La Comisión de Agricultura del Congreso abordará este miércoles día 12 sendas proposiciones no de ley de PSOE y CiU e las que se se pide al Gobierno que cree contratos de suministro eléctrico de temporada para los regantes, de modo que se pueda garantizar la competitividad de este tipo de explotaciones agrícolas, muy afectadas por el incremento del precio de la luz de los últimos años. En su iniciativa, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación «muy preocupante» de «pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta, mienyras que los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética. Asimimso, esta sesión servirá para saber si Industria ha oído la mediación de Agricultura en este conflicto.

     El Grupo Parlamentario Sociales ha indicado que la Proposición no de Ley  plantea medidas para adaptar esas tarifas a la situación de los regadíos y a particularidades como su consumo estacional, con el fin de que los agricultores españoles «no pierdan competitividad».

    En la propuesta, el PSOE insta al Gobierno a fomentar los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso, según se trate de los meses de temporada de riego y o del resto del año.

    El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha asegurado, en el comunicado, que el PP «tiene la oportunidad de votar medidas contra el tarifazo eléctrico del Gobierno en los regadíos»,

     A su juicio, el incremento de la tarifa eléctrica de riego es el «mayor problema con el que se encuentra la agricultura española en estos momentos», porque los regantes «están sufriendo el mayor incremento de la historia».

     De hecho, la Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE),ya ha asegurado durante las manifestaciones del pasado mes de febrero que las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno les supondrán un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media del 16%.

La tarifa eléctrica representa entre el 60 y el 570% del coste de las explotaciones

     Por su parte, los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

    En el texto, que recoge Europa Press, reclaman a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

    Asimismo, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

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A menos de 24 horas de que el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar se reúna para aprobar el texto definitivo del Plan de Cuenca, las partes asistentes a esta reunión no han tenido acceso al documento.

Este hecho ha sido criticado por Xúquer Viu, uno de los dos representantes en el consejo por parte de los colectivos ecologistas, que desconoce la contestación a las alegaciones que se realizaron hasta el pasado mes de febrero.

«Este reunión es muy importante porque se tomarán decisiones sobre la planificación hidrológica para los próximos años. Al no facilitar la información están vaciando de carácter democrático la gestión pública del agua», explica la portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer.

Y es que será mañana cuando se apruebe el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, que llega con casi cinco años de retraso, y que servirá para determinar los usos del agua y las medidas a tomar en toda la demarcación. Un documento importante que ha recibido una gran cantidad de alegaciones y que al no facilitar la contestación, los interesados en este proceso apenas tendrán tiempo para valorar lo que van a votar.

«Por los rumores, podemos intuir que las cuestiones más importantes para nosotros, como la recuperación del río o las asignaciones, van a quedar prácticamente igual que en el borrador», adelanta Ferrer.

Según Xúquer Viu, esta forma de actuar incumple la legislación de las administraciones públicas que contempla que se debe dejar tiempo suficiente para estudiar los documentos. En este caso, además de no facilitar el nuevo Plan a sólo un día de su aprobación, la reunión se convocó con una semana de antelación.

«Todo esto lo pondremos de manifiesto porque es una situación irregular. No puede ser que por la desidia se recorten derechos», comenta la portavoz de Xúquer Viu.

Esta situación ha sido expuesta ante el diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Ricardo Sixto, que se ha reunido con la plataforma ecologista y con representantes del partido de la Ribera Alta y Baixa para conocer la situación del río y la problemática del agua.

«La política de agua llevada a cabo por el PP ha sido oscura y errática porque se apostó por construir unos pozos que no cubrían las expectativas y que no han servido para nada y después se penaliza al consumidor por la contaminación. Además, la Generalitat no especifica cuanto va a costar el agua ni quien va a pagar las obras», apunta Ricardo Sixto.

Precisamente, el precio del agua preocupa mucho a la formación en la Ribera ya que se sigue sin saber la subida exacta por la puesta en marcha de la potabilizadora. «Lo que si que se ha notado en el recibo es que cuesta más y después de 2015 tendremos que pagar la infraestructura. Además, se ha quedado en el aire que hacer con los pozos contaminados», recuerda el portavoz de EU en Alzira, Ivan Martínez.

