No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.

El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.

En manos del Constitucional

En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.

Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».

«El polvo y la paja»

Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.

Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».

Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».

La cohesión del Estado

Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.

La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, manifestó ayer que «el Gobierno socialista está llevando a los regantes murcianos a un callejón sin salida con la desalinización», al comparar los precios del agua que producirá la desalinizadora de Valdelentisco con los que estaban previstos con el trasvase del Ebro.

Como ha publicado ABC, el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado una oferta pública para vender el agua de esta desalinzadora a 50 céntimos el metro cúbico. Parte de la tarifa está subvencionada con un 42%. Según Cerdá, el Gobierno de Rodríguez Zapatero «ofrece agua a precio de gasóleo».

El consejero apunta que, frente a esta tarifa, el precio final del agua para regadío con recursos procedentes del Ebro, en iguales condiciones, habría sido de 16 céntimos.

Según explicó Cerdá, sin subvención la tarifa final del agua del trasvase se situaba en 0,32 euros el metro cúbico, que con subvención de la Unión Europea se quedaría en 0,23. Estos precios diferenciaban entre el precio del agua destinada a abastecimiento de los de regadío, y dejaban la tarifa final del agua para los regantes de Valencia, Murcia y Almería en 0,16 euros. «Estos datos muestran el precio real que hemos tenido que pagar los murcianos por la derogación del trasvase del Ebro, menos agua y cada vez más cara.

Bonificación

¿Quién va a pagar la bonificación del agua desalada, y durante cuánto tiempo se va a mantener?», se preguntó. Cerdá considera que «la desalación masiva no es ni será una solución técnica adecuada, sino un remiendo político apresurado e irreflexivo.

Es un problema añadido para el cambio climático, por el elevado consumo energético, tres veces mayor que el del trasvase, por lo que lamentó «la incompetencia del Ministerio de Medio Ambiente, porque España es el país de la Unión Europea que más incumple el protocolo de Kioto», informó ayer su gabinete de prensa. El consejero apuntó que el Gobierno socialista «está instalado en la propaganda, el engaño y la manipulación intentando hacer creer al resto de los españoles que la desalación es la solución a los problemas de agua de la Región. El PSOE ha pasado del trasvasismo a la improvisación y fundamentalismo de la desalación», y recordó el consejero que «prestigiosos estudios internacionales -en referencia a la revista Science- demuestran que es y puede ser una alternativa complementaria a los trasvases, pero no definitiva como nos intentan imponer».

Además, Cerdá también criticó el próximo incremento de las tarifas del trasvase Tajo-Segura, «el más alto de la historia del acueducto». Éstas se incrementarán en un 55% para los regadíos y un 44% para los abastecimientos, según la propuesta del Ministerio. «El Gobierno socialista castiga la eficacia y premia el despilfarro. A este ritmo los murcianos pagaremos el agua a precio de gasóleo», aseveró el consejero murciano, quien indicó que «el Gobierno socialista castiga con sus políticas a la agricultura más moderna y competitiva de Europa».

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, recordó ayer al PSOE que son el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quienes han dicho que el final del trasvase Tajo-Segura «no se va a aplicar». Cospedal se refirió así a las declaraciones del vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, en las que advertía de que el final del trasvase corría peligro si el PP gana las elecciones generales, informa Efe. La presidenta regional de los populares recomendó a los dirigentes socialistas que «miren antes la viga en el ojo propio que la paja en el ajeno» y emplazó a Lamata a que pregunte a Zapatero y a De la Vega su opinión sobre este asunto. Cospedal ha sido preguntada también sobre la confección de candidaturas de cara los comicios generales, pero recalcó que aún no es momento para hablar de este asunto y que el Partido Popular va «a hacer las cosas en los plazos, como hay que hacer».

Los trabajos para modernizar los regadíos que se han realizado desde 206 han permitido ahorrar tanta agua como la que se almacena ahora mismo en los embalses de las cuencas de Galicia, Cataluña y Júcar juntas, cerca de 1.162 hectómetros cúbicos, según aseguró ayer la Ministra de Medio Ambiente. Cristina Narbona, que compareció ante la Comisión correspondiente del Congreso para hacer balance de las acciones emprendidas por su departamento en la presente legislatura, destacó que el Plan de Modernización de Regadíos ha desarrollado 134 actuaciones -con un presupuesto de 2.400 millones de euros- que han permitido ahorrar 1.162 hectómetros cúbicos.

