El paseo marítimo de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, gobernada por la socialista Marylene Albentosa, fue finalmente el escenario en el que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se dedicó a regalar a los bañistas botellines de agua desalada, para convencerles de las bondades de la desalación frente a los trasvases.

Al no autorizar Torrevieja la campaña -tras la negativa de Medio Ambiente a desvelar el contenido de las botellas de 0,33 litros, tal como publicó ABC-, la empresa subcontratada por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) se desplazó hasta la única playa de un municipio socialista en la Vega Baja, para proceder al reparto de botellines.

No obstante, pese a las grandilocuentes afirmaciones que rezaban en la publicidad repartida a pie de playa, el agua que ayer regaló Medio Ambiente -y que seguirá regalando en las principales playas de la Comunidad y Murcia, según Narbona- no era estrictamente desalada. En realidad, según se afirma en el etiquetado, se trata de agua que combina un 75 por ciento de líquido procedente de la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia), y un 25 por ciento de agua mineral.

Sin embargo, la titular de Medio Ambiente defendió que los botellines de Acuamed contenían «exactamente» el mismo agua que se consume en los hogares la capital alicantina -abastecida por la planta desaladora «Alicante I»-.

Negativa a los vertidos

Narbona, que criticó duramente al Ayuntamiento de Torrevieja -aunque sin explicar que se le había impedido repartir los botellines en la playa del Cura, tal como había planeado en principio-, aseguró que el agua desalada rebajada con mineral cumple las «máximas garantías», ya que ha sido analizada por un laboratorio «acreditado».

Si bien la campaña a favor de la desalación no se desarrolló en Torrevieja, la ministra de Medio Ambiente sí visitó finalmente -seis meses después del inicio de las obras- «la desaladora más grande de Europa», para ufanarse del «respaldo» del Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Europea (CE) a la planta.

Narbona, arropada por medio centenar de cargos gubernamentales y representantes socialistas, se felicitó por el ritmo de los trabajos y consideró que la desaladora se pondrá en marcha el próximo año, pese a no contar todavía con autorización para verter la salmuera -los desechos resultantes del proceso de desalación- en el mar torrevejense.

De hecho, la titular de Medio Ambiente advirtió que utilizará «todos los instrumentos del Estado de Derecho» para obtener dicho permiso -aunque la solicitud se realizó respecto al proyecto anterior, modificado tras su aprobación-, y consideró que «de nuevo» se dará la razón al Gobierno.

Por su parte, desde el PPCV -que recordó la larga lista de agravios de Narbona a la región- se acusó a la ministra, cuya visita se tildó de «provocación», de no dar solución a los problemas hídricos de la Comunidad, mientras las desaladoras se convierten en un «órdago» al ecosistema litoral.

«La situación por la que atraviesan los pantanos de la cabecera del Tajo es «crítica»». Así se manifestó ayer el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, quien reclamó a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Murcia que pongan en marcha las alternativas necesarias para abastecer sus necesidades porque «el trasvase Tajo-Segura no tiene futuro».

Según los datos datos a conocer el pasado lunes por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía disminuyó en 17 hectómetros cúbicos en la última semana y quedó en 391 hectómetros cúbicos, el 15,80 por ciento de su capacidad total (2.474 hectómetros cúbicos). Por ello, el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha recordó ayer a los gobiernos de Francisco Camps y de Ramón Luis Valcárcel -ambos del Partido Popular- que hay tiempo suficiente para construir las desaladoras necesarias que sustituyan la dotación que actualmente llega desde el acueducto, cuya fecha de caducidad está fijada para el año 2015.

Respuesta inmediata

Lamata abogó por mantener una reserva de seguridad de abastecimiento, mejorar el caudal ecológico del Tajo en toda su cuenca y tener una mayor dotación que dé respuesta a la demanda futura de Castilla-La Mancha. Por ello, reclamó que se sigan generando nuevos recursos así como una política más eficiente en esta Comunidad «y desde luego en otros lugares». En este sentido, según informa Efe, instó a los gobiernos de la Comunidad Valencia y de Murcia a que pongan en marcha las alternativas necesarias para abastecer sus necesidades, porque el trasvase -dijo- «no tiene futuro».

