Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Albacete han detenido a once personas, dentro de la denominada operación “Aferbe”, a las que se les imputan seis delitos contra el patrimonio cometidos en explotaciones agrícolas de las localidades albaceteñas de Tarazona de la Mancha, El Bonillo y Albacete, así como en un planta de hormigón de Alborea.

A.F.F., A.F.B., A.C.F., J.C.R., R.M.G.E., R.M.G., J.M.S.R., A.C.F., M.I.S., A.M.P y P.M.G.. Los detenidos, de edades comprendidas entre 19 y 41 años de edad, son vecinos de la capital albaceteña. Nueve de ellos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Investigaciones

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2013 a raíz de varios robos y hurtos cometidos en explotaciones agrícolas, ganaderas y empresas en los que sus autores forzaban las vallas y puertas para sustraer, fundamentalmente, aperos agrícolas, chapas y otros elementos metálicos.
Durante estos meses, el Equipo ROCA de la Guardia Civil ha analizado los datos obtenidos en los lugares en los que se cometieron los hechos y ha realizado investigaciones en lugares en los que este tipo de objetos son vendidos habitualmente, lo que condujo a la detención de sus autores.

Modus operandi

Los detenidos utilizaban sus propios vehículos, que intercambiaban entre ellos para dificultar la investigación policial y cometían la mayor parte de los robos durante el mediodía, aprovechando la ausencia de los propietarios de las explotaciones. No obstante, este patrón se modificó en los dos robos de la planta de hormigón, que fueron cometidos aprovechando la oscuridad de la noche.

La Guardia Civil ha esclarecido, hasta el momento, cuatro robos y dos delitos de hurto y ha recuperado parte de los objetos sustraídos, entre los que se cuentan 90 chapas galvanizadas, el cazo de una máquina retroexcavadora y elementos metálicos de diferentes medidas y grosores. Todos estos materiales han sido devueltos a sus legítimos propietarios, una vez reconocidos por estos.

El resto de los objetos sustraídos fueron vendidos por los detenidos a terceras personas y a centros gestores de residuos de la provincia albacetense, alterando previamente sus características para que no pudieran ser reconocidos, donde fueron reciclados.

ENLACE A NOTICIA:                                     http://albacetecapital.es/el-equipo-roca-de-la-guardia-civil-de-albacete-detiene-a-11-personas-por-robos-y-hurtos-en-explotaciones-agricolas/

COAG reclama a Hacienda que habilite en breve el procedimiento para efectuar la solicitud de devolución. Se podrá solicitar el reintegro siempre y cuando se disponga de las facturas acreditativas del consumo de gasóleo.

El Gobierno español¹ deberá devolver como mínimo a los agricultores y ganaderos más de 35,6 millones de euros por el cobro ilegal del denominado “céntimo sanitario”. Así se desprende de los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG sobre la base de los datos de consumo de gasóleo agrícola documentados por la Agencia Tributaria² durante los años 2009-2010-2011 y 2012. En total, 180.000 profesionales agrarios acreditaron un consumo anual en torno a los 1.240 millones de litros, lo que en términos impositivos supondría un sobrecoste de 8,9 millones de euros/año por la aplicación del “céntimo sanitario”.

Ante esta situación, Miguel Blanco³, Secretario General de COAG, ha reclamado al Ministerio de Hacienda⁴ que habilite en breve el procedimiento oficial para solicitar la devolución de estas cantidades. “Desde COAG ya hemos iniciado los trámites para que los agricultores y ganaderos puedan pedir esta devolución preparando con ellos toda aquella documentación que les sea requerida. Todos los profesionales agrarios podrán solicitar el reintegro del dinero siempre y cuando dispongan de las facturas acreditativas del consumo de gasóleo”, ha subrayado Blanco.

El gasóleo agrícola soporta dos tipos de gravamen derivados del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”: por un lado un gravamen de tipo estatal, que supone 6 euros por cada 1.000 litros, y por otro uno de tipo autonómico que sólo han aplicado algunas Comunidades Autónomas, caso de Madrid⁵ (4,25€/1000l), Asturias⁶ y Cataluña (6€/1.000l) y Castilla La Mancha (2€/1000l).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁷ (TJUE) declaró el pasado 27 de febrero la ilegalidad del ‘céntimo sanitario’ que aplican algunas CC.AA. españolas al considerar que este impuesto incumple con la normativa europea en materia de fiscalidad y más en concreto la directiva sobre Impuestos Especiales. La sentencia tiene carácter retroactivo porque entiende que el Gobierno de España⁸ no ha obrado “de buena fe” al no hacer caso a varias sentencias y dictámenes anteriores en los que se advertía de la ilegalidad de este tributo.

