Los regantes del Levante pedirán otros cien hectómetros del Tajo para el otoño

Los regantes del Tajo-Segura pedirán un nuevo desembalse de agua de los pantanos de cabecera para cubrir sus necesidades del último trimestre del año. El volumen rondará los 100 hectómetros, una cantidad similar a la reclamada el año pasado. El presidente del Sindicato Central, Francisco de Amor, tiene previsto reunirse la semana que viene con el director general del Agua, Jaime Palop, para estudiar la situación en la que se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Ambos embalses contienen actualmente unos 350 hectómetros cúbicos, de los que 110 se consideran oficialmente excedentarios. El rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha sido anunciado por su vicepresidente primero, Fernando Lamata, quien apuntó el jueves que las reservas son inferiores a la media histórica.

Próxima reunión

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura deberá reunirse este mes para estudiar los nuevos desembalses. Unos 40 hectómetros serán asignados para los abastecimientos hasta diciembre. No obstante, las moderadas temperaturas de este verano han impedido que el consumo de agua se haya disparado entre la población abastecida por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que sobrepasa los 2,5 millones de habitantes en esta época.

Los regadíos lo tendrán más complicado si el Gobierno exige que se mantenga una reserva estratégica en cabecera, como en años anteriores.

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AcuaJúcar desoyó un informe propio sólo dos meses antes de cambiar la toma del trasvase

La falta de sobrantes y el supuesto enfrentamiento entre los regantes de la Acequia Real del Júcar y los del Vinalopó. Éstas fueron las dos patas sobre las que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el director general del Agua, Jaime Palop, construyeron un argumentario destinado a legitimar la paralización del trasvase Júcar-Vinalopó, en julio de 2005, y la redacción de un nuevo proyecto con la toma en la desembocadura.

Sin embargo, dos meses antes, cuando aún nadie sospechaba las intenciones de la titular de Medio Ambiente, un informe encargado a la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar en la actualidad), que promueve la infraestructura, desmontaba punto por punto toda esta argumentación.

El informe no sólo desaconsejaba el cambio de trazado en atención a criterios económicos y ambientales, sino que desmentía -antes de que se diese a conocer- todo el discurso trazado por Narbona y reproducido en la Comunidad por el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla.

El mismo caudal para todos

El citado documento, de más de 60 páginas, asegura que, «si se aplican medidas de gestión» -contempladas también para la nueva toma-, las transferencias a realizar serían «algo superiores en la toma de Cortes». Conviene recordar que poco después, entre otras ideas, la ministra de Medio Ambiente aseguró una y otra vez que en dicha toma no había sobrantes que trasvasar.

Sin embargo, el análisis de AcuaJúcar ahonda aún más en el sentido opuesto al de las tesis posteriormente defendidas por su propio consejero delegado, José María Marugán, y asegura que «el déficit para los usuarios del Júcar» sería «similar» en las dos tomas, al igual que los aportes a la Albufera.

Así, el documento señala que «el cambio de toma afectaría escasamente a los suministros del Júcar», principalmente, porque las reglas de gestión previstas «dan una alta prioridad» a los regantes valencianos y el abastecimiento humano de la capital.

Finalmente, el documento concluye que, dado que «la proporción del recurso a trasvasar», 80 hectómetros cúbicos anuales, es «pequeña» en comparación con el total, de «1.500 hectómetros», la afección de la toma en Cortes sería «muy escasa» a nivel cuantitativo -es decir, no implicaría diferencias significativas con los recursos para Valencia- e «insignificante» en el plano ambiental.

Contaminación irresoluble

Mientras el supuesto déficit de caudales para la Acequia Real del Júcar -desmentido por este informe- movió a los usuarios de Valencia a posicionarse en contra de la toma en Cortes, la contaminación del agua en la desembocadura del río ha sido el principal argumento de los regantes alicantinos para oponerse al nuevo trazado.

