han sido utilizadas, de los procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se va a destinar.

También se determinan los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas depuradas, los cuales establecen la necesaria concesión administrativa salvo en supuesto de que la reutilización fuera solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas residuales, en cuyo caso solamente se requerirá autorización administrativa.

USOS PARA AGUAS REGENERADAS

Las aguas regeneradas podrán utilizarse para usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. En todos los casos el Organismo de cuenca solicitará a las autoridades sanitarias un informe que tendrá carácter vinculante.

El agua residual, antes de su reutilización, ha de someterse a un tratamiento de regeneración para alcanzar los niveles de calidad sanitaria y ambiental necesarios para el uso que se destina.

Por otro lado, se prohíben determinados usos que presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Así, se prohíbe la reutilización de aguas para el consumo humano –salvo declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos– para los usos propios de la industria alimentaria; para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares; para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; para el uso recreativo como agua de baño; para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos; para el uso en fuentes y laminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos, y para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgo para la salud de las personas o un perjuicio par el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o perjuicio.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión exige que el peticionario presente un proyecto de reutilización de aguas que incluya la documentación necesaria para identificar el origen y la localización geográfica de los puntos de entrega del agua depurada y regenerada; la caracterización del agua depurada, el volumen anual solicitado; el uso al que se va a destinar; el lugar de uso del agua regenerada especificando las características de las infraestructuras previstas desde la salida del sistema de reutilización de las aguas hasta los lugares de uso, y las características de calidad del agua regenerada correspondientes al uso previsto así como el autocontrol analítico propuesto.

Asimismo, deberá constar el sistema de reutilización de las aguas, los elementos de control y señalización del sistema de reutilización; las medidas para el uso eficiente del agua y las medidas de gestión del riesgo en caso de que la calidad del agua regenerada no sea conforme con los criterios establecidos correspondientes a uso permitido.

El Organismo de cuenca será el encargado de examinar la documentación presentada e informará sobre la compatibilidad o no de la solicitud con el Plan Hidrológico de cuenca atendiendo, entre otros, a los caudales ecológicos. A continuación elaborará una propuesta en la que se establecerán las condiciones en las que podrá otorgarse la concesión para reutilizar las aguas. Una vez elaborada se solicitará la conformidad expresa del peticionario.

El titular de la concesión o autorización de reutilización deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento. Además, responderá permanentemente de dicha adecuación.

INICIATIVAS O PLANES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Con el objetivo de fomentar la reutilización del agua y el uso más eficiente de los recursos hidráulicos, las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local, dentro de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo planes y programas de reutilización de aguas. En estos planes se establecerán las infraestructuras que permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos hidráulicos obtenidos para su aplicación a los usos admitidos. En dichos planes se especificará el análisis económico-financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda aplicar en cada caso.

Se incorporan al texto dos anexos. El anexo I recoge los criterios de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos. Estos criterios tendrán la consideración de mínimos obligatorios exigibles.

El anexo II contiene el modelo normalizado de solicitud que deben presentar quienes deseen obtener la concesión o autorización de reutilización de aguas depuradas.

El Consejo de Ministros recibió ayer de la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un informe sobre la situación de la sequía que revela que no se prevén restricciones en el abastecimiento de agua a poblaciones en las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, y de la cabecera del Tajo.

Este oportuno informe a tres meses de las elecciones sobre los efectos de la sequía en el litoral Mediterráneo, la cuenca del río Guadalquivir y la cabecera del Tajo, destaca que las actuaciones emprendidas por el Gobierno desde el inicio de legislatura han mitigado los efectos de la sequía, pese a la escasez de precipitaciones registrada en estas zonas durante los últimos años.

El documento se convierte en un balón de oxígeno para la lucha que el PSPV mantiene en la Comunidad para rechazar los grandes trasvases y defender el programa Agua de la ministra, que le está restando expectativas electorales de cara a los comicios generales del próximo mes de marzo.