ENLACE A NOTICIA:                                  http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/gobierno_debera_devolver_agricultores_millones_euros_centimo_sanitario-199902-1.html

Mié, 05/03/2014

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

La reserva hidráulica española está al 82,5% de su capacidad total. Actualmente hay 45.664 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 226 hm3 (el 0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -94 hm³ en Ebro y 117 hm³ en Tajo.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico se encuentra al 91,3%

Miño-Sil al 88,3%,

Galicia Costa al 90,8%

Cuencas internas del País Vasco al 95,2%

Duero al 88,9%

Tajo al 75,0%

Guadiana al 90,4%

Cuenca Atlántica Andaluza al 85,6%

Guadalquivir al 90,2%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 69,9%

Segura al 72,2%

Júcar al 54,0%

Ebro al 81,7%

Cuencas internas de Cataluña al 77,4%

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 181,9 mm (181,9 l / m2 ).

ENLACE A NOTICIA: http://hispagua.cedex.es/documentacion/noticia/132145

UPA Castilla-La Mancha está expectante a la espera de que el Gobierno de Castilla-La Mancha redacta la nueva Orden de Desarrollo Rural para el período 2014-2020. Es por ello que agradece la invitación a la reunión de la Consejería de Agricultura en la que, recientemente, pudo dejar clara la intención de la organización de participar de una forma activa en todo el proceso de programación del nuevo Programa de Desarrollo Rural.

En referencia a la ficha financiera, para el período de programación en los próximos seis años, UPA CLM considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha debería solicitar al Gobierno de España que realice un mayor esfuerzo presupuestario y aumente el porcentaje de cofinanciación planteado de un 30 %, ante las dificultades que plantea la actual situación de crisis económica. Y teniendo en cuenta que el desarrollo rural es un asunto vital para el mantenimiento de nuestros pueblos.

Esta petición es acorde con el planteamiento que ya han hecho público los gobiernos de varias comunidades autónomas y varios grupos de agentes sociales que tienen una gran implicación en el desarrollo de estas medidas: Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Mejora del Medio Ambiente (APROCA), Comisiones Obreras (CCOO), Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG-UGT), Fundación Global Nature, Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

Además, teniendo en cuenta que el Programa Nacional va a resultar bastante limitado tanto en presupuesto como en medidas, desde UPA CLM consideran que es indispensable que el conjunto de los 17 Programas de Desarrollo Rural regionales contengan elementos comunes tales como: la incorporación de jóvenes agricultores, planes de mejora, ayudas a zonas desfavorecidas, los servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, la prevención y extinción de incendios, la agricultura ecológica, la mejora del estado de las masas de agua, la cooperación, una medida agroambiental para la ganadería extensiva, etc.

UPA CLM ya ha presentado un documento con propuestas específicas a la Consejería de Agricultura, como inicio al proceso de diálogo con esta administración para desarrollar el programa definitivo y poder realizar las aportaciones que crea convenientes en defensa de los agricultores y ganaderos profesionales y de las personas que viven en el ámbito rural.

Por último, la organización agraria también ha mostrado su preocupación por el retraso en la puesta en marcha de las diferentes medidas en el propio territorio, retraso habitual en cualquier inicio de programación plurianual, pero que debe aminorarse en la medida de lo posible, agilizando todas las fases de las que consta esta planificación.

ENLACE A NOTICIA: http://albacetecapital.es/upa-pide-participar-en-la-planificacion-de-los-programas-de-desarrollo-rural/

El Gobierno afronta la corriente de protestas suscitadas en Catalunya contra el nuevo plan hidrológico del Ebro. Lo hace ante las críticas de amplios sectores sociales, para quienes el caudal ecológico fijado en el plan para el tramo final del río es tan insuficiente que amenaza la supervivencia del delta.

De ahí que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se muestre dispuesto a revisar los caudales para que llegue más agua al final del recorrido de un río que comparten diversas comunidades. El debate se activará en el marco de la discusión para actualizar el plan hidrológico del Ebro, que debe revisarse el año próximo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha expresado a este diario la disposición del Ministerio a iniciar de forma inmediata esta revisión; y, aunque está convencido de que el volumen acordado ahora en el documento aprobado este viernes en el Consejo de Ministros es suficiente, se muestra abierto a dialogar para evitar una «guerra de agua». El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado este lunes que el plan hidrológico del Ebro mejora en un 10% el caudal ecológico para Catalunya y ha confirmado que está abierto al «diálogo» con todas las comunidades.

Para abordar esta revisión se va a crear un grupo de trabajo específico «para prestar especial atención al Delta y sus necesidades» en el que se dará entrada a la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que ya ha anunciado una primera gran manifestación en el Delta este marzo, y también a la Generalitat, que amenaza con denunciar el plan del Gobierno ante la Unión Europea.

