El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Murcia y portavoz del PSRM, José Ramón Jara, lamentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María barreda, haga de «agorero» con el trasvase y le recomendó que sea «más respetuoso con la ley». Jara fue contundente y dijo que la previsión del fin del trasvase para 2015 «no está más que en los deseos del Gobierno y la oposición del PP de Castilla-La Mancha, porque tanto en la legislatura vigente como en las futuras estamos convencidos de que nunca habrá caducidad».

El dirigente socialista apostilló que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha «son comprensibles pero no se resuelven mermando el abastecimiento a otras regiones», al tiempo que recordó a Lamata que el Tajo es un río español y portugués, no de Castilla-La Mancha, aunque «entendemos sus necesidades hídricas pero no a costa de otras comunidades autónomas que tienen derechos consolidados y reconocidos por ley», subrayó.

Sobre el enfado que ha podido ocasionar el acuerdo resultante del encuentro entre Valcárcel y Saura, Jara recordó que Barreda y Cospedal también coinciden pero en negar los derechos heredados del trasvase Tajo-Segura a la Región de Murcia.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que, «se pongan como se pongan» en Murcia, el trasvase del río Tajo al Segura «se va a terminar en 2015 por razones de justicia y de sentido común».

Lamata se pronunciaba así durante la rueda de prensa en la que informó del contenido del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acuerdo entre el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el secretario regional de los socialistas de esa región, Pedro Saura, para defender conjuntamente el trasvase Tajo-Segura.

Fernando Lamata consideró inviable el mantenimiento del trasvase, pues la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, tiene prioridad sobre la receptora, y existen, además, directivas europeas que obligan a respetar el medio ambiente.

Afirmó que «el trasvase cada día que dura es un atentado ecológico» y convierte al Tajo «en un río moribundo a su paso por Toledo».

«Río vivo»

El vicepresidente primero consideró que hay que duplicar o triplicar el caudal ecológico para que el Tajo «siga siendo un río vivo» y señaló que Murcia no puede pretender obtener del Tajo el agua que necesita para mantener sus producciones, sino que tendrá que buscarla en el mar.

Además, Lamata indicó que si el coste que tendría la utilización del agua desalada no les permite ser competitivos en Murcia, tendrán que buscar alternativas a su actual modelo económico.

Así, explicó que, por ejemplo, en la cuenca del Alto Guadiana, donde también los agricultores quieren regar y hay familias que viven del regadío desde que en los años cuarenta se les animó a regar para incentivar las producciones, se están poniendo en marcha alternativas que pasan por otros usos económicos y sociales porque no hay agua suficiente.

Lamata agregó que lo mismo podrían plantearse en Murcia, y recordó que tiene que recibir a través del trasvase un agua del que no dispone para poder seguir manteniendo su modelo productivo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha consideró que «seguir insistiendo» en el mantenimiento del trasvase «es hacer perder el tiempo a los agricultores murciano, que dijo tendrían que estar ya pensando en alternativas».

Presión

En su opinión, lo que deberían hacer en la Región de Murcia es «presionar» al Gobierno central para que haga desaladoras, pues una grande puede llegar a producir 50 hectómetros cúbicos anuales, con lo que con cuatro, que podrían estar hechas en 2011, tendrían los 200 hectómetros que necesitan».

Preguntado sobre si el trasvase Tajo-Segura se tratará en la reunión que mantendrá el Consejo Territorial del PSOE el próximo sábado en Toledo, Lamata contestó que si se plantea el tema, está seguro de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dirá lo mismo que hace unos meses en Talavera de la Reina, que «no tomará decisiones en materia de agua» que afecten a la región «sin contar» con su presidente, José María Barreda.

Afirmó que la anulación del trasvase del Ebro supone que el del Tajo tiene que terminar, pues «es la misma lógica del no a los trasvases», y consideró que «la dirección del proceso está en línea con lo que está marcando el presidente Barreda».

Horizonte de 2015

Preguntado por qué a pesar de ello el Gobierno central aprobó el pasado viernes un trasvase de 69 hectómetros cúbicos, de los que 31,4 son para riego, Lamata contestó que de momento no se ha llegado al horizonte de 2015 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplica las normas de explotación «atendiendo a los criterios que cree oportunos», si bien reiteró el compromiso del presidente del Gobierno de que en política de agua en Castilla-La Mancha «el presidente Barreda tendrá la última palabra».