Operativo a finales de 2008

Así, el consejero delegado de la sociedad estatal AcuaJúcar, José María Marugán, afirmó ayer, tras mantener una reunión con los diputados nacionales y autonómicos del PSPV, que las obras del trasvase del Júcar-Vinalopó estarán finalizadas en diciembre de 2008. Marugán señaló que todos los tramos de la conducción ya están en obras, «aunque es posible que el agua no llegue a los usuarios si la Generalitat no impulsa las obras del postrasvase», añadió. Al respecto, la diputada socialista, Juana Serna, consideró que con la defensa del Ebro, los populares «han iniciado una guerra del agua que ahora se ha vuelto en su contra, ya que ha enfrentado al PP de Aragón con el de la Comunidad y con el de Murcia».

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio ayer su aprobación a la modificación del proyecto de ampliación de la desalinizadora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presupuestado en 13.656.952 euros. Asimismo, en la reunión se acordó modificar el presupuesto de capital de las sociedades estatales Acuamed y AcuaJúcar, para el año 2007, y que supone un incremento de la adquisición de inmovilizado financiero de sus aplicaciones en 250.283.000 euros.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer, respecto a que se pueda poner fin al trasvase Tajo-Segura en 2015, que será un nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo el que establezca las decisiones que procedan y el agua que deben tener los ríos en cada tramo, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, pidió que el Congreso de los Diputados respete la decisión unánime del Parlamento de Castilla-La Mancha.

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que se tramitará en la próxima legisltura, contempla el año 2015 como fecha límite de explotación del trasvase.

Narbona dijo que el Plan Hidrológico del Tajo, igual que el del Segura y los de cada uno de los ríos de España, establecerán los caudales ecológicos exigibles en todos los ríos y en todos sus tramos.

Explicó además que el proceso para la elaboración de esos planes hidrológicos de cuenca acaba de comenzar y tiene que estar terminado antes del mes de diciembre de 2009.

Un vuelco

Narbona dijo que la nueva legislación europea sobre agua supone dar «un vuelco a la política del agua» en España, «donde se ha entendido siempre como la política de las grandes infraestructuras o de los grandes trasvases».

En medio de la bronca política por la apuesta hídrica de los dos grandes partidos nacionales, el PP de la Comunidad Valenciana ha organizado un acto multitudinario para despejar cualquier duda y reivindicar su apuesta por el trasvase del Ebro. Para este acto sectorial, que forma parte de los cuatro ejes fundamentales de la precampaña de los populares de la Comunidad Valencia, la dirección regional ha elegido el municipio alicantino de Aspe. Lo cierto es que los populares de la Comunidad Valenciana convocaron este acto sectorial en octubre en el mismo lugar -el Teatro Wagner de dicha localidad-, pero las lluvias torrenciales que se vivieron entonces y que causaron importantes daños en la provincia hicieron que la convocatoria se suspendiera.

Aunque la demanda de agua, sobre todo en esta comarca del Vinalopó Medio, siempre está de actualidad, lo cierto es que esta reivindicación ha vuelto a la primera línea política, a escasas semanas de la disolución de las Cortes Generales. Así, el consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, acusó ayer al presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, de tener una actitud «insolidaria» y «una postura política, de campaña y no racional» respecto al trasvase del Ebro, informa Efe. El consejero de la Generalitat se refirió de esta forma a las declaraciones realizadas el pasado lunes por Iglesias, quien advirtió de que, si Mariano Rajoy ganaba las elecciones, «volverá a plantear el trasvase del Ebro», algo que -según el dirigente aragonés- es «inaceptable» para Aragón.

«¿Dónde está el problema?»

García Antón salió al paso de este rechazo aragonés al afirmar que un informe del Gobierno revela que en el año hídrico comprendido entre octubre de 2006 y de 2007 se han vertido más de 8.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar. Asimismo recordó que la Comunidad Valenciana sólo necesita 350 hectómetros cúbicos de la desembocadura, una cantidad que supone «el 4 por ciento del total» vertida, por lo que se preguntó «qué problema tiene Aragón» en cederla.

«No perjudica a nada», insistió García Antón, quien lamentó que «lo más grave no es que lo diga Marcelino Iglesias, sino que el Gobierno esté de acuerdo y que los socialistas valencianos, también».

Desde Murcia, el presidente de esta Comunidad, el popular Ramón Luis Valcárcel, también volvió a salir en defensa de los trasvases. En este sentido, recordó que el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó el lunes los ejes del programa electoral de este partido en el que se refleja el tema de los trasvases y, aunque aún no se han perfilado, Mariano Rajoy «no tiene pensamientos de traer agua del Nilo o del Amazonas», ironizó. Asimismo, descartó que en los planes de Rajoy esté trasvasar agua del Júcar a la cuenca del Segura, por ser una cuenca casi, casi tan deficitaria como la del Segura», argumentó.