Todas estas cuestiones sin resolver han provocado que algunos municipios de la Ribera Baixa hayan rechazado adherirse a la potabilizadora y que siga sin conocerse como solucionar definitivamente el problema de la mala calidad del agua en la comarca.

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El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, dio ayer casi por hecho que habrá recurso en los tribunales contra el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, pues este colectivo tiene muy pocas esperanzas en que las alegaciones que presentaron sean tenidas en cuenta. «Tendremos que volver a recurrirlo, porque si antes era ilegal ahora ya se riza el rizo», sentenció.
«Quizás nos aceptan alguna cosa mínima, pero en lo mollar no creo que nos vayan a hacer caso», declaró el presidente de los Regantes de la Mancha Oriental al término de una asamblea ordinaria en la que se aprobaron las cuentas de la entidad. Se aprovechó esta reunión para hacer un repaso al documento de 82 páginas en las que los regantes dejan constancia de su posición ante el proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar que se presentó el pasado verano y que creen se aprobará de forma inminente. Es más, Belmonte pronosticó que el próximo día 25 el Consejo Nacional del Agua dará luz verde a los planes de cuenca y en abril el Consejo de Ministros lo aprobará.
Una de las principales críticas de los regantes de la Mancha Oriental al borrador del Plan del Júcar es que se pretenda una demarcación mixta, es decir, que incorpore también las cuencas internas de la Comunidad Valenciana. Exigen que en el plazo más breve posible dichas cuencas sean traspasadas y mientras tanto llega ese momento reclaman que los balances hídricos se realicen por cuenca, no de forma conjunta pues entienden que de esta manera se crea una «unidad de recursos artificial […] que adquiere naturaleza jurídica, y va en detrimento de los usuarios de la cuenca cedente (la del Júcar)». En sus alegaciones también piden que la zona del Vinalopó quede en la cuenca del Segura y que los usos del agua en Albacete y Cuenca sean «prioritarios».
 

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Convergència i Unió (CiU) defenderá el miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes piden a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

En concreto, plantean la posibilidad de permitir que la contratación de potencia para el colectivo de regantes sea diferente cada mes o por tramos del año según las necesidades de riego de cada época, y de adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Y es que, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

GRAVES CONSECUENCIAS DE LA REGULACIÓN

Sin embargo, las últimas normativas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo están «acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética» de las Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, «poniendo en riesgo su vialidad».

«Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma», argumenta CiU, precisando que las auditorías energéticas demuestran una eficiencia adecuada en las explotaciones agrícolas de regadío y que las Comunidades de Regantes ya acuden a las subastas de forma colectiva, obteniendo tarifas de mercado más reducidas.

Sin embargo, pese a que el consumo en el sector agrícola es estacional, con mayores necesidades en determinadas épocas del año, la tarifa estacional regulada existente «no se ajusta» a estas necesidades, por lo que los agricultores «se ven obligados a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto consumo».

Esta situación se ve agravada por la obligación que tienen de «contratar en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual que en el periodo tarifario anterior», lo que sumado al incremento del precio del megavatio hora que han experimentado las tarifas más habituales para el sector ha conllevado «unas alzas no asumibles» en la factura energética de las explotaciones agrícolas.

Todo ello podría provocar un menor consumo de agua que «podría poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes», advierte CiU, que lamenta que los cambios en peajes y primas a las energías renovables hacen que éstas tampoco sean una opción adecuada para este colectivo.

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Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Albacete han detenido a once personas, dentro de la denominada operación “Aferbe”, a las que se les imputan seis delitos contra el patrimonio cometidos en explotaciones agrícolas de las localidades albaceteñas de Tarazona de la Mancha, El Bonillo y Albacete, así como en un planta de hormigón de Alborea.