Además, el Ministerio ha invertido 6.254 millones desde 2004 en actuaciones del Plan Hidrológico Nacional, 2.500 millones más que en el periodo 2001-2003, y la inversión dedicada a prevención y lucha contra los incendios forestales ha aumentado desde los 65,3 millones de euros gastados en 2004 a 102,5 en 2007, informa Efe. En política de protección del litoral, Narbona explicó que, hasta el momento, se han adquirido un total de 11.227.308 metros cuadrados, lo que supone una inversión de más de 29 millones de euros.

Comunidades beneficiadas

Por lo que respecta al Plan de Deslindes, ya se han deslindado un total de 7.995,28 kilómetros, casi el 80% del total, y se han producido, desde 2004, un total de 1.232 demoliciones, que suman una superficie de 268.147 metros cuadrados. Por su parte, la inversión en obras de emergencia y urgencia relacionadas con el agua desde el inicio de la legislatura supera los 652 millones de euros y el 78% de ella ha beneficiado a las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha.

Narbona afirmó que las actuaciones del Ministerio desde 2004 se han caracterizado por «un marcado giro social, político y económico a favor de la sostenibilidad del modelo de desarrollo aplicado en España».

Por otra parte, el PP exigió ayer en las Cortes valencianas la retirada «inmediata» de una campaña «de publicidad institucional encubierta» en favor de la desalinización y anunció que solicitará a los grupos de las Cortes Generales que reclamen la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para hablar de esta iniciativa. La citada campaña -aparecida en los últimos días en varios medios de comunicación para promover la desalinización- ha sido llevada a cabo por la Asociación España para la Desalación y la Reutilización, formada tanto por empresas públicas como por empresas adjudicatarias para construir desalinizadoras.

«Manipulación directa»

El portavoz popular de Medio Ambiente en las Cortes valenciana, David Serra, denunció «la utilización perversa y manipulación directa» por parte del Gobierno central de entidades privadas en esa campaña, en lo que parece «el pago de un impuesto revolucionario», informa Europa Press. Según afirmó, «resulta inaudito» que los que adjudican las obras y los que reciben esas adjudicaciones «compartan un objetivo mediático de concienciación a favor de la desalinización». En este sentido, el parlamentario popular criticó «los usos y abusos partidistas y partidarios con fines electorales que está haciendo el presidente Zapatero de recursos públicos». En su opinión, «habrá que ver qué recursos tiene esta asociación, quién la financia, qué subvenciones recibe y qué aportaciones hacen a la misma las empresas públicas».

El diputado autonómico aseguró que «no es una casualidad» que, a tres meses de las elecciones generales, se impulse «una campaña encubierta en la que participan empresas públicas como Acuamed o AC Segura, que gestionan prácticamente todas las inversiones del Programa AGUA».

Será a 50 céntimos el metro cúbico, incluida una bonificación que llegará hasta el 42 por ciento de parte de la tarifa. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la sociedad Aguas de la Cuenca del Segura (AcuaSegura), está ofertando los caudales desalinizados de la planta de Valdelentisco, en la localidad de Cartagena, a ese precio para los regantes que quieran comprar esos volúmenes a través de la oferta pública recién abierta que pretende colocar 37 hectómetros cúbicos anuales.

Otros veinte hectómetros de esta oferta pública los comprará el organismo estatal Canales del Taibilla para abastecer a la población. Este precio del agua desalinizada resulta dos veces y media más caro para los regantes que el agua que se compra proviniente de la cabecera del Tajo.

Sin embargo, el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona y la Confederación Hidrográfica del Segura consideran que el precio sigue siendo en cualquier caso inferior al que se había prefijado durante el año 2004, cuando se adjudicó mediante un convenio esta desalinizadora a la empresa Adecsa, que integraba a medio millar de socios y de compradores.