Como se recordará, en el encuentro celebrado el martes entre Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, se produjo un acercamiento en política de agua, en el sentido de que Saura apostó por hacer cumplir la Ley del Trasvase Tajo-Segura y conseguir que se alcancen los 600 hectómetros cúbicos anuales máximos que estaban previstos.

Ambos analizaron también la financiación autonómica, el control del litoral, las infraestructuras y el modelo de crecimiento económico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que autorizó la utilización por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en Alicante, de 6,1 hectómetros cúbicos regulados en el embalse de Alarcón, en Cuenca.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota, el Consejo de Gobierno de esa región acordó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, que fue adoptada el pasado 23 de julio.

El agua cuyo uso se autorizaba se destinaría a Alicante y a los municipios alicantinos de San Vicente del Raspeig, Elche, Santa Pola y Hondón de las Nieves.

El ejecutivo que preside el socialista José María Barreda fundamenta su recurso en que las localidades de Alicante, Santa Pola y San Vicente del Raspeig no pertenecen a la demarcación de la cuenca del Júcar, sino que se encuentran geográficamente en cuencas internas de la Comunidad Valenciana.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego sostiene que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar «supone un auténtico trasvase entre distintos ámbitos territoriales, competenciales y de planificación», argumenta.

Ésta no es la primera ocasión en la que la Junta de Castilla-La Mancha muestra su oposición a trasvasar agua. A día de hoy, el ejecutivo de Barreda ha elevado tres recursos por la venta de derechos de agua a la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante.

Cabe recordar, además, que está estudiando recurrir también la decisión adoptada este pasado viernes por el Consejo de Ministros de autorizar un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

Para el ejecutivo de Barreda, la decisión del Gobierno de Zapatero es una medida «imprudente» y se mostró especialmente crítico con el destino de 31,4 hectómetros a regadíos. El consejero de Ordenación del territorio, Julián Sánchez Pingarón, sostuvo entonces que la «acreditada solidaridad» castellano-manchega para el abastecimiento a poblaciones le «da legitimidad» para exigir que no se aprueben trasvases «para usos no prioritarios».

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado una ofensiva mediática tras reconocer que, pese a la inversión de 3.900 millones de euros del programa Agua, las «voces críticas han empañado los resultados de estas actuaciones».

En un documento interno de Aguas de la Cuenca Mediterránea, Acuamed, al que ha tenido acceso ABC, la empresa pública dependiente del Ministerio de Cristina Narbona alerta que el mensaje de las bondades de la desalación «no llega a la población» y que ésta «no se trata con objetividad en los medios», por lo que se apresta a preparar una «estrategia organizada» para contrarrestar la «manipulación y tendenciosidad» existente, a su juicio, cuando se informa sobre ella.

Para ello, dicha estrategia se basará en «acercarse» a los medios de comunicación para facilitarles «formación, información y colaboración», en especial en las zonas menos proclives a sus postulados, como la Comunidad y Murcia. De esta forma, se creará un gabinete de prensa de Acuamed sobre desalación con presencia en Madrid y Comunidad Valenciana, se diseñarán estrategias de comunicación proactivas y reactivas para informar sobre aspectos positivos de esta técnica, se mantendrán relaciones con los distintos medios y se llevará a cabo un análisis diario de publicaciones.

Ocho municipios

El referido gabinete de comunicación tendrá una gran carga de trabajo en aras de publicitar al máximo la desalación. Así, se redactarán planes de comunicación específicos para las ocho poblaciones donde las plantas desaladoras puedan producir más «controversia», como son Denia, Torrevieja, Sagunto, Moncofa, El Campello, Oropesa, Jávea y Águilas (Murcia).

El objetivo de esta actuación, según consta en el referido documento interno, es «conocer con qué aliados y adversarios contamos» en cada localidad, proactivar los hitos positivos y contestar las respuestas críticas.

Como el trabajo, sin duda, es ímprobo, Acuamed tiene pensado involucrar al sector de la desalinización en su empeño, para lo cual le aconsejará que creen sus propios gabinetes de prensa.