Sin embargo, no parece que la «recomendación» del Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda vaya a variar la «defensa a ultranza» del trasvase que mantienen los Gobiernos de Valencia y Murcia. Así, el secretario ejecutivo de Organización del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Enrique Crespo, respondió a Lamata que su partido «nunca renunciará» al trasvase del Tajo-Segura porque «lo necesitan los regantes» y porque el PP seguirá «defendiendo los intereses de nuestra tierra».

El dirigente popular insistió en que «siempre vamos a defender los trasvases y la llegada del agua a la Comunidad», por lo que animó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona -que hoy visita la desaladora de Torrevieja (Alicante-, a que «muestre su apoyo a la llegada del agua del Tajo». «Esperamos que no sea una visita más de paseo y que anuncie acciones concretas para darles a los regantes un apoyo claro e inequívoco para acabar con el desastre hídrico que ha montado el Gobierno de Zapatero», señaló el PP en un comunicado. «Necesitamos los trasvases y no vamos a renunciar a ellos», añade la nota. Además, Crespo aseguró que «mientras el Gobierno valenciano se dedica a promover políticas para solucionar el déficit hídrico que sufrimos, el Gobierno de Zapatero sigue promoviendo la insolidaridad y crispación entre territorios».

Al respecto, los populares recuerdan que el Gobierno de Francisco Camps «está haciendo un esfuerzo muy importante para optimizar los recursos hídricos con la puesta en marcha de 400 depuradoras». «Gracias a las políticas hídricas del Gobierno del PP depuramos más de 500 hectómetros cúbicos y reutilizamos para el regadío más de 175 hectómetros cúbicos», aseguran los populares en su comunicado.

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha acordado enviar con «carácter extraordinario» un volumen de 6,1 hectómetros cúbicos desde el embalse de Alarcón para atender el abastecimiento urbano de los municipios de Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe, situados en el ámbito territorial de este organismo. El envío se efectúa a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que después se encarga de su distribución, según informó en un comunicado.

Hay una situación de escasez de agua que se ha visto agravada en los últimos años por la sequía

La Mancomunidad de Canales del Taibilla es la responsable del suministro de agua de boca a una población de cerca de dos millones de habitantes. Según la CHJ, la zona correspondiente a Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Aspe «padece una situación de escasez de agua, que se ha visto agravada en los últimos años por la extraordinaria sequía que padece el río Taibilla cuyas aportaciones han experimentado en los últimos años un fuerte descenso». Esta situación ha requerido la aportación con «carácter excepcional y de emergencia» de recursos procedentes de la cuenca del Júcar.

Según el Plan Hidrológico del Júcar, las necesidades de estos abastecimientos «no cubiertas por las diferentes fuentes de suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (río Taibilla, trasvase desde el Tajo y desalación) deben ser cubiertas con aportaciones del río Júcar».

La medida, que es «similar a las contempladas por la CHJ en los años anteriores», se «compensa» con recursos adicionales de origen subterráneo «a extraer en la zona regable de la ribera del Júcar en Valencia, para no reducir así la disponibilidad de agua del sistema Alarcón-Contreras-Tous, regulador de las aguas del Júcar». Además, el acuerdo alcanzado en la Junta contempla «la compensación económica que deberán percibir los regantes del Júcar por la cesión».

El volumen de agua enviado equivale al abastecimiento anual de una población estable de 90.000 habitantes, o de una población estacional –principalmente por el incremento de los meses de verano– de 350.000 habitantes. La cantidad enviada a la Mancomunidad de Canales de Taibilla desde el embalse de Alarcón servirá para cubrir el déficit previsto.

