Este Reglamento da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La Planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.

En la elaboración de este Reglamento han participado las Comunidades Autónomas y los demás miembros del Consejo Nacional del Agua.

09. Julio ´07 – El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, que da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua.

La planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico de Cuenca será el que corresponda con cada Demarcación Hidrográfica.

Las principales novedades del nuevo proceso de planificación son: la integración de las aguas continentales, de transición y costeras; la importancia que adquieren los objetivos medioambientales (el buen estado de las aguas); los análisis económicos coste-eficacia en los programas de medidas; el establecimiento de una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y sostenible de los recursos; y la participación pública y la coordinación y cooperación entre la administraciones competentes en las Demarcaciones Hidrográficas. Además, los planes hidrológicos serán objeto del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Los objetivos generales de la planificación hidrológica son: conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas; la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Para ello, la planificación hidrológica sigue criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, la prevención del deterioro del estado de las aguas, la protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y la reducción de la contaminación. Además, contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.

CONTENIDO DEL REAL DECRETO

El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica está estructurado en cuatro títulos y cinco anexos.

El primer título explica el contenido de los planes. En lo que se refiere a los planes hidrológicos de cuenca hace referencia a los siguientes aspectos: su contenido obligatorio; descripción general de la Demarcación Hidrográfica; descripción general de los usos, presiones e incidencias; zonas protegidas; evaluación del estado de las aguas y redes de control; objetivos medioambientales; análisis económico del uso del agua; programas de medidas; contenidos obligatorios, y previsiones de los planes hidrológicos de cuenca. En cuanto al Plan Hidrológico Nacional, este título primero se refiere a sus contenidos que son fundamentalmente la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca, las condiciones de las transferencias y las modificaciones en la planificación.

El título segundo trata de la elaboración y aprobación de los planes hidrológicos, tanto de los planes hidrológicos de cuenca como del Plan Hidrológico Nacional.

El título tercero habla de su seguimiento y revisión. Así, establece que el Ministerio de Medio Ambiente publicará cada cuatro años un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, que será sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua. Además, según establece la Directiva Marco del Agua, los ciclos de planificación serán de seis años.

El título cuarto se refiere a los efectos de los planes hidrológicos y prevé que éstos sean públicos y vinculantes. Tras su aprobación, todos los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el Plan pasan a ser declarados de utilidad pública.

Por último, el Real Decreto recoge cinco anexos en los que contemplan los siguientes aspectos: regiones ecológicas y descriptores para la clasificación en tipos de masas de agua superficial; factores obligatorios u optativos para la clasificación en los tipos de las masas de agua superficial; normativa comunitaria sobre protección de las aguas; listado de sustancias peligrosas, y definiciones normativas de las clasificaciones del estado ecológico.

Una nueva polémica está servida. Comunidades de regantes dependientes del trasvase Tajo-Segura han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente está anulando concesiones de agua «en amplias superficies» de la cuenca porque no han sido regadas en los tres últimos años. Juan Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, que comprende los municipios de Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí y parte de Archena, ha planteado su queja ante el comité de crisis de la sequía y la junta de gobierno del sindicato central para impedir que la confederación hidrográfica del Segura siga adelante con sus planes.

Todo parte de una disposición de la Ley de Aguas de hace 27 años que antes no se aplicaba, según los regantes. Algunos de ellos creen ver un intento de reducir el déficit real de la cuenca del Segura aprovechando la revisión del plan de cuenca. Según el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, se están limitando a cumplir la ley de Aguas mediante el llamado «programa Alberca», que trata de detectar las superficies que realmente se riegan y anular las concesiones de agua de terrenos que llevan «muchos años» sin cultivar.

Más de 400 hectáreas

Las hectáreas que se han quedado sin concesiones por este motivo pueden superar las 400, según fuentes del Sindicato Central de Regantes. Su pesidente, Francisco del Amor, confirmó ayer la denuncia planteada el pasado lunes por los regantes de esta zona, y anunció que piensa solicitar una reunión con el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, «para pedir aclaraciones».