En este sentido, el informe de la sociedad estatal no sólo reconoce que los niveles de contaminación en Cullera son infinitamente superiores a los de la toma original, sino que admite que estos niveles de salinidad, amonio o nitratos son prácticamente imposibles de solucionar.

Así, según los datos de AcuaJúcar, la conductividad -que mide indirectamente el nivel de sales disueltas en el agua- en la desembocadura (1.200 microsiemens) supera en 300 puntos la de Cortes. Unos niveles que «no se verán afectados» por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alzira ni por una eventual ampliación de la planta.

El nivel de amonio en la toma, por otra parte, multiplica varias veces el de Cortes, al pasar de menos de 0,05 miligramos por litro a entre 0,2 y 0,5 miligramos, según la época del año y el nivel de caudal del río. Los nitratos, inapreciables en Cortes, alcanzan en la nueva toma los 0,3 miligramos.

El informe concluye que, «incluso con la EDAR», la contaminación en Cullera será «siempre superior» a la de Cortes. En este sentido, advierte que para que la calidad del agua en la toma actual sea «similar» a la de la original, se necesitaría «una ampliación de la EDAR» y, además, diversas mejoras en cuatro afluentes del Júcar, que vierten sus aguas entre Cortes de Pallás y el azud de la Marquesa. A saber, el Sellent, el Albaida, el Río Verde -el más contaminado- y el Magro.

El documento, no obstante, no cuantifica el valor de estas otras «mejoras», que habría de sumarse a los 303 millones de euros presupuestados para el actual Júcar-Vinalopó (es decir, 100 millones más que el original). Lo que sí cuantificaba era el coste de potabilizar el agua para poder destinarla a consumo humano -algo descartado a día de hoy-, que cifraba en 35 millones de euros.

Complicación ambiental

Por último, AcuaJúcar se opuso también al cambio de toma por un poderoso motivo de corte medioambiental. Según una inquietante conclusión del informe, la toma en Cullera afectará de una forma difícil de estimar al paraje protegido de La Marjal, así como al drenaje natural del río en situaciones de crecidas -es decir, de posibles inundaciones-. En ambas afecciones, además, se estima que «la solución a las interferencias es difícil».

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Lamata: “El gobierno Regional quiere el mejor Estatuto para Castilla – La Mancha y lo antes posible”

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Fernando Lamata, reiteró ayer el deseo del Gobierno autonómico de que Castilla-La Mancha “cuente con el mejor Estatuto y que se apruebe lo antes posible”, ya que el proyecto ratificado por unanimidad en las Cortes autonómicas es necesario para defender nuestros intereses y seguir avanzando en las políticas de progreso.

Durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Lamata explicó que el Ejecutivo autonómico “ha liderado en la persona de su presidente, José María Barreda, la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía. Barreda ha conseguido que sea un proyecto apoyado por los dos grupos políticos presentes en la Cámara y ese proyecto ha sido remitido a las Cortes españolas, a las que compete ahora su debate y aprobación, en su caso, como Ley orgánica”.

En este sentido, indicó que ayer se produjo un debate en la Mesa de Portavoces, órgano que analiza el calendario de las Cortes españolas de aquí a final de legislatura, y donde se valoraron las posibilidades de debate, toma en consideración y de la posterior tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha. “Pedimos al Parlamento que trate nuestro proyecto con el respeto institucional que merece y que lo tramite con la mayor diligencia posible”, señaló Lamata.

El vicepresidente primero garantizó que el proyecto presentado “es muy bueno para la región, para defender nuestros intereses y seguir avanzando en las políticas de progreso, que se basan en el desarrollo económico, social, de infraestructuras y de gestión del agua. Es un Estatuto ambicioso, que refleja la madurez de nuestro desarrollo autonómico y que beneficiará, sin duda, a Castilla-La Mancha”, apostilló.

Año hidrológico

El vicepresidente primero y portavoz también realizó un balance del año hidrológico que está a punto de concluir y afirmó que los pantanos de cabecera del Tajo siguen estando en situación crítica, con unos 350 hectómetros cúbicos cuando la media de los cinco años anteriores a este periodo de sequía era de entre 550 y 600 hectómetros cúbicos por estas fechas.