La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presidió ayer en Toledo una jornada de trabajo con los grupos populares de las cinco diputaciones provinciales de la región, para coordinar la estrategia del partido de cara a las próximas elecciones generales. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Cospedal defendió la propuesta de Mariano Rajoy de lograr un Acuerdo Nacional del Agua. Aseguró además que Rajoy «no ha hablado en ningún momento del trasvase Tajo-Segura», por lo que pidió que no se interpreten mal sus palabras, en referencia a las declaraciones del presidente del PP el pasado domingo en Murcia, y las reacciones que han provocado. Insistió en que lo que propone el PP es «de sentido común» y es llevar el agua desde donde sobre hasta donde haga falta, ya que éste es un recurso común. «Voy a seguir pidiendo que parte del agua sobrante del Tajo vaya a las provincias de Ciudad Real y Albacete, que si no la reciben se quedarán completamente secas», puntualizó.La presidenta del Partido Popular de la región insistió en que está de acuerdo con la nueva propuesta del Rajoy, igual que lo estaba con el Plan Hidrológico Nacional, plan con el que, «en su día, Bono y Barreda también lo estaban, hasta que Zapatero lo derogó y no dijeron absolutamente nada», declaró.

«Tibieza» de los populares

Sin embargo, los socialistas de Castilla-La Mancha volvieron a criticar la postura de esta Comunidad respecto al trasvase Tajo-Segura. Así, el portavoz en materia de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Salinas, afirmó que las manifestaciones de Mariano Rajoy «han puesto muy nerviosos a los dirigentes del PP en la Comunidad, a los que les empiezan a temblar las piernas a la hora de defender los intereses de nuestra región, porque nadie de ellos se atreve a contradecir lo que dice su jefe».

Por ello, criticó la «tibieza» demostrada por Cospedal en sus manifestaciones. «Cospedal tiene que ser clara y no le valen las justificaciones», afirmó.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la Junta estaría de acuerdo con un pacto nacional sobre el agua, pero siempre que éste fuera «para poner fecha de caducidad al Tajo-Segura». Lamata respondió así a preguntas de los periodistas respecto a la propuesta de dicho pacto, que el pasado domingo lanzó en Murcia el presidente del PP, Mariano Rajoy.

«Estamos seguros -dijo- de que puede haber acuerdo, queremos alcanzarlo en las Cortes según nuestro proyecto de Estatuto» y añadió que «siempre es bueno hablar y llegar a acuerdos, pero la premisa que ponía sobre la mesa Rajoy, que es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, es algo que no podemos aceptar en Castilla-La Mancha».

Precisó que actualmente «el agua del Tajo no da para repartir» y explicó que la fecha de caducidad «la hemos propuesto en nuestro proyecto de Estatuto y tendrá ocasión el señor Rajoy, y el PP, de demostrar ese apoyo a nuestra propuesta de búsqueda de acuerdo».

«No hay excedentes»

Lamata afirmó que Castilla-La Mancha necesita el agua de dicho río para el desarrollo de su agricultura y ganadería y precisó que «cuando se habla de los excedentes que trasvasar, hay que contestar que no hay excedentes».

Por otra parte, el coordinador del Grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, criticó que Rajoy quiera «perpetuar» los trasvases, especialmente el del Tajo-Segura, y pidió a la presidenta regional del PP, Dolores de Cospedal, «que se muevan un poquito para evitarlo».

Alonso dijo que las declaraciones de Rajoy dejan claro que el líder del PP «sólo piensa en perpetuar el Tajo-Segura».

Por otra parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes castellano-manchegas, Encarnación Naharro, aseguró que las palabras de Rajoy «encajan perfectamente» con la voluntad del PP de Castilla-La Mancha de llevar agua a aquellas zonas donde no disponen de recursos suficientes. Naharro dijo que «Zapatero ha llevado a cabo una política hidráulica nefasta, porque apostó por las desaladoras, de las cuales sólo funciona una».

No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.

El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.

En manos del Constitucional

En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.

Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».

«El polvo y la paja»

Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.

Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».

Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».

La cohesión del Estado

Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.

La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».