Antón dice que el consenso en materia hídrica lo rompió el Gobierno del PSOE

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, manifestó que «no fue la Generalitat Valenciana quien derogó el trasvase del Ebro mediante un decreto ni quien paralizó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó cuando ya se encontraban en un estado de ejecución del 50 por ciento y cambió el proyecto haciendo inviable una infraestructura esencial para la Comunitat», por lo que consideró que «el consenso no lo rompió la Generalitat sino un Gobierno insolidario en materia hídrica», según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.

garcía Antón se refirió así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien pidió a la Generalitat valenciana que «deje de obstaculizar la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó» y la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja y exigió que «no se antepongan cuestiones partidistas» frente a las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, el conseller de Medio Ambiente y Agua recordó que «el único responsable» de la actual política hídrica es el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que «llegó como un elefante a una cacharrería cargándose todos los proyectos que estaban en marcha, que eran fruto del consenso y de muchos años de trabajo y, sobre todo, de una política hídrica de estado basada en la solidaridad entre los territorios».

Así, manifestó que la ministra de Medio Ambiente «sabe perfectamente que el trasvase Júcar-Vinalopó que quiere hacer es un proyecto totalmente inviable que no responde a la filosofía original que tenía el proyecto y que además no tiene usuarios, un requisito es esencial para cumplir la normativa europea».

El conseller aseveró que desde su departamento han intentado llegar a acuerdos con el Ministerio como «la financiación y construcción de una toma intermedia del trasvase Júcar-Vinalopó, opción que fue rechaza por el Ministerio sin ningún tipo de argumentación», lamentó.

En cuanto a la desalinizadora de Torrevieja, subrayó que el Ministerio «tiene que cumplir la legalidad vigente y respetar las competencias autonómicas», por lo tanto, la autorización de vertidos «la tiene que otorgar la Generalitat, que en la actualidad está estudiando la documentación remitida por el Ministerio».

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Navarro reclama que se establezca un caudal ecológico del Xúquer

Según explicaron fuentes de la coalición en un comunicado, la diputada advirtió de que el ecosistema de la principal zona húmeda valenciana «estará en peligro si continúa recibiendo el mismo nivel de aportaciones hídricas, que resulta claramente insuficiente para mantener el equilibrio ecológico».

Navarro, que mantuvo esta semana una reunión con representantes de la Coordinadora Xúquer Viu, aseguró que los expertos consideran que «con las actuales depuradoras no se cumplen los condicionantes para asegurar la calidad medioambiental de L´Albufera» y advirtió de que, en caso de no garantizar una aportación mínima proveniente del río Xúquer, «aumentará el riesgo de intrusión marina y de salinización del agua dulce del lago».

Asimismo, criticó la «demagogia del PP al vincular la supervivencia de L´Albufera con el trasvase del Ebro, como reiteró el propio conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón», y pidió al Gobierno central «el cumplimiento de las inversiones conseguidas a través de sus enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente durante la pasada legislatura».

Por esta razón, reclamó al Ministerio de Medio Ambiente la regulación «por ley» de «un capital ecológico mínimo del río Xúquer que sirva por abastecer las necesidades de L´Albufera de Valencia sin desatender los regadíos históricos de la comarca de la Ribera». En este punto, apuntó que los regantes «deberán adaptar los sistemas a las nuevas tecnologías de regadío localizado, con la ayuda de las administraciones públicas, para fomentar el ahorro hídrico».

Además, Navarro afirmó que es «totalmente imprescindible frenar en seco el aumento de la superficie de regadíos en la Mancha Oriental» y acabar «con los privilegios otorgados en la última década a los regantes de Castilla-La Mancha que han provocado una disminución alarmante del capital que llega a las comarcas valencianas».

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Programa del PSOE

Bajo el capítulo titulado «El cambio climático, un problema global y social», el quinto del programa -consta de seis-, se enmarca la política de los socialistas dedicada a la agricultura, bajo el epígrafe «Un futuro sostenible para el medio rural», que principalmente se sostiene sobre la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. De su aplicación depende, aseguran los socialistas, “la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que se conserva su patrimonio natural y cultural”.

El PSOE ensalza esta ley por poseer un contenido “multisectorial” que comprende acciones y medidas que abarcan desde la agricultura y la diversificación económica a las infraestructuras, equipamientos y servicios “que requiere una gobernanza transversal contando con la cooperación de todas las administraciones”.

Para el sector agroalimentario, que destaca como uno de “nuestros sectores estratégicos”, el PSOE creará una Ley General Agroalimentaria, que: permita “actuar en todos los frentes, desde la agricultura al consumo, ordenando y favoreciendo unas relaciones más justas y seguras entre los diferentes sectores de la cadena alimentaria”; actualice la normativa actual; y coordine las políticas para este sector “a nivel de todo el Estado”.