Además de las típicas reuniones con periodistas «especializados» en políticas de agua y medio ambiente para que «entiendan» el enfoque del Ministerio, el equipo del director general de Acuamed, Adrián Baltanás, dará un teórico toque de originalidad a su estrategia sin aparente importancia, pero de un gran calado político. Se trata, en primer lugar, de convocar el premio «Aqua» de periodismo destinado a artículos que mejor recojan el espíritu de la gestión del agua. Acuamed organizará los galardones y una cena de gala para la entrega de premios en Valencia o Murcia, al tiempo que ofrecerá el copatrocinio al sector de la desalinización.

Con más intención todavía por «acercar» sus tesis a los reporteros, se creará una Diplomatura de periodismo especializado que permitirá obtener un diploma oficial del Ministerio de Medio Ambiente o Acuamed en colaboración con la Universidad de Alicante.

Paralelamente a estas actuaciones, se abordará el mundo publicitario con la organización de concursos de ideas de agencias sobre la desalinización y campañas informativas regional y nacional.

Su lanzamiento se producirá antes de que concluya el año, y su duración será de dos o tres meses. Televisión, radio, prensa y revistas, vallas… serán el soporte de que se valdrá el Gobierno para transmitir a la opinión pública las ventajas de utilizar agua del mar tratada.

Por último, el Ministerio de Medio Ambiente promocionará «test ciegos» entre los ciudadanos, con pruebas de agua desalinizada y del grifo de la ciudad que se elija. Este experimento servirá para hacer un estudio estadístico con datos por provincias de preferencias de tipo de agua.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía en las cuencas del Segura, Júcar, Tajo y Guadalquivir.

Las últimas lluvias, que han provocado inundaciones de carácter local, han tenido escasa repercusión en las reservas de los sistemas de la zona peninsular castigada por la sequía, como son Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y la cabecera del Tajo.

Ante esta situación, el Gobierno considera necesario adoptar medias extraordinarias y de urgente necesidad para paliar los efectos de la sequía.

Este Real Decreto-Ley tiene por objetivo establecer medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso del agua para riego en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, cuando hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal. Asimismo, pretende paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debido a la adquisición de los derechos al uso de agua necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones. Por otro lado, exime al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del abastecimiento Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos trasvasados en el año 2007.

El importe estimado de las exenciones, a invertir por el Ministerio de Medio Ambiente, alcanza los 80 millones de euros. Se exime a los regantes, que cumplan los requisitos señalados con anterioridad, del pago de las tarifas de utilización del agua y del canon de regulación, correspondientes a 2007, así como de las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas y de la cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase (cuenca del Segura).

Asimismo, se exime a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que gestiona el abastecimiento a 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, con una población superior a los 2,5 millones de habitantes, del pago de la tarifa de conducción de las aguas del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, se prorroga, hasta el 30 de noviembre de 2008, la vigencia del Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.

Se prorroga también la vigencia de los Reales Decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005 de 25 de noviembre, por los que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura, Tajo, y Guadiana, Guadalquivir y Ebro, respectivamente, aunque en este último caso ahora sólo se prorroga su vigencia para el ámbito de la cuenca del río Guadalquivir.

Por último, el texto declara la urgente ocupación de los terrenos afectados para la realización de determinadas actuaciones hidráulicas.

Esta serie de medidas responde a los principios del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, incluso en situación de sequía.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, calificó ayer de «atentado medioambiental» trasvasar agua para regadío al Levante, dada la situación «crítica» por la que atraviesan los embalses de la cabecera del Tajo.

Lamata, que inauguró en Ciudad Real las IX Jornadas de Igualdad de Género organizadas por la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE), se manifestaba así a preguntas de los medios en relación al acuerdo del Consejo de Ministros del viernes en el que se aprobó derivar 69 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del río Tajo al Levante, 31,4 de ellos para regadío.

Según el vicepresidente castellano-manchego, la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía es «crítica» y no parece justificado un trasvase para regadío, sobre todo cuando la situación de la zona de Murcia y Valencia en los actuales momentos «no es tan crítica como se pretende hacer creer», dadas las lluvias caídas en las últimas semanas .

En referencia a la situación de la cabecera del Tajo, afirma que «mandar un agua que no existe es desangrar un río y castigar su capacidad de recuperación medioambiental», informa Europa Press.