Así, hizo una llamada de atención al Gobierno y a los responsables de la gestión del Trasvase Tajo-Segura para reclamar que, ante la situación “crítica” por la que atraviesan los embalses de cabecera, no se destine agua para regadío cuando se pueden poner en peligro usos prioritarios como el abastecimiento humano o el respeto al medio ambiente a un río “moribundo”.

Lamata señaló que este momento de situación crítica debe servir también para replantear a fondo el trasvase y que se entienda, “donde deba entenderse”, que esta infraestructura ya no tiene sentido y que no se puede seguir llevando agua para regar y para el desarrollo industrial y turístico de Levante como ha ocurrido hasta ahora.

En este sentido, también consideró “importante” que el Partido Popular aclare su posición en este asunto, ya que últimamente se están escuchando declaraciones desde Valencia y Murcia en el sentido de que el líder del PP, Mariano Rajoy sigue defendiendo a toda costa el trasvase y “lo que nos gustaría escuchar es otra reflexión distinta, que ese trasvase, si tuvo alguna vez utilidad, la ha dejado de tener. Nos gustaría que el PP asumiera de una vez esta conclusión”

Aceca

Por otra parte, Fernando Lamata subrayó la apuesta firme del Gobierno de Castilla-La Mancha por el desarrollo industrial de la región, pero siempre de manera que sea compatible con el respeto al medio ambiente, al referirse a la sanción impuesta a dos empresas eléctricas por un vertido de fuel de la central térmica de Aceca, en Toledo, al río Tajo.

Lamata recordó que este suceso se produjo el 1 de agosto de 2000 y señaló que la acción administrativa estuvo paralizada durante el procedimiento judicial que se realizó. La multa impuesta es la correspondiente a una sanción muy grave por infracción a la legislación sobre seguridad industrial.

Reconocimientos

Por otro lado, el vicepresidente primero y portavoz regional anunció la aprobación de un Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha a Carlos Falcó y Fernández de Córdova, por impulsar el turismo enológico y gastronómico de la región.

Asimismo, se aprobó un Decreto por el que se otorga la Placa al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha a Luis Alba González, por su esforzada labor y entrega personal como guía turístico, poniendo en valor a la ciudad de Toledo.

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La Junta anuncia la puesta en marcha de las obras para usar el agua del Tajo-Segura

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, manifestó ayer que en la Legislatura que comienza se acometerán las obras necesarias para aprovechar el agua en la región, por lo que el final del trasvase Tajo-Segura no vendrá sólo por la ley, sino por el uso que la Comunidad hará del agua.

Sánchez Pingarrón explicó en declaraciones a Efe que, además de la acción política que conlleva defender la caducidad del trasvase en 2015 incluida en el Estatuto, la Legislatura será «fundamental», porque en ella se harán las obras para que el agua que ahora se envía a Levante se utilice para el desarrollo de la Comunidad.

Recordó también que Castilla-La Mancha, como cuenca cedente, tiene prioridad por ley sobre el uso del agua del Tajo, por lo que, si no hay excedentes hídricos, no habrá trasvase. En este contexto, cobra especial relevancia la Agencia Regional del Agua, que se creará en los próximos meses, y que será «una verdadera administración hidráulica» que controlará, gestionará y dará prioridad a los recursos hidráulicos sobre los que la región tenga competencia.

El consejero subrayó que los próximos cuatro años serán claves en el aprovechamiento del agua como recurso fundamental para el desarrollo de la Comunidad, y puso como ejemplo la ejecución de las obras de la tubería a la llanura manchega, que supondrá una inversión de 500 millones de euros para transportar el agua desde el Tajo hasta La Mancha.

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España es el país europeo que más agua consume

España ocupa el primer puesto entre los países europeos por lo que se refiere al consumo de agua en el ámbito doméstico –hogares, pequeños negocios y edificios públicos–, con una media de 250 litros por persona y día y, como país mediterráneo. Además, es uno de los países de la UE que atrae a más turistas, quienes suelen gastar más de un 100% más de agua que los nacionales.