El abastecimiento de agua es necesario al incrementarse la población en verano en 350.000 habitantes más

Respecto a las aportaciones del río Taibilla, según la CHJ, «la práctica ausencia de precipitaciones en los últimos meses hacen prever un nuevo mínimo histórico anual de aportaciones, lo que ha llevado a considerar un 3 por ciento inferior al año pasado«. El organismo subrayó que la Mancomunidad de Canales de Taibilla «lleva recibiendo recursos extraordinarios del embalse de Alarcón desde septiembre de 2000».

Según la CHJ, desde el año 2000 se han transferido volúmenes de dos hectómetros cúbicos; 4,5 en 2001; 10,9 en 2002; 11,2 en 2003; 9,3 en 2004; 15,1 en 2005; 6,3 en 2006 y 6,1 este año, lo que hacen un total de 65,4 hectómetros.

• En la Región, ya hay 45.000.

• Dicen que es insolidario.

• No quieren que se ponga fecha de caducidad al acueducto.

La comunidad de regantes de Lorca ha recogido unas 8.000 firmas para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, dentro de la campaña emprendida para ello por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) el pasado marzo.

Lo confirmó hoy el presidente de la comunidad de regantes lorquina, Manuel Soler, durante un nuevo acto de la campaña, al que también acudió el presidente del Scrats, Francisco del Amor.

La institución comunera instaló hoy en la puerta de su sede dos pancartas en las que puede leerse: «Ayúdanos con tu firma a defender el trasvase Tajo-Segura. No al estatuto de Castilla-La Mancha«.

Del Amor dijo que en Murcia ya se han recogido 45.000 firmas y que los regantes consideran que los artículos de la propuesta de Estatuto castellano-manchego relativos al trasvase Tajo-Segura son «contrarios a la Constitución Española«.

Los regantes consideran insolidario ese texto porque, a su juicio, invade las competencias exclusivas del Estado sobre agua, y en su reivindicación de que no se ponga fecha de caducidad al acueducto «no vamos a bajar -dijo- la guardia».

En el caso de Lorca, los regantes están recogiendo firmas en las oficinas centrales de la comunidad de regantes, en la calle Corredera, así como en las oficinas de la huerta situadas en las diputaciones lorquinas de Cazalla, Campillo, Marchena, Tercia, La Hoya, Torrecilla y Riberas.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, explicó ayer que el agua desalinizada que se arrojó a las conducciones de riego del Campo de Cartagena «no supuso ningún despilfarro», sino que fue utilizada para los regadíos de la zona.

El delegado del Gobierno en este organismo, Isidoro Carrillo, señaló que entre 300.000 y 400.000 metros cúbicos producidos en la planta de San Pedro I fueron a estos canales del postrasvase Tajo-Segura porque en ese momento no había suficiente capacidad de dilución del boro que contenía ese agua desalinizada.

Isidoro Carrillo subrayó que ese aporte le vino bien a la agricultura de la zona, dada la escasez de recursos hídricos que sufre el campo.

Carrillo añadió que los problemas de boro se ciñen a las dos primeras plantas desalinizadoras de San Pedro del Pinatar y Alicante, y que sólo se presenta durante los meses de verano. Precisó que ese agua es apta para el consumo una vez que se mezcla con caudales del Tajo en los depósitos y canales, lo cual hace que se rebaje la concentración de boro.

Membranas más eficaces

El responsable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla considera que este problema desaparecerá con las nuevas desalinizadoras, ya que están provistas de membranas de última generación que son más eficaces para retener el boro del agua de mar.

Como se recordará, la concentración de boro del agua de mar desalinizada supera los niveles autorizados por la ley en la cuenca del Segura. En concreto por un real decreto de febrero del año 2003, que establecía como límite una parte por millón (1 miligramo por litro).

En las dos primeras plantas de San Pedro y Alicante, la concentración alcanza 1,1 y 1,2, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, lo que obliga a mezclar el agua desalinizada con caudales continentales. En la segunda planta de San Pedro, la más moderna, el nivel roza 1 miligramo. Para los regadíos, el máximo autorizado por la ley es de 0,5 miligramos.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, considera que los niveles de boro son mayores a los que reconoce el Ministerio de Medio Ambiente. Una de las opciones que barajan los técnicos consiste en establecer un doble sistema de ósmosis para reducir el nivel de concentración de este elemento químico en el agua.