Los regantes no están de acuerdo con la interpretación que se hace de la Ley de Aguas de 1985, en la que se basa la Confederación para declarar la caducidad de las concesiones. El secretario general del sindicato, José Manuel Claver, pide que se arroje luz sobre este punto de la ley. Considera que las tierras regables incluidas dentro de una comunidad de regantes no se pueden declarar no regables. «Una cosa es la concesión y otra distinta una zona regable perfectamente delimitada. Si esta última hubiera estado tres años sin regar, por diversas circunstancias que todos conocemos, no se puede quedar fuera por este motivo».

Según el sindicato, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de empresas auxiliares están inspeccionando diversas zonas y abriendo expedientes que pueden terminar con la pérdida de la concesión de agua.

Derechos «confiscados»

El presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, Juan Sánchez Sánchez, apunta que la supresión de concesiones de agua se está aplicando en zonas de riego incluidas dentro de los perímetros aprobados previamente por la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Cree que se ha actuado bajo el amparo de un artículo de la Ley de Aguas de 1985 que nadie había aplicado hasta ahora «por ser injusto». «En la práctica significa que quienes han tenido que dejar de regar parte de sus tierras por falta de agua, y han destinado el caudal que les correspondía a otra parte de sus parcelas, pierden sus derechos de riego sobre las zonas que no han podido regar», señala.

Sánchez cree que la Administración central es la responsable del abandono involuntario de tierras por no aportar el agua necesaria. «Si poco a poco se reducen los regadíos, nuestra región será un desierto. Le habrá servido al Gobierno como excusa para reducir el déficit real que existe».

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, no dudó en responsabilizar ayer a Valencia de no utilizar al máximo los caudales de que dispone. A renglón seguido indicó que, antes de pedir agua de otros territorios, habrá que sacar el mayor partido posible a la que se dispone. Así que la exigencia de la Comunidad Valenciana de que se retome el proyecto de trasvase del Ebro es algo que, a juicio de Palop, no se puede sostener hoy por hoy, a tenor del agua que en el Levante se pierde por una incorrecta gestión de los recursos hídricos.

Todo esto lo dijo Palop ayer en Zaragoza, un enclave geográfico proclive a aplaudir lo que suponga de negativa al trasvase del Ebro. «el hecho de que Valencia y su área metropolitana esté echando al mar más de cien hectómetros cúbicos de agua de la depuradora de Pinedo sin reutilizarse da una idea del esfuerzo que hay que hacer todavía, internamente, antes de pedir la solidaridad de los demás».

Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Palop remachó en otro momento de sus declaraciones a los medios de comunicación zaragozanos: «antes de solicitar la solidaridad de nadie, mucho antes, mucho antes de crear tensiones sociales y territoriales, es fundamental agotar los recursos propios». En una frase, el director general del Agua fundió varios mensajes dirigidos a Valencia. Uno, el reproche por, a su juicio, no utilizar al máximo los recursos hídricos de que dispone esa Comunidad autónoma. Y, otro, en tono también de reproche, acusar de «crear tensiones» a quienes defienden el trasvase del Ebro.

Y en este reproche no dudó en incluir a los socialistas valencianos. Palop, preguntado por la nueva reclamación del trasvase del Ebro que ha hecho el PSOE de Valencia, afirmó que lo que ocurre es que hay «un poco de desenfoque de la cuestión» por el impacto que en este partido ha tenido la derrota en las últimas elecciones autonómicas.

Los «problemas» del campo

A juicio del director general del Agua, la Comunidad valenciana parte de un error a la hora de reclamar el trasvase para beneficiar a la agricultura. Y es que, en su opinión, lo que le ocurre a la agricultura valenciana es que tiene otros problemas de fondo: «el hecho de que lleven campañas enteras con los cítricos colgados en los árboles sin recoger tiene muy poco que ver con que si hay agua en el Ebro o no hay agua en el Ebro», declaró.

Palop pidió a todas las regiones, incluida la Comunidad Valenciana, que se aplique el criterio en el que insiste el Ministerio de Medio Ambiente: «primero hay que acabar con los recursos propios y demostrar que no se tienen recursos suficientes para poder seguir ejerciendo actividades económicas» y «sólo en ese caso, y como última posibilidad, es cuando se debe pedir agua a otros».