Además, prestarán especial énfasis en: fomentar las relaciones entre la producción agraria, la agroindustria, la distribución y los consumidores, con medidas como la actualización de la legislación sobre profesiones agroalimentarias y el fomento de los contratos agrarios o el establecimiento de acuerdos de comercialización por productos; impulsar la salud y el bienestar de la ciudadanía en relación con los alimentos estableciendo un Plan de Seguridad y Calidad Alimentaria; maximizar el valor añadido de la cadena alimentaria, reforzar la formación y la seguridad en el trabajo, hacer frente a las crisis de las materias primas y aumentar la presencia en los mercados internacionales, y el apoyo a los proyectos de I+D+i así como la aplicación del nuevo Plan Estratégico del Cooperativismo; y potenciar una cadena alimentaria respetuosa con el medio ambiente, favoreciendo el establecimiento de códigos de responsabilidad social y medioambiental en el conjunto de la cadena alimentaria.

El compromiso en defensa de la agricultura española se concreta para el PSOE en seis acciones principales; apoyar una PAC “mejorada y adaptada” que garantice un abastecimiento seguro y estable, salvaguardando los intereses de los agricultores y los derechos de los consumidores, para lo que defenderán la máxima simplificación de las medidas y la redistribución de las ayudas a favor de los agricultores y territorios prioritarios y propugnarán condicionar las ayudas al cumplimiento de criterios de condicionalidad.
 
Además persiguen la mejora del nivel de renta de los agricultores, estableciendo un sistema coordinado de actuaciones orientadas a moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos y lograr unos precios justos al productor, mediante el fomento de contratos agrarios y acuerdos interprofesionales, la universalización de los seguros agrarios y una nueva potenciación del cooperativismo; promueven un apoyo preferente a los profesionales de la agricultura de zonas rurales prioritarias, fomentando la suscripción de contratos territoriales con las administraciones públicas; establecer un Estatuto del Profesional de la Agricultura y un Estatuto del Asalariado Agrario que recoja sus derechos y obligaciones de cara a una agricultura sostenible; profundizar en el proceso de modernización de nuestra agricultura; y favorecer el desarrollo de una agricultura ecoeficiente, que realice una adaptación ambiental de los sistemas de producción agraria intensiva, promueva la producción y el uso de las energías renovables y los biocombustibles y reduzca la contaminación, para lograrlo aprobarán un Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera y “seguiremos priorizando el apoyo al fomento y desarrollo de la agricultura ecológica”.

UNA NUEVA POLÍTICA RURAL

En definitiva, de ganar las elecciones el PSOE defenderá en su próxima legislatura una nueva política rural de Estado “que se apoya en la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y las entidades locales, respetando el marco competencial”, y promueva la participación del sector privado. Además, buscará una mayor integración territorial de las zonas rurales.

Para desarrollar esta nueva política defienden como prioritarias la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; un programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual; una atención prioritaria a las zonas rurales más necesitadas de apoyo y a ciertos grupos de población como la mujer rural, los jóvenes y los mayores; una cooperación elevada entre las administraciones con las comunidades y la administración local a través de un organismo de coordinación constituido por el Consejo para el Medio Rural; y el establecimiento de una Mesa de Asociaciones para el medio rural, como órgano de participación, información y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el medio rural.

PESCA

Con el objetivo de seguir liderando la defensa de una pesca sostenible y responsable en el ámbito internacional, incrementarán la presencia internacional de nuestra industria pesquera, perseguirán mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores del mar y promoverán la mejora de la situación de los recursos marinos y una acuicultura respetuosa con el medio ambiente.

En base a estos objetivos llevarán a cabo actuaciones destinadas a: ajustar el esfuerzo pesquero reforzando el apoyo institucional, impulsando la actualización de la Ley de Pesca Marítima y desarrollando una nueva Ley de Apoyo a los Intereses Pesqueros en el Exterior; promover la consolidación y la ampliación de la red de acuerdos pesqueros con terceros países; mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del mar y promover contratos con los inmigrantes, así como adoptar medidas que permitan a todos los pescadores disponer de un localizador personal para su seguridad; fomentar sistemas de seguros que cubran las adversidades meteorológicas “y en particular a todas las embarcaciones de bajura”; favorecer la actividad pesquera con criterios de sostenibilidad; y aumentar la investigación para un mejor conocimiento y gestión de los recursos.