Estos datos forman parte del informe que difundió hoy la Comisión Europea sobre el potencial de ahorro de agua en distintos ámbitos, pero que también pone de relieve algunos patrones de consumo, ya sea en el turismo, la agricultura, el uso doméstico o la industria.

En términos generales, sitúa a la mayoría de España en el grupo de territorios europeos donde se prevé «estrés de agua», provocado no por la sola existencia de recursos hídricos, sino por su relación con la gestión de los mismos que hacen organismos públicos, industrias, plantas de energía o la agricultura. Así, solo la zona de Galicia tendrá un riesgo «bajo» de estrés, que será «medio» en la meseta norte y «elevado» prácticamente en el resto del país.

Por lo que respecta al uso doméstico del agua, sitúa a España a la cabeza del consumo, que se distribuye un 70% en los hogares, un 24% en pequeñas empresas y servicios y un 6% en servicios públicos. El informe señala que, en términos generales, este sector fue el responsable en 2000 del gasto del 24% del agua, correspondiente a 73, 2 kilómetros cúbicos, lo que muestra una «tendencia negativa». En el caso de España, señala que entre 1996 y 1999 las pérdidas de agua en la red de distribución crecieron de 20 a 21, 4%.

El texto propone una serie de medidas con las que se podría ahorrar el consumo de entre un 20 y un 50%, por ejemplo mediante cambios en los hábitos de la población, un uso más eficiente de tecnologías y dispositivos de ahorro o uso de fuentes alternativas de agua que incluyeran su reutilización cuando sea posible.

TURISMO El riesgo mayor que otros países que tiene España a sufrir «estrés» por agua se incrementa teniendo en cuenta la mayor afluencia de turistas que, como el resto de países de Mediterráneo, registra.

El estudio advierte que los turistas no pueden considerarse como causa, aunque admite que los impactos sobre los recursos hídricos son «significativos» en algunas áreas.

Señala que España se situó en 2004 entre los seis países mediterráneos dentro de los 25 principales destinos turísticos.

Advierte que el consumo de agua varía considerablemente entre las temporadas de más afluencia, pero también porque la cuantía del consumo es diferente según el modo de hacer turismo.

En términos generales estima que «los turistas que visitan el Mediterráneo consumen una media de entre 300 y 880 litros al día», lo que supone «más del 100% que los residentes locales». Cita como uno de los ejemplos las Islas Baleares, donde el consumo de agua en julio fue en 1999 igual al 20% de lo que la población local utilizó en todo un año.

El informe indica también que el consumo depende del tipo de alojamiento, de manera que la media en un camping es de 174 litros por persona y día; en un ‘bed and breakfast’, de 281 litros, y de 294 litros en un hotel. En un hotel de más de tres categorías, el consumo en sus bares o cafeterías puede rondar los 35 litros por huésped, mientras que el gasto en locales nocturnos o con piscinas puede llegar a 60 litros más por noche si se compara en lugares que no tienen piscina.

CAMPOS DE GOLF Merecen un comentario especial el consumo en los campos de golf, donde crece «significativamente». De media, un campo de entre 50 y 150 hectáreas consume entre 10. 000 y 15. 000 metros cúbicos de agua, que corresponde al gasto anual en una ciudad de unos 12. 000 habitantes.

El texto vuelve a citar datos de 2004 de España, para indicar que la demanda de agua en los campos de golf se eleva a unos 125 millones de metros cúbicos al año, una cifra que se espera que crezca alrededor de un 65% en 2015.

Las recomendaciones para reducir el consumo en el sector turístico coinciden con las domésticas –como un mayor control en el gasto en inodoros o duchas– o en la agricultura, con irrigación en jardines y campos de golf.