Si hiciéramos una encuesta en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los entrevistados estarían a favor de un pacto de Estado para el reparto del agua. Sin embargo, esos mismos ciudadanos siguen respaldando abrumadoramente a líderes que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo porque defienden posturas casi irreconciliables. Y es que hay pocos políticos más antitrasvasistas que el aragonés Marcelino Iglesias o que el castellano-manchego José María Barreda, ni dirigentes más entusiastas de los trasvases que el murciano Ramón Luis Valcárcel o que el valenciano Francisco Camps. Como quiera que estos cuatro señores de la guerra (del agua) salieron reforzados de la votación del 27-M, todo hace pensar que tendremos guerra (del agua) para rato. Es lo que han querido los votantes. Y los votantes, como los clientes, siempre llevan razón, incluso cuando se equivocan.

Si el pueblo pide guerra, va a tener guerra. Habrá guerra en los parlamentos, guerra ante los micrófonos y guerra, por supuesto, también en los tribunales. El Constitucional tendrá que resolver en los próximos meses los recursos que han presentado, todos contra todos, contra las reformas de los estatutos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Lo más surrealista es que, a excepción del catalán, el resto han sido pactados por PSOE y PP, y que los mismos partidos defienden justo lo contrario en unas y otras comunidades. Hasta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, antes de marcharse, ha dejado recurrido el estatuto de Manuel Chaves, que en materia hídrica está más de acuerdo con Javier Arenas que con su histórico compañero de partido en Extremadura. Ver para creer.

Jamás la política había hecho tantos y tan extraños compañeros de viaje como en esta guerra (del agua). Con tal de salvar cada uno su poltrona, no sólo perjudican los intereses generales de los españoles, sino que están dispuestos a dañar la integridad de sus propios partidos políticos.

El vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, aseguró ayer que el Ejecutivo castellano-manchego mantiene su preocupación por la situación de sequía que persiste en Castilla-La Mancha, a pesar de las lluvias registradas en otoño o del ciclo de tormentas que cayeron en buena parte de la Comunidad Autónoma durante el pasado mes de mayo. Lamata subrayó, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico “ve aún con preocupación la situación de las cuencas hidrográficas de los ríos que transcurren por Castilla-La Mancha”, pese a que el actual año hidrológico ha experimentado una mayor pluviometría que otros años anteriores.Según dijo, en todas las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha “la situación es aún crítica”, y recordó, a modo de ejemplo, que el agua embalsada en los embalses de la cabecera del Tajo se encuentra a unos 250 hectómetros cúbicos de la media habitual de años anteriores.El vicepresidente primero indicó que “estamos empezando el verano y cualquier precaución es poca”, y, con respecto a las restricciones de agua en las cuencas hidrográficas, dijo que se irán determinando y analizando en cada momento. Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia en el uso del agua y subrayó que se seguirá haciendo “una gestión responsable y prudente de este importante recurso”Nueva Legislatura El vicepresidente primero mostró el deseo del Gobierno castellano-manchego de que la VII legislatura sea “fructífera y traiga beneficios a los intereses de Castilla-La Mancha”. Asimismo, ofreció la colaboración leal del Ejecutivo autonómico al Parlamento regional para conseguir las más altas cuotas de bienestar para los ciudadanos. Lamata aprovechó la ocasión para felicitar al nuevo presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, así como a los miembros de la Mesa de las Cortes y los diputados y diputadas que ayer tomaron posesión de sus escaños. También fueron “bienvenidas” por el vicepresidente primero las manifestaciones realizadas desde el Grupo Parlamentario Popular para colaborar y defender la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, un proyecto, señaló, liderado por el presidente Barreda para conseguir mayores competencias, mejor financiación y una mayor capacidad de influir en asuntos como el agua. “Es una herramienta para poder transformar la realidad y conseguir mayor bienestar”, agregó. Lamata mostró sus deseos de que el Congreso de los Diputados “tenga un trato comprensivo y tramite los más rápidamente posible la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha”, al igual que otros estatutos, y remarcó la plena colaboración del Gobierno regional, tanto con el Congreso como con el Parlamento autonómico, para conseguir “una tramitación con éxito para Castilla-La Mancha”. No habrá recurso contra el Estatuto de AndalucíaDe otro lado, el vicepresidente primero afirmó que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha consideró el martes no presentar ningún recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Andalucía, tras analizar y deliberar con expertos y el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades. Lamata explicó que el Estatuto de Andalucía, en lo que respecta a la política hidráulica, “está asumiendo la línea marcada por el presidente Barreda hace tres años para que las comunidades autónomas tengan cada vez más peso en los órganos de gestión del agua”. El portavoz del Gobierno castellano-manchego recordó que Barreda ha reclamado al Gobierno de España una mayor presencia de las comunidades autónomas en las confederaciones hidrográficas o en otros órganos estatales competentes en materia de gestión del agua. “En el nuevo marco de las autonomías, las comunidades autónomas deben tener más presencia, mayor voz y más voto en materia de agua”, aseveró, añadiendo que hay otras regiones, como Aragón o Andalucía, que han aceptado la filosofía defendida por el presidente Barreda, al igual que ha ocurrido con el Gobierno de España, para que haya “cogestión de las comunidades autónomas en materia de agua”.El vicepresidente primero recordó que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en el Congreso de los Diputados “tenía una redacción que podía bordear o estar al límite de la constitucionalidad”, sin embargo, una vez modificada, “se ajusta al marco de la Constitución, y no colisiona intereses que puedan afectar a las dos comunidades autónomas al delimitar perfectamente las competencias”. En cualquier caso, el vicepresidente primero no rechazó la capacidad que tiene el Gobierno regional de acudir a la Justicia o al Tribunal Constitucional en el caso de futuras colisiones con los intereses de Castilla-La Mancha.