OTRAS MENCIONES AL SECTOR

Aunque no específicamente en el apartado dedicado al sector agrario, en el resto del programa los socialistas hacen menciones a otros temas que afectan a nuestro sector, destacando especialmente la importancia que le otorgan a la sostenibilidad ambiental, cambio climático y energía; a la necesidad de un nuevo contrato social con el agua; y a proteger, conservar y recuperar nuestra biodiversidad para seguir creciendo.

De cara al presupuesto de la UE, que se negociará en 2009, el PSOE pretende defender la financiación de las políticas comunes tradicionales, la PAC, y la política de cohesión, «como parte fundamental de la UE». En su opinión, «necesitamos» una política agrícola que «promueva el desarrollo rural integral y valore el papel fundamental de los agricultores», tanto para garantizar el abastecimiento de alimentos, como en materia de medioambiente, paisaje, seguridad alimentaria, bienestar animal y sanidad vegetal.

Para la política laboral, el programa dedica tres líneas a los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con los que se compromete a cumplir los compromisos adquiridos en 2006, de modo que a partir del 1 de enero de 2009 «se integrarán en un sistema específico dentro del Régimen General».

En el capítulo de Sanidad, estaremos atentos al que denominan «refuerzo de las políticas preventivas», ya que es «prioridad» del PSOE ejecutar «acciones para prevenir el alcoholismo y disminuir el consumo de alcohol». Además, prometen crear, una Ley de Salud y Seguridad Alimentaria, que, entre otras medidas, coordine las actuaciones de las administraciones sanitarias, fortaleciendo las actuaciones preventivas.

Además en Consumo, cabe destacar la creación de la figura del defensor del consumidor y el Observatorio de políticas de consumo que «impulsen, refuercen y distingan las buenas prácticas empresariales y de la administración al tiempo que promuevan el consumo ético y sostenible y las prácticas individuales y colectivas de los individuos frente al cambio climático».

Asimismo promoverán Planes Estratégicos Sectoriales para los sectores industriales, identificados en el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 que afecta a 10 sectores entre los que se incluyen alimentación, agricultura y pesca y que recoge como objetivo alcanzar un gasto en términos PIB del 2,2 por ciento en el año 2011, llegando la financiación empresarial a un 55 por ciento.

También apoyarán la transformación y modernización de los mercados municipales como centros comerciales competitivos en productos de alimentación y las galerías comerciales en poblaciones menores. En estas últimas, además, desarrollarán programas de desarrollo rural en los que mediante comercios multiservicio, apoyos a la logística y al transporte, se garantice un nivel suficiente de abastecimiento a la población.

Reconocen como un «problema» que el incremento de los precios en la cadena alimentaria «no siempre es comprendido por los agentes económicos». Para hacerle frente, «proponemos avanzar en transparencia y en la información sobre los procesos de formación de precios, mediante la publicación periódica de los precios en los diferentes niveles de canal y formatos comerciales, así como el análisis de la información».

Para el medio rural, buscan garantizar la atención en los entornos rurales que permita la permanencia de las personas en su medio, potenciando los servicios y las redes de apoyo a las personas dependientes que viven en el mundo rural. Además, incorporarán a todas las políticas y programas de sostenibilidad y desarrollo en el medio rural, la perspectiva de la discapacidad, realizando un estudio integral de las necesidades de las personas discapacitadas en estos ámbitos que sirva como base para la aprobación de una Estrategia Global de Actuación en el medio rural.

AGUA

Los socialistas están convencidos de la necesidad de un «nuevo contrato social con el agua» que garantice calidad de vida, respeto al medio ambiente, y solidaridad». Lo fomentarán a través de campañas de sensibilización en los nuevos valores del agua y con la creación de un Centro de Estudios del Agua, que permita tratar otros temas emergentes como la ecología, la economía del agua o la participación pública.

Los socialistas defienden el Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que permitirá, según el texto, que en los próximos ocho años «alcancemos el buen estado ecológico de las masas de agua españolas».

El principal reto, es aumentar el uso «responsable, racional y eficiente» del agua en todos los sectores, principalmente en el agrario del que dicen, «es el mayor consumidor», por lo que deben aplicarse políticas que fomenten el desarrollo de regadíos con sistemas eficientes de agua.

Así, ampliarán el horizonte del Plan de Choque con el objetivo de que en 2012 los regadíos eficientes «supongan al menos el 80 por ciento del total, y alcancen el 100 por cien en 2016»; extenderán los bancos públicos de agua a todas las cuencas; impulsarán un Plan Nacional de Reutilización de Aguas regeneradas para «aprovechar inicialmente más de 1.000 hm3 anuales para usos no potables»; y seguirán promoviendo la desalinización «de modo que para 2012 España dispondrá de más de 1.000 hm3 de agua potable animal garantizada a partir de esta tecnología».