CAMPO E INDUSTRIA Por lo que respecta a la agricultura, el consumo también varía en función de la necesidad de los países de regar o no según su clima, por lo que, una vez más necesitará más agua que países del norte de Europa. «En los países mediterráneos el riego de tierras supone una gran parte del consumo total», dice y señala que en España es del 68%.

Afirma que el ahorro de agua en las actividades agrícolas puede esperarse gracias a las mejoras tecnológicas, cambios en las prácticas agrícolas o uso de cultivos más resistentes a las sequías.

Afirma que el riego por goteo es en general positivo y puede potenciar el ahorro, aunque señala también ejemplos, como en Valencia, donde no funcionaron según lo esperado.

En cuanto al uso de agua en el ámbito industrial, el documento reseña que éste ha disminuido en los últimos 30 años en el sector industria, pero ha aumentado en el de la energía. Los mayores consumidores industriales están en Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, España e Italia.

Aquí propone tecnologías para ahorrar en base a cambios en los procesos de producción, el reciclado del agua, cambios en las tecnologías de refrigeración o mediante los «dispositivos clásicos» de ahorro.

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Los regantes del Segura aseguran que los del Tajo «quieren vendernos toda el agua que haga falta»

Regantes de la cuenca del Tajo están dispuestos a vender sus concesiones de agua a los de la Cuenca del Segura en la cantidad que haga falta. Así lo ha revelado el dirigente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Francisco del Amor, quien precisa que el presidente de la federación de regantes de aquella cuenca ha ofrecido en varias ocasiones agua sobrante, principalmente en territorio extremeño. «Están dispuestos a vendernos toda el agua que haga falta. Dicen que allí tienen los pantanos llenos», indicó Del Amor. El problema no obstante es que ahora no existe ningún medio de transportar esos caudales. El Sindicato también ha recibido dos ofertas de comunidades de regantes de Castilla-La Mancha que quieren vender temporalmente sus concesiones. Los volúmenes no son significativos y oscilan entre 3 y 4 hectómetros.

En Castilla-La Mancha se añade el problema de que el Gobierno regional es totalmente contrario a la venta de derechos de agua que promueve el Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el Ejecutivo de José María Barreda ha expresado su disconformidad con las cuatro operaciones de compra de caudales realizadas en los últimos años: dos de ellas con regantes de Estremeras y otras dos con los del Canal de las Aves de Aranjuez, ambas en territorio de la Comunidad de Madrid. En el caso de Estremeras, los agricultores de esa zona han ingresado casi dos mil millones de las antiguas pesetas en las dos operaciones realizadas hasta ahora. Probablemente no será la última. Del Amor indicó por otra parte que ya se han repartido los 20 hectómetros cúbicos aportados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con cargo a la deuda contraída por este organismo.

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Narbona estudia llevar agua del Tajo a Murcia desde Extremadura

El Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa tres opciones para derivar más agua desde el Tajo hasta la cuenca del Segura y tratar de completar los 600 hectómetros cúbicos máximos anuales que prevé la ley. A las alternativas del Jarama y del Tajo Medio se ha sumado la de Extremadura, según informó ayer a este diario el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura. La solución con más posibilidades a día de hoy sigue siendo la del Jarama, según apuntó el dirigente socialista.

Saura explicó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere «darle una solución definitiva» a la falta de agua en el Sureste durante la próxima legislatura, si renueva el apoyo en las urnas. «En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo para resolver el grave problema que tenían los abastecimientos mediante la construcción de desalinizadoras. La segunda fase consistirá en aportar una solución global para los regadíos», apostilló. En este sentido, Saura añadió que las opciones con mayores posibilidades se pondrán sobre la mesa una vez que se elaboren los nuevos planes de cuenca, que deben estar aprobados en dos años. En ellos se determinarán las demandas reales de cada territorio y la forma de resolver los déficit que se planteen, como el de la cuenca del Segura.