Ramos intenta calmar las aguas tras las críticas del Gobierno catalán y de la Plataforma. «No estaremos quietos con cara de buenos chicos, en las dos reuniones que tuvimos en noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente ya nos dejó claro que ni se reducirían las hectáreas de regadío ni se incrementarían los caudales, los dos elementos fundamentales, pero ahora tienen miedo del ruido que podamos hacer», sostiene Susanna Abella, su portavoz.

Amplios sectores sostienen que la sobreexplotación del río aguas arriba (450.000 ha de nuevos regadíos y más de una treintena de embalses) pone en peligro el Delta. Los caudales que queden para el tramo final de río, sostienen desde estos sectores, serían tan escasos que se agravarían sus problemas ecológicos que ya padece el delta: falta de sedimentos, regresión costera, salinización del río, subida del nivel del mar.

La Plataforma teme además un trasvase del Ebro a medio plazo, cuando se elabore el pacto nacional del agua y se pongan encima de la mesa las necesidades hídricas del resto de territorios.

La planificación hidrológica en España debía ser aprobada antes del 2009 (según exige la UE) pero ha sufrido numerosos retrasos, que el gobierno intenta corregir. E el caso del plan del Ebro la demora es de más de cuatro años, con lo que el documento ve la luz cuando toca su revisión, que debe efectuarse antes de acabar el 2015, según establece la directiva europea de aguas.

«Ya hemos avisado a la Generalitat y a la Plataforma del Ebro que no se preocupen, puesto que la revisión del plan la vamos a hacer de manera inmediata. Que haya aspiraciones de que sean mayores los caudales ecológicos del Delta y del Ebro en general, por sus consecuencias en el Delta, es algo que nos parece bien», señala Ramos. A los líderes del movimiento social antitrasvasista les suena la música y también la letra, pero se muestran escépticos. «Ramos ya nos dijo que en la revisión se intentarían hacer las cosas bien», recuerda Abella (PDE). «Tras la aprobación del plan se inicia un proceso de revisión de planes de forma inmediata», añade con tono contemporizador.

«Somos los primeros interesados en tener el Ebro en buen estado», añade. El secretario de Estado destaca que el plan hidrológico aprobado ha elevado un 10% la reserva de caudales en Tortosa respecto al plan vigente (hasta situarla en 3.300 hm3 anuales). Admite que la cifra está lejos de las demandas de las instituciones catalanas (entre 7.000 y 12.000 hm3 al año), pero recalca que «los cálculos están bien hechos, son razonables y están bien fundamentados». «Hemos hecho una revisión de los registros históricos y no hay precedentes» para atender la reserva de agua que se solicita desde el delta.

«Nos parece que esos 3.300 hm3 deben ser suficientes; pero si no lo son, se hará la revisión», explica, convencido de que «siempre es posible mejorar el cálculo del caudal ecológico» y que es posible acercarse a un acuerdo.

Mientras tanto, el conseller de la Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, explicó ayer que tras la reunión del Consell Executiu del próximo martes se anunciarán las «medidas y la actuación política e institucional» que se adoptará contra el Plan. La Plataforma en Defensa del Ebro ha empezado a estudiar al detalle el texto publicado ayer en el BOE del nuevo plan de cuenca; también han empezado los contactos para poner en marcha la maquinaria de la movilización, imprescindible para garantizar el éxito de una manifestación multitudinaria que presione al Gobierno, mirando de reojo a Bruselas.

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La Generalitat pasará hoy a la acción contra el Plan Hidrológico del Ebro que impulsa el Gobierno central y que podría reducir notablemente el caudal del río en su tramo final. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, tiene previsto presentar hoy un conjunto de medidas entre las que destaca pedir el amparo de la Comisión Europea, a la que piensa alertar de que el nuevo plan de cuenca aprobado por el Consejo de Ministros incumple la directiva marco del agua y otras normas comunitarias.

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La decisión de recurrir a la Unión Europea está encima de la mesa desde que el pasado verano la Confederación Hidrográfica del Ebro diera el visto bueno al plan. La dirección de Convergència acabó de perfilar ayer la estrategia. Su secretario de Organización, Josep Rull, dio por hecho que no hay negociación política posible. “Recurriremos a instancias europeas para garantizar el cumplimiento de la directiva marco del agua, porque la posición catalana está al lado de la normativa europea y la del Gobierno español la vulnera”, dijo.

El Gobierno catalán entiende que el plan vulnera los criterios medioambientales marcados por la norma comunitaria, especialmente en lo que hace referencia al caudal ecológico de un río con especial valor ecológico. La Generalitat considera insuficiente el caudal previsto, de 3.200 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que el Ejecutivo central dice estar dispuesto a negociar. El Departamento de Territorio considera que la cifra aconsejable continúa siendo los 7.000 hectómetros cúbicos que se acordaron con la Plataforma de Defensa del Ebro en 2007. De ahí que hoy los miembros del Consejo Ejecutivo se reúnan con dos opciones sobre la mesa. La principal es la de la denuncia ante la Comisión Europea, que igualmente tendrá que validar la normativa española. La otra puerta que mantiene abierta la Generalitat es la de abrir un contencioso en el Tribunal Supremo, que genera muchas más dudas respecto a su resultado final.