Además, el PSOE define tres líneas de actuación básicas para conseguir sus objetivos con el recurso del agua, reforzar el papel coordinador del Gobierno de España en las políticas de agua, impulsar nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía, y promover un gran pacto por el agua: los plantes hidrológicos de Cuenca. Para lo que contempla diseñar mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones para implementar los nuevos estatutos; completar el proceso de transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas; dar mayor participación a las CCAA en la gestión de las cuencas; otorgar mayor protagonismo a las administraciones locales; crear un Observatorio Nacional del Ciclo Urbano Sostenible del Agua; ampliar el concepto de usuario en los Organismos de Cuenca; y convertir los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca en espacios para el diálogo, el consenso y el pacto.

POLÍTICA EXTERIOR

Los socialistas afirman que no hay que resignarse ante el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por eso «trabajaremos también desde la UE para lograr un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de los países menos avanzados» y que garantice «los estándares sociales, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del medio rural y la no disminución de los estándares sociales y medio ambientales europeos, con la defensa de las normas básicas de derechos laborales y trabajo decente».

También abogan por la aplicación de incentivos y mecanismos de salvaguardia para los países en desarrollo así como el refuerzo de los vínculos entre la OMC y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el programa de kyoto de energías renovables.

Gran parte del texto del programa electoral, está salpicado de mensajes dedicados a la protección medio ambiental, energía y el agua, así como la lucha contra el cambio climático y la pobreza. De hecho, según los socialistas, estas constituyen desafíos que «sólo pueden afrontarse con un enfoque multilateral y con una intensa y comprometida cooperación internacional». El multilateralismo, dicen, y la apuesta por la ONU, es la «única vía capaz de asegurar unos derechos globales en el mundo».

Precisamente, otra ley que pretenden aprobar se refiere a la eficiencia energética y energías renovables con el objetivo de  garantizar las inversiones y rentabilidad de los implicados; mayor investigación en las energías renovables y en la captura y almacenamiento de CO2; incentivos para las empresas que reduzcan sus emisiones de CO2; financiación para la plantación de 45 millones de árboles; y promoción del uso de biocarburantes «especialmente los de segunda generación».

Preocupados porque la producción y el consumo incorporen crecientes exigencias de calidad ambiental, como «condición indispensable para garantizar la salud y la calidad de vida, así como el acceso duradero a los recursos no renovables. Para ello, los socialistas aprobarán un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que lo permita, enfocado a la educación, la formación y el acceso a la información y participación de los ciudadanos.

Además, bajo el lema «el que contamina paga» pretenden avanzar en impuestos que puedan servir para potenciar la protección medioambiental, la prevención del cambio climático, el control de emisiones contaminantes, la conservación de los recursos hídricos y la promoción de las energías renovables, epígrafe al que han llamado «Tributación medioambiental».

Todas las propuestas, se basan pues, en trabajar por un sistema multilateral «sólido, eficiente y legitimado en su actuación, que incluyan las dimensiones sociales, ambientales y de la seguridad, además de económica para afrontar los desafíos que plantean la globalización y la gobernabilidad mundial».

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´Agua y Progreso´ y la UJI estudiarán la incidencia del cambio climático en el Júcar

El estudio, que se denominará ´Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050´, tratará de aportar los efectos que, sobre la intensificación del ciclo hidrológico, se han observado y analizado en las cuencas del Xúquer y del Segura bajo condiciones climáticas contrastadas.

De este modo, explicaron que, dadas las estrechas relaciones existentes entre los elementos climáticos que intervienen en el ciclo hidrológico natural, «será posible establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales con las precipitaciones y la temperatura».

Además, indicaron que este trabajo adquiere «una gran trascendencia» a tenor de las consideraciones que los modelos desarrollados establecen sobre la región mediterránea. En este sentido, las bases científicas de los últimos informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) predicen que ésta será «la región más vulnerable de Europa a efectos del cambio climático».

Las mismas fuentes puntualizaron que esta «vulnerabilidad» está basada en que, simultáneamente al aumento térmico regional de dos o tres grados centígrados, se producirá una reducción de los recursos hídricos en esta zona.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico, encabezado por el catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la UJI, José Quereda, realizará un tratamiento estadístico de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios que componen la red regional.

El equipo también utilizará, según explicaron, la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene ubicados tanto en el medio marino, como en cimas alejadas de toda influencia humana. Una red que desarrolló sus observaciones a lo largo de la última década, destacaron.

En cuanto al profesor Quereda, señalaron que dirigió la investigación sobre el análisis del comportamiento de los elementos climáticos en las regiones de Valencia y de Murcia en el Plan Nacional del Clima de 1997. El presente proyecto tiene como objeto general verificar a nivel de 2007-2008 todas las tendencias y conclusiones que se establecieron en aquel informe.