Garantizar los regadíos

El secretario del PSOE murciano considera que con las desalinizadoras y la consolidación del trasvase Tajo-Segura -garantizando los 600 hectómetros anuales que recoge la ley- se puede cubrir el déficit de la Región de Murcia y del sur de Alicante. Según Saura, la fórmula consistiría en asegurar los abastecimientos con recursos de la cabecera del Tajo, desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El resto de caudales necesarios para los regadíos deben proceder de otras tomas de este río, para lo cual entran en juego las tres opciones en estudio.

A favor de estas alternativas está el hecho de que con la Directiva Marco de Agua de la UE habrá que revisar al alza el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid). En la actualidad está fijado por ley un mínimo de 6 metros cúbicos por segundo. Esto supone que hay que desembalsar 190 hectómetros cúbicos anuales de la cabecera. Si este caudal se duplica, como se ha propuesto en algunos foros, eso significa que habrá que restar otros 200 hectómetros anuales al volumen máximo trasvasable. La consecuencia será que habrá que modificar también el Plan de Cuenca del Tajo para elevar el listón de los caudales excedentarios. Esa barrera está puesta ahora en los 240 hectómetros.

La alternativa de trasvasar aguas del Jarama para los regadíos ya fue planteada en los estudios previos del Plan Hidrológico Nacional. Se trata en su mayoría de caudales residuales de Madrid que desembocan en el Tajo pasado Aranjuez. Desde este punto se podrían derivar hasta 225 hectómetros cúbicos anuales, aunque es necesaria una depuración previa de estas aguas. No serían aptas para el abastecimiento humano, pero sí para los regadíos.

Conducción paralela

El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura no rechaza esta fórmula que ya le ha sido planteada por el Ministerio, aunque probablemente habría que construir una conducción paralela al acueducto actual, ya que no se pueden mezclan las aguas.

La opción del Tajo Medio es la que defiende el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que ha presentado un estudio pormenorizado al Gobierno central. Propone construir un acueducto desde Azután (Toledo) hasta La Roda para derivar un caudal de entre 200 y 500 hectómetros anuales, según el diseño final. Esta alternativa ha contado desde siempre con el rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

La tercera posibilidad, según Pedro Saura, está en Extremadura, donde el Tajo tiene unos elevados excedentes de agua, aunque en este caso no está clara la fórmula para transportarlos o permutarlos. El dirigente socialista cree que Portugal no plantearía problemas porque se derivarían las aguas a cuenta de los excedentes trasvasables recogidos en la ley del Tajo-Segura. Saura ha mantenido varias conversaciones con el ministro Jesús Caldera, encargado del programa electoral del PSOE, para que quede reflejada la necesidad de resaltar el déficit estructural del Segura.

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El Consell destaca la «incompetencia» de Narbona tras el freno a la Ley de Aguas

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, afirmó ayer que, con la paralización de la Ley de Aguas por parte del Gobierno central, se demuestra la «incompetencia» de la ministra de su ramo, Cristina Narbona, «para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional».

Narbona anunció el pasado lunes que, a estas alturas de la legislatura, «no hay ya tiempo» para «plantear más proyectos de ley en el Parlamento», por lo que la reforma de la Ley de Aguas, cuyo texto «está muy avanzado», formará parte del «compromiso» del PSOE de cara a la próxima legislatura.

Según apreció García Antón, la paralización de la puesta en marcha de la ley no se debe «a la falta de tiempo» sino a que la norma se ha elaborado «sin ningún tipo de consenso; ni con las comunidades autónomas ni con otros sectores implicados como son los usuarios».

Igualmente, el conseller de Medio Ambiente aseguró que esta reforma de la Ley de Aguas «no da solución a los problemas de insolidaridad y de autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del trasvase del Ebro».

En la misma línea, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró ayer que los espera que la Ley del Agua «no se apruebe nunca» porque «supondría un claro ejemplo de conflicto».

El secretario general de los populares valencianos indicó que su formación apuesta «por la solidaridad» mientras que la ley «reconoce intereses propios de las autonomías en la gestión del agua», algo que estimó que supondría «un claro ejemplo de conflicto en cuanto esos intereses fueran confrontados».