Son 360 días. Eso es lo que marca el reloj de agua instalado en el auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza. Y eso es lo que falta para que arranque esta exposición internacional el 14 de junio de 2008. En una comunidad cuyo desarrollo está marcado por el Ebro y en una ciudad, Zaragoza, que hasta hace bien poco vivía de espaldas al curso del río, el tema central de la muestra no podía ser otro: el agua.

Esa agua que vertebra, a veces también lo contrario, territorios, pero que aquí aflorará como «agua para la vida», un alegato a favor del ser humano como parte integrante de la naturaleza.

En el meandro de Ranillas, en la margen izquierda del imponente Ebro -que compartirá pabellón propio junto a otros grandes ríos (Nilo, Mekong, Amazonas y Murriadarling)-, se trabaja estos días a toda máquina con el objetivo de que las obras estén terminadas a finales de este año y el 6 de enero de 2008 puedan entregarse las llaves de los pabellones a los países, comunidades autónomas, organismos internacionales y algunos grupos empresariales. Por ahora han confirmado su presencia en la muestra 93 países de todas las regiones biogeográficas del planeta.

El símbolo de la muestra será la Torre del Agua, que se convertirá en el faro de la nueva ciudad, a la que la Expo «quiere colocar en el centro del mundo», según dijo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, dijo ayer en un comunicado de prensa en respuesta a las críticas del PP a la desalación que «la economía murciana no puede vivir permanentemente bajo la incertidumbre del agua que dispondrá, por lo que la desalación es un sistema idóneo para asegurar estabilidad».»No se trata de depender, ni mucho menos, de la desalación como única fuente de agua dulce -afirmó José Ramón Jara- pero sí de un sistema complementario que puede asegurar los recursos incluso cuando no llueva y sea imposible abastecerse con agua de la propia cuenca o del trasvase Tajo-Segura».Jara ha recordado que las sequías periódicas que España introducen un factor de incertidumbre dañino para la economía murciana, y que «este factor no puede eliminarse ni aún con trasvases, porque frecuentemente la sequía en Murcia coincide con la sequía en la cuenca cedente».»La única manera de asegurar agua siempre a nuestras empresas y nuestros regantes es contar con una fuente, como la desalación, no supeditada a la climatología», agrega Jara.El dirigente socialista ha recordado que «la desalación no tiene por qué tener mayor impacto medioambiental que los trasvases, puesto que éstos provocan graves problemas relacionados con la disminución de cauce o la intrusión de agua marina en las desembocaduras».»De hecho, los mismos ecologistas que ponen reparos a la desalación suelen ponerlos, y mucho mayores, a los trasvases», añade.»Para algunos de ellos la alternativa a la desalación no es otra que reducir el consumo de agua, y esa opción no puede ser asumida por una economía como la murciana que depende en gran medida del agua», afirmó.En cuanto al precio del agua desalada, Jara asegura que «existen varios estudios que avalan unos precios similares y a la baja» respecto a los de un trasvase desde la desembocadura.»Aportar recursos hídricos adicionales tiene siempre un coste, tanto económico como medioambiental, y el Estado debe estar dispuesto a pagarlo, siempre que se minimicen los riesgos y la rentabilidad social y económica para el conjunto del país esté asegurada», añadió.Para Jara, la solución debe obtenerse desde un conjunto de medidas complementarias y en absoluto excluyentes, entre las que citó el uso racional de los recursos propios de la cuenca, la aportación de caudales externos desde otras cuencas y la desalación como fuente inagotable y no fluctuante de agua dulce.»Los que se empeñan en demonizar la desalación quieren que Murcia renuncie a una de las fuentes más seguras de agua de las que podemos disponer hoy en día», apostilló.Jara apuntó que «gracias a la desalación no hubo ni un minuto de cortes de agua en el verano de 2006, ni los habrá este próximo verano».Afirmó que «en el futuro ya no habrá cortes de agua, sea cual sea la sequía, en la Región, por lo que la economía regional está de enhorabuena».A su juicio, «la agricultura aún puede pasarlo mal mientras el programa AGUA no esté finalizado, pero también ella verá resuelto su problema en breve plazo, mientras estemos hablando de una agricultura racional y sostenible».