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La CHJ apuesta por establecer un régimen de caudales ecológicos

El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Javier Ferrer, consideró «prioritario» establecer un régimen de caudales ecológicos, finalizar las infraestructuras de depuración y llevar a cabo actuaciones de revegetación, para lograr recuperar el río Júcar.

Ferrer se expresó en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada técnica de la Comisión de Caudales Ecológicos, desarrollada dentro de las III Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar. Previamente, tuvo lugar la Comisión de Restauración de Ecosistema de Ribera, presidida por el jefe de Área de Gestión Dominio Público, Tomás Nebot, quien también atendió a los medios.

El responsable de la Comisión de Caudales Ecológicos señaló que en el tramo bajo del Júcar existe la «problemática» de las inundaciones, por lo que «un reto adicional», a su juicio, es «reducir el riesgo de inundación sin empeorar el valor ambiental del río».

Asimismo, incidió en que «el valor cultural e histórico» del Júcar también es «importante», porque este río «no es sólo algo natural». En esta línea, subrayó que la gestión medioambiental «implica temas de calidad, cantidad y medio ambiente», un conjunto de asuntos «interrelacionados y bastante complejos».

Por otra parte, explicó que el marco legal para asignar los caudales ecológicos es el que establecen los Planes Hidrológicos de Cuenca. Al respecto, indicó que el actual -vigente desde 1998- «no fija un caudal ecológico para el Júcar más abajo del azud de Antella (Valencia)», uno de los motivos, dijo, por los que en la revisión que se está realizando del Plan de Cuenca, «estamos trabajando en el establecimiento de los caudales ecológicos».

Para ello, los responsables de la CHJ siguen los borradores de una instrucción de planificación, que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, que plantea «unos criterios tanto de estudios técnicos como de proceso de concertación a la hora de tratar de compatibilizar los requerimientos ambientales con los usos».

Preguntado por si se maneja una cifra concreta de caudal ecológico, afirmó que se han planteado unos rangos de caudal «bastante amplios», pero prefirió no precisarlos. Sobre este asunto, manifestó que el actual Plan de Cuenca plantea 600 litros hasta el Azud de Antella, un caudal, a su juicio, «muy pequeño», por lo que auguró que, «previsiblemente, irá al alza».

Por otro lado, remarcó que «se aprecian avances» en la calidad del agua tras la puesta en marcha de la depuradora de Alzira-Carcaixent. No obstante, apostilló que la calidad del agua en los climas mediterráneos «está muy condicionada por los caudales que circulan en régimen natural».

Así, indicó que en 2007 la pluviometría fue «muy buena» en la zona de la costa, por lo que los caudales que están en el tramo bajo «se encuentran por encima de lo habitual». En este sentido, consideró «posible» que esta mejora «esté asociada a la dilución natural», ya que «el efecto de tener un año húmedo o seco es del mismo o superior orden de magnitud que la puesta en marcha o no de una depuradora o no». Por este motivo, instó a «ver con precaución» las mejorar producidas por las depuradoras.

Ferrer, tras ser preguntado por si percibe mejoras en la implicación de las administraciones autonómica y local en la conservación del río, aseguró en las comisiones del Plan de Recuperación del Júcar participan las distintas administraciones que, a su entender, «están teniendo un papel importante y se están implicando en las discusiones y en el estudio de los análisis técnicos que se presentan».

«SUSTRATO PARA LA VIDA».

Por su parte, Tomás Nebot destacó que el Plan Hidrológico «va a ser un arma esencial» para recuperar los ecosistemas, ya que, en su opinión, el río «se entiende como un sistema complejo que sirve de sustrato para la vida». En esta línea, explicó que en este plan se recogerán «todos los aspectos relacionados con la administración hidráulica».

Nebot consideró que existen «muchas diferencias» entre unas zonas y otras del Júcar. Así, puntualizó que este río cuenta con tramos «muy naturales» que se encuentran en «muy buena situación» -como el río Cabriel, uno de sus afluentes, o la zona del nacimiento del Júcar-, pero hay otros tramos «que están degradados y con introducción de especies alóctonas», por lo que aseveró que se desarrollarán proyectos «concretos» para solucionar «los problemas existentes».

El responsable de la Comisión de Restauración de Ecosistema de Ribera indicó que uno los objetivos de las III Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar es «obtener la imagen de referencia», es decir «la imagen ideal de lo que queremos que sea el cauce».

«Pero el río no es solo naturaleza, es aprovechamiento», remarcó Nebot, quien manifestó que, para compatibilizar ambos aspectos, «llegaremos a un equilibrio que será la imagen objetivo de lo que va a ser el cauce».