Director General del Agua

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en las Cortes, Francesc Signes, denunció ayer la «desidia» Consell para nombrar al director general del Agua, ya que «han transcurrido tres meses desde las elecciones y sigue sin tomar una decisión».

En este sentido, Signes señaló que este retraso evidencia el «nulo interés» del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «por solucionar los problemas hídricos de la Comunidad».

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Narbona afirma que Aznar quería enviar agua contaminada a Murcia con el trasvase del Ebro

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció ayer que todas las zonas industriales de España padecen problemas de contaminación en sus ríos debido a la «desidia de las administraciones», porque «durante años no se ha puesto el cuidado que era exigible en el control y depuración de los vertidos», afirmó.

Con motivo de la «Semana del Agua» que organiza cada año su Ministerio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Narbona recordó las principales cifras del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a las administraciones públicas a destinar 19.007 millones de euros en los próximos años a descontaminar los ríos y a recuperar los ecosistemas fluviales.

Medio Ambiente se ha comprometido a aportar un tercio del total de inversión prevista en ese plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio. Comunidades autónomas y Ayuntamientos deberán hacerse cargo de los dos tercios restantes. La ministra recalcó que el punto de partida para cumplir con las exigencias que plantea la UE respecto a la calidad de las aguas «era francamente malo en casi todo el país al inicio de la legislatura» en lo que se refiere al control de los vertidos a los ríos.

Acumulación de problemas

«Es cierto que en todas las zonas industriales, en todas, hemos tenido una acumulación de problemas a lo largo del tiempo por la desidia de las administraciones, por la falta de control», advirtió Narbona, antes de citar ejemplos como los del polo industrial de Huelva, Cartagena (Murcia), la cuenca del Besaya (Cantabria) o «el más espectacular de todos»: el del pantano de Flix (Tarragona).

Según Narbona, la acumulación de metales pesados y otras sustancias «muy tóxicas» en el pantano de Flix no hizo que el PP cambiara «ni un milímetro su propósito» de realizar el trasvase del Ebro al Levante (posteriormente suspendido por el Gobierno socialista), lo que habría conllevado «un trasvase de contaminación muy peligroso», ya que sus aguas «eran un auténtica bomba de relojería», tal y como informa Servimedia.

Narbona consideró que situaciones cómo ésa se han producido tras años en los que «las empresas han contaminado el suelo y el agua» en España sin que hubiese normas que se impidiera, en un primer momento, y sin que se les exigiera cumplir lo legislado, más tarde.

Y González, también

La ministra Narbona no mencionó, sin embargo, que los ecologistas ya denunciaban en 2005 que los peligrosos vertidos al embalse de Flix se estaban produciendo desde hacía más de 20 años. De hecho, en 1988 ya hubo una sentencia contra la empresa que realizaba los vertidos. Es decir, que cuando el socialista José Borrell, ministro en uno de los gobiernos de Felipe González, presentó en 1993 su Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, ya se sabía que la «bomba de relojería» a la que se refiere Narbona, podría llegar a Murcia.

La ministra señaló que otro de los problemas pendientes desolucionar respecto a la calidad de las aguas fluviales reside en la necesidad de dotar de saneamiento y depuración de las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ya que hasta ahora el grueso de las inversiones se ha centrado en los núcleos urbanos de mayor tamaño.

Para ello, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 permitirá que al final de su ejecución España cumpla con su obligación «no sólo de depurar», tal y como establecen las directivas europeas, sino también de «recuperar» la vida de los ríos y «el equilibrio ecológico que se ha ido perdiendo», según aseguró «essto se conseguirá mediante nuevas infraestructuras y una mejora de la gestión, especialmente en lo que se refiere a los vertidos industriales, que no fueron una prioridad en anteriores legislaturas», añadió. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas «incluye todos los planes de calidad de las aguas de las comunidades autónomas» y prevé una financiación total de unos 19. 000 millones de euros, de los que un tercio los pondrá el Ministerio.