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena dedican este año el «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía» a denunciar el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por ser un paradigma de cómo las Administraciones pueden diseñar una política que llevará a desertificar un área rica en humedales de importancia Internacional.   Según Naciones Unidas, España es el país más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.   La desertificación es un proceso de degradación de tierras por efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este proceso son la sobre explotación de los recursos hídricos, la agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio inmobiliario.   Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un incremento significativo de la desertificación en la mayor área de humedales del centro de la península, unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos y la biodiversidad que albergan.   Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de gestión hídrica, sino que promoverá un proyecto medioambiental ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la recuperación hídrica de la zona, entre otras razones, porque:   –       Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto «ambiental». Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantía, no se utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos disfrazado en forma de «reconversión agrícola». Las ONG ambientales proponen que la  mayor parte del presupuesto se dirija a reconvertir el regadío y sus servicios hacia otro tipo de desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del patrimonio natural.   –        No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida el alarmante déficit de los acuíferos sobre explotados. Por exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción legal de 200 Hm3/año en el acuífero 23 (según el PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de 2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevaría en el mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se debería realizar un esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los regantes tendrían que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el Plan.   –       Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadío, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de Medio Ambiente debería prioritariamente comprar derechos sin admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que ha fomentado con su política agraria (i.e. viñedo en espaldera).   –       Es una amnistía de facto para los pozos ilegales. Las medidas del  PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son creíbles pues son similares a las actuales. La Confederación Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción, pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico propicio activando de inmediato las alternativas de reconversión.   –       Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectaría negativamente a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el alto Tajo y secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la contaminación del agua de los embalses que ya están bastante eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase reactivará el consumo de agua.   –        Provocará una contaminación irreversible de las aguas subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva, que está contaminando los acuíferos. (nuestras reservas estratégicas de agua). Los acuíferos 23 y 24 están seriamente afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).   –        No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los regadíos de la zona de los acuíferos sobre explotados del Alto Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del agua disponible.   –       No tiene en cuenta suficientemente los efectos del cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es similar.   –       Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines políticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hídrico en 2008. De conseguir esta clasificación podría utilizarse como argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha recogido más de 3.000 firmas contra los puntos de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que promueven el traspaso de la gestión del agua a esta comunidad autónoma, sin la intervención del Gobierno central.

El portavoz de la Junta de usuarios, Fernando Rubio, manifestó a Europa Press el «peligro» que esta medida supone para el trasvase Tajo-Segura y anunció que la campaña de recogida de firmas continuará durante las próximas semanas, como se está haciendo también en Murcia y en la Comunidad Valenciana.

Los regantes almerienses se suman así a las diversas campañas de firmas, protestas y movilizaciones que se están llevando a cabo en los últimos meses desde el Levante contra el Estatuto castellano-manchego, pactado, como se sabe, por el presidente de la Junta, el socialista José María Barreda, y la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, y aprobado por unanimidad en las Cortes regionales de Toledo.

Quieren más trasvases

Fernando Rubio calificó de «insuficientes» para los regantes del Levante almeriense los 0,7 hectómetros cúbicos que le corresponden a Almería -con una participación del 13,75% en el trasvase Tajo-Segura- de los 20 hectómetros cúbicos aprobados recientemente por el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre.