Por otro lado, incidió en que «cuanto más a la costa, hay más superpoblación, más industria y más presión urbanística», por lo que «es mucho más complicado recuperar el río». Además, añadió que en la zona baja hay «un aspecto superimportante como son las inundaciones». En este sentido, indicó que «hay una metrópoli urbana inmensa que requiera una defensa».

La CHJ, a través de las Jornadas de Participación del Plan de Recuperación del río Júcar -desarrolladas esta semana-, pretende elaborar un plan de recuperación del Júcar en su integridad. Nebot valoró la participación de todos los sectores implicados e interesados, «desde el nivel particular hasta el general».

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La guerra del agua se recrudece pero ahora se hace en barco

Las elecciones han recrudecido la guerra del agua. Ya no son los estatutos ni el Cons­ti­tu­cional los que hablan de derechos sobre el agua. Ahora se han retomado los argu­men­tos del pasado, aquellos que se superaron en 2001 cuando se aprobó el PHN y que el PP vol­vió a sacar a la palestra cuando en 2005 el PSOE derogó su principal obra. Las ca­ren­cias del plan AGUA han estallado esta semana. Cataluña plantea ahora el suministro a Barcelona con barcos desde una desaladora de Almería mientras retoma el trasvase original del Ebro, más aquel olvidado del Ródano a la ciudad Condal y en la Comunitat, el efecto dominó de la derogación vuelve a enfrentar a Alicante y Valencia.

Se veía venir. El Plan Hidrológico Nacional (PHN), el aprobado por el PP en 2001, tar­dó en consensuarse cuatro años, justo el mismo tiempo que le ha costado al Plan AGUA exhibir sus carencias. La guerra del agua, lejos de disiparse, se ha sostenido du­rante to­da la legislatura: el PP valenciano y murciano se ha esforzado por mantener vivo el de­ba­te sobre el derogado trasvase del Ebro mientras el PSOE y los na­cio­na­lis­tas/re­gio­na­lis­tas catalanes y aragoneses se han regodeado ante sus paisanos du­rante toda la le­gis­latura de su ¿triunfo? y los socialistas castellano-manchegos ponían fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Todo ello, por supuesto, trufado de en­cor­se­tamientos legales al derecho al agua vía desarrollo estatutario.

Pero cuando la turbulencia agita, las aguas vuelven a su cauce natural y agotada la legis­la­tura, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el en­frentamiento vuelve a plantearse en los mismos términos que con­dujeron al consenso cuando en 2001 el PHN plasmó aquel gran Pacto del Agua entre los re­gan­tes catalanes, ara­goneses, valencianos, mur­cia­nos y andaluces. Vuelven pues los mismos ar­gu­mentos que el Plan AGUA trató de en­te­rrar en 2005 cuando se derogó el trasvase del Ebro y vuel­ven, precisamente, cuando la se­quía ha logrado reventar los parches puestos con el denso mapa de de­sa­ladoras.

Si la semana pasada escandalizó que el presidente de la Expo del Agua de Zaragoza tildara de “sos­te­nible” el proyecto del ‘Las Vegas’ en pleno desierto de los Monearos, abastecida por el Ebro por supuesto, esta semana han sido el suministro de agua de­sa­lada de Almería a la Ciudad condal el que ha vuelto a sonrojar a más de uno. Porque tan in­gente gasto propuesto ahora por el Consell del PSC se ha presentado como una s­o­lu­ción puntual a los problemas de suministro de Barcelona, una alternativa plausible que se quiere abordar mientras se prepara el terreno del viejo trasvase del Ebro a Bar­ce­lona, sí el mismo del PHN original que se eliminó cuando se comenzó a hablar del caudal eco­ló­gi­co, y se plantea también un segundo no menos antiguo desde el Ródano.

Solución insular desesperada

La propuesta ha provocado una hilaridad aderezada con indignación indisimulada en el PP. Los socialistas ca­ta­la­nes, al defender tan kafkiano proyecto, han dado alas a los po­pulares para argüir lo evidente: que la planificación hidrológica no ha sido tal y que al menguar los trasvases, no sólo se ha agudizado el pro­ble­ma en el Levante, sino que también se ha extendido a Ca­ta­lu­ña. Por­que la capital catalana y peninsular plantea ahora las mismas soluciones de­ses­pe­ra­das a las que recurrió la Mallorca insular. Porque lo hace reclamándole recursos a Al­mería, a la que antaño se los negó al defender la de­ro­gación del trasvase. Porque se elige la desaladora andaluza de Carboneras al estar sólo al 20% de su capacidad y no se explica porqué se encuentra tan infrautilizada (quizá por inasumible el precio al que sale su metro cúbico) y a un tiempo se apela a nuevos pro­yec­tos de desa­la­ción, no ya para su uso en Almería, sino para exportar esta solución “a otras ciudades del Mediterráneo” sin reparar en justificar por qué ahora se da tal excedente de agua desalada y mucho menos considerar el impacto que para los an­da­luces, que no los catalanes, tendrá la generación de ingentes cantidades de salmuera.