A.F.F., A.F.B., A.C.F., J.C.R., R.M.G.E., R.M.G., J.M.S.R., A.C.F., M.I.S., A.M.P y P.M.G.. Los detenidos, de edades comprendidas entre 19 y 41 años de edad, son vecinos de la capital albaceteña. Nueve de ellos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Investigaciones

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2013 a raíz de varios robos y hurtos cometidos en explotaciones agrícolas, ganaderas y empresas en los que sus autores forzaban las vallas y puertas para sustraer, fundamentalmente, aperos agrícolas, chapas y otros elementos metálicos.
Durante estos meses, el Equipo ROCA de la Guardia Civil ha analizado los datos obtenidos en los lugares en los que se cometieron los hechos y ha realizado investigaciones en lugares en los que este tipo de objetos son vendidos habitualmente, lo que condujo a la detención de sus autores.

Modus operandi

Los detenidos utilizaban sus propios vehículos, que intercambiaban entre ellos para dificultar la investigación policial y cometían la mayor parte de los robos durante el mediodía, aprovechando la ausencia de los propietarios de las explotaciones. No obstante, este patrón se modificó en los dos robos de la planta de hormigón, que fueron cometidos aprovechando la oscuridad de la noche.

La Guardia Civil ha esclarecido, hasta el momento, cuatro robos y dos delitos de hurto y ha recuperado parte de los objetos sustraídos, entre los que se cuentan 90 chapas galvanizadas, el cazo de una máquina retroexcavadora y elementos metálicos de diferentes medidas y grosores. Todos estos materiales han sido devueltos a sus legítimos propietarios, una vez reconocidos por estos.

El resto de los objetos sustraídos fueron vendidos por los detenidos a terceras personas y a centros gestores de residuos de la provincia albacetense, alterando previamente sus características para que no pudieran ser reconocidos, donde fueron reciclados.

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COAG reclama a Hacienda que habilite en breve el procedimiento para efectuar la solicitud de devolución. Se podrá solicitar el reintegro siempre y cuando se disponga de las facturas acreditativas del consumo de gasóleo.

El Gobierno español¹ deberá devolver como mínimo a los agricultores y ganaderos más de 35,6 millones de euros por el cobro ilegal del denominado “céntimo sanitario”. Así se desprende de los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG sobre la base de los datos de consumo de gasóleo agrícola documentados por la Agencia Tributaria² durante los años 2009-2010-2011 y 2012. En total, 180.000 profesionales agrarios acreditaron un consumo anual en torno a los 1.240 millones de litros, lo que en términos impositivos supondría un sobrecoste de 8,9 millones de euros/año por la aplicación del “céntimo sanitario”.

Ante esta situación, Miguel Blanco³, Secretario General de COAG, ha reclamado al Ministerio de Hacienda⁴ que habilite en breve el procedimiento oficial para solicitar la devolución de estas cantidades. “Desde COAG ya hemos iniciado los trámites para que los agricultores y ganaderos puedan pedir esta devolución preparando con ellos toda aquella documentación que les sea requerida. Todos los profesionales agrarios podrán solicitar el reintegro del dinero siempre y cuando dispongan de las facturas acreditativas del consumo de gasóleo”, ha subrayado Blanco.

El gasóleo agrícola soporta dos tipos de gravamen derivados del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”: por un lado un gravamen de tipo estatal, que supone 6 euros por cada 1.000 litros, y por otro uno de tipo autonómico que sólo han aplicado algunas Comunidades Autónomas, caso de Madrid⁵ (4,25€/1000l), Asturias⁶ y Cataluña (6€/1.000l) y Castilla La Mancha (2€/1000l).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁷ (TJUE) declaró el pasado 27 de febrero la ilegalidad del ‘céntimo sanitario’ que aplican algunas CC.AA. españolas al considerar que este impuesto incumple con la normativa europea en materia de fiscalidad y más en concreto la directiva sobre Impuestos Especiales. La sentencia tiene carácter retroactivo porque entiende que el Gobierno de España⁸ no ha obrado “de buena fe” al no hacer caso a varias sentencias y dictámenes anteriores en los que se advertía de la ilegalidad de este tributo.

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