A su juicio, la cantidad necesaria para abastecer a los regantes almerienses sería de 15 hectómetros cúbicos, de manera que la reivindicación de más agua se mantiene intacta por parte de este colectivo.

El portavoz de los regantes apuntó que el Comité de Crisis por la Sequía, del que forma parte esta junta, está pendiente de una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para tratar las cuestiones aplazados en mayo ante la proximidad de las elecciones, tal como ha venido informando EL DIGITAL.

Protesta en Madrid

Asímismo, señaló que de los resultados de este encuentro dependerá la concentración de protesta convocada por el Comité de Crisis por la Sequía el próximo 24 de julio frente al Ministerio de Medio Ambiente en defensa del trasvase Tajo-Segura, para la cual consultarán a los agricultores su adhesión.

No obstante, el Comité de Crisis ha anunciado, por su parte, que esta protesta convocada en la capital de España se mantendrá al margen de los resultados del encuentro con la vicepresidenta De la Vega. La concentración tiene como objetivo reivindicar el trasvase Tajo-Segura y rechazar el Estatuto de Castilla-La Mancha.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora abarca 36.000 hectáreas de riego y está integrada por unos 10.000 regantes de la comarca homónima.

• El cambio climático convertirá el agua en un bien escaso en breve.

• Ambas afirmaciones fueron hechas ayer por el director de del Canal de Isabel II, Gaspar Cienfuegos.

• Hoy pagamos una media de 1,28 euros por metro cúbico.

• La sequía pasará a "ser algo normal" en nuestro país, pese a que somos de los que menos consumimos en Europa.

El precio del agua en España se duplicará o triplicará en los próximos años, dijo el martes el director del Canal de Isabel II, Gaspar Cienfuegos, en rueda de prensa.

No sólo el agua será más cara, sino que el cambio climático también lo convertirá en un bien más escaso, añadió.

El cambio climático significa que tenemos que enfrentarnos a la situación como si la sequía fuera lo normal y no la excepción

Los españoles pagan ahora una media de 1,28 euros por metro cúbico, menos que la gran mayoría de los países europeos.

«El público tiene que mentalizarse de que el precio se va a duplicar o triplicar en los próximos años para situarse entre 2 y 3 euros por metro cúbico«, dijo Cienfuegos.

El consumo de agua en España es relativamente bajo comparado con otros países europeos con 124 litros por persona al día, pero una población cada vez mayor y un implacable urbanismo obliga a encontrar nuevos recursos.

El Gobierno socialista echó atrás los planes del anterior ejecutivo para traspasar agua del río Ebro a un sur cada vez más seco, y a cambio está construyendo docenas de plantas desalinizadoras a lo largo de la costa Mediterránea.

Incluso así, Cienfuegos dice que el país seguirá padeciendo escasez de agua.

«En el último siglo, el 50 por ciento de los años han sido calificados de secos o muy secos (…). El cambio climático significa que tenemos que enfrentarnos a la situación como si la sequía fuera lo normal y no la excepción», dijo en una conferencia sobre agua y energía organizada por Caja Madrid.

En 2004-2005, España sufrió el año más seco desde que existen registros, y en 2005-6 llovió por debajo de la media.

Las lluvias constantes desde el comienzo del actual año hidrográfico en octubre han llenado las reservas en gran parte del país, pero las cuencas de Segura y Júcar están tan sólo al 20 por ciento.

Los niveles medios de las reservas descendieron medio punto porcentual la semana pasada al 64,9%.

La desalinización no es la respuesta

El presidente de la comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo que es partidario de recuperar el plan de trasvase del Ebro como la única forma de llevar agua costeable a los agricultores.

El futuro de Murcia esta amenazado por decisiones equivocadas sobre recursos hídricos

El agua desalinizada está bien para usos urbanos y el turismo pero es demasiado cara para los agricultores, que suelen pagar céntimos por metro cúbico por su agua.

«El futuro de Murcia esta amenazado por decisiones equivocadas sobre recursos hídricos», dijo.

Murcia es el tercer productor de fruta y verdura por detrás de Valencia y Andalucía y sus suministros de aguas subterráneas, que han alimentado tradicionalmente los pozos de muchos agricultores, están prácticamente agotados, añadió.