Crítica catalana a la desalación

Y la Generalitat catalana, mientras tanto, encarga los mismos informes que ya se rea­li­zaron cuando se forjó el PHN. Según el estudio del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, el déficit hídrico de Cataluña representa menos del 1% del agua que el río Ródano aboca al mar (¿les suena el argumento?). El mismo informe también aboga por la conexión de las cuencas de Tarragona con Barcelona, que resultaría “una medida rápida que reduciría a corto plazo la sequía actual, a pesar de que sería insuficiente para el futuro”. Para la entidad colegial la alternativa de la desalación (que sí es buena para abastecerse cuando las desaladoras se ubican en Almería) “consume mucha energía y se convierte en un principio opuesto a las medidas para paliar el cambio climático y las aguas regeneradas son caras de producir y de uso limitado”.

Xúquer-Vinalopó

Pero el viejo trasvase del Ebro a la capital catalana va a producir los mismo efectos que en la Comunitat ahora se han hecho revivir con el cambio de la toma del Xúquer Vi­na­lo­pó. Si en Cataluña conectar las aguas de Tarragona con las de la Ciudad Condal está provocando ya un enfrentamiento abierto con las tierras del Deltebre –que durante estos años han aprovechado los caudales antes ecológicos y claves para los sostenibles arrozales para impulsar la mayor expansión urbanística de la vecina región- en nuestra autonomía el cambio de trazado ha vuelto a enfrentar a alicantinos con valencianos.

La recogida de firmas iniciada el pasado fin de semana por la Junta de Usuarios del Vi­na­­lopó para defender la vuelta al proyecto original ha soliviantado de nuevo a los re­gan­tes de la Ribera y del Turia, que han dirigido una carta al presidente Francisco Camps en la que se le insiste en la inviabilidad de la toma desde Cortes de Pallás y en la de­fen­sa de la de Cullera como única opción para no hacer peligrar los riegos tradicionales de la provincia de Valencia. Casi cuatro años después, se reproduce y con idéntica in­ten­si­dad el mismo enfrentamiento que crispó las relaciones del Consell y de su conseller de Agri­cultura, Juan Cotino, con el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, quien entonces y ahora salió en defensa de los intereses de los regantes de la provincia de Valencia, donde tiene lógicamente sus asociados.

Sí al informe Camps

Pero la guerra del agua también se desarrolla, otra vez, en Bruselas, donde hace cuatro años el PSOE ya cuestionara la financiación para el trasvase del Ebro o para el propio Xúquer-Vinalopó. Porque lo uno implica lo otro y es evidente que la derogación de la primera obra del PHN y el fracaso de las desaladoras alternativas –sólo una de las cuatro previstas en Alicante está en funcionamiento- ha agudizado la necesidad de defender los recursos ya existentes en la Comunitat, lo que ayuda a entender el en­frentamiento entre alicantinos y valencianos. Y Camps ha logrado también esta semana en este terreno una sonora victoria al lograr que el Comité de las regiones de la UE respaldase una mención expresa a favor de los trasvases.

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Los embalses de la CHJ se encuentran al 18,84% de su capacidad

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 18,84 por ciento de su capacidad y almacenan 4,93 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 630,33 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,60 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 36,37 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 68,06 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 45,66 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 67,61 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 81,41 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 61,90 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 37,26 por ciento, el de Alarcón un 5,87 por ciento y el de Contreras en 5,81 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 48,43 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 94,53 por ciento, La Muela en un 68,35 por ciento, y El Naranjero al 66,42 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 20,64 por ciento; Escalona al 4,62 por ciento; y Bellus, al 28,34 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 12,04 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 54,10 por ciento, Benagéber al 40,02 por ciento, Loriguilla al 20,18 por ciento y Buseo al 37,03 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 61,82 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,64 por ciento; Arenós un 40,32 por ciento; María Cristina un 6,83 por ciento y Sichar el 67,45 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 66,16 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 00,00 por ciento y el de Onda al 53,80 por ciento.