Ambas vías son imprescindibles para que el plan hidrológico pueda acabar en el Tribunal Europeo de Justicia. En el marco de la denuncia ante la UE, el Ministerio de Agricultura podría negociar un cambio en el plan, pero una vez superado ese trámite el Gobierno podría verse amenazado por una sentencia contraria del tribunal, con sanciones incluidas.

El Plan del Ebro amenaza con sembrar divisiones internas en CiU y PSC

El consejero de Territorio, Santi Vila, remarcaba hace unas semanas en una respuesta parlamentaria al grupo de ICV-EUiA, el “especial valor ecológico” que se ha otorgado al delta del Ebro tanto a nivel interno como internacional. Por ello, en la decisión que tome hoy la Generalitat prevé reclamar a la Comisión Europea que evalúe cómo puede afectar el nuevo caudal ecológico a las directivas que hacen referencia a la conservación de las aves silvestres, la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el convenio RAMSAR, que establece la conservación de zonas húmedas de relieve internacional porque actúan como hábitat de aves acuáticas.

Las posibilidades de éxito que ofrecen una denuncia ante la Comisión Europea son superiores a las que ofrece una denuncia ante el Tribunal Supremo, según la Generalitat. Se basa en algunas interpretaciones anteriores ofrecidas por el Tribunal Constitucional en referencia al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), que supuestamente es el que debe decidir el caudal ecológico del río en un acuerdo entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado. Según el alto tribunal, ese poder recae en los planes hidrológicos de cuenca como el aprobado el viernes

Pese al enfrentamiento, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mostró ayer en Bruselas su disposición a negociar con la Generalitat y a agotar “todas las vías de diálogo”. Sí subrayó que el actual plan de cuenca supone una mejora del caudal ecológico que se estableció en el planeamiento actual, “luego la situación de Cataluña es un 10% mejor que con el plan anterior”, afirmó. Sin embargo, Convergència i Unió considera que la vía del diálogo no servirá de nada. “Ni siquiera se han reunido con la Generalitat”, insistía ayer el dirigente de CDC Josep Rull.

Pero el plan del Ebro no solo genera división entre Gobierno y Generalitat. También amenaza con desestabilizar el discurso de CiU y PSC, puesto que la postura que defienden desde Barcelona o en las comarcas del Ebro es muy diferente al que sostienen en Lleida, donde las poderosas comunidades de regantes tienen el apoyo de los dirigentes locales de estos partidos.

Los cuadros del partido defienden intereses contrapuestos en Lleida y Tarragona

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Lleida brindó su apoyo al Plan Hidrológico del Ebro. La primera teniente de alcalde, Marta Camps, expresó su apoyo “con reservas” al proyecto porque entiende que satisface las necesidades de los regantes pese a no fijar un caudal mínimo para el río Segre a su paso por la ciudad. En julio La Paeria ya aprobó una moción, con el apoyo de PSC, CiU y PP, al plan hidrológico que aprobó la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, el mismo consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí se mostró comprensivo con este gesto. Ayer CiU de Lleida evitó pronunciarse a la espera de lograr un posicionamiento común, informa Lluís Visa.

Ahora el objetivo de CiU es que la división interna no vaya a más. Rull lanzó ayer una llamada a la unidad con la denuncia de que el Gobierno central pretende “dividir” a los catalanes con este plan. En este sentido, Rull alertó del “interés en confrontar intereses en Cataluña” cuando se dice que la defensa del caudal ecológico del Ebro, a su paso por Tarragona, va en contra de los regantes del canal Segarra-Garrigues (Lleida), lo cual “no es cierto”. Según el dirigente de CDC, hay “recursos suficientes” para hacer compatibles ambas zonas, ya que “el problema de falta de agua no se concentra en Cataluña, sino fuera”. O sea, que para CiU el problema no es que se aumenten las zonas de regadío en Cataluña sino en otras comunidades.

El líder del PSC, Pere Navarro, también insistió en un mensaje que no casa con el que mantiene el partido en Lleida. En este sentido, denunció la “prepotencia” y el “autoritarismo” del Gobierno por las fórmas cómo ha aprobado el plan. Para Navarro este plan es muy parecido al que CiU dio su apoyo en 2001. Precisamente, los convergentes quisieron dejar claro ayer que si han cambiado de opinión desde entonces es porque el partido y la sociedad han “evolucionado”.

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