La producción de agua desalinizada de siete días fue arrojada el pasado mes de mayo a los canales de riego por el elevado índice de boro y porque no ofrecía garantías de que fuera apta para el consumo humano.

Esta revelación se produjo durante la última reunión de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del segura, donde el responsable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, dio cuenta de la situación de las tres desalinizadoras que hay en marcha para garantizar el consumo a la población.

Tanto el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, como el presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, Isidoro Ruiz, manifestaron ayer que Canales del Taibilla no podía controlar los niveles de boro en las plantas de San Pedro del Pinatar y Alicante, según se puso de manifiesto en dicha reunión.

El boro, pues, está incidiendo en la capacidad de producción y suministro de las desalinizadoras, por cuanto se superan los niveles autorizados por la ley hasta en un 20 por ciento, según publicó ayer ABC. El máximo permitido para el consumo humano es de 1 miligramo por litro, mientras que en estas dos plantas se llega a 1,2 miligramos.

400.000 metros cúbicos

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, confirmaron ayer que en el mes de mayo tuvieron que arrojar unos 400.000 metros cúbicos de agua desalinizada en la planta de San Pedro I por la elevada concentración de boro, ya que no disponían de suficiente agua continental -de la cabecera del Tajo- para mezclarla y reducir los niveles de este elemento que puede resultar perjudicial para la salud.

Esa producción, equivalente a una semana de funcionamiento de la desalinizadora, fue arrojada a los canales del Campo de Cartagena y destinada al regadío, ya que estas conducciones tenían mayor cantidad de agua del Tajo para diluir la concentración de boro.

En los últimos doce meses, Canales del Taibilla-que abastece a más de 3 millones de personas en verano- ha desviado a los regadíos un hectómetro cúbico por culpa principalmente del boro, al no disponer de suficientes caudales naturales para mezclar.

Preocupación

Fue el presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, quien se interesó por el vertido de agua con boro a los canales de riego, que transportan caudales de mejor calidad.

El consejero murciano Antonio Cerdá se mostró ayer preocupado porque se mezclen aguas de diferente calidad, máxime cuando una de ellas tiene altos niveles de boro. El consejero explicó que el problema apunta a las membranas, «que se dilatan en verano y no retienen suficientemente este elemento».

Cerdá añadió que no quiere crear alarmismo, pero cree que el Ministerio debe tomar medidas para resolver el problema del boro.

A su juicio, «los niveles son todavía mayores de los que reconoce el ministerio de Medio Ambiente».

Problema resuelto

Fuentes del Gobierno central añadieron ayer que este problema quedará resuelto con las nuevas desalinizadoras, que están preparadas para producir agua con menos de 0,5 miligramos de boro por litro.

El máximo volumen desalinizado hará que la mezcla final en los canales y depósitos rebaje los 1,2 miligramos registrados en las dos desalinizadoras más antiguas, explican. La otra opción es establecer un sistema doble de ósmosis. Está en estudio.

Pero el problema del boro no sólo se ha planteado en las desalinizadoras existentes en la cuenca del Segura. Las plantas de este tipo que operan en Canarias, que son pioneras y por lo tanto tienen una tecnología más antigua, producen agua con alta concentración de boro que, con el aseo diario, causa problemas de irritación y escamas en la piel, según señalaron ayer fuentes cercanas al Partido Popular y conocedoras de la tecnología de desalinización.

Doble sistema

Las mismas fuentes consideran que la solución al problema planteado en la cuenca del Segura pasa por establecer un doble sistema de ósmosis inversa, pero advierten de que el coste de energía se disparará.

Apuntaron que en la desalinizadora de Valdelentisco -que adjudicó el anterior Gobierno del Partido Popular- se exigió a las empresas contratistas garantías de que el boro no iba a superar los 0,5 miligramos por litro.