«Más barata que la del Ebro»

En la misma línea, fuentes ministeriales también tratan de insistir en que el agua desalinizada será más barata de lo que habría costado traerla del río Ebro.

Esta tesis contrasta con los diferentes estudios económicos que se hicieron en la etapa del Partido Popular y que apuntaban que esa agua costaría 30 céntimos del metro cúbico. De hecho, eso es lo que cuesta producir el agua desalinizada a pie de planta, una vez aplicada la bonificación.

El resto, hasta llegar los cincuenta céntimos finales, corresponde a los gastos de distribución e impulsión. Esos mismos gastos habría de aplicarlos a los caudales de Ebro en el supuesto de que se hubiera construido aquel Trasvase, explican en el Ministerio de Medio Ambiente.

Para justificar esta tarifa, la Sociedad Aguas de la Cuenca del Segura señala que los costes de distribución e impulsión de las aguas es un factor fundamental a tener en cuenta. Entre otras cuestiones técnicas, destaca especialmente que haya que bombear los caudales hasta una cota de 295 metros de altitud en el embalse de La Pernera.

La Confederación apunta también que con el convenio anterior -suscrito entre el Ministerio regido por el Partido Popular y Adecsa- el precio real habría llegado a alcanzar los 55 céntimos.

Ha sido un verdadero jarro de agua fría para todos los regantes del Trasvase Tajo-Segura. En las recientes jornadas sobre la ordenación jurídica del acueducto celebradas durante la pasada semana en Murcia, ha trascendido públicamente algo que estos agricultores ya conocían desde el pasado mes de julio.

Por vez primera, una sentencia del Tribunal Supremo ponía definitivamente negro sobre blanco que no existe un derecho real a los excedentes de la cabecera del Tajo por parte de los regadíos de la cuenca del Segura.

El alto tribunal ya había apuntado en sentencias anteriores en esta misma línea, pero ha sido en la última sentencia donde ha quedado reflejado por escrito.

El Supremo se pronunció de este modo a raíz de un recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura contra un acuerdo de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, que les negaba el agua que habían solicitado

Los magistrados apuntaron en su fallo que el envío de los sobrantes desde la cabecera del Tajo entra directamente en el terreno de la posibilidad y que por lo tanto debe tener una componente discrecional por parte del Consejo de Ministros.

A pesar de todo, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura sostiene que la mayoría de juristas le da la razón, según las conclusiones de las jornadas celebradas esta semana en Murcia, en el sentido de que sí existe un derecho real siempre que se cumplan las condiciones técnicas.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha recalcó ayer su compromiso con el Estatuto de Autonomía y, en concreto, con la cláusula que pide el final del trasvase Tajo-Segura a pesar de que considera que el PSOE ya ha incumplido el acuerdo estatutario con la reforma de la ley electoral. La diputada del PP María Jesús Bonilla se pronunció así al ser preguntada por el tratamiento que el PP nacional dará a la política hidráulica en su futuro programa electoral y por la influencia de María Dolores de Cospedal en este asunto. Bonilla, que no contestó a esa pregunta, manifestó que el Partido Popular de Castilla-La Mancha «no es dudoso», pues siempre ha defendido los intereses de la comunidad y así seguirá haciéndolo, informa Efe.

Recalcó que el compromiso del PP castellanomanchego es defender lo acordado en el Estatuto, pero apuntó que le preocupa «qué va a hacer» el presidente del Gobierno regional, el socialista José María Barreda, que a su juicio «no tiene credibilidad», pues ya ha faltado a los compromisos del Estatuto en la reforma ley electoral. Bonilla aprovechó para recordar que el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el PP daba respuesta a las necesidades hidráulicas de todos y que fue el PSOE el que lo derogó.

Por último, indicó que su partido no tiene por qué interpretar de ninguna manera la defensa del trasvase Tajo-Segura realizada por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE han adoptado conclusiones que tienen en cuenta de manera formal, la gravedad y la dimensión internacional de la escasez del agua y la amenaza de incremento de los periodos de sequía que sufre Europa. Admiten que la falta de agua y las prolongadas estaciones secas que padecen algunos países ya no son problemas susceptibles de ser abordados exclusivamente por cada Estado miembro.