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La CHJ descarta restricciones en el regadío y el abastecimiento

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene actualmente 188,07 hectómetros cúbicos (hm3) más de agua embalsada que el año pasado, por lo que «no se prevé restricción alguna ni para el regadío ni para el abastecimiento». Para la CHJ, esta «ligera mejoría» se ha producido «gracias al esfuerzo de todos los usuarios, especialmente, de los agricultores», según informaron fuentes de la entidad. Por otra parte, los embalses de la CHJ se encuentran al 18,69 por ciento de su capacidad y almacenan 3,75 hectómetros cúbicos de agua más que la semana anterior.

A falta de evaluar los últimos datos aportados por los distintos sistemas en la reunión de la Comisión de la Sequía el próximo 12 de diciembre, el río Júcar se encuentra con 185,49 hm3 en estos momentos, lo que supone 52,71 hm3 más que en 2006, resaltaron las mismas fuentes.

Asimismo, el sistema Túria ha pasado de disponer de 71,82 hm3 de agua embalsada a 102,36 hm3, mientras el sistema Mijares, que tenía 41,11 hm3, cuenta ahora con 92,05 hm3 y ha visto así incrementada en 50,04 hm3 su agua embalsada, resaltaron.

De este modo, la próxima Comisión Permanente de Sequía incluye en su orden del día los «habituales» análisis de la situación y la evaluación medioambiental de los diferentes ecosistemas del río Júcar, pero «no está previsto que ningún punto del orden del día aborde algún tipo de restricción de suministro», subrayaron.

Situación de los embalses

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,45 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 36,33 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 66,97 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 45,69 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 67,71 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 81,37 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 59,61 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 36,21 por ciento, el de Alarcón un 5,86 por ciento y el de Contreras en 5,75 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 57,65 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 93,51 por ciento, La Muela en un 56,45 por ciento, y El Naranjero al 83,89 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 19,31 por ciento; Escalona al 4,63 por ciento; y Bellus, al 27,85 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está a 11,96 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 54,81 por ciento, Benagéber al 39,61 por ciento, Loriguilla al 21,04 por ciento y Buseo al 37,14 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 61,33 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,95 por ciento; Arenós un 39,39 por ciento; María Cristina un 7,48 por ciento y Sichar el 69,66 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 67,47 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 53,85 por ciento.

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Los embalses de la CHJ se encuentran al 18,58% de su capaci

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,33 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 36,16 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 65,31 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 46,11 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 67,51 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 80,77 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 56,57 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 39,13 por ciento, el de Alarcón un 5,86 por ciento y el de Contreras en 5,68 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 61,75 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 95,47 por ciento, La Muela en un 52,04 por ciento, y El Naranjero al 75,85 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 18,90 por ciento; Escalona al 4,67 por ciento; y Bellus, al 27,09 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 11,91 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 55,48 por ciento, Benagéber al 39,24 por ciento, Loriguilla al 21,17 por ciento y Buseo al 37,29 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 60,36 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,26 por ciento; Arenós un 39,78 por ciento; María Cristina un 8,00 por ciento y Sichar el 70,12 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 68,69 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 54,05 por

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La UPV debate la planificación hidrológica en la directiva marco del agua

El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente organiza las Jornadas Sobre Herramientas de Decisión para la Planificación Hidrológica en la Directiva Marco del Agua. Las jornadas se realizarán mañana y el 28 de noviembre, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de de Caminos, Canales y Puertos (Edificio 2G), de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
En la actualidad, según apunta los organizadores de estas jornadas, nos encontramos en pleno desarrollo de los planes hidrológicos de las diferentes cuencas españolas. Ésta es la primera vez que estos planes se desarrollan bajo el amparo de la nueva Directiva Marco en política de Aguas.

Para abordar esta tarea es necesario el uso de herramientas de ayuda a la decisión como el Sistema Aquatool desarrollado por el grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos de la UPV.

En estas jornadas diferentes jefes de las oficinas de planificación hidrológica de las Confederaciones Hidrográficas y técnicos relacionados con el desarrollo de los planes explicarán sus experiencias en el uso de AQUATOOL y otras herramientas que se están utilizando.

El primer día, 27 de noviembre, las ponencias se centrarán en el balance de los sistemas. Se presentarán diferentes experiencias como las de las cuencas de los ríos Júcar, Segura, Duero y Tajo. Finalmente habrá una mesa redonda para abordar los temas relacionados con los desarrollos de los planes.

El segundo día se centrará en aspectos ambientales, dando especial énfasis en la modelación de la calidad del agua y la relación entre los caudales ecológicos y la planificación hidrológica.

Para completar estas jornadas los días siguientes, 28, 29 y 30 de noviembre, se organiza, a través del Centro de Formación de Posgrado, un curso de formación sobre el uso del software Aquatool y la modelación integrada de sistemas de recursos hídricos.

 
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