El consejero murciano de Agua, Antonio Cerdá, señaló por su parte que el volumen de agua desalinizada está por debajo de las expectativas que preveía el programa AGUA. Sostiene que no supera los 40 hectómetros cúbicos por año, basándose en los datos que se expusieron en la última junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica.

Cortes frecuentes

Recuerda que, según el Ministerio de Medio Ambiente, la producción máxima debía ser de 72 hectómetros cúbicos, pero que no se puede alcanzar este objetivo debido a que se producen frecuentes cortes de energía eléctrica en las desalinizadoras.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente rechazan estos datos y subrayan que en este año hidrológico se habrán desalinizado 57,6 hectómetros cúbicos de agua, dado que la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar se puso a plena producción a principios de este año.

Los regantes del campo del Júcar, en cuyo nombre -entre otros argumentos esgrimidos por el PSPV y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona- se modificó en 2005 el trazado original del trasvase por el que actualmente se encuentra en ejecución, no se opondrían a la construcción de una toma intermedia al margen de la que se ejecuta en la desembocadura.

Según fuentes del sector consultadas por ABC, el colectivo de regantes del Júcar vería con buenos ojos la construcción de esta toma, también en el cauce bajo del río pero a una altura suficiente como para evitar la contaminación del azud de la Marquesa. Asimismo, esta toma reduciría considerablemente otros problemas derivados del nuevo trazado, como superar la elevación del terreno, entre otros.

Durante el verano de 2005, en pleno debate sobre un recién planteado cambio de trazado, el PSPV logró romper la unidad de acción de los regantes, y el campo valenciano se posicionó a favor de la toma en Cullera, en lugar de en Cortes de Pallás, bajo la premisa de que cauce arriba «no había sobrantes que trasvasar».

Sin embargo, según las mismas fuentes, los regantes del Júcar avalarían la construcción de una toma intermedia, deseada tanto por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó como por el Consell, con lo que se eliminaría de un plumazo la oposición de los donantes y de los supuestos receptores.

El azud de Antella

Una vez constatada la firmeza de la postura del Ejecutivo, reforzada con el aumento de financiación de fondos europeos para la infraestructura, el Consell se ofreció al Gobierno hace apenas unas semanas para construir, con financiación autonómica, una segunda toma compatible con la primera, en el azud de Antella.

El entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, indicó que el Ejecutivo valenciano estaría dispuesto a construir esta toma intermedia -sin modificar el resto del trazado finalmente aprobado-, para garantizar la calidad de los caudales a trasvasar. En este sentido, García Antón aseguró que el agua del azud de Antella sería incluso aprovechable para el asbatecimiento urbano, algo que no sucede en la desembocadura del Júcar debido a su elevada conductividad y contaminación.

No obstante, la respuesta socialista fue inmediata, y desde el PSPV se acusó al Consell de «abrir nuevos frentes» a costa del trasvase, mientras el PPCV replicó que la toma propuesta por el Gobierno autonómico era la única que garantizaba la superación del problema endémico de carencia de recursos hídricos en el campo de Alicante.

Bacterias

En este sentido, conviene recordar que según un estudio elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio que dirige Narbona, el agua que se pretende trasvasar desde el azud de la Marquesa no podrá utilizarse ni siquiera para riego, por su elevado contenido en bacterias y fitosanitarios. Asimismo, el actual proyecto de trasvase no contempla ningún tipo de tratamiento para desinfectar el agua.

Pese a ello, las obras del tramo C, en la desembocadura del Júcar, se dieron por iniciados a finales del pasado mes, tras sucesivas licitaciones y adjudicaciones. Precisamente, la Junta de Usuarios del Vinalopó -que aglutina a los destinatarios de un trasvase al que se oponen frontalmente- ha iniciado la preparación de una reclamación patrimonial a Medio Ambiente, por valor de los más de 750.000 euros de gastos derivados de la apertura del crédito sindicado -de 75 millones de euros- para pagar su parte del trazado original, a los que cabría sumar los costes derivados del retraso en las obras. Si el Gobierno no responde, lo llevarán a los tribunales

La presidenta del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que mientras no exista un Plan Hidrológico Nacional (PHN) de verdad el Gobierno no podrá garantizar agua a los regantes murcianos ni a Castilla-La Mancha.