16. Noviembre ´07 – Los datos que maneja Bruselas señalan que el 12% del territorio de

la UE, el 19% de la población y alrededor de 33 cuencas hidrográficas están padeciendo los efectos de la falta de agua.

Los responsables de Medio Ambiente -entre ellos, la ministra española, Cristina Carbona, y el comisario europeo, Stavros Dimas- coincidieron en que deben convertirse en “una prioridad política” para todos los socios y, como tal, afrontarla en el ámbito europeo. Se da con ello el primer paso firme para entablar una política común del agua que por el momento, se sustancia en privilegiar las estrategias de ahorro y la mejor gestión de los recursos hídricos.

No obstante en las conclusiones de la reunión de ministros también se ha introducido la posibilidad de crear una “tasa justa” sobre el precio del agua. Ya en julio, la Comisión Europea instaba a los gobiernos a subir el precio del agua, que en el caso de España supondría un alza de hasta una 45% sobre el coste actual de aquí a 2010. Los ministros de Medio Ambiente no han entrado de lleno en esta cuestión y se han limitado a respaldar las intenciones de la Comisión para crear una política común en materia de recursos hídricos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechó ayer su presencia en una conferencia sobre el cambio climático organizada por CC.OO. en Valencia para arremeter por enésima vez contra el trasvase del Ebro.Así, Narbona aseguró que si se hubiese llevado a cabo la transferencia, su construcción y funcionamiento hubieran supuesto «más emisiones de CO2 que veinte plantas desalinizadoras juntas». En este sentido, indicó que «muchos ciudadanos» no saben esto y que «miran el mapa» y «piensan en un trasvase desde el Ebro hasta Almería» creyendo que «el agua circula sola por el tubo», por lo que afirmó que «es bueno que la gente sepa que un trasvase requiere consumo de energía».

La representante del Ejecutivo de Rodríoguez Zapatero se pronunció de este modo al ser preguntada por la encuesta sobre cambio climático encargada por la Generalitat que indicaba que el 73,6 por ciento de los valencianos cree que antes de construir desaladoras es mejor optar para conseguir agua por otras soluciones que emitan menos CO2.

Cristina Narbona consideró que el porcentaje «demuestran que los valencianos creen que el trasvase no producía CO2» y subrayó, en esta línea, que «transportar mil hectómetros cúbicos de agua por 900 kilómetros de tubería, con alturas en algún caso de hasta mil metros por encima del nivel del mar, hubiera comportado un consumo de energía superior al de veinte plantas desalinizadoras y, por tanto, una emisión de CO2 superior a veinte plantas desalinizadoras juntas».

Respuesta de la Generalitat

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, salió ayer al paso de las de estas declaraciones y acusó a la ministra Cristina Narbona de dar «información falsa y errónea». Según García Antón, «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», por lo que la desalación contamina «al menos el doble» que el trasvase. El consejero consideró que la ministra querría que a los valencianos «sólo» les llegara la información que se da desde el Gobierno central, una información «errónea que a lo largo de cuatro años se ha visto que no ha valido de nada». Así, recordó que, al inicio de esta legislatura, ya se debatió sobre la energía que requiere un metro cúbico de agua desalada y la que necesita el trasvasado, algo que, a su entender «está muy claro», puesto que «para producir un metro cúbico de agua desalada hacen falta cuatro kilowatios y para traer un metro cúbico de agua del trasvase del Ebro harían falta dos kilowatios», insistió.Además, apuntó que la desalación «no sólo» consume una energía para producir el agua desalada, sino que también «hay que llevarla desde la costa -donde se produce- hasta el interior -que es donde se necesita para su consumo- y «ahí hace falta casi un kilowatio más para trasladarla, con lo que, en total, un metro cúbico de agua desalada necesitaría cinco kilowatios poderse utilizar», aseveró. Como consecuencia, la desalación produce «al menos el doble» de contaminación y consumo energético que el trasvase del Ebro. A esto «hay que añadir la salmuera, que produce un efecto perjudicial en muchas zonas del litoral», advirtió.

El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.