La ministra inauguró el pasado lunes las obras del bitrasvase Ebro-Pas-Besaya, una infraestructura que, con cerca de 70 millones de euros de inversión y una construcción que se ha prolongado durante casi cuatro años, garantizará el agua potable a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La infraestructura inaugurada en la estación de Bombeo de la Bifurcación de Corvera de Toranzo, suministrará agua en un principio a las comarcas de Santander y Torrelavega y sus áreas de influencia.Queda pendiente una segunda fase, la que unirá las conducciones actuales a las de la Autovía del Agua, para abastecer a la costa oriental de Cantabria.

La ministra Cristina Narbona expresó su «enorme satisfacción» por la consecución de esta infraestructura, que ya estaba incluida en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero cuya capacidad ha sido incrementada hasta los 2. 500 litros por segundo por la Administración actual.

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El Instituto de Derecho Público, contra los «blindajes» del agua Advierte del «problema político» que se avecina con los estatutos

La incorporación de la problemática del agua a las reformas estatutarias podría «constituir un problema de orden político», si continúa primando la lucha por la propiedad de este recurso, en lugar de que se imponga por encima de todo lo demás un «uso racional y solidario», según un informe del Instituto de Derecho Público, informa Efe.

Esta es la tesis principal que aparece recogida en la valoración general -escrita por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos-, que introduce el Informe de las Comunidades Autónomas 2006 elaborado por dicho instituto,

Si bien, el catedrático puntualizó que «en ocasiones» las cuestiones estatuarias quedan reducidas a meras declaraciones de voluntad sobre cómo gestionar el agua. Sin embargo, Tornos advierte de los problemas políticos que podrían aparecer en el momento en el que esas ideas se pongan en práctica. Un momento crítico que pondrá en evidencia a los órganos competentes que deberán decidir cómo deben adoptarse «decisiones concretas sobre su administración».

En esta línea, Tornos subrayó que las reformas estatutarias han generado un «efecto de emulación y de confrontación entre comunidades limítrofes o con intereses sobre las mismas cuencas». Un enfrentamiento que ha quedado en evidencia ante los números recursos de inconstitucionalidad contra estatutos que ya habían sido aprobados, consideró el catedrático. Asimismo, la guerra política en la intención, hecha pública por varios Gobiernos autonómicos, de impugnar las previsiones que aparecen en los proyectos de las nuevas reformas.

Todos quieren «su» agua

El autor del informe recuerda que en la actualidad ya hay cuatro estatutos (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón), que ya han sido aprobados, así como el de Castilla-La Mancha, que continúa su trámite en el Congreso, incluyen en su articulado alusiones directos a este tema desde diversas perspectivas, muchas veces hablando del agua como una propiedad. En un análisis comparativo sobre la cuestión del agua, el informe destaca que Andalucía reclama como competencia exclusiva la cuenca del Guadalquivir que transcurre por su territorio, Aragón establece una cantidad mínima del caudal del Ebro que debe quedar garantizada para la Comunidad.

Por otra parte, frente al artículo 17 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que se limita a «garantizar el derecho de disponer de abastecimiento de agua de calidad», el artículo 117 del catalán certifica la participación de la Generalitat «en la planificación hidrológica y en las cuencas de gestión intercomunitarias». En el caso de la reforma del estatuto castellano-manchego, se fija el año 2015 como fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.

Por todo ello, el catedrático concluyó que la «atención especial» prestada por las nuevas reformas estatutarias al tema del agua supone, en la práctica, que la reivindicación «de la propiedad de este recurso» prime sobre el interés general. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) coincidía la pasada semana, como ya publicó ABC, con la tesis de Tornos. En un análisis sobre los estatutos, Fenacore advertía que es «inadecuado» dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, -como establece el estatuto andaluz con el Guadalquivir- estableciendo cada región un régimen diferente para el caudal que atraviesa su territorio, o los plazos impuestos, hasta el 2015, como fecha que ponga fin al acueducto del Tajo-Segura.

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