Cospedal hizo estas consideraciones al ser preguntada por la reunión mantenida ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y las ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Cristina Narbona y Elena Espinosa, con el comité de crisis de la cuenca del Segura, que integra a regantes, sindicatos, organizaciones agrarias, exportadores y cooperativistas.

La presidenta regional del PP insistió en que cualquier solución que no pase por un Plan Hidrológico «de verdad» no servirá, sino que serán «las políticas del PSOE de poner parches, de decir en una región una cosa y en la región contraria una cosa distinta». «Mientras no tengamos un PHN ni pueden asegurar a los regantes murcianos que van a tener agua ni pueden asegurar a los castellanomanchegos que vamos a tener el agua que necesitamos», dijo Cospedal.

A su juicio, la actual situación es responsabilidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que en las próximas elecciones «todos los agricultores de este país van a tener bien claro a quien tienen que votar».

El Gobierno regional se mostró “moderadamente satisfecho” con la reunión mantenida entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega,  las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y Agricultura, Elena Espinosa, con los miembros del Comité de Crisis de la sequía de la cuenca del Segura.

El consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad, Antonio Cerdá, aseguró, tras conocer el resultado de dicha reunión en la que el Gobierno central ha autorizado un riego de socorro de 20 hm3 a la cuenca del Segura, que “cualquier gota de agua es siempre bienvenida en Murcia, porque padecemos un déficit estructural”, aunque, resaltó, “los murcianos no debemos sufrir el Síndrome de Estocolmo porque llevamos toda la Legislatura con el agua secuestrada, y cualquier chorrico nos parece como venido del cielo”. “Cuando traen agua a Murcia cumplen con la obligación”, apostilló.

“Un riego de socorro de 20 hm3 no es la solución”, resaltó el consejero, “pero sí es un alivio para terminar el año hidrológico”, dijo y   agradeció, la “comprensión y la sensibilidad de la vicepresidenta de la Vega con los regantes murcianos por entender la necesidad de un riego de socorro teniendo en cuenta que hay excedentes de sobra en los embalses de cabecera”.

El consejero murciano aseguró que “a pesar de las declaraciones de Narbona que pronosticaban lo peor el pasado lunes, la vicepresidenta ha entendido el mensaje y la necesidad de atender la demanda de la agricultura más moderna y competitiva de Europa”.

“Si hubiera sido por la ministra Narbona los regantes hubieran vuelto de la Moncloa más secos que nunca”, dijo el consejero sobre las últimas manifestaciones públicas de la responsable de Medio Ambiente negando cualquier riego de socorro antes de octubre.

Menos ambigüedad y mayor contundencia con el Estatuto

Cerdá pidió a la vicepresidenta De la Vega que “aproveche la inercia de esta reunión y saque a la cuenca del Segura de la UVI, elimine la política de parches y realice una operación de verdad para corregir el déficit estructural de agua que padecemos”.

El consejero aseguró que “este tipo de decisiones debería tener continuidad en el tiempo”, para que “los agricultores murcianos abandonen la incertidumbre y la inseguridad en la que están sometidos y puedan programar sus plantaciones, sus cultivos y su actividad durante todo el año”, por lo que demandó a la vicepresidenta que “coja las riendas de la política hidrológica”, una política que dijo “debería ser de Estado, porque el agua es un recurso que debería ser compartido por todos los españoles”.

Con respecto a la reforma de Estatuto de Castilla-La Mancha, el consejero murciano pidió al Gobierno central “menos ambigüedad y mayor contundencia con el futuro del acueducto”, y aseguró “que más que las palabras y las buenas intenciones los murcianos creemos en la política de los hechos”. “Por desgracia los hechos durante esta legislatura han sido derogar el trasvase del Ebro, reducir las aportaciones del Tajo-Segura  y crear una inseguridad total respecto al futuro de esta infraestructura”, concluyó.