Lamata añadió que los trasvases de socorro están marcados por la Ley y en este momento no tienen justificación, recordando que antes del mantenimiento de los árboles leñosos está la recuperación del medio ambiente y la conservación de los humedales manchegos, como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

En este sentido, puntualizó que «los árboles se mueren, pero que si se muere el Tajo o se mueren Las Tablas de Daimiel, éstos ya no se podrán recuperar». Lamata resumió que las prioridades son, en primer lugar, agua para beber; en segundo lugar, agua para salvar el medio ambiente, y en última instancia, si hay excedentes suficientes que no es el caso ahora, agua para riego.

A vueltas con la «caducidad»

En todo caso, Lamata hizo hincapié en que cada día que pasa es uno más para acabar con el trasvase en el año 2015, una reivindicación remarcó Lamata, en la que Castilla-La Mancha lleva razón porque «necesitamos el agua para nuestro desarrollo y como cuenca cedente según marca la Ley tenemos prioridad para acceder a ella».

Al Ministerio de Medio Ambiente, pese a su insistencia en el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos, no le cuadran los plazos del Júcar-Vinalopó. El trasvase, que recibe 120 millones de financiación -sobre los 303 de coste total- a través de los fondos FEDER que concede Bruselas, podría incumplir según las previsiones del propio Gobierno el límite temporal que condiciona la citada inversión europea.

Así, según anunció ayer la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), que promueve la infraestructura, se acaba de firmar el contrato definitivo para ejecutar las obras del tramo E -que discurre entre Moixent y La Font de la Figuera, en el límite con la provincia de Alicante y con los tramos respetados del trazado inicial-. Unas obras que, según los plazos establecidos en el pliego de condiciones, finalizarán bien entrado el año 2009.

Según admitió el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, «el plazo de ejecución previsto es de 18 meses». Es decir, a menos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria acorte sensiblemente ese plazo, las obras del tramo E -y por tanto del trasvase en sí mismo- no finalizarán hasta finales de marzo de 2009. Tres meses después de la fecha límite para presentar ante Bruselas las certificaciones de obra y merecer los fondos.

La financiación que recibe el Júcar-Vinalopó -y todas las actuaciones del plan AGUA en la región- se enmarca en el plan operativo de la Comunidad Valenciana, que expira el 31 de diciembre de 2008. Tal como reconocía el propio Marugán en un informe publicado en su momento por ABC, de no llegar a tiempo los certificados de finalización de obra, los fondos recibidos hasta el momento deberían reintegrarse -con el consecuente riesgo para la viabilidad económica del proyecto-.

48 millones de euros

El presupuesto del último tramo adjudicado del nuevo Júcar-Vinalopó asciende a más de 48 millones de euros, y recorrerá algo más de 17 kilómetros. La UTE formada por Acciona y la valenciana Construcciones Luján deberá construir cinco acueductos para salvar desniveles orográficos, una balsa de regulación de 30.000 metros cúbicos y una estación de bombeo.

El tramo D, entre Llanera de Ranes y Moixent, se encuentra todavía pendiente de su adjudicación, que se ha fijado para «los próximos días».

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.

La sequía y la escasez de agua han dejado de ser un problema de la Europa seca y se han convertido ya en un una lacra comunitaria contra la que Bruselas empieza a mover sus peones. Sin embargo, la Comisión Europea parece haber olvidado que los que tienen verdadera experiencia en la gestión de recursos hídricos son precisamente las regiones más afectadas por la falta de agua, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y ayer desdeñó la defensa de los trasvases que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, hizo ante Comité de las Regiones para insistir en que lo que las regiones europeas tienen que hacer es ahorrar y, en todo caso, desalinizar o reutilizar el agua.

Rambla, que intervino en nombre de Camps como portavoz de los territorios europeos afectados por la sequía, defendió los trasvases como las infraestructuras «con menor impacto energético y medioambiental, además de ser baratas y sostenibles puesto que sólo son posibles en el caso de que haya cuencas excedentarias». Inspirado en su remota experiencia en la lucha contra la sequía, Rambla insistió en la necesidad de «infraestructuras complementarias considerando el impacto medioambiental, económico y social».

