El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, y la portavoz municipal de IU, Victoria Delicado, en rueda de prensa este lunes

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, y la portavoz municipal de IU, Victoria Delicado, presentaron una moción en la que instan al equipo de Gobierno de Carmen Bayod a que el Consistorio apoye las alegaciones elaboradas por la Mesa del Agua, «para corregir aquellos aspectos en los que el Plan del Júcar contraviene los derechos e intereses de la ciudad».

Según Sotos y Delicado, en esta moción, que será debatida en el Pleno Municipal este jueves, 30 de enero, se solicita a la alcaldesa que «asuma y defienda ante la Confederación Hidrográfica del Júcar estas alegaciones, en defensa de los legítimos intereses», informaron PSOE e IU en nota de prensa.

Asimismo, emplazan a Bayod a que negocie con el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Junta de Comunidades, una solución que evite el pago de más de un millón de euros a los regantes valencianos (USUJ) por el agua que se consumió del Júcar en los años de sequía comprendidos entre 2005 y 2008, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo (TS).

A este respecto, en la moción se precisa que esta sentencia del TS «es consecuencia del convenio de Alarcón, suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ, y que nunca asumió el Ayuntamiento de Albacete, aunque la Confederación Hidrográfica del Júcar lo utilizó siempre como condición para facilitar la concesión administrativa del abastecimiento al municipio».

Apoyaron moción socialista

Además, en la moción se expone la necesidad de recuperar el acuerdo alcanzado el pasado 21 de marzo de 2013, en el que los tres grupos políticos municipales, «apoyaron una moción del PSOE en la que se exponía que el nuevo Plan del Júcar debía priorizar los abastecimientos de la cuenca del Júcar, como es el caso de la ciudad de Albacete».

También indicaba que se debía «garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos y especialmente en el término municipal de Albacete; que el ámbito de la demarcación del Júcar debe excluir a las cuencas internas de la comunidad valenciana; respetar el principio de unidad de cuenca hidrográfica, y la prioridad de la cuenca cedente ante los trasvases que se realicen entre la cuenca del Júcar y el resto de cuencas de la demarcación del Júcar».

Para PSOE e IU, «si Carmen Bayod y su equipo de Gobierno apoyaron estas reivindicaciones el pasado 21 de marzo deberían apoyar las alegaciones presentadas por la Mesa del Agua al Plan del Júcar, pues están ahormadas en torno a los mismos principios que motivaron la mencionada moción del pasado mes de marzo».

En la Mesa del Agua están representados la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Unión de Consumidores, las organizaciones agrarias UPA y ASAJA, los sindicatos CCOO y UGT, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la UCLM, el Centro Regional de Estudios sobre el Agua, PSOE e IU y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de legislación hídrica.

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La Unión de Pequeños Agricultores califica de “oportunidad perdida” los acuerdos alcanzados este miércoles entre Comunidades Autónomas y Ministerio de Agricultura  para la aplicación en España de la nueva PAC. Julián Morcillo, secretario general de la organización agraria en Castilla-La Mancha, aseguraba sólo 24 horas después de la reunión en el Ministerio de Agricultura: ” lo que hoy podemos decir es que nosotros no sabemos como quedan los agricultores y ganaderos con el acuerdo”.  La reacción de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, es para el representante de UPA un “espectáculo bochornoso que no se merecen los agricultores y ganaderos de la región”.

El enfado de Morcillo viene  tras estudiar con detenimiento los acuerdos alcanzados este miércoles que, según explica, arrojan unas cifras que poco tienen que ver con lo contentos que salieron de la reunión en el Ministerio los consejeros, en especial la castellano manchega que aseguraba que los agricultores de la región no perdían ni un solo euro de las ayudas de la PAC. “Mientras la consejera decía que era un acuerdo fabuloso hemos visto que a Castilla-La Mancha van a venir 6.747 millones de euros, eso significa del orden de 963 millones anuales y lo que ha estado llegando hasta hoy son 984 millones al año de media, por lo tanto vamos a perder dinero”, detalla Julián Morcillo.

La PAC para el agricultor profesional

Es la primera vez  que la Comisión Europea deja un margen tan amplio a los Estados Miembros para actuar en este sentido ya que tienen margen de maniobra para poder decidir quien percibiría la PAC y una reivindicación histórica de agricultores y ganaderos era, precisamente, que los perceptores de la Política Agraria Común fuesen agricultores y ganaderos que viven de su trabajo. La definición acordada  es un mínimo avance con respecto a la situación actual, es insuficiente. Para completar dicha definición sería necesario relacionar los ingresos agrarios con la renta total del posible beneficiario, y establecer una importancia relativa en porcentaje (25%) de los ingresos agrarios sobre los totales.

Ayudas acopladas

Las ayudas acopladas son las que van destinadas de manera clara a la agricultura productiva, “y ahora perdemos alrededor de 150 millones de euros, para evitar más trasferencias entre CC.AA, algo que a Castilla-La Mancha le perjudica mucho porque somos de las que menos ayuda por hectárea tenemos”, especifica el máximo representante de UPA en la región.

El acuerdo entre Ministerio y Autonomías ha dejado las ayudas acopladas al 12,08% . Esto implica el incumplimiento del acuerdo de la Conferencia Sectorial del mes de julio, donde se decía que iba a ser el máximo (15%). Además España fue uno de los defensores de aumentar ese porcentaje en las negociaciones en Bruselas. Si hubiese llegado al 15% serían 150 millones de euros más de los que se podría disponer para ” hacer una verdadera política agraria”.

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La organización agraria Asaja espera que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, «tenga el detalle» de reunirse con las organizaciones agrarias para que les concrete como queda el reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para la región en el nuevo periodo 2015-2020.

En declaraciones a Efe, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha dicho desconocer cómo ha quedado la distribución de fondos, la fórmula que se aplicará, así como las cantidades que van a ir a cada concepto: pago único, pago acoplado, desarrollo rural, viñedo.

Lo que les importa son las ayudas directas que recibirá cada agricultor y ganadero y también desconoce como ha quedado definido el acuerdo sobre lo que se considera un agricultor «activo», al que se primará frente a los ´cazaprimas´.

Por todo ello, Fresneda ha señalado que esperan «con ansiedad» que Soriano les llame para explicarles los pormenores de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial celebrada ayer y hoy en Madrid, donde se ha acordado el reparto de 47.000 millones para las diecisiete comunidades autónomas.

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El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, en una primera valoración sobre el reparto de los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a la Comunidad Autónoma, ha señalado que no «es para mostrar tanta euforia» como trasladan los gobiernos de España y de la región, «porque la realidad es que vamos a tener menos dinero para gestionar los programas de desarrollo rural».

Alonso ha explicado en un comunicado que los documentos entregados recogen que el acuerdo solo se ha alcanzado en materia de desarrollo rural y en este sentido lo que está claro es que a Castilla-La Mancha van a llegar los mismos fondos europeos que se consiguieron en la anterior negociación con el Gobierno socialista, «pero van a reducirse más de la mitad los fondos que aporta a estos programas el Gobierno de España».

Así, ha señalado, el acuerdo tiene «trampa» ya que antes el Estado aportaba más del 60 por ciento de la financiación para los programas de desarrollo rural y ahora pasará a aportar un 30 por ciento. «Con ello habrá menos dinero para los mismos a no ser que lo aporte la Junta», ha indicado.

Por último, en cuanto a las ayudas directas, ha dicho Alonso, el Gobierno regional «está dando unas cifras que no vemos que estén reflejadas en el acuerdo que ha repartido el Ministerio», por eso ha instado a la consejería de Agricultura, María Luisa Soriano, a ampliar la información tanto a los grupos políticos como a las organizaciones agrarias. «Que nos explique claramente en qué papel está ese compromiso de ayudas directas», ha pedido.  

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Unos  600 agricultores y ganaderos de UPA -CLM se han concentrado hoy ante el Ministerio de Agricultura para exigir al ministro Arias Cañete y al Gobierno de Castilla-La Mancha que la negociación de la PAC no sea un “simple reparto de fondos” y se haga pensando en los agricultores y ganaderos “auténticos”.La protesta coincide con la Conferencia Sectorial de Agricultura, que reúne a los responsables del Gobierno y las Comunidades Autónomas.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mª Luisa Soriano no ha sido capaz de aclarar cómo van a quedar nuestros agricultores y ganaderos tras la Conferencia Sectorial de Agricultura que se celebra mañana sobre la PAC.
UPA CLM sale más preocupada de la reunión, que antes de entrar, a un día de que se decida todo. Duda de que la consejera vaya a defender mañana la situación específica de los agricultores y ganaderos profesionales de CLM en la reunión sectorial de Agricultura con el ministro.

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Desde el pasado mes de agosto y hasta el presente mes de febrero de 2014 ha sido sometido a consulta pública la “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ). Después del correspondiente estudio de los documentos presentados, ACEM y de EeA-Ab han formulado una serie de alegaciones cuyo texto completo (26 páginas) puede descargarse aquí.

De manera resumida compartimos con la ciudadanía las principales alegaciones presentadas:

1) Si los recursos de agua en régimen natural son cada vez menores, NECESARIAMENTE deben reducirse los usos que hasta ahora se están produciendo. Justo lo contrario de lo que propone el Plan.

2) Solicitamos la inclusión de nuevas zonas húmedas a la hora de estimar las restricciones medioambientales en las masas de agua subterráneas. Se trata de humedales que se secaron en la década de los años 70 del pasado siglo, por la conjunción de labores expresas de desecación y la caída de los niveles piezométricos de las masas de agua subterráneas.

3) Pedimos la ampliación de las zonas protegidas para baño, incluyendo el tramo completo de los ríos Júcar, Cabriel¹, Valdemembra, Lezuza² y Jardín³, pues históricamente, los habitantes de sus municipios ribereños y aledaños han utilizado sus aguas para el baño, hasta que la contaminación, la merma de caudal y/o las variaciones bruscas de caudal lo impidieron.

4) Es preciso aumentar y garantizar los aportes hídricos a humedales, manantiales y fuentes en el Proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ, así como establecer mayores niveles de protección. Las restricciones ambientales que establece el mismo son insuficientes para garantizar el buen estado ecológico de estos pequeños espacios del agua.

5) Hay que eliminar las prórrogas y los objetivos menos rigurosos para alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de determinadas masas de agua subterránea. En las masas de agua subterránea 080.129 Mancha Oriental⁴ y 080.146 Almansa⁵ debería cumplirse en 2020 el buen estado cuantitativo y cualitativo, no estando justificada su prórroga hasta el año 2027.

6) Hay que aumentar la relación de masas de agua subterránea en mal estado que contiene el borrador del proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ. No se puede resolver de manera optimista sobre la situación de determinadas masas de agua, aduciendo falta de datos y por tanto “ocultando” problemas ciertos como el descenso de niveles piezométricos que se puede constatar por otras vías.

7) Hay que desestimar la realización del proyecto de obras de “Abastecimiento desde la ETAP del Picazo” a los municipios de La Manchuela de Albacete⁶ y Cuenca⁷. La mejor garantía de dicho abastecimiento son las abundantes aguas subterráneas que en general tienen todos los municipios de la zona. Por eso, su cuidado, y la revitalización de multitud de usos humanos asociados a sus fuentes y manantiales, son la mejor manera de conservar los recursos de agua autóctonos, y por tanto, la justificación para abandonar megaproyectos como este. Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos de obras y proyectos de gestión centralizada de servicios públicos a través de multinacionales privadas. A este respecto hay que recordar que la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela⁸ (ADM), entidad que agrupa a 25 municipios de La Manchuela de Albacete supuestamente “beneficiados” por el Proyecto, presentó el pasado mes de junio de 2010 alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes de la DHJ, y en lo que se refería al Proyecto que nos ocupa, mostraba su absoluto rechazo al mismo.

8) Habría que aumentar los caudales mínimos del río Júcar⁹ en la salida del Embalse de Alarcón y en el Puente Carrasco (La Roda), pues los que actualmente establece la Memoria del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ establece un caudal mínimo absolutamente insuficiente para el río Júcar. En vez de 2 m3/s en la salida de Alarcón, debería aumentarse a 3,5-4 m3/s. Por su parte, en Puente Carrasco, en vez de 0,6 m3/s debería aumentarse a 2,0-3,5 m3/s. Ello por entender que ambos puntos están íntimamente relacionados (desembalses de Alarcón y tramo de Madrigueras-Cuasiermas y Puente Carrasco), y que, en la situación actual de acuífero descolgado, un desembalse inferior a 3,5-4,0 m3 en Alarcón, no permitiría conseguir un caudal de 2,0-3,5 en las zonas referidas aguas abajo.

9) Recuperar los niveles piezométricos históricos del acuífero de la Mancha Oriental, para que todos los ecosistemas que se han degradado o desaparecido en este tiempo vuelvan a tener vida. Hay que elevar niveles piezométricos para que luego los drenajes naturales vuelvan a funcionar, recuperando así los ecosistemas perdidos años atrás.

10) El abastecimiento urbano de los municipios situados sobre el acuífero de La Mancha Oriental debería realizarse a partir de aguas subterráneas, por ser esta la forma más segura y menos costosa de garantizar el suministro. El posible abastecimiento con aguas superficiales debería reservarse a determinadas zonas de regadío cuyo interés social así lo aconsejara. La experiencia ha mostrado que las carísimas obras de traída de agua a Albacete desde el embalse de Alarcón más la potabilizadora que ha requerido por su insuficiente calidad, no han bastado para garantizar el suministro a la ciudad, que ha debido seguir echando mano de los tradicionales pozos. El problema es bien sencillo, se pretendía abastecer la ciudad de Albacete y su área metropolitana con aguas superficiales cada vez más escasas, y por lo tanto, susceptibles de no estar disponibles ante los tiempos que corren marcados por sequías permanentes. Cuidemos las aguas subterráneas y nunca pondremos en peligro el abastecimiento de agua a la población.

11) Eliminación de todos los trasvases de agua intercuencas hidrográficas naturales que actualmente tienen lugar en la DHJ. En concreto, deberían eliminarse los que tienen como cuenca origen de los recursos la del Júcar, con destino a las cuencas del Palancia, Turia y Vinalopó. Y ello con independencia del uso del agua trasvasada en las cuencas de destino. Los recursos que ahora se obtienen a partir de este trasvase deberían conseguirse mediante una adecuada conservación y reasignación de los recursos subterráneos y superficiales de las propias cuencas de destino.

ACEM y EeA-Ab, después de comprobar como la Confederación Hidrográfica del Júcar¹⁰ ha desestimado todas las alegaciones que ha presentado en fases anteriores del actual proceso de planificación, tienen escasas esperanzas de que la administración asuma estas nuevas alegaciones. Una nueva ocasión perdida para frenar e invertir la gravísima tendencia a la sobreexplotación de recursos hídricos en las cuencas del Júcar y el Cabriel que se prolonga desde hace cuatro décadas.

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