El Ministerio de Medio Ambiente prometió al modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que la provincia de Alicante recibiría más agua, de mayor calidad y en menos tiempo. No obstante, la sociedad estatal que promueve la infraestructura, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), admitió primero que la conductividad -nivel de sales disueltas en el agua- era superior a la prometida, y después descartó que el caudal del trasvase se pudiese destinar al consumo humano.

Sin embargo, y según los datos que maneja el propio Gobierno, el agua de la toma en el azud de la Marquesa, en Cullera -en la desembocadura del Júcar- no se podrá destinar ni siquiera a regadío. De hecho, la contaminación del agua multiplica por 600 el límite máximo que se permitirá una vez aprobada la modificación de la Ley de Aguas, impulsada por el mismo Ministerio.

Según una de las prospecciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que ha tenido acceso ABC, el nivel medio de coliformes fecales -una bacteria cuya presencia se utiliza para medir la salubridad del agua analizada- al final del río Júcar es de 120.550 unidades por cada 100 mililitros (120.000 UFC/100 ml).

Aunque desde 1989 la mayoría de países se rige por los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un límite de 1.000 coliformes por cada 100 mililitros, el anteproyecto de Ley de Aguas prevé reducir considerablemente dicho umbral. En la actualidad no existe legislación al respecto, pero el citado anteproyecto recomienda que el límite de coliformes no exceda las 200 unidades por muestra de agua.

El exceso de coliformes sobre las recomendaciones de Medio Ambiente se multiplica todavía más si el parámetro que se considera es el de los coliformes totales, y no sólo los fecales -de origen animal-. Según el mismo estudio, el nivel medio de bacterias de esta familia en el periodo analizado asciende a 2.645.000 UFC/100 ml.

Remitido a Bruselas

Los datos de contaminación corresponden a la prospección que la CHJ realizó cerca de la desembocadura del Júcar durante el pasado verano -entre los meses de mayo y agosto de 2006-, en la que analizó diversos parámetros. Si bien son varios los niveles que sobrepasan los recomendados, el caso más llamativo es el de los coliformes fecales, que superan ampliamente el límite de seguridad para utilizar el agua en regadío.

Por otra parte, la prospección se realizó en la estación JUJ602, en el Huerto de Mulet -cuatro kilómetros antes del punto donde el Gobierno construye la toma del trasvase-, y por tanto el agua está menos contaminada, si cabe, que en el azud de la Marquesa.

Curiosamente, este estudio se incluye entre la documentación que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea (CE), para solicitar la ampliación de la financiación con fondos FEDER, que se ha esgrimido como el principal aval para el cambio de trazado.

Los coliformes son unas bacterias de origen animal o vegetal, presentes en las heces -de ahí la diferenciación entre coliformes totales y fecales-, y que se reproducen en presencia de materia orgánica, como es el caso. Entre sus efectos se cuenta la fermentación de la lactosa a determinada temperatura, por lo que producen ácido láctico y gases.

Efectos nocivos

La presencia de coliformes como indicador de la seguridad en los alimentos se encuentra muy restringida -en el agua potable, por ejemplo, el número de coliformes debe ser igual a cero, mientras en los alimentos no puede superar un nivel mínimo-. Sin embargo, las bacterias disueltas en el agua de riego pueden introducirse en los cultivos regados con ese caudal.

Si se consumiesen los cultivos regados con un nivel de bacterias como el que muestra el referido informe, los efectos sobre el organismo -y especialmente sobre el aparato digestivo- podrían llegar a ser notablemente perjudiciales, según fuentes médicas consultadas por ABC. Así, aunque se finalice el trasvase propuesto por Medio Ambiente, se necesitaría, al menos, de un intenso proceso de depuración.

Pese a ello, AcuaJúcar hizo firme el cambio de trazado -propuesto por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el verano de 2005- en junio con el inicio de las obras.