Reutilización y depuración

No obstante, la iniciativa de Rambla no se vio secundada por la de la Comisión Europea, cuya portavoz de la unidad del agua, Stephanie Croguennec, se empeñó en repetir la palabra «ahorro», obviando que la propuesta de invertir en trasvases para prevenir y responder ante la falta de agua en la UE viene de la mano de una de las comunidades que más agua ahorra.

Según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad ahorra con los regadíos modernizados más 100 hectómetros cúbicos anuales, depura 500 y de ellos reutiliza directamente 175 hectómetros cúbicos al año, lo que representa más del 50% de toda el agua que se reutiliza en España. Además, el consumo medio por habitante y día se sitúa en la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional y de autonomías como Castilla-la-Mancha, Andalucía, Cantabria y Aragón, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La CE instó a las regiones a atajar el problema reduciendo el consumo de agua a través de una «política de tarificación» del agua de manera que se cobre a un precio «justo», algo que fue sostenido por Rambla. Además, insistió en la necesidad de que cada región planifique y adapte su modelo económico a la disponibilidad de agua. «¿Hasta donde llegará esta medida?», respondió Rambla preguntándose si ello significaría «que los valencianos arranquen sus naranjos».

Rambla no se mostró sin embargo reacio a que las regiones con déficit estructural de agua pasen por el ahorro y una mejor planificación territorial, pero insistió en que a esas medidas habría que añadir «infrestructuras adicionales» como desalación, pantanos y trasvases. Por último, el vicepresidente instó a los agricultores a «reasignar los recursos» y a ceder su agua a las ciudades para que las aguas residuales, una vez depuradas, sean utilizadas para el riego.

Las propuestas presentadas ayer por Rambla y por la Comisión Europea no son más que el punto de partida para la elaboración del «Informe Camps», que pretende servir de inspiración a la UE para tomar de medidas comunitarias contra la sequía y la escasez de agua. Ahora las regiones europeas tiene la oportunidad de aportar sus ideas al informe, que será finalmente presentado y votado el próximo 10 de enero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha impugnará la última venta de derechos de agua de regantes del Canal de las Aves, en Aranjuez (Madrid), a regantes murcianos, que fue autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 11 de julio. Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional, que señalaron que la cantidad vendida alcanza los 36 hectómetros cúbicos.

Este es el tercer recurso que presenta el Gobierno socialista del socialista José María Barreda por la venta de derechos de agua de la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante. Este recurso se apoya en la ausencia del informe de impacto ambiental, lo que, a su juicio, supone una falta de procedimiento y, en consecuencia, nulidad de pleno derecho. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que este trámite debe ser cumplido para autorizar las cesiones de recursos hídricos, porque hay que determinar si puede provocar consecuencias negativas para el medio ambiente.

Otro motivo expuesto por la Junta de Castilla-La Mancha incide en los cálculos realizados por los regantes del Canal de las Aves, que consideran que dejar de regar 3.000 hectáreas sería suficiente para liberar los 36 hectómetros que se ceden a través del contrato.

El recurso plantea que, con ese cálculo, cada hectárea tendría una asignación de 12.000 metros cúbicos anuales y, sin embargo, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establece para esa zona una asignación de 7.500 metros cúbicos por hectárea y año. Por último, el Ejecutivo presidido por Barreda considera que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la ley que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Excedentes en la cabecera

Por otra parte, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá mañana en Madrid, bajo la presidencia del director general del Agua, Jaime Palop. Sus miembros tendrán que decidir qué volúmenes se transfieren durante los próximos meses y para qué usos. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura ha solicitado oficialmente un envío de 38 hectómetros para atender los cultivos del otoño. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a su vez, precisará su dotación para abastecer a la población, que ronda los 12 hectómetros por mes. Los pantanos de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buenía- almacenan actualmente unos 357 hectómetros cúbicos.

Según las reglas de explotación del acueducto, existen pues 117 hectómetros legalmente excedentarios. La actual situación es mejor que la del año pasado, cuando por estas fechas sólo había almacenados 253 hectómetros cúbicos. Aquella situación provocó que por vez primera en muchos años no se atendiera por completo la petición para los abastecimientos.

Dado que en esta ocasión los abastecimientos tienen garantizado el suministro hasta final de año, se dan las condiciones para que se puede derivar una parte de los excedentes para los regadíos del Segura. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó la semana pasada que se podría derivar